Por Orión Mejía.-
No sería posible consolidar una auténtica democracia política sin que el Estado aprovisione recursos suficientes a través de una fiscalidad responsable para proveer a la población de educación, salud, sistema sanitario, seguridad ciudadana, justicia, transporte, cultura, deporte e infraestructura vial.
América Latina ha padecido por muchas décadas de espacios democráticos ficticios, enfermos de privilegios y discriminación, amparados en alta presión tributaria, que contrasta con baja distribución del ingreso público, lo que es causa de desempleo, salarios deprimentes, marginalidad y exclusión.
En la columna anterior ofrecí datos actualizados sobre estancamiento en el índice de pobreza moderada y crecimiento de la pobreza extrema en América Latina, en contraste con el alto crecimiento del PIB regional acumulado desde comienzo de siglo.
No hay que ser erudito para entender que la democracia, como se conoce en Europa, no sobreviviría en América Latina con alto grado de exclusión social y bajos niveles de desarrollo humano, un cuadro socioeconómico que siempre desemboca en desestabilización política, represión ciudadana y recaída de los indicadores económicos.
No sería exagerado afirmar que el modelo de democracia política sustentado en el esquema económico neoliberal sucumbe en el continente con efecto de dominó, tan rápidamente que la crisis se expande por toda la región, incluidas las principales economías como Brasil, Colombia, Chile, Venezuela y Argentina.
América Latina, incluido el Caribe, compite con África como el continente más desigual del planeta, donde la riqueza económica generada es usufructuada por clases y castas sociales que representan apenas el 10% de la población, en tanto que más de 23 millones de seres humanos malviven en la pobreza extrema.
Nunca debería hablarse de democracia, sin colocar en primer plano el propósito de una justa redistribución del ingreso, que debe ser expresión genuina del crecimiento del PIB, a través de una fiscalidad integral en la que el peso de tributación recae sobre quienes obtengan mayor rentabilidad.
Desde 1990, con excepción del 2002, la economía dominicana ha mantenido un crecimiento promedio del 5% del PIB, sin ingresar en recesión, ni aun en 2008, cuando se produjo la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, año en el cual creció 3%. El desarrollo social no ha marchado a la par con ese esa acumulación del PIB, que en 2004 era de US$19,000 millones, hoy supera los US$110 mil millones.
A pesar de ese nivel sostenido de crecimiento del PIB y de que la economía dominicana es de las más resilientes del continente, apenas el 10% de los hogares dispone de sistema sanitario, todavía se habla de programa de “letrinización”.
Es menester advertir que el tipo de democracia actual no podría sobrevivir si se sostiene en un modelo económico inhumano, que promueve explotación, exclusión, discriminación y privilegios al que, con sobrada razón, el Papa Juan Pablo II tildó de “capitalismo salvaje”.