Opiniones
La pensiones en RD: buen negocio para el sector financiero

POR J. LUIS ROJAS
([email protected])
En el contexto del debate legislativo y nacional sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social, el consorcio “Más Derechos”, en colaboración con la Coalición por la Seguridad Social Digna y el Instituto de Investigación Socioeconómica (INESE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), se presentaron los hallazgos de la investigación “¿quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana?”, un análisis exploratorio que pone en evidencia cómo el actual sistema de pensiones, lejos de garantizar derechos, ha sido estructurado para beneficiar a grandes grupos financieros.
El objetivo sustancial de los autores de ¿quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana?, los investigadores Matías Bosch Carcuro y Francisco Alberto Tavárez Vásquez, consiste en proporcionar datos e informaciones relevantes y confiables para el debate y elaboración de políticas públicas útiles y sostenibles. En dicho estudio, se abordada los siguientes temas: privatización, mercantilización y acumulación de capital en el Estado neoliberal; el proceso de privatización de las pensiones; la privatización de las pensiones en República Dominicana; las AFP dominicanas: breve radiografía de su esquema de propiedad; resultados económicos de las AFP: la continuidad del usufructo de un derecho; rentabilidad excepcional e integración vertical de las AFP, así como importantes conclusiones.
En su análisis, Matías Bosch Carcuro y Francisco Alberto Tavárez afirman que el sistema dominicano de pensiones, gestionado por las AFP, transforma derechos sociales en negocios financieros altamente rentables. Este esquema beneficia a grandes corporaciones mientras las personas trabajadoras enfrentan bajas tasas de reemplazo y una pensión insuficiente. Además, los autores del estudio puntualizan que las AFP están controladas por poderosos grupos financieros que integran sectores como la banca, los seguros y las inversiones. Estos grupos consolidan su influencia económica y política, limitando la capacidad del Estado de regular y garantizar derechos sociales para la ciudadanía.
Uno de los hallazgos del referido estudio confirma lo que un importante segmento de la población dominicana siempre ha expresado con respecto al carácter rentista del Sistema Cuenta de Capitalización Individual. En este aspecto, el análisis exploratorio indica: “mientras las AFP registran utilidades exorbitantes las personas trabajadoras, convertidas en supuestas accionistas, asumen riesgos financieros sin recibir beneficios proporcionales. El sistema prioriza la acumulación de capital sobre las necesidades de una vejez digna”.
A continuación las conclusiones a las que arribó el análisis exploratorio ¿quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana?:
- En el capitalismo financiarizado, las finanzas han transformado derechos fundamentales como la vivienda, la salud y las pensiones en herramientas de acumulación de capital, profundizando la dependencia de la clase trabajadora al sistema financiero, mientras disminuyen los mecanismos de protección social. Este modelo, impulsado por organismos internacionales desde los años setenta, promovió la privatización y la introducción de principios empresariales en la gestión estatal, priorizando el mercado sobre lo público. Además, la ideología neoliberal exaltó el individualismo y la propiedad privada, deslegitimando al Estado como ineficiente. Dentro de este contexto, Castellani introduce el concepto de “ámbitos privilegiados de acumulación” (APA), espacios donde empresas obtienen ganancias extraordinarias a través de privilegios otorgados por la relación entre el sector público y privado, mediante leyes, recursos y diversos mecanismos, fomentando la concentración de poder económico y la obtención de cuasirentas de privilegios.
- Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente sus sistemas de pensiones, incluyendo 14 de América Latina, 14 de Europa del Este y dos de África, impulsados por organismos como el Banco Mundial y el FMI, bajo la premisa de incentivar el crecimiento económico. Sin embargo, las reformas basadas en cuentas privadas administradas por el sector financiero aumentaron costos administrativos, concentraron mercados y beneficiaron principalmente a grandes corporaciones, especialmente la acumulación financiera, mientras perjudicaron a los afiliados con bajos rendimientos y riesgos elevados. En 2018, 18 países ya habían revertido estas reformas, cuestionando sus beneficios frente a modelos públicos más equitativos y sostenibles.
- La CEPAL (2018) distingue entre reformas estructurales, que transforman profundamente los sistemas de pensiones, y reformas paramétricas, que ajustan aspectos como edad de retiro o tasas de cotización. En República Dominicana, la Ley No. 87-01 creó un sistema de pensiones privado administrado por AFP, marcando una reforma estructural fundacional influenciada por el modelo neoliberal promovido por organismos internacionales. Aunque inicialmente se buscaba un enfoque tripartito con principios de la OIT, el sector financiero impuso un sistema de capitalización individual lucrativo, criticado por priorizar intereses privados sobre el bienestar social y el carácter de derecho social que debe regir a la seguridad social y al sistema previsional.
- Una mirada a la información disponible en la Superintendencia de Pensiones y algunas AFP, permite ver que la propiedad accionaria sobre estas están en manos de grandes grupos financieros y empresariales del país, como el Grupo Popular o BHD León, o en estructuras transnacionalizadas, como pasa con Romana, Atlántico y Crecer, haciendo de estas empresas no solo un gran poder económico que actúa como acreedor del Estado y entes que modelan al sistema previsional, sino que cuentan con grandes privilegios sobre las entidades reguladoras y sobre la soberanía nacional misma, en un desarrollo del capital financiero transectorial y transfronterizo, como ya se ha verificado en otros países y la propia OIT identificó en el conjunto de naciones en que este modelo se implantó.
- Las AFP privadas en República Dominicana gestionan contribuciones de trabajadores y empleadores para invertirlas en el mercado de valores, priorizando su rentabilidad y acumulando excedentes mediante comisiones graduales que, pese a las reformas normativas de 2020 orientadas a limitar sus beneficios, han seguido aumentando significativamente. Desde entonces, las ganancias operativas y utilidades de las AFP han crecido de forma sostenida, con incrementos que superan el desempeño de la economía nacional, reflejando un carácter financiero extractivo que desvincula sus operaciones del enfoque social y de derechos que debería garantizar pensiones dignas. Este modelo, además, se beneficia de la demanda de crédito gubernamental y empresarial, consolidando su rentabilidad incluso en períodos de crisis económica.
- El crecimiento de los gastos operativos y generales de las AFP en República Dominicana carece de justificación en términos de empleomanía, cantidad de afiliados o complejidad de las inversiones, ya que la mayor parte de sus recursos se invierten en instrumentos simples de renta fija, como bonos del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Este costo de gestión, que ha alcanzado RD$101,221.4 millones entre 2004 y 2023, representa una extracción significativa de recursos que podrían haberse destinado a mejorar las pensiones futuras sin afectar la rentabilidad. Un sistema público de pensiones, gestionado con mayor eficiencia y racionalidad, optimizaría estos gastos y elevaría el saldo patrimonial administrado en beneficio de los afiliados.
- Las AFP dominicanas se destacan por su alta rentabilidad financiera y económica, con indicadores como el ROE y el ROA muy superiores a las entidades financieras tradicionales, beneficiando principalmente a estas instituciones y a grupos económicos vinculados. Sin embargo, esta rentabilidad no se traduce en mejores tasas de reemplazo para los afiliados ni en pensiones suficientes para cubrir sus necesidades. Además, propuestas de reforma paramétrica que plantean aumentar la tasa de contribución y la edad de retiro beneficiarían a las AFP al mantener intacta su estructura de ganancias, perpetuando la lógica mercantil del sistema y sin resolver las carencias sociales del régimen de pensiones.
- El sistema de pensiones dominicano está dominado por un oligopolio de AFP vinculadas a poderosos grupos financieros que operan de manera integrada en sectores clave como banca, seguros, fondos de inversión y construcción. Estas AFP concentran el 96.7% de los ingresos del sistema y gestionan más de un billón de pesos, equivalente al 15.6% del PIB nacional en 2023. Los grupos financieros reciclan estas inversiones dentro de sus propias filiales, aumentando su rentabilidad a expensas de los afiliados y limitando la competencia en el mercado. Esta estructura vertical refuerza su control sobre los fondos administrados, al tiempo que su participación en la deuda pública y en inversiones privadas los convierte en actores clave de la economía nacional.
- Aunque las AFP generan ganancias significativas para sus grupos financieros, no se traducen en beneficios proporcionales para los afiliados ni en un impacto positivo para los pequeños empresarios del país. Gran parte de los fondos gestionados se destinan a financiar proyectos privados o a cubrir el déficit del Estado mediante inversiones en bonos gubernamentales y del Banco Central. Este esquema prioriza las grandes empresas, mientras que los trabajadores, indirectamente convertidos en accionistas, asumen riesgos financieros sin recibir retornos consagrados como el derecho a la pensión universal y digna. El sistema, por tanto, beneficia desproporcionadamente a los grandes consorcios financieros en detrimento del bienestar colectivo, la ciudadanía social y la justicia económica.
- En definitiva, se trata de un sistema que alimenta todo un esquema de negocio financiero donde los afiliados solo son meros espectadores del destino de sus fondos que consistentemente invierten las AFP para beneficio del gran empresariado y para aceitar los beneficios de grupos empresariales vinculados y estructuras verticales de los mismos grupos financieros. En ese escenario, solo ellos juegan, dejando a los trabajadores con la vana expectativa de la rentabilidad de su saldo que proyectan no llegarán a cubrir sus necesidades futuras.
- Dado todo lo anterior, es comprensible que el debate sobre modificar el sistema de pensiones enfrenta desafíos importantes y obstáculos de magnitud: más allá de miradas técnicas, narrativas e ideologías, tras 20 años de funcionamiento la discusión tiene que ver con alterar intereses y afectar a grupos a los que la creación, en teoría, de un derecho social universal ha significado la instauración y desarrollo de un poderoso mercado financiero, incluso transnacional, con condiciones privilegiadas para actuar, obtener rentas y acumular capital, y que pone en discusión qué rol tiene la ciudadanía y el propio Estado en la dirección de dicho sistema más allá de las declaraciones jurídicas. Por todo ello, el debate es la manifestación de un conflicto estructural que marcará, cada día más, el presente y futuro de la ciudadanía social, la democracia y el Estado de derecho en República Dominicana.
La Ley 87-01, la cual crea el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) fue concebida como instrumento legal para que una fracción de la élite empresarial dominicana pudiese incrementar sus riquezas materiales de manera fraudulenta. “Las AFP invierten en sus mismas filiales financieras como la Banca Múltiple, sus Fondos de Inversión y empresas privadas vinculadas. Por ejemplo, Acero Estrella es una empresa privada que detenta un monto de la cartera de inversión de las AFP de RD$1,370.7 millones a septiembre de 2024. Esta empresa es socia de Multimedios del Caribe, consorcio de medios que tiene como accionista mayoritario al Grupo Popular, dueña de Banco Popular, Seguros Universal, AFP Popular y AFI Popular”. (Matías Bosch Carcuro y Francisco Alberto Tavárez, febrero, 2025).
