Clientelismo impide mejor distribución del presupuesto, según Diputada Valdez

POR OSVALDO BRITO.-

La diputada de la Alianza por la Democracia (APD), Guadalupe Valdez, manifestó este jueves que el “clientelismo” es uno de los factores principales que impiden que el presupuesto de la nación tenga una buena distribución.

Dijo que “si estudiamos detenidamente el presupuesto, nos damos cuenta de que no tiene un enfoque de desarrollo y de mejorar la calidad de vida de la gente, aun cuando se mantenga el 4% para el sector Educación”.

La legisladora citó entre los factores por los que el gobierno debe velar al momento de la ejecución del presupuesto: educación, salud, vivienda y el trabajo.

Respaldó la instauración de una sociedad más inclusiva con menos niveles de desigualdad “somos hoy día uno de los países con más índice de desigualdad en la región”.

Indicó que la misión del Congreso Nacional es elaborar las leyes y fiscalizar el cumplimiento de la administración pública a través del comportamiento y del manejo de los recursos del Estado, y de representar, “pero representar no dándole cosas a la gente, ni dando ayuda sino escuchando a la ciudadanía sobre cuáles son sus necesidades en términos de marcos legales”.

Guadalupe Valdez puso como ejemplo el “barrilito o cofrecito” al cual se le asigna una cantidad de recursos que “no son competentes con la función que debemos tener los legisladores”, indicó

Citó que entre las partidas que reciben están los RD$50 mil mensuales, (el barrilito), otra cuota de RD$87 mil y una segunda de RD$87 mil, de los cuales el 80% de los recursos son destinados para las asistencias y el 20% restante para la operatividad de las oficinas del legislador.

A su entender, el Fondo de Gestión Social y otros ingresos que reciben los legisladores deben ser eliminados porque no hacen ningún aporte a las necesidades que verdaderamente ameritan las personas.

Sin embargo, la legisladora entiende que los fondos destinados a la ayuda social deben ser destinados para la creación de consultas públicas para introducir nuevas legislaciones a favor de la población para garantizar un estado social y de derecho.