FJT pide a CDEEE eliminar del proceso de licitación a empresas cuestionadas

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) reclamó de las autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, (CDEEE), cumplir con los parámetros y criterios establecidos por la ley 340-06 sobre compra y contrataciones de bienes y servicios con el estado, en la licitación internacional de plantas a carbón para conjurar y resolver la graves crisis energética que aqueja a la República Dominicana por más de 15 años.

Asimismo el presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, pidió excluir del proceso de licitación a empresas que exhiben un historial negativo en negocios similares en diferentes países, haciéndose así no elegible y en consecuencia fuera de los parámetros de fiabilidad y credibilidad que establece el artículo 8 de la Ley número 340-06.

Potentini citó como motivo de gran preocupación los cuestionamientos e inconvenientes que han tenido algunas de las empresas licitadoras, caso particular de la demando por 300 millones de dólares que radico la Generadora Eléctrica de Chile Colbun, en contra de Maire Tecnimont, por la negligencia y retraso en la construcción de la planta de carbón Santa María, litigio pendiente en la Cámara de Comercio de París.

La FJT reconoció la necesidad y trascendencia de la

En tal sentido la entidad de sociedad civil cree oportuno el avocarse conforme a los dictados de la sentencia, a procurar y viabilizar los correctivos que permitan garantizar y reconocer los Derechos Humanos de los dominicanos y extranjeros, concretando un plan nacional de regularización que permita una solución satisfactoria para todos los involucrados.

Justicia y Transparencia tras reconocer el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas, propuso el modificar y habilitar de urgencia la ley 1683 sobre naturalización para dar repuesta de manera focalizada a los miles de casos de personas, que han sembrado raíces por décadas en el país, además de estar provistos de documentos que le dan la presunción de nacionales dominicanos, entre otros requerimientos a considerar.

Asimismo la entidad informo que trabaja en la elaboración de un anteproyecto de ley para ser depositado la próxima semana en el Congreso Nacional, contentivo de la modificación de la ley no. 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948, a los fines de flexibilizar los requisitos y procedimientos necesarios para obtener la nacionalidad por la vía de la naturalización ordinaria y sin ningún costo para quienes apliquen en el marco de la nueva realidad constitucional al amparo de la sentencia referida.

La modificación incluiría una mención expresa sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las autoridades responsables de ejecutar dicho plan (Poder Ejecutivo, (Ministerio de Interior y Policía, Dirección General de Migración, Junta Central Electoral y Tribunales de la República, estos últimos para casos muy puntuales y excepcionales), siempre trabajando en estrecha colaboración y coordinación.

Finalmente la fundación rechazó la posibilidad de una ley de amnistía para resolver el problema de las personas que quedan con documentos cuestionados al tenor de las disposiciones del Tribunal Constitucional, toda vez que una ley de amnistía por sus efectos y características operaría de manera general, al margen incluso de la propia legalidad o legitimidad, deviniendo así en violatoria a la constitución y a la propia sentencia del Tribunal Constitucional. De ahí que reiteramos como salida salomónica la modificación de la ley sobre naturalización para dotar en el menor tiempo posible a aquellas personas que se encuentren en problemas con su documentación.