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Organizaciones comunitarias protestan frente al Palacio Nacional
Los alrededores del Palacio Nacional fueron este lunes escenarios de protestas de familias residentes en la cercanía de la empresa minera Barrick Gold Pueblo Viejo, Cotuí, y de descendientes de padres haitianos que reclaman documentación a la Junta Central Electoral (JCE).
Los manifestantes se colocaron frente a la Casa de Gobierno en procura que el presidente Danilo Medina escuche sus peticiones. Las actividades se desarrollaron sin incidentes.
El Frente de Organizaciones Populares de Cotuí, demandó del Gobierno la reubicación de 600 familias que viven en comunidades cercanas al área de operación de la empresa minera Barrick Gold.
El vocero de los comunitarios, Manuel Lantigua, denunció que la población de la sección Las Lagunas- que comprende La Cerca, La Piñita y el Naranjo- se le hace difícil sobrevivir, ya que están siendo afectados por enfermedades ocasionadas por la contaminación a la que aseguran produce las explotación de la mina de Pueblo Viejo.
“Entre las principales enfermedades que afectan a los ciudadanos de la zona de destacan, afecciones gastrointestinales, erupciones en la piel, gripe y enfermedades renales”, apuntó.
Aseguró que tampoco tienen agua potable y que no pueden labrar la tierra, su única actividad de supervivencia, porque los frutos y los cultivos ya no se dan como antes.
Los lugareños solicitaron a Medina reubicar las mencionadas comunidades, asimismo pidieron que sea reevaluado un contrato de desalojo que firmaron con la empresa minera, la cual, según aseguran, los estafó.
La otra protesta fue protagonizada por los integrantes del grupo “Reconocido”, que agrupa a decenas de jóvenes descendientes de padres haitianos, quienes se concentraron en la explanada de las oficinas gubernamentales para demandar nueva vez del Gobierno que rompa el silencio ante la problemática por la que atraviesan desde hace siete años.
Dijeron que la JCE los despojó de su nacionalidad al suspender la emisión de copias de sus actas de nacimiento, escudándose en la resolución 12 emitida por ese organismo, medida que aseguran no tiene carácter legal y es discriminatoria.
