Ley de Ordenamiento Territorial impondría severas sanciones a violaciones al uso del suelo

La Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo, un anteproyecto que impulsa el gobierno, impone severas sanciones a los infractores de sus disposiciones o de las obligaciones de los planes para ordenar el territorio.

El infractor será penalizado con una multa correspondiente al pago del daño producido a bienes o cosas, y en adición, la paralización de las obras o actividades ilegales, y la destrucción o restitución a su estado original de aquello que resultare afectado.

El anteproyecto se debatió este viernes al cierre del seminario internacional “Conformación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial” auspiciado de manera conjunta por los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de su Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Cámara de Diputados, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES-CEPAL) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).

En la presentación de las conclusiones del Seminario, celebrado durante el jueves y el viernes en el hotel Crowne Plaza, de la zona del Malecón, intervinieron Magdalena Lizardo, directora de la Unidad de Análisis Económico y Social del MEPyD; Jorge Máttar, Director del ILPES; el diputado Radhames González, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales; Franklin Labour, Director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Juan Monegro, Viceministro de Planificación.

En el anteproyecto el autor de la infracción deberá asumirá también el costo de las obras de mitigación de impactos producidos en el entorno y las autoridades podrán suspender, clausurar, secuestrar de manera preventiva y decomisar los elementos utilizados en la infracción, de acuerdo a una nota de la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Economía.

Asimismo serán civilmente responsables, además del autor de la violación, cualquier intermediario inmobiliario, productivo, agropecuario, minero, industrial, comercial, de transporte y los profesionales que intervinieren.

“Quienes propicien la ocupación irregular de áreas y predios pertenecientes al Estado o a un propietario privado, se harán acreedores a las sanciones establecidas”, se consigna en el artículo 89 del anteproyecto.

Igual tratamiento se impondrá a todo funcionario público que utilice la ley de ordenamiento territorial para beneficios propios o de terceros, mediante el otorgamiento de permisos, habilitaciones, certificaciones o excepciones.

El objeto de la ley, en la que participa en su elaboración el Poder Legislativo a través de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados es establecer el marco regulatorio del ordenamiento territorial del país.

En la misma se consideran la adaptación al cambio climático, los desequilibrios y desigualdades territoriales, la sustentabilidad ambiental, la gestión integral de riesgos, la competitividad económica y la calidad de vida de la población.

En uno de los considerandos el anteproyecto establece que, como política del Estado, el ordenamiento territorial debe integrar los elementos del territorio y su relación con los procesos sociales, económicos y políticos, bajo una dinámica descentralizadora, dando mayor participación a los actores territoriales, sobre la base de alianzas entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

El tema se dividió en varias mesas de reflexión, en una de las cuales el enfoque estuvo dirigido a conocer dónde comienzan los límites de la propiedad privada y dónde se inician los derechos de la propiedad colectiva.

En provecho de la legislación nacional en proceso, en el seminario fueron conocidas las experiencias internacionales en la materia en Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú, presentadas por expertos de esas naciones.

En la sesión este viernes también los participantes reflexionaron sobre la propuesta de anteproyecto de Ley de Regiones Únicas de Planificación, tema que tuvo como moderador a Carlos Sandoval, del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), a nombre del cual expuso en el seminario su director Jorge Máttar.

La Ley de Regiones Únicas de Planificación norma la organización, composición y delimitación de las regiones de planificación en el territorio nacional, y tiene como objetivo propiciar un mejor desarrollo a escala nacional, regional y local, orientando las políticas, planes, programas y proyectos de inversión pública para asegurar un desarrollo local sostenible y una mayor cohesión territorial.

La regionalización del país en términos de planificación, de articulación, operativos y de formulación de las políticas públicas, se estructurará en cinco regiones conformadas por sus respectivas provincias y municipios.