Facilitadores Judiciales: Una respuesta efectiva para mejorar el acceso a la justicia con participación ciudadana

POR JOSÉ OSVALDO LEGER.-

Los sistemas judiciales latinoamericanos, muestran un alta acumulación de expedientes por delitos menores, un problema grave del servicio que brindan nuestros sistemas judiciales, sistema que el ciudadano común, identifica como inaccesible, ineficiente, y fuente de impunidad e injusticias, tanto para las comunidades rurales remotas, como para los centros urbanos, distanciados por una justicia burocrática, de altos costos operativos e inalcanzable por la extrema saturación de los juzgados.

Una alta proporción de ciudadanos que requieren de acceso al sistema judicial, no logran alcanzar el mismo, y aun los que lo alcanzan, abandonan al sistema en su gran mayoría, lo que se traduce en conflictividad e impunidad, como consecuencia de las diversas barreras que el mismo sistema se encarga de levantar.

Este percepción realista, hace que reflexionemos en esa cuota de delitos o conflictos que no alcanzan a ser registrados en las cifras de los juzgados, y en denuncias que no llegan a los juzgados, porque la gente ya no cree en un sistema judicial, que muestra más costos que beneficios, y que obliga a la población a solo buscar el mismo, como última alternativa, cuando un conflicto pasa de delito menor a un delito grave que requiere la salida de su entorno para su solución

La balanza de la justicia se desequilibra desde el momento en que los ciudadanos no pueden acceder a ella. Los conflictos que llegan a convertirse en denuncias, nacen de problemas pequeños que se van agravando con ingredientes como la violencia, la indiferencia y la falta de conocimiento sobre los derechos y las leyes.

Brindar acceso a la justicia representa un gran reto, cuando los casos no alcanzan el sistema, las denuncias procesadas tardan en resolverse y su resolución no alcanza satisfacción. Este escenario, aunque parece cada vez ser más pesimista, nos presenta la oportunidad de volver a los orígenes de la justicia: la necesidad de mantener la armonía entre los integrantes de la sociedad.

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ) de la Organización de Estados Americanos (OEA) busca brindar acceso a la justicia a esa población en condición de vulnerabilidad y asiste a los Estados que lo soliciten a implementar el “Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales”, un servicio que promueve la participación ciudadana, al seleccionar ciudadanos voluntarios para la resolución de conflictos de manera alternativa.

Recientemente, conocimos esta experiencia en Honduras, donde como Embajador de nuestro país, atendimos a invitación de la cancillería hondureña, a conocer la estructura del Programa de Facilitadores Judiciales, un programa basado en la colaboración entre las Cortes Suprema de Justicia (CSJ), la sociedad civil, y la cooperación internacional, desarrollado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA). Iniciado con extraordinario éxito en Nicaragua, el programa se ha extendió a Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Argentina y actualmente se evalúa su implementación en Ecuador y Republica Dominicana.

A la fecha los Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales han nombrado 7,000 facilitadores judiciales en Latinoamérica que ofrecen asesorías, acompañamientos y conciliaciones en sus comunidades.

En Honduras, una característica distintiva de esta experiencia, ha sido el total involucramiento del Poder Judicial, el cual ha absorbido a los facilitadores como parte de la estructura de administración de justicia que la Corte Suprema de Justicia hondureña está llevando a cabo con excelentes resultados con apenas un año de servicio.

Los Facilitadores Judiciales son personas que no reciben un pago, realizan un trabajo diario fuera del Poder Judicial de manera voluntaria, brindan asesorías, charlas y concilian conflictos dentro de su comunidad a solicitud de las partes. Su labor voluntaria hace que los miembros de la comunidad ahorren tiempo y dinero al consultarles o conciliar sus conflictos sin tener que ir a un juzgado. Su mayor recompensa es el reconocimiento de su comunidad como personas justas y confiables.

Este ejemplo de labor social y participativa, desvinculada de la política, brinda una solución a las comunidades rurales y urbanas que requieren acceder oportunamente y gratuitamente a la justicia como lo dicta nuestra Constitución de la República en su Artículo 69.

En consecuencia, puse en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia dominicana a través de nuestra cancillería, esta iniciativa en marcha, que podría ofrecer grandes beneficios al sistema judicial dominicano, y se produjo una invitación del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la OEA, a miembros de la Corte Suprema de Justicia dominicanos, para visitar Nicaragua y Honduras para que sean los mismos Facilitadores Judiciales y autoridades judiciales de estos países quienes expongan cómo inició el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y el proceso para que las Cortes Supremas lo implementen

A partir de esta reunión, nuestro sistema judicial evalúa su integración al sistema de Facilitadores Judiciales, con la participación inicial de una comisión compuesta por el Magistrado Alejandro Moscoso Segarra, el Dr Julio Cesar Cano xxxxxx, la Dra. Isis Munoz A. y el Dr. Manlio Pérez Medina, en representación de la Embajada de República Dominicana en Honduras, quienes participaran en un taller de seguimiento celebrada recientemente en la ciudad de Matagalpa, Nicaragua, país donde se iniciara la implementación del programa.

Para poner en marcha el mismo, los Estados deben solicitar a la OEA su asistencia técnica y sus Cortes Supremas de Justicia firmar un acuerdo para brindar el servicio en sus países. Esto significa que magistrados, jueces y estructura administrativa del Poder Judicial incorporarán directrices y actividades para prestar este servicio en las comunidades, donde sus habitantes seleccionan un facilitador judicial y este es nombrado y capacitado oficialmente por jueces locales.

Estos líderes comunitarios auxilian a los jueces en trámites, difunden leyes y normas, asesoran y acompañan a la población en trámites judiciales, realizan conciliaciones y remiten casos a las autoridades correspondientes, y se convierten en el vínculo del Poder Judicial con la comunidad, sobre todo porque son personas que ya poseen la confianza y credibilidad de su comunidad.

Este Servicio hace que la comunidad se incentive por participar, reduce la conflictividad, mejora la seguridad ciudadana, dado que es en la comunidad y con la comunidad que se resuelven los conflictos.

En República Dominicana, como en otros países, el Poder Judicial no podrá resolver todos los conflictos que se presenten sin la participación de la sociedad, sin embargo este Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales crea una cultura cívica jurídica que brinda a la sociedad los elementos para resolver alternativamente los conflictos y mejorar el acceso a la justicia.

Los beneficios ofrecidos por los facilitadores judiciales a las Cortes Supremas, se reflejan en el descongestionamiento de los juzgados, el acercamiento de los jueces a las comunidades, al mejoramiento de la relación entre el Poder Judicial y la población y la reducción de los costos por cada caso resuelto.

De manera sencilla los Facilitadores judiciales explican cómo resuelven una disputa en 30 minutos a través de un acuerdo entre ambas partes en conflicto. Esta misma disputa judicializada podría resolverse en 8 a 12 meses, y tiene un alto costo para la Corte Suprema y para los ciudadanos, además, como manifiestan los estudios, las partes en su mayoría no quedan conforme con las sentencias.

Considerando que este programa ofrece un mejor acceso a la justicia, brinda información sobre deberes y derechos, disminuye la violencia de género y restablece las relaciones personales y comunitarias; puedo manifestar que posee los beneficios necesarios para que el Estado Dominicano lo considere una respuesta viable para el mejoramiento de la justicia.

Con este Servicio para mejorar el acceso a la justicia, no se requiere crear una nueva estructura del Estado, ni crecer organizacionalmente, sino integrar prácticas de acercamiento de los jueces a la participación ciudadana, para prevenir y conciliar los conflictos de manera alternativa.

Con este servicio la República Dominicana estaría reforzando el trabajo preventivo de conflictos, a un bajo costo para el Estado y para los ciudadanos que viajan grandes distancias para ir a un juzgado o desisten entre la burocracia de las ciudades.

De mi parte, invito a conocer más de las bondades de este Servicio a las autoridades correspondientes y a los dominicanos para que juntos trabajemos en una justicia participativa.

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