Por Emiliano Reyes Espejo.-
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En el fulgor del proceso electoral los candidatos presidenciales ofertaron hasta el cansancio lo que, según afirman, serán sus programas de gobiernos y los principales proyectos a ejecutar de ganar (en los casos de los bloques opositores) o mantener (en lo que respecta al actual presidente Luis Abinader) la Presidencia de la República.

La gente, sin embargo, no ha ponderado, a causa de las algarabías de la campaña, algo que es de vital importancia para un nuevo gobierno, la conformación del nuevo gabinete presidencial.

Se puede apreciar que se trata de algo de una consecuencia inestimable. No importaría que un candidato haga la mejor oferta, presente el mejor programa de gobierno, las mejores iniciativas, si no tiene, si el candidato ganador no integra un buen gabinete presidencial que lo ayude a ejecutar sus proyectos. De nada valdrán las promesas electorales. bSi el presidente no tiene un buen gabinete-insisto- que pueda orquestar acciones acorde a la realidad de estos tiempos, las proposiciones que haga en campaña se convertirán en polvo que “se lo llevará el viento”.

Y se complicaría más la situación, si a los ganadores les pasan cuatro años de mandato y el gabinete presidencial de turno no puede presentar, exhibir los frutos de sus ejecutorias, la permanencia en el poder se pone remota y perfila entonces un futuro trajinar incierto.

En ese sentido, cabe preguntarse ¿mantendrá el actual mandatario, el presidente de la República, Luis Abinader, su actual gabinete presidencial, si retiene cuatro años más la Presidencia de la República? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? son las preguntas del “millón de yuanes”. ¿Quiénes pueden exhibir méritos y ejecutorias que garanticen su permanencia en los puestos?

La situación se torna compleja, en razón de que en el formato electoral del actual gobierno ha surgido un inconveniente adicional que seguramente fue previsto por el partido gobernante, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), y es que el presidente-candidato Luis Abinader ha hecho múltiples compromisos políticos con agrupaciones de todo tipo, a las cuales, seguro, se les han garantizado puestos en la administración del Estado a cambio de apoyo y suma de sus votos en las elecciones de este 19 de mayo de 2024.

¿Serán integrados los líderes y dirigentes de esas entidades un nuevo gabinete del presidente Abinader? Nadie hasta ahora ha tocado el tema, pero se trata de una realidad que viene zumbando.

¿Qué es un gabinete de gobierno? Se trata, según tratadistas, de “un órgano colegiado gubernamental cuya función principal es dirigir los distintos ministerios o departamentos en los que se organiza la administración pública del poder ejecutivo en un país u organización”.

El actual gabinete del presidente Abinader lo integran: Raquel Peña, vicepresidenta de la República; Joel Santos, Ministro de la Presidencia: Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, Ministro de las Fuerzas Armadas; Roberto Álvarez Gil, Canciller de la República; Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República; Jesús (Chú) Vásquez Martínez, Ministro de Interior y Policía, y Jochi Vicente, Ministro de Hacienda.

También integran el gabinete del presidente Abinader, Víctor (Ito) Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Pavel Isa Contreras, Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; Miguel Ceara Hatton, Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; José Ignacio Paliza, Ministro Administrativo de la Presidencia (en licencia); Ángel Enrique Hernández, Ministro de Educación; Víctor Atallah Lajam, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social; Deligne Ascención Burgos, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; Limber Cruz, Ministro de Agricultura, y David Collado, Ministro de Turismo.

Asimismo, Franklin García Fermín, Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Francisco Camacho, Ministro de Deportes y Recreación; Luis Miguel De Camps, Ministro de Trabajo; Milagros Germán, Ministra de Cultura; Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer; Rafael Féliz García, Ministro de la Juventud; Antonio Almonte, Ministro de Energía y Minas; Carlos Bonilla Sánchez, Ministro de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; Homero Figueroa, Vocero de la Presidencia; José Leonel Cabrera Abud y Geanilda A.Vásquez, Ministros de Estado sin Cartera.

Como se puede apreciar, la mayoría de los miembros del actual gabinete tienen tres y cuatro años en el desempeño de sus ministerios, y cabe preguntarse, si en caso de que se produzca la continuidad, que el presidente Abinader gane las elecciones de este 19 de mayo: ¿continuarán en sus cargos los actuales ministros más allá de agosto de este 2024? ¿Quiénes continuarán en la planilla de alto nivel de la conducción del Estado? ¿Quiénes merecen permanecer en sus posiciones?

Será difícil para el actual mandatario en caso de retener el poder mantener su actual gabinete. Se dan circunstancias complejas, vendrá en las mentes del presidente y su equipo de asesores “un rompe cabeza”, ya que su partido (el PRM) ha contraído compromisos, además, no solo con agrupaciones políticas periféricas, sino también con grupos y sectores económicos que les han estado apoyando en el proceso electoral, lo cual de acuerdo a observadores, creará una dificultad adicional a la hora de seleccionar un nuevo gabinete.

Nos atrevemos a aventurar algunos vaticinios, adelantando cuáles son, según nuestra particular apreciación, los ministerios e instituciones autónomas del Estado que permanecerán con sus actuales incumbentes.

Creemos que habrá una ratificación del actual gobernador del Banco Central, don Héctor Valdez Albizu, su trabajo en el manejo de esa importante institución ha sido encomiable y eso le ha permitido ganarse el reconocimiento de organismos e instituciones financieras internacionales; y el Ministro de Turismo, David Collado, en razón de que el éxito de su gestión “se ve a legua” y el gobierno no creo que se arriesgue a removerlo de esa posición.

Lo mismo podríamos decir del Director General de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón;.el Contralor General de la República, Félix Antonio Santana García; el Ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla Sánchez, el Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención Burgos; la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito; el Ministro de Industria y Comercio, Víctor –Ito-Bisonó, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta Romero, este último ha sido ducho, sagaz y ha mostrado sabiduría en el manejo de este delicado departamento del gobierno.

Y surge una interrogante adicional ¿tendrá el grupo que lidera el ex presidente Hipólito Mejía una porción del gobierno igual o mayor que la que obtuvo en esta gestión?

Gabinetes de la oposición

En cuanto a un potencial triunfo del bloque opositor Rescate RD en las elecciones (Fuerza del Pueblo (FP), PLD, PRD, etc.), se nos hace más difícil seleccionar lo que podría ser un gabinete de un nuevo gobierno liderado por esta alianza. Se ha dado el caso de que todo el esfuerzo de promoción de los opositores se centró en sus candidatos presidenciales. Esa situación hace que sea una aventura componer gabinete de este bloque.

No obstante, se debe resaltar que en esas alianzas existen las capacidades necesarias, brotan a borbotones los talentos que integran el bloque opositor y que podrá requerir el país para su gobernanza. Entendemos que en estas coaliciones hay un legajo de mentes brillantes que pondría en aprietos a cualquier presidente a la hora de hacer una selección de su gabinete.

En tanto, se nos ocurre mencionar al ingeniero Magín J. Díaz, académico, economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía, ex director de Impuestos Internos; Jiménez, Radhamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República; Juan Ariel Jiménez, ex ministro de Economía; José Dantés Díaz, entre otros potenciales integrantes del gabinete opositor.

El éxito de una nueva gestión gubernamental, reiteramos, deberá estar en consonancia con la calidad del equipo ministerial que sea designado para regir la administración del Estado en el próximo cuatrienio, o sea, desde agosto de este año 20024 hasta agosto del 2028.

¿Un gabinete de guerra?

Pensando en la convulsa situación mundial y lo que puede venir a la humanidad ¿Podría plantearse la necesidad de integrar un gabinete de guerra que conduzca al país por el mejor sendero a partir del 2024?

¿Por qué un gabinete de guerra?, es la pregunta que se harían muchos partiendo del hecho de que el país, pese a la crisis en Haití, no está en guerra con ninguna otra nación. Pero ¿Acaso no estamos en un ambiente bélico frente al vecino Estado haitiano?

Además, un “Gabinete de Guerra” es realmente un gabinete de emergencia y el mundo, en el marco del actual escenario geopolítico global, está en modo S.O.S. no declarado. Es casi seguro, sin embargo, que el concierto de naciones podría entrar en cualquier momento en situaciones calamitosas que impactarían los ámbitos de la economía, los negocios, turismo, exportaciones e importaciones, etc.

Las naciones más poderosas del planeta, Estados Unidos y aliados, realizan una serie de movimientos estratégicos en distintas regiones que, de seguir el actual curso, podrían desencadenar conflictos que afectarían de manera crítica a la economía mundial.

En la actualidad Estados y gobiernos, con USA a la cabeza, participan en una guerra económica y tecnológica contra China, e indirectamente libran una guerra militar, financiera y de negocios con Rusia a través de Ucrania y naciones europeas. También están presentes en los conflictos del medio oriente (Israel-Gaza e Irán) en África, Taiwán, Filipinas, etc.

O sea, la poderosa nación del Norte lucha feroz y estratégicamente en muchos frentes para impedir la pérdida de su hegemonía mundial frente a Rusia y China, y últimamente de cara a la India e Irán.

El desencadenamiento de una guerra global no es descartable entre las citadas grandes potencias económicas, militares y tecnológicas ¡que Dios nos libre! y eso crearía un caos en el comercio mundial. Esto a su vez provocará alzas en los precios de los combustibles y sumiría en crisis totales a las pequeñas y endebles economías de países pobres y emergentes, como es el nuestro.

En esa línea de premisas, el nuevo gobierno dominicano -o la continuación del actual-tiene que proponerse conformar una especie de “gabinete de guerra” que esté en capacidad de afrontar a los agudos y difíciles acontecimientos que se avizoran, integrado –eso sí-por funcionarios y técnicos del más alto nivel con suficiente prudencia, valor y lucidez para saber manejar y doblegar cualquier crisis, sin importar su envergadura, que se visualicen y presenten en lontananza.

¡La suerte está echada!

(*) El autor es periodista.

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POR J. LUIS ROJAS
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En República Dominicana, como consecuencia de la falta de institucionalidad y la débil cultura en aplicar correctamente el estado de derecho, modificar una determinada ley se convierte en un proceso lento, burocrático e ineficiente, en el que los intereses de grupos económicos y políticos específicos tienen más relevancia que el bienestar colectivo. En una sociedad como la dominicana, caracterizada por una democracia incompleta, adecuar un instrumento legal existente, en un medio que impacte positivamente la calidad de vida de los ciudadanos, es, sin duda, una tarea compleja y tortuosa. Por ejemplo, la modificación de la Ley 87-01.

Recientemente, el Sistema Dominicano de Seguridad Social cumplió 23 años, el cual fue creado mediante la Ley 87-01 del 9 de mayo de 2001. En este orden, según el artículo 29 de la Ley No. 13-20 del 7 de febrero de 2020, a partir de septiembre de dicho año, debió iniciarse un proceso de revisión y estudio para modificar de manera integral la Ley No. 87-01. Pretender modificar la Ley 87-01 en un tiempo razonable, un ambiente participativo y en provecho del bienestar colectivo, es algo similar al soñar despierto, ya que, desde su origen mismo, dicha ley siempre ha estado rodeada de los intereses provenientes del sector financiero, así como de empresarios locales y foráneos.

Pese a los altos niveles de insatisfacción vividos y expresados por los ciudadanos, con respecto a los servicios que reciben de parte del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social, la espera para iniciar el proceso de modificación de la Ley que lo crea, la No. 87-01, ha sido extremadamente largo, improductivo y burocrático. Para muestra basta un botón. No fue hasta el 4 de noviembre de 2020, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución mediante la cual se solicita la conformación de una Comisión Bicameral, con la finalidad de impulsar el proceso de revisión, estudio y modificación integral de la Ley No. 87-01.

Los verdaderos dueños y beneficiarios directos del Sistema Dominicano de Seguridad Social actual, entiéndase: Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), las Proveedoras empresas de Servicios de Salud (PSS), Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), entre otras fuerzas restrictivas, han empleado todos los medios y recursos a su alcance para evitar que la Ley 87-01 sea modificada y proteja los intereses de los de los afiliados a la Seguridad Social.

Las trabas y obstáculos creados por empresarios, políticos y falsos dirigentes laborales, los que de manera deliberada han convertido la seguridad social en un medio para incrementar sus respectivas riquezas materiales, son parte de las jugadas sucias que han retrasado el proceso de modificación de la Ley 87-01. Para alguien mediamente inteligente, es difícil entender los motivos lógicos y racionales que llevaron a los miembros de la Comisión Bilateral a ser tan morosos en el proceso de vistas públicas y recepción de propuestas, así como en la elaboración y presentación de su informe, en el que se supone aparecen las propuestas de mejora al Sistema Dominicano de Seguridad Social, sugeridas por distintas entidades sociales. ¿Por qué varios meses después de ser elaborado dicho informe, los ciudadanos no saben si dicho informe ha sido conocido y debatido en el seno del Congreso Nacional? Lo que sí se sabe, al respecto, es que en su contenido se mantiene la participación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y las cuentas individuales como un pilar del sistema previsional dominicano, obligatorio para todas las personas que percibieran un salario… (Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana, 2023).

Un segmento importante de la sociedad dominicana está en espera de que los miembros de la Comisión Bilateral den a conocer su informe correspondiente a las propuestas hechas para modificar el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sería un gravísimo error tirar al zafacón las diversas reflexiones relativas a la modificación integral de la Ley 87-01. Es inaceptable continuar con un sistema de seguridad social que ha sido incapaz de satisfacer a los afiliados cuando necesitaron el apoyo previsional por vejez, discapacidad o sobrevivencia. Llora ante la presencia de Dios el hecho de que la salud pública de República Dominicana, se les haya entregado a empresarios dominicanos y extranjeros, para que incrementen sus riquezas materiales con la pobreza de los que menos tienen.

Más allá de los resultados arrojados por las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024, el proceso de modificación integral de la Ley 87-01, tiene que continuar hasta que logre entregar a la sociedad dominicana una ley de seguridad social centrada en el bienestar y la solidaridad humana. Para ello, hay que retomar las discusiones que se llevaron a cabo en diferentes escenarios: trece reformas convocadas por la Presidencia de la República, conducida por el Consejo Económico y Social (CES) y los ministerios correspondientes a cada sector. Además, es esencial tomar en cuenta la propuesta elaborada por el Dr. Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch Carcuro, Francisco Tavárez Vásquez, Francisca Barriga Yumha y Recaredo Gálvez Carrasco, titulada: “Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana, 2023”.

En efecto, el Estado dominicano está comprometido por su Constitución a garantizar la seguridad social, incluyendo las pensiones, como un derecho fundamental, según el Artículo 60 de la Ley Sustantiva: «Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez». (Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch Carcuro y Francisco Tavárez Vásquez, 2023).

Para los que llevan anotación, la Comisión Bicameral creada para revisar y estudiar la modificación integral a la Ley 87-01, la integran: Eduardo Estrella, Dr. Bautista Antonio Rojas Gómez, vicepresidente de la comisión; Ginnette Bournigal de Jiménez; Antonio Marte; Ing. Ramón Rogelio Genao; Iván Silva; David Sosa y José del Castillo Saviñón. Así como por los diputados Agustín Burgos, Ana Adalgisa Abreu Polanco, Francisco Antonio Solimán Rijo, Margarita Tejeda de la Rosa, Félix Santiago Hiciano Almánzar, Jesús Manuel Sánchez Martínez, Rafael Augusto Castillo Casado, Eddy Oscar Montás Guerrero, Eduardo Hidalgo Abreu Rosa, Hilda Genao Díaz, Juan Carlos Echavarría M., Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, Máximo Castro Silverio y Omar Fernández.

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Por Orión Mejía.-

En los comicios del 16 de mayo de 1974, ejercería mi primer voto, pero la oposición se abstuvo de participar bajo el alegado de fraude y represión política, por lo que dejó expedito el camino al tercer mandato del presidente Joaquín Balaguer, razón por la cual no emití el sufragio.

La Policía de ese tiempo apresaba a jóvenes, en cuya cedula de identidad no figurara el “sellito” con la inscripción de “votó en las elecciones de 1974”, un serio problema que resolvimos con la instalación de “mesas electorales clandestinas” en traspatios y callejones.

En esos lugares acudían muy discretamente decenas de estudiantes, obreros, profesionales, comerciantes y amas de casa a “ejercer su derecho al voto”, sin necesidad de marcar ninguna boleta, pero se requería entintar el dedo índice del sufragante.

Confieso que tuve mi propio colegio electoral instalado en el callejón lateral de la farmacia de mi padre, un hombre muy conservador que prefirió depositar su voto en una mesa convencional, aunque no creo que supiera que en su propio feudo instalamos otra muy concurrida y funcional.

Esta anécdota se cuenta 50 años después, justo el día cuando acudo a una de las mesas electorales del Colegio De La Salle a ejercer mi voto libremente, un derecho conquistado por el pueblo dominicano a base de mucho sacrificio, sudor, lágrimas y sangre.

En las elecciones de 1978, que ganó el presidente Antonio Guzmán, me toco fungir de delegado político ante una mesa electoral ubicada en el barrio Capotillo, donde todo transcurrió en relativo orden, hasta el momento cuando procedimos a contar los votos emitidos.

Cerca de las 7:00 de la noche llegó al recinto un camión repleto de civiles y militares que irrumpieron tras desvencijar la puerta de madera, y de inmediato un oficial ordenó reanudar las votaciones con nuevos votantes. Lo demás es historia que otro día se contará.

Hoy tenemos el privilegio de formar parte de los ocho millones 145 mil 558 dominicanos convocados para escoger con nuestros votos a las autoridades que regirán los destinos de la nación desde los poderes Ejecutivo y Legislativo. Esa ha sido una valiosa heredad de generaciones anteriores.

La democracia se nutre de la voluntad popular expresada en las urnas, fuente esencial del derecho, por lo que el buen ciudadano debe acudir hoy al colegio electoral y sufragar por lo que dicte su conciencia, en el entendido de que así se construye una nación libre, soberana y próspera.

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