PRESIDENTE, SÁLGASE DE ESA TRAMPA

POR HUMBERTO SALAZAR.-

En la República Dominicana hemos estado girando en los últimos meses alrededor del tema de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, una decisión que ratificó jurisprudencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de quienes tienen derecho a la nacionalidad dominicana.

Hasta aquí, estas son decisiones que corresponden al Poder Judicial, un poder público independiente y separado constitucionalmente del Poder Ejecutivo, que encabeza el Presidente de la República.
A partir de la emisión de esa sentencia, todas las presiones se han puesto sobre el Presidente Danilo Medina, para que intervenga. enviando un proyecto de ley al Congreso Nacional, que sería sometido por el derecho de iniciativa legislativa que otorga la constitución al Ejecutivo.
Hay que aclarar, que nada obliga a Danilo a enviar un proyecto de ley sobre este tema a las cámaras legislativas, sería una voluntad personal o de gobierno, nunca una obligación.
Esto es, el Presidente Danilo Medina, por los intereses ocultos e intrigas de poderes extranjeros con sus socios criollos, ha sido llevado a una trampa para hacer caer sobre sus hombros con obligaciones que no son, en este momento, de la incumbencia del Poder Ejecutivo.

LA DIVISIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS

Desde Montesquieu en su obra ¨El Espíritu de las Leyes¨, se plantea la división del Estado en tres poderes equilibrados, con funciones claramente definidas y facultades delimitadas por las diferentes constituciones locales.
El Estado, es un concepto jurídico que agrupa a todas las instituciones que tienen autoridad para regular y controlar el funcionamiento de una comunidad enmarcada en un territorio.
Y en el caso dominicano, se divide en los tres poderes que son característicos de los sistemas políticos democráticos, todos con límites establecidos entre ellos, claramente determinados por la Constitución y las leyes.
El Poder Ejecutivo, en el caso dominicano, esta representado por el Presidente de la República, cuya función es administrar los bienes del Estado y promulgar, acatar, y hacer cumplir las leyes que dicta el Poder Legislativo.
El Poder Legislativo, que en el caso nuestro se define como el primer poder del Estado, es quien establece el derecho, es decir, las normas y reglas de observancia obligatoria para todos los ciudadanos: las leyes.
Y el Poder Judicial se encarga de administrar justicia para toda la sociedad, es decir interpreta el Derecho y mantiene organizadamente lo que se denomina el Estado de Derecho.
El Estado de Derecho obliga a cada uno de estos poderes públicos a someterse al imperio de la ley y la Constitución.
En la República Dominicana, se ha creado un Tribunal Constitucional, que no es considerado parte del Poder Judicial, ya que, posee poderes legislativos negativos, es decir, puede derogar leyes que considere violan la Constitución vigente.

LA TRAMPA AL PRESIDENTE DANILO MEDINA

Entonces, si esto es así, y lo conoce cualquiera que haya leído la Constitución de la República, ¿porqué han puesto en Danilo la responsabilidad de confeccionar un proyecto de ley para enviar al Congreso Nacional, que aclare o modifique una sentencia del Tribunal Constitucional?
Si el Poder Ejecutivo, que encabeza Danilo Medina, es el responsable de hacer cumplir las leyes que emanen de los demás poderes públicos ¿a quién fue que se le ocurrió envolverlo en la trampa de intervenir personalmente en un tema que es potestad del Poder Judicial y el Poder Legislativo?
¿Cuál es la obligación que tiene Danilo Medina de discutir, aprobar y comprometerse con el envío de un proyecto de ley, donde estará implícita su posición frente a la sentencia 168-13, cuando lo que se apruebe en el Congreso tendrá la obligación de ser enviado a su despacho para proceder a su promulgación u observación?
El tema de a quienes corresponde la nacionalidad y las interpretaciones jurídicas de nuestras Constituciones ha sido motivo de discusión por años, ¿porqué hay que desviar al Ejecutivo de la aplicación de su programa de gobierno en áreas tan necesarias como salud, educación, economía, lucha contra la pobreza, el tema eléctrico y muchas otras iniciativas, para hacerlo parte de esta diferendo de opiniones donde no tiene mas remedio que cumplir las leyes y decisiones de los demás poderes públicos?
Evidentemente esto es una trampa política al Presidente Danilo Medina y al Partido de la Liberación Dominicana, que ha provocado fracturas y disgustos a lo interno del gobierno y su base de apoyo político.

ES UNA TRAMPA POLÍTICA

El Ejecutivo no tiene ninguna obligación legal de enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional sobre este tema, son los legisladores quienes, si así lo deciden, deben plantearse la discusión de modificaciones a las leyes vigentes que tienen que ver con la nacionalidad y la regularización de los extranjeros nacidos en nuestro territorio.
Cuando se produzca una ley, aprobada en nuestro sistema bicameral, solo entonces sería necesaria la intervención del Ejecutivo para promulgar o devolver la ley al Congreso, en caso de que no esté de acuerdo con su contenido parcial o total.
Y si las observaciones no son aceptadas por el Congreso, el Ejecutivo tendrá la obligación de promulgarla y cumplirla, esa es la obligación Constitucional de Danilo Medina como Presidente de la República.
Con la excepción de que si contradice la sentencia 168-13 o cualquier articulado de la Constitución de la República, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de sus funciones legislativas negativas, puede declarar una parte o toda la ley inconstitucional y la dejaría sin efecto.
Ese es el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, Presidente Danilo Medina, sálgase de esa trampa y deje que sean los legisladores quienes discutan ese tema, su opinión es posterior a la aprobación, quienes le piden que lo haga previamente son sus enemigos políticos tradicionales y nosotros le agregaríamos, traidores a usted, su gobierno y la patria.