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Opiniones

LA AUSENCIA DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Publicado

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foto-lic-alfredo-cruz-polancoPOR ALFREDO CRUZ POLANCO.-

“Los países que exhiben un alto índice de transparencia, son los que muestran un mayor desarrollo humano, son más competitivos y son los que reciben una mayor inversión extranjera”. Aaron Suartz.

El fundador de nuestra nacionalidad y Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte Diez, ha sido el único Dominicano en presentar una rendición de cuentas al país, sin que existiera una ley o alguien que se lo exigiera, pero su deber ciudadano lo llevo a tomar esa trascendental decisión.

Esto sucedió cuando siendo Jefe del Ejército Dominicano, solicitó mil pesos para realizar una misión en el sur del país. A su regreso, el 12 de abril de 1844, rindió un informe detallado a la Junta Gubernativa de la parte del dinero que gastó, devolviendo la parte no utilizada. Este ejemplo de transparencia y de honestidad debe ser imitado por todos los funcionarios que administran recursos públicos, pues este legado histórico dejado por nuestro patricio, muy pocos lo tratamos de imitar.

Traemos este testimonio a colación a raíz de lo que hemos observado en la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, creada por la ley 311-14, la cual le fue conferida a la Cámara de Cuentas de la República.

Da mucha pena y vergüenza, que para que algunos funcionarios, ministros, directores de instituciones públicas y alcaldes (as), para que estos pudieran cumplir con esta disposición legal, haya que amenazarlos, porque si no lo hacían no cobrarían su sueldo.

Esta es una muestra de que en nuestro país no existe una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, que para que puedan cumplir con sus obligaciones y entregar las informaciones que les son requeridas, haya que aplicarle un régimen de consecuencias.

Siempre se juega a que no sucederá nada y a que se dará un nuevo plazo. Aún incumpliendo con sus obligaciones, muchos de ellos presentaron incompleta su declaración, echaron rayos y centellas contra esta institución fiscalizadora de los recursos públicos, criticando y condenado a la misma por exigir la entrega de los soportes de las informaciones.

Todavía existe una gran cantidad de funcionarios que no lo ha hecho, pues no tienen interés de que se conozca cuál es la realidad de su patrimonio. La ley 341-14 tiene más de dos años de promulgada, se dieron varios plazos y se pagaron varios espacios en la prensa exigiendo su cumplimiento. Aun así fueron muchos los que quedaron omisos. Desgraciadamente la mayoría de esas declaraciones no responden a la realidad de los bienes poseídos.

A la Cámara de Cuentas le resulta casi imposible poder auditar todas las declaraciones presentadas, por la gran cantidad de funcionarios existentes. Para comprobar la veracidad de las informaciones suministradas, éstas deben ser comparadas con las que posee la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Con lo sucedido con las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, a pesar del interés, la insistencia y el empeño del señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez para que estas se presentaran oportunamente, se demuestra una vez más que la transparencia en nuestro país aún es muy débil, pues existe poca voluntad e interés de parte de quienes están obligados a rendir cuentas, por lo que debe actuarse con drasticidad en la aplicación de un régimen de consecuencias con aquellos funcionarios que desafían la ley, si en verdad queremos enfrentar el flagelo de la corrupción administrativa.

Al Estado se va a servir, no a servirse ni a enriquecerse con los fondos públicos.

Consideramos que el funcionario que quiere actuar con transparencia, presenta su declaración jurada sin que haya necesidad de que se lo exijan y mucho menos, que lo obliguen a hacerlo. La propia ley adolece de ciertas debilidades, pues no hay que esperar que el funcionario sea cancelado o que cese en sus funciones para que presente de nuevo su declaración jurada de bienes. Esta debería ser actualizada todos los años, pues el patrimonio de un funcionario, puede variar por diversas razones, las cuales deben ser explicadas.

*El autor es miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República.
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