Participación Ciudadana favorece blindaje para la reelección y fortalecimiento del MP

Con respecto a la disminución de la cantidad de diputados, la representante de PC planteó que la propuesta de reforma constitucional hecha por el Poder Ejecutivo presenta oportunidades de mejora. Consideró que es cuestionable que se quieran reducir los diputados en el Congreso Nacional, pero a la vez aumentar de 5 a 20 los diputados nacionales.

Blanco García también destacó la falta de correlación entre la población dominicana y el número de diputados, comparando la situación de la República Dominicana con la de Costa Rica. Dijo que mientras Costa Rica, con 5.5 millones de habitantes, cuenta con 57 diputados, la República Dominicana, con 11 millones de habitantes, tiene 191 legisladores.

“El Congreso es un costo y sabemos que la democracia tiene un costo, pero ese costo debe ser racional a lo que espera la sociedad dominicana. No podemos seguir gastando tanto en un congreso que no retribuye en eso que nosotros gastamos”, expresó.

Precisó que, aunque los diputados nacionales deberían garantizar mayor pluralidad, nivel de democracia y participación de los partidos minoritarios, en la práctica esto no se cumple ya que actualmente de los 5 diputados nacionales que existen solo uno representa un partido mayoritario. Deploró que los mismos no sean electos por el voto popular, sino por “el dedo” a conveniencia de los partidos políticos. “No podemos cambiar el voto directo por una designación. Eso debe quedar claro”, señalizó.

La representante de Participación Ciudadana, además, abogó por la eliminación del Parlamento Centroamericano (Parlacen), señalando que esta reforma constitucional habría sido una excelente oportunidad para suprimir de una vez por todas esta entidad, que considera “solo representa un gasto para el Estado y de apoyo para la impunidad”.

En cuanto a la unificación de las elecciones, expresó su preferencia por mantener la separación de los comicios, como estaba establecido anteriormente, con dos años de diferencia entre las elecciones congresuales y municipales, y las presidenciales.

Agregó que, si se desea reducir el elevado costo de las elecciones, es necesario disminuir el financiamiento público y asegurar que los partidos cumplan con los tiempos de campaña, estableciendo sanciones robustas en la Ley de partidos políticos.