La denuncia fue hecha por Víctor Castro, presidente de la organización empresarial, quien advirtió que el Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo y las diferentes resoluciones que lo complementan, establece doble costos a las pymes.
“Este problema, más las mafias de abogados que se dedican a crear casos judiciales contra las empresas, reviste mayor preocupación que la reforma de la cesantía y otros temas que ha estado manejando el gran empresariado”, comentó.
Sostuvo que, además del aporte normal al sistema de seguridad social, las pequeñas y medianas empresas están obligadas, en virtud del citado reglamento, a la cobertura de exámenes médicos pre-empleo, contratación de facultativos ocupacionales y establecer consultorios médicos y otros controles detro de la empresa.
Castro expuso, además, que el citado reglamento se presta a discrecionalidad en su aplicación por parte de inspectores del Ministerio de Trabajo y temió que el mismo se convierta en instrumento para “morder” a las Pymes.
El dirigente empresarial ratificó su apego a todas las políticas públicas que garanticen el empleo decente y las mejores condiciones para los trabajadores, por lo cual llamó a revisar la forma en que se aplica el Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Es fundamental trabajar a este tema, adaptando el reglamento a la realidad de las empresas dominicanas y tomando en cuenta el tamaño de las mismas y el sector productivo al que pertenezcan”, subrayó el presidente de la AEIH.
Dijo que la aspiración del gremio es lograr una normativa práctica, posible de implementar y que se convierta en una herramienta de promoción de la competitividad de las pymes, proporcionando lugares de trabajo más sanos y seguros.