Por Manuel Vólquez.-
La naturaleza fustigó de forma desconsiderada al Gran Santo Domingo, una demarcación conformada por la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. Las lluvias provocaron anegaciones en varias zonas del país, pero fue en la capital donde el fenómeno natural impactó con más furia, causando la muerte, hasta ahora, de al menos cuatro personas.
En esas circunstancias, muchos ciudadanos sufrieron enormes pérdidas materiales, sobre todo en los vehículos que terminaron flotando y sepultados debajo del agua.
Por tal razón, el presidente de la República, Luis Abinader, informó que gestionó con la Superintendencia de Seguros la aceleración del proceso de cobertura que tienen que pagarse a los ciudadanos afectados. Esa es una correcta decisión en un momento tan devastador.
De acuerdo con declaraciones de los ejecutivos de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), lo primero que debe hacer una persona en esa situación es comunicarse con sus corredores de seguros y la compañía de seguros.
Recomendaron a los ciudadanos con automóviles afectados que deben presentar todas las evidencias posibles, empezando por tomar la mayor cantidad de fotografías posibles. De manera similar, indicó que es de gran importancia reportar el lugar en donde ocurrió el incidente, la hora en que sucedió y cómo pasó, a fin de agilizar los reclamos.
Naturalmente, no son todos los propietarios que pudieran hacer los reclamos. ¿Y los que tienen los automóviles asegurados con baja cobertura, que pasará con ellos?
Lo sintomático y doloroso de esas eventualidades es que se podría dar la posibilidad de que la generalidad de los dueños no estén preparados económicamente para reparar los daños ocasionados por el aluvión. La mayoría de los automovilistas circula con un seguro de ley, exceptuando a aquellos aparatos de lujos con cobertura total o full.
Son las mismas compañías aseguradoras que han hecho la aclaración. No todos aplican para esto, ya que sólo el 25% de los vehículos con seguros a todo riesgo, tienen cobertura de inundaciones.
Es una pena que todavía nuestro país esté sufriendo consecuencias letales generadas de las avalanchas naturales, que son previsibles a corto o largo plazo. Son tragedias dolorosas arrastradas por los constantes fenómenos atmosféricos.
Tenemos un complicado problema de desagüe que debemos solucionar. Las ciudades han experimentado en las últimas décadas un crecimiento descomunal de extensas avenidas y autopistas que enlazan con todas las provincias.
También ha habido un crecimiento vertical y horizontal acelerado en el sector construcción con el levantamiento de modernos edificios de apartamentos y plazas comerciales.
Sin embargo, en ambos casos existe una agravante que llama mucho la atención: la precariedad del sistema de desagüe.
¿Cómo es posible, por ejemplo, que surjan inundaciones en avenidas levantadas a la orilla del mar o ríos? ¿O en áreas de estacionamiento de edificios de apartamentos costosos?
Al parecer, las compañías constructoras, tal vez en su afán por ganar dinero, no respetan ese requisito, igual que las filtraciones, que está reglamentado por ley.
Son vicios ornamentales que es preciso revisar y aplicar las sanciones penales de rigor por su incumplimiento, para evitar sufrimientos a los adquirientes de viviendas que incurren en enormes compromisos financieros para obtener esos inmuebles.
El problema del desagüe ya debiera calificarse como marca país (y perdonen la ironía) debido al tiempo que estamos lidiando con ese proceso. Eso no debe ocurrir en una histórica ciudad de atractivo turístico como Santo Domingo ni en otras urbes del interior.
En ese contexto, el sentido común nos dice que también es necesario desarrollar campañas mediáticas, en escuelas públicas y colegios privados para crear conciencia en los ciudadanos de no lanzar basuras en los filtrantes, una conducta maldita causante de los rebosamientos de las aguas desplazadas por las lluvias. Me parece que esa orientación no es difícil de realizar, si hay disposición de terminar con esa situación.
Mientras, en lo que el hacha descansa sobre el palo, hagamos algo para solucionar esas tragedias. Apliquemos la ley con rigor.
No es el momento para politizar esa desgracia con venenosas acusaciones de presuntas improvisaciones gubernamentales. Mi solidaridad con las personas afectadas.