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Denuncia agentes DNCD colocan drogas en una peluquería

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Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas DNCD de Montecristi realizaron un allanamiento en una peluquería del municipio de Villa Vasquez y se ve en un video cuando dejan caer una caja con estupefaciente, que luego se supo eran 500 miligramos de marihuana.

Así lo denunció un empleado de la peluquería, Edabel Pena León, quien dijo que los agentes antinarcóticos penetraron al negocio la noche del viernes en complicidad con un hombre que se hacía pasar como cliente, para supuestamente ponerle la droga.

Según muestra las imágenes, captadas en un video en la peluquería “El Mana”, ubicada en la calle Guillermo Mauri, casi esquina avenida libertad, en el centro de Villa Vásquez, se observa cómo los agentes llegan al lugar momento en que el barbero Peña León , se encontraba recortando a un cliente y dejan caer algo al piso el paquete.

Peña León denunció que los miembros antinarcóticos de Montecristi llegaron al lugar con tono amenazante.

Indicó que le advirtió a los agentes que todo estaba siendo grabado, lo que alertó a los miembros de la DNCD y lo obligaron a entregarle el disco duro de la cámara de seguridad.

LA VERSION DE LA DNCD

La Dirección Nacional de Control de Drogas aclaró que en el operativo realizado en una peluquería del municipio de Villa Vásquez no se detuvo a ninguna persona y se actuó bajo coordinación de la fiscal adjunta de la provincia Montecristi, Carmen Nuñez Peña.

Las autoridades realizaron el operativo con una orden judicial (611-1-2019CAUJ-00808) emitida por la magistrada Javierca Antonia Nuñez Peña.

La DNCD informó, además, que no conoce ni ha tenido contacto alguno con la persona que supuestamente dejó caer una caja con una porción de una sustancia que se presume marihuana.

En el operativo se ocupó una porción del presunto vegetal, con un peso de 500 miligramos, y no se detuvo a ninguna persona porque no se estableció en el momento a quien pertenecía.

La Fiscalía de la Provincia Montecristi, conjuntamente con la DNCD, iniciaron un proceso de sometimiento a la justicia por la ley 61-32, sobre la libre expresión y difusión del pensamiento, así como la ley 53-07, sobre Crímenes y delitos de alta tecnología.