TECHO rechaza revocación nacionalidad a hijos de inmigrantes irregulares

La organización TECHO, que trabaja con quienes viven en asentamientos precarios de República Dominicana y Latinoamérica, llama a la ciudadanía a solidarse en favor de los afectados por la resolución Nº 168 emanada por el Tribunal Constitucional del país en 2013.

“La medida contraviene el pleno ejercicio de los Derechos Humanos por parte de la población que se vería afectada”, expresó Andrés Salazar, director social de TECHO en República Dominicana.

El portavoz de la institución, expresó que la resolución del Tribunal “afecta la inclusión social de las personas que actualmente viven en situación de pobreza del país caribeño al dividir a la población según su ascendencia y negar la nacionalidad dominicana a quienes antes gozaban de ese derecho”.

Para manifestar su posición, TECHO ha preparado una Postura Institucional que será comunicada para exigir que el Tribunal Constitucional tome las acciones necesarias para rectificar y solucionar esta situación de forma adecuada y responsable, dentro de un marco que garantice el bienestar de todos y todas sus habitantes. Además, la organización respalda el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e insta al Estado de República Dominicana a revisar la legislación migratoria.

Por último, TECHO hizo un llamado, a través del director social en República Dominicana, Andrés Salazar, para que “la población de República Dominicana y de Latinoamérica se solidarice con los afectados por esta situación y participe en la discusión y movilización a favor de la construcción de una sociedad inclusiva y comprometida con los Derechos Humanos”.

Señalaron que muchas de estas personas viven en situación de pobreza y marginadas a asentamientos precarios en el país, con los que TECHO trabaja constantemente a través de jóvenes voluntarios. De acuerdo a la misión de la organización que tiene más de 60 oficinas en Latinoamérica, TECHO busca superar la pobreza, a través de la formación y la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios, promoviendo el desarrollo comunitario, denunciando la situación en la que viven las comunidades más excluidas e incidiendo junto a otros en políticas públicas.

En este sentido, Salazar finalizó agregando que es indignante ver cómo la sociedad dominicana se plantea semejantes medidas deshumanizantes.

“Lo más preocupante es que no reaccionemos viendo que hay compatriotas, que independientemente de su ascendencia, pueden llegar a tener derechos fundamentales negados ante esta medida”, dijo.