La decisión fue tomada con el voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito, presidenta de la sala penal, quien dijo entender que la querella sí debía ser investigada.
No obstante, contó con la aprobación de los demás integrantes que son los jueces Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Hiroito Reyes y Esther Agelán Casasnovas.
Moreno, presidente del Partido Alianza País (Alpais), había depositado ante la SCJ un escrito de objeción al acto de desestimación y archivo que hizo el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, a la solicitud del primero para que investigue a Fernández, Bautista y Díaz Rúa.
No obstante, Domínguez Brito desestimó la demanda interpuesta alegando que no existen elementos materiales o indicios que comprometan su responsabilidad penal.
Moreno tildó de poco serio e irresponsable al procurador general de la República y dijo que manejó con conveniencia política algo tan serio como una denuncia penal de la cual él está apoderado. Fue entonces cuando decidió acudir a la Suprema.