De una RD subdesarrollada a una Quisqueya Potencia

Por Milton Olivo (*)

La evolución hacia una sociedad dominicana desarrollada y poderosa, requiere un replanteamiento profundo del modelo organizacional y jurídico del país. En este proceso, la sociología jurídica ofrece una lente valiosa para analizar y transformar el marco institucional que, hasta ahora, ha sido centralizado y concentrado en el poder ejecutivo.

Este esquema presenta serias limitaciones para promover una evolución social efectiva, debido a su falta de participación ciudadana directa y su escasa capacidad de adaptación a las necesidades locales de cada provincia.

La historia y la filosofía nos recuerdan que el aprendizaje social se basa en un esquema de «acierto y error». Esta perspectiva invita a reconocer los fallos del modelo actual y a romper con la inercia, porque estancarse en estructuras obsoletas equivale a no avanzar.

Según el proverbio, «la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos.» Así, la persistencia en un sistema centralizado y burocrático limita a la sociedad y reduce las posibilidades de crecimiento y desarrollo.

La República Dominicana enfrenta el desafío de rediseñar su estructura de gobierno, creando un modelo constitucional descentralizado y participativo que permita a cada región y comunidad tener un papel activo en su destino.

En lugar de que el poder ejecutivo concentre la mayor parte de las decisiones y recursos, un cambio hacia una estructura descentralizada permitiría a cada provincia administrar parte de su propio presupuesto y desarrollar políticas públicas adaptadas a sus necesidades específicas.

La propuesta es que el 50% del presupuesto nacional para inversión se distribuya entre las provincias en proporción a su población, asignándoles recursos para implementar proyectos locales.

Esto implicaría la elección de gobernadores provinciales, responsables ante su propia ciudadanía. Este cambio reduciría la dependencia de las provincias respecto a la capital y aumentaría su capacidad para tomar decisiones informadas en función de sus propias circunstancias y prioridades.

La justicia, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, se fortalecería si el sistema judicial incluyera la figura del jurado. Este enfoque contribuiría a la democratización del poder judicial y facilitaría una participación ciudadana real en el sistema de justicia, reduciendo la percepción de parcialidad y/o corrupción y aumentando la confianza pública.

Otra propuesta central es la conversión de los actuales ministerios en centros de investigación e innovación, que apoyen con conocimientos especializados y datos a las provincias en lugar de imponer decisiones centralizadas.

Cada provincia, a su vez, tendría sus propios ministerios locales, con el fin de coordinar y ejecutar políticas públicas y proyectos de desarrollo de acuerdo con las necesidades y potencialidades específicas de cada región y los recursos asignados.

Este modelo descentralizado crearía un flujo de información entre las provincias y los centros de innovación, promoviendo la investigación y el desarrollo de soluciones locales que puedan adaptarse rápidamente a cambios o desafíos emergentes.

Un sistema de gobierno descentralizado y participativo permitiría una mayor interacción entre el Estado y la sociedad civil. La participación activa de los ciudadanos en la administración de sus comunidades no solo impulsa el desarrollo, sino que también incrementa el sentido de pertenencia y compromiso con el bienestar colectivo.

En este sentido, la descentralización podría ser el «salto cuántico» que facilite una transformación en la República Dominicana, logrando una justicia más equitativa, un desarrollo económico sostenible y una mejora de la calidad de vida para todos los ciudadanos.

La sociología jurídica sugiere que los cambios estructurales en el modelo de gobernanza no sólo son deseables, sino esenciales para lograr un desarrollo sostenible, lo que beneficiaría a la República Dominicana.

Este replanteamiento de la reorganización constitucional del poder político, el fomento de la autonomía provincial y la transformación de los ministerios en centros de innovación representan un camino hacia una sociedad más equitativa, justa y participativa.

Una República Dominicana verdaderamente moderna debe evolucionar hacia un modelo de autogestión local, donde cada provincia pueda construir su propio destino a través de una administración eficiente y responsable. Este cambio no solo beneficiaría a las comunidades locales, sino que también fortalecería el tejido social del país en su conjunto.

(*) El autor es activista por una Quisqueya potencia y dirigente del PRM.