Usando la xenofobia como chantaje

Por Manuel Vólquez.-

Sectores nacionales se han unido a organizaciones, movimientos o grupos defensores de los derechos humanos de dudosa reputación para atacar a la República Dominicana por las deportaciones de parturientas haitianas indocumentadas que desde hace años cruzan la frontera para dar a luz en los hospitales y centros de Maternidad dominicanos.

Esos malos dominicanos, entre los que hay comunicadores, políticos y periodistas, asociados a movimientos haitianos desacreditadores, utilizan como estrategia y arma política el argumento de que el gobierno dominicano utiliza la “xenofobia y racismo” para ejecutar esas repatriaciones. Ya esos alegatos los han esgrimido en otras ocasiones en manifiestos entregados a la Corte y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el caso de dos haitianas que reclamaban la nacionalidad dominicana por haber nacido en este territorio. Incluso, fuimos condenados.

Con esas posiciones perversas y anti patrióticas han enlodado el rostro de nuestro país y han reforzado la conducta a aquellos vecinos que exigen con arrogancia e insistencia la nacionalidad, aplicando el criterio jurídico del “jus solis”, que aquí tiene sus limitaciones y reglas procesales constitucionales.

Esos movimientos que están objetando las justificadas repatriaciones de las parturientas haitianas son los mismos que nos satanizaron en la esfera internacional, luego de emitirse la controversial sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece que no son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito nacidos en el país, una decisión que se constituyó en un grave problema y distrajo la atención del gobierno.

Recuerdo que antes de ese fallo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos fue apoderada de decenas de recursos, después que a partir del año 2007 la Junta Central Electoral empezara a negrales copias de sus actas a los descendientes de haitianos. El dictamen 168-13 contribuyó al aumento de dichas denuncias.

En ese mismo escenario, el entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se pronunció en contra de lo que llamó “un problema internacional de derechos humanos”, señalando textualmente que “está clarito, nadie puede ser despojado de su nacionalidad”. El conglomerado de naciones agrupadas en Caricom también emitió un comunicado de rechazo a la sentencia y llegó a bloquear el ingreso del país a ese organismo.

Todo esto fue el producto de la manipulación mediática y del chantaje promovido por esas organizaciones que ahora pretenden doblegar al Estado dominicano para que deje sin efecto las repatriaciones de las gestantes haitianas.

Las cosas hay que verlas en su justa dimensión. No se trata de un problema de xenofobia o racismo, sino de soberanía. Como muy bien ha reiterado el presidente Luis Abinader, “República Dominicana no es la solución a la crisis haitiana”.

Estados Unidos, Guatemala, Chile, Cuba, Las Bahamas, Brasil y otras naciones, han deportado a miles de haitianos, incluyendo a embarazadas y unos 1.789 menores de edad.

Según un informe divulgado el 20 de octubre de 2021 por la Organización Internacional de la Migraciones (OIM), un total de 10.831 los migrantes fueron retornados a Haití desde el pasado 19 de septiembre hasta la fecha, principalmente desde Estados Unidos.

En el grupo había niños no acompañados, cuya reunificación familiar es incierta en algunos casos, incluso a causa del rechazo de sus propios padres a volver a acogerlos, indica el organismo internacional. Del total de repatriados, 6.586 son hombres (60,8 %), 2.456 son mujeres (22,7 %) y 1.789 menores de edad (16,5 %).

Otros fueron devueltos desde Cuba, un 10 % (1.031) desde Bahamas, otro 2 % (248) llegó de México y menos del 1 % desde turcas y Caicos (37).

Sin embargo, los malos dominicanos no han convocado a rueda de prensa para protestar contra esos países que, del mismo modo que nosotros, están defendiendo su soberanía. En cambio, andan predicando el tema de la alegada “xenofobia y el racismo” para el caso local, una evidente forma de chantajear a las autoridades nuestras, pero ese plan no se les dará.

El Ministerio de Salud Pública reveló, hace poco, que República Dominicana ha invertido más de 10,000 millones de pesos en las parturientas haitianas del presupuesto destinado a los hospitales, mientras nuestras mujeres deben hacer turnos para ocupar las camas. Son estadísticas reales, no hay manipulación de datos como alegan esos antinacionales.

Me atrevo a apostar, sin ánimo de exagerar, que actualmente en Haití existen pocas mujeres preñadas porque las mayorías son traídas hacia nuestro territorio por organizaciones que se dedican a la trata de personas indocumentadas o por mandato expreso y calculado de las propias autoridades de Haití.

La comunidad internacional nos quiere obligar a aceptarlas; al parecer, se trata de un capítulo del premeditado plan de fusionar las dos naciones que comparten la isla.

Lo cierto es que nos están invadiendo, de forma pacífica y discreta, con el vientre; esas damas paren como las curías y sin control. Luego de dar a luz, se quedan viviendo aquí de manera ilegal, escondidas en casas de amigos y familiares. Y nunca se van.

Esa acción se complementa con la constante entrada de indocumentados a través de los puntos fronterizos, supuestamente “vigilados y sellados” por nuestras fuerzas militares.