La Fiscalías del Distrito Nacional, la Provincia Santo Domingo, el Municipio Santo Domingo Oeste, han recibido en los últimos meses múltiples querellas en contra de varios grupos dedicados a la realización de embargos y desalojos, calificados de ilegales por el hecho de ser realizados por notarios, alguaciles, policías y militares, contraviniendo las normas jurídicas y poniendo en entredicho la seguridad jurídica de que tanto hablan las autoridades.
Entre las imputaciones que se hacen a estos grupos figura el hecho de presentarse a embargar empresas, que no son deudoras, a sustraer vehículos que no pertenecen a los supuestos deudores, al cobro de gastos excesivos por concepto de ejecución, exhibición de armas, un gran número de personas con historiales delictivos y las extorciones y chantajes a que someten a sus víctimas, y que ha quedado captado en diferentes cámaras, tal cual han sido casos como los sucedidos a las empresas Altice Dominicana y Tavares Industrial.
Se explicó que numerosos notarios han sido metidos a la justicia por realizar embargos ilegales a diferentes empresas ubicadas en el Gran Santo Domingo.
Recientemente fue depositada ante la Fiscalía del Distrito Nacional nuevas querellas que involucran a los nombrados a una decena de notarios públicos y alguaciles por haber incurrido en iguales irregularidades.
A estos alguaciles y notarios públicos se le acusa de delitos de asociación de malhechores, robo, extorsión y chantaje, violación a la Ley de Armas, entre otras imputaciones graves al presentarse a un Dealers y sustraer una Jeepeta Toyota Lexus 2019 a una persona que no era deudora a ningún título, y que los acusa de chantajearlo para que le entreguen RD$500,000.00 de algo que no debe.
Este grupo anteriormente había sido detenido mientras se hacían pasar por policías para ejecutar una orden de arresto cuando pistola en mano y realizando disparos intentaron apresar a varios diligentes del bloque regional norte de Asociaciones Agrarias, Campesinas y Comunitarias, comprobándose que actuaban de manera ilegal y que sus armas no portaban documentos, motivo por el cual la Policía requisó una camioneta color blanco marca Nissan en que se transportaban, y dentro de la cual supuestamente fueron ocupadas dos armas limadas y una granada, y luego lograron ser despachados en el destacamento.
Al embargo realizado en la empresa Tavares Industrial le han sido conocidas medidas de coerción a unas siete personas, mientras que la fiscalía de Santo Domingo Oeste persigue a otras 16 personas contra los cuales presentaran acusación por intento de homicidio, porte ilegal de armas, asociación de malhechores, extorción, chantaje y otros delitos.