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INTERNACIONALES

Denuncia impunidad por violación a los derechos humanos en Venezuela

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vLONDRES.- La organización Amnistía Internacional denunció que continúan impunes las violaciones de derechos humanos en las protestas ocurridas en Venezuela el pasado año y señaló que el sistema judicial de este país es objeto de interferencias por parte del Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Éstas son algunas de las conclusiones del informe «Venezuela, los rostros de la impunidad», que esta organización presentó en Madrid.

El estudio, realizado entre febrero y julio de 2014, documenta 43 muertos, 878 heridos y 3.351 detenidos durante las manifestaciones a favor y en contra del Gobierno de Venezuela entre febrero y julio del año pasado, 27 de ellas todavía a la espera de juicio.

El informe hace referencia también a la detención, el pasado 19 de febrero, de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas, «en circunstancias que sugieren que su detención está políticamente motivada», según la organización.

Entre los detenidos a la espera de juicio, Amnistía Internacional ha documentado cinco casos y «ha podido constatar que están detenidos arbitrariamente», entre ellos Leopoldo López, líder del grupo opositor Voluntad Popular, Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal (Táchira), y Rosmit Mantilla, activista LGBTI.

El informe precisa datos sobre la criminalización de la protesta: “De las 3.351 personas aprehendidas, si bien muchas fueron liberadas sin cargos, 1.404 personas enfrentan acusaciones por delitos de bloqueo de vías públicas, lesiones, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir. De los 27 casos de personas que según el Ministerio Público continúan detenidas en espera de juicio, Amnistía Internacional ha documentado 5 y ha podido constatar que están detenidas arbitrariamente”.

La organización manifiesta su preocupación porque el Estado venezolano, lejos de acoger las reiteradas solicitudes de liberación de todos los presos políticos, detuvo al alcalde Antonio Ledezma y más recientemente a seis estudiantes.

Finalmente, Amnistía Internacional advierte que si la represión estatal no cesa “el país seguirá en una espiral de deterioro del Estado de Derecho, colocando a todas las personas en una situación de desprotección ante posibles violaciones de derechos humanos”.

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