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Formarán profesionales en manejo de prácticas desleales en el comercio

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Formarán profesionales en manejo de prácticas desleales en el comercio

Formarán profesionales en manejo de prácticas desleales en el comercioLa Comisión de Defensa Comercial (CDC) y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) formarán recursos humanos profesionales que manejen eficazmente y en forma oportuna los casos sobre prácticas desleales en el comercio y medidas de salvaguardias.

Con ese objetivo las instituciones suscribieron un convenio para un programa de formación que tendrá como base el conocimiento y la aplicación de Ley 1-02, Sobre Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias.

El acuerdo fue firmado por el doctor Iván Ernesto Gatón, presidente de la CDC, y el rector de la alta casa de estudios, maestro Mateo Aquino Febrillet, durante un acto desarrollado en los salones del Consejo Universitario de la UASD.

Al valorar la trascendencia de la firma del convenio, Gatón sostuvo que urge la necesidad de que la República Dominicana disponga de especialistas que representen los intereses nacionales “ante los nuevos desafíos en la aplicación de los Acuerdos Comerciales Multilaterales de la Ronda Uruguay, en el ámbito de Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

Manifestó que, de manera especial, el país necesita profesionales formados en los temas relativos a las Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de Salvaguardias, contempladas en el capítulo VI de los acuerdos antes citados.

La UASD ayudará a potenciar la difusión de conocimientos organizando programas de capacitación, que incluyan doctorados, maestrías, especialidades, diplomados, seminarios, talleres, cursos, entrenamientos prácticos o pasantías, ofrecidos por expertos nacionales e internacionales.

Acerca de la CDC

Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de Salvaguardias o Comisión de Defensa Comercial (CDC) es una institución estatal descentralizada con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera. Tiene facultad legal para imponer medidas cuando se determinen actuaciones que constituyen distorsiones contra la producción nacional en el mercado local, así como para defender al aparato productivo dominicano frente alteraciones en mercados del exterior.

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