LA LEY DE LOS CARTELES DEL TRANSPORTE

POR HUMBERTO SALAZAR.-

La definición económica de lo que es un cartel es la siguiente: en un grupo de productores de bienes o servicios se ponen de acuerdo en la forma de comercialización y en los precios de sus productos, y terminan ejerciendo un monopolio, cuyas víctimas son los consumidores.

En nuestro país hemos permitido la formación de un cartel de transporte público y de carga, representado por un grupo de ¨sindicalistas¨, millonarios todos, que se han adueñado de las zonas verdes, las calles, avenidas y carreteras, y que para colmo, son financiados en forma directa, con dos pesos por cada galón de combustible que consumimos.

Un grupo de lúmpenes, representantes de lo peor de esta sociedad, semi-analfabetos, chantajistas por naturaleza, se han hecho dueños de lo que es de todos, con el apoyo demagógico cómplice de diferentes gobiernos, que han aplicado un criterio errado de lo que significa gobernabilidad.

En el día de ayer, los terroristas del transporte, llamados también ¨los dueños del país¨, sembraron el caos en la capital de la República, cuando bloquearon con sus cacharros ambulantes la avenida 27 de febrero, la vía principal de la ciudad, porque decidieron hacerse dueños de los túneles y elevados para establecer una ruta de transporte establecida y autorizada por ellos mismos, como propietarios que son del terreno y de la cinta asfáltica..

Es decir, como se les ha permitido hacer con las principales avenidas de la ciudad, los mafiosos directivos de los gremios choferiles, se plantearon comenzar a cobrar un peaje a un grupo de afiliados, para trasladar el desorden, a que nos tienen acostumbrados, a la arteria principal de transporte rápido de la capital.

Y como no se les dio autorización, pues decidieron imponer un bloqueo al tránsito vehicular, por una vía que suponíamos era de propiedad colectiva, que era mas de nosotros los ciudadanos que de ellos, porque somos los que abonamos con nuestros impuestos, el dinero para la construcción y mantenimiento de ese espacio que creíamos público.

No sabemos en que articulo de la Constitución de la República se les otorgó a los señores Juan Hubieres, Antonio Marte y Blas Peralta, el derecho a cobrar por el uso del asfaltado de las calles y carreteras, y a establecer una tarifa privada, que se les debe abonar, porque esos espacios son de su exclusiva propiedad.

Lo que ocurrió en el día de ayer en nuestra ciudad, bajo amenaza de que seguirá en el día de hoy, mas que un problema podría ser la gran oportunidad para resolver este problema de una vez y por todas.

Hacer lo que nunca se ha hecho con el tema de transporte, debe comenzar con restablecer el orden perdido a nuestras calles, devolviendo a la AMET y a la Policía Nacional la autoridad perdida, rescatando los espacios que nos han robado en nuestras narices y aplicando de manera radical y draconiana el peso de la ley, a todos los que nos ponemos detrás de un volante, comenzando por los choferes del transporte público.

Salir a las calles del país se ha convertido en una aventura que puede costarnos la vida en cualquier momento, porque ademas de vivir en el país con la mas alta tasa de muertes por accidentes de tránsito del mundo, estamos amenazados por choferes agresivos que ante cualquier simple diferencia amenazan con bates, cuchillos, machetes y armas de fuego, a los pobres ciudadanos, que indefensos no tenemos mas remedio que recular ante estos terroristas viales.

Este desafío a la autoridad debe ser enfrentado de la manera mas enérgica posible, porque si no lo hacemos, muy pronto los ¨dueños del país¨ prohibirán también el tránsito de los automóviles privados por las vías que a ellos les de la gana, pues parece que compraron esos terrenos, y tendremos que guardar nuestros vehículos, porque en nuestras calles lo que se está imponiendo es la ley de la selva.