Por Orión Mejía.-
La movilización de centenares de simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en protesta por el apresamiento de tres ex ministros peledeistas, pudo haber sido reacción espontánea o resabio circunstancial, pero difícil creer que estuvo conectada con alguna estrategia emanada de la dirección de ese organización.
Se incurriría en un error creer que ese episodio podría reproducirse de manera automática en barrios o municipios con solo el llamamiento a la movilización popular, porque las cosas no siempre ocurren como uno desea, menos aún que ese episodio aislado pueda incendiar la pradera.
Conviene recordar que ante el fraude electoral en las elecciones de 1990 contra el PLD, Juan Bosch llamó al partido y a la población a movilizarse contra ese “fraude colosal” y proclamó que él estaba dispuesto a emular a José Martí, quien cayó abatido en combate desigual en Dos Ríos, Cuba.
La dirección peledeista no estimuló la convocaría bochista, a pesar de que la maniobra fraudulenta impidió el ascenso al Poder de ese partido, por lo que el líder tuvo que conformarse con devolver las condecoraciones que le había otorgado el presidente Joaquín Balaguer.
A la historia le corresponde juzgar si la dirección del PLD actuó correctamente al desestimar la movilización popular sugerida por Bosch y encaminar la lucha en el terreno político, sustentada en los 615 mil votos obtenidos (34%), 12 senadores, 45 diputados, 37 síndicos y 189 regidores.
El escenario de hoy es distinto al de hace 33 años, pero la interrogante seria la misma: ¿Es prudente convocar a movilización popular ante el supuesto de que con la Operación Calamar, el gobierno trama destruir al PLD?
En las elecciones de 1990, Bosch ni el PLD contaban con respaldo o anuencia de Estados Unidos, lo que si se produjo con la reedición del fraude en 1994, cuando el candidato Jose Francisco Peña Gómez tuvo el aliento de Washington durante la crisis política que genero ese episodio.
La acusación contra Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, y Donald Guerrero, debería ser enfrentada esencialmente en el terreno jurídico, con el primigenio reclamo de que se respete el debido proceso, igualdad procesal y derecho a la defensa. La acción política del PLD debería conectarse con la presunción de inocencia de los imputados.
Al insertar en el caso Operación Calamar, un supuesto episodio en el cual ex presidente Danilo Medina habría instruido a sus colaboradores a recabar dinero ilícito para solventar la campaña electoral de Gonzalo Castillo, el Ministerio Publico inoculó a ese expediente el virus político.
Aun así, se insiste que la vía de movilización popular que escogería e PLD es extemporánea y y riesgosa, porque mejor sería que tan serio problema sea afrontado con cabeza fría y corazón congelado y porque la desesperación siempre ha sido una pésima consejera.