La interrelación de los organismos de Control

POR ALFREDO CRUZ POLANCO.-

“En prever está todo el arte de salvar”. José Martí.

Ya hemos explicado en otras oportunidades que en nuestro país existen cuatro (4) tipos de controles: El Interno, que es ejercido por la Contraloría General de la República, el Externo, por la Cámara de Cuentas de la República, el Político, por el Congreso Nacional y el Control Social, por la sociedad civil.

Estos órganos de control deben actuar interrelacionados con los demás órganos rectores de la administración pública y financiera, tales como: Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Tesorería Nacional, Ministerio de Administración Pública (MAP), Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Dirección General de Presupuesto, Liga Municipal Dominicana, entre otras. Esta interrelación sentaría las bases para la consolidación de las finanzas públicas y la implementación de buenas prácticas.

¿Por qué insistimos en esto? Lo hacemos motivados por las siguientes razones: si se lograra que estas instituciones actúen de forma coordinada e interconectadas entre sí, aprovechando la interconexión facilitada por lo que hoy se conoce como “Gobierno Electrónico”, podrían contribuir significativamente con el anhelado fortalecimiento institucional, la transparencia, los controles internos, y por consiguiente, con una mayor eficiencia y eficacia.

En definitiva se traduciría en una mejor gobernanza, pues contribuirían a mitigar en gran medida, el flagelo de la corrupción administrativa.

Si estas instituciones dan el seguimiento requerido a las recomendaciones de auditoría que les suministra la Cámara de Cuentas de la República, por vía de consecuencia, aumentaría la eficiencia recaudatoria pública y la presión tributaria, tan necesaria en estos momentos en que se requieren cuantiosos recursos para poder enfrentar la deuda social acumulada que tiene el país.

A través de las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas de la República a las instituciones públicas, Autónomas y Descentralizadas; de la Seguridad Social, Empresas Públicas no Financieras, Municipalidades y Asociaciones sin Fines de Lucro, se señalan las inobservancias a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) y a las Normas Internacionales de Informaciones Financieras (NIIF´s), como son la falta de un sistema de contabilidad, desembolsos sin los debidos soportes e informaciones no conciliadas.

Por igual, las inobservancias a la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y a la de Compras y Contrataciones de Obras y Servicios (compras realizadas sin licitación, cotización, fraccionadas y a proveedores que no reúnen las condiciones para tales fines); la sobrevaluación de los presupuestos, construcciones de obras públicas con vicios ocultos; las obras pagadas que finalmente no son ejecutadas, los avances y adendas hechos incorrectamente a los contratos, así como los no legalizados.

Otras prácticas detectadas son: personal incluido en nóminas de instituciones donde no realizan ninguna función o que goza simultáneamente de una pensión otorgada por el Estado; el nepotismo, las donaciones sin ningún tipo de soportes; recursos de captación directa (propios) manejados a discreción y sin transparencia; desvío de fondos a actividades no programadas; inversión de recursos en labores que se apartan de los objetivos de la institución, gastos realizados por encima de lo presupuestado, entre otras.

Una práctica muy lesiva para las recaudaciones fiscales y que sale a relucir en los informes de auditorías practicadas a algunas instituciones, sobre todo a las Autónomas, Descentralizadas y Municipalidades, es la retención de impuestos no declarados a la DGII y a la TSS, así como los no retenidos. Esta mala práctica le ocasiona pérdidas millonarias al fisco ya que lo priva de recursos necesarios para la implementación de políticas públicas.

Lo mismo sucede con los impuestos no calculados, retenidos y dejados de pagar al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), que por virtud del Decreto N° 319-98, por cada obra pública construida o reparada en todo el país, hay que pagarle el 1/1000 del valor de la misma. Lamentablemente esta entidad no lo exige ni lo aplica, a pesar de que a sus directivos se le ha puesto en conocimiento en reiteradas oportunidades.

Aunque no es una institución pública, si ésta cumpliera con la labor que le corresponde, la de fiscalizar todas las obras públicas que se construyen y reparan en el país y la de exigir el pago de dichos impuestos, contribuiría en gran medida con la eficiencia y la buena gobernanza, a la vez que aumentaría sus ingresos fiscales en decenas de millones de pesos todos los años.

Por igual ocurre con el Fondo para el Plan de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, que de acuerdo a la ley No. 6-86, se debe retener y pagar a la TSS el 1% del valor de cada obra construida.

De ahí que la CCRD, conociendo la necesidad de que estas inobservancias y debilidades sean corregidas, ha estructurado y puesto en prácticas en la actualidad, la denominada “Mesa de Control”, una iniciativa única en Latinoamérica, la cual está conformada por todos los órganos e instituciones antes señalados, que tienen que ver con la administración financiera, la aplicación del control y la fiscalización de los recursos públicos.

Los propósitos de este espacio de discusión se sintetizan en la planificación, implementación y ejecución de una agenda unificada para la consecución del objetivo común, que es el logro de una adecuada gestión de las finanzas públicas para beneficio de la ciudadanía.

La misma, cuenta con el apoyo del PNUD y la Unión Europea y está siendo coordinada por el experto argentino en administración y Control Gubernamental, Oscar A. Díaz Méndez, quien se encarga de dar seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos. Se reúne bimensualmente de forma regular y para tales fines cuenta con un espacio web dentro del portal de la Cámara de Cuentas, el cual es el siguiente: (http://enc.ed.do/mesadecontrol/).

Sin duda alguna, la lucha por la transparencia y el fortalecimiento institucional es una responsabilidad y una tarea de todos y cada uno de los entes involucrados, cuyo objetivo final es la creación de una cultura de rendición de cuentas, tal como lo hizo el fundador de la República, el Patricio Juan Pablo Duarte y Diez, en su Informe a la Junta Central Gubernativa, el 12 de abril de 1844, convirtiéndose en el primer dominicano en hacerlo.

*El autor es Contador Público Autorizado y Miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República.

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