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Opiniones

La libertad de expresión y la imprudencia de una periodista en el caso de Kobe Bryant

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Por David R. Lorenzo.-

La leyenda del baloncesto  e ídolo del equipo de los Estados Unidos, Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, de 41 años,  murió este domingo 26 de enero del 2020 en un accidente de helicóptero, junto a otras 8 personas, incluyendo a su hija de 13 años, Gianna María, causando tristeza, consternación y llanto en casi todo el mundo.

El accidente se produjo en una montaña en la localidad de Calabazas, del Estado de Los Ángeles.

Mientras millones de personas lamentaban el fallecimiento del carismático atleta, la periodista del diario norteamericano, Washington Post, Felicia Sonmez, se apartó de ese comportamiento  y  de lo que exigía  la prudencia en ese triste momento, y  publicó un twitt recordando uno de  episodios más negativo y oscuro de la vida del baloncetista.

Sonmez, quien de acuerdo a informaciones, fue víctima de violencia sexual,  twitteó: “el inquietante caso de violación de Kobe Bryant: la evidencia del ADN, la historia del acusador y la media confesión”.

La reportera se refería al suceso del 2003, cuando producto de  padecer tendinitis en una rodilla,  Bryant se alojó en un hotel en Oregón donde conoció a una trabajadora del establecimiento, de 19 años, que lo acusó de violación sexual.

Luego de que se obtuvieran pruebas de ADN, el jugador admitió a medias el hecho, aunque dijo que la relación sexual fue consensuada. Penalmente la justicia desestimó el caso, pero civilmente, Bryant pagó 2.5 millones a la joven.

Con su publicación, la reportera se enfrentó a una lluvia de críticas y reacciones hasta de amenazas de asesinato, lo que la obligó  a pasar la noche en un hotel por temor a ser agredida, porque se llegó al extremo de difundir la dirección de su residencia.

Ella justificó su comportamiento con otro twitt en la que decía: “cualquier  figura pública vale la pena  ser recordada en su totalidad”.

Tracy Grand, directora editorial de The Washington Post publicó en un comunicado que el twitt de Sonmez “mostraba un juicio pobre que socavaba  el trabajo de sus colegas”, y el jefe de redacción, Martin Baron dijo: “una falta de juicio twittear esto. Por favor, para. Le está haciendo daño a esta institución al hacer esto”.

Como medida disciplinaria el periódico decidió poner a la reportera en licencia administrativa, decisión que también generó elogios y críticas por parte de periodistas y el público en general, mientras revisa si las publicaciones de ella violaban su política.

La comunicadfora no es la primera vez que hace denuncias de ese tipo, en una oportunidad denunció  a Jonathan Kaiman, ex jefe de la oficina de Beijing de ’Los Angeles Times’, de “conducta sexual.

Sobre este caso de Bryant podemos decir jurídicamente,  que independientemente de que Sonmez utilizó el momento más inoportuno para hacer referencia de un pasado triste de un personaje, que sin duda es un ídolo mundial, ella lo hizo en virtud de lo que expresa la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la libertad de expresión.

Esta enmienda fue aprobada el 15 de diciembre de 1791 y establece  la libertad de expresión, como un derecho  que  permite que los individuos se expresen sin intervención ni restricción del gobierno, y que  se expresen a través de  publicaciones y otros medios de difusión.

Establece algunas restricciones, como las expresiones que altere la paz o provoquen violencia.

Personalmente considero que podría considerarse como un exceso, la suspensión o cancelación de un periodista, por parte del Washington Post, o de cualquier otro medio, porque publique un comentario por las redes sociales, por muy inoportuno y desacertado  que sea.

Si se permite que los medios puedan licenciar o cancelar a  cualquier de su personal  por publicar comentarios en Twitter o cualquier otra red social, tendrían un poder sobre su vida privada, y entonces, ninguno empleado estaría seguro.

Que aunque la Primera Enmienda no les otorga privilegios a los periodistas, éstos en los Estados Unidos deben ser protegidos ante los excesos de los poderes públicos y privados.

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