Hasta ahí no

POR ORIÓN MEJÍA.-

Hay quienes adversan por razones jurídicas o humanitarias la sentencia del Tribunal Constitucional que define el alcance de la nacionalidad, pero también hay sectores que pretenden aprovechar el recrudecimiento de la campaña internacional de descrédito contra el gentilicio dominicano para debilitar políticamente al gobierno del presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Tanto es así que planteamientos como el expuesto por Francisco Álvarez, uno de los gerentes de Participación Ciudadana, coinciden plenamente con la posición enarbolada por el gobierno de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se pretendió formar un paredón contra República Dominicana.

Pancho Álvarez dijo en el almuerzo del Grupo Corripio, al que fue invitada la dirigencia de PC, que el presidente Danilo Medina debía permitir o convocar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que determine la afectación que tendría esa sentencia sobre una vasta población de hijos de haitianos indocumentados.

Resulta que el embajador haitiano ante la OEA reclamó al pleno que instruyera por resolución a la CIDH a realizar una investigación en el país para establecer lo mismo que plantea Participación Ciudadana, solo que en el caso de ese órgano interamericano sería algo así como una intervención en el plano jurídico.

Aunque el tema de la sentencia del TC dominicano fue incluida en la agenda de la OEA a instancia del gobierno de San Vicente y Granadinas, esa gestión fue encaminada en primera instancia por la Cancillería haitiana, bajo el alegato de que 200 mil hijos de indocumentados de ese país quedarían en situación de apátridas. Ese es exactamente el argumento de Participación Ciudadana y de 19 congresistas de Estados Unidos que enviaron una carta imperial e irrespetuosa al presidente Medina.

Gente vinculada a la mentada sociedad civil, como la socióloga Rosario Espinal, han expuesto la estrambótica tesis de que esa sentencia fue pronunciada con el propósito de inhabilitar a cientos de miles de votantes e imponer una dictadura de partido.

Se entiende la desesperación que padecen esos litorales porque esta es la hora que el PRD no ha podido rehabilitarse, pero es extravagante coincidir con un viejo y espurio propósito del gobierno haitiano de desprestigiar a su vecino, a quien presenta como racista, xenófobo, que procura la formación de una población apátrida con ascendientes de esa cultura.

Se acepta que se objete la decisión del Tribunal Constitucional por el asunto de la irretroactividad de la ley o por cualquier otra razón jurídica, pero duele mucho ver a una casta académica y política coincidir con metrópolis imperiales y gobiernos oportunistas del traspatio caribeño que ejecutan una bestial campaña de descrédito contra República Dominicana. Hasta ahí no se debería llegar.