La seguridad social de RD: un cártel legalizado

POR J. LUIS ROJAS
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En términos simples, la pereza podría ser considerada como una sensación humana provocada por la falta de motivación, deseo o interés para tomar decisiones o llevar a cabo determinadas actividades o tareas. A juzgar por el comportamiento apático, reactivo, egocéntrico, selectivo y burocrático que rodea a las diferentes entidades que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), es evidente pensar que la pereza es lo que predomina en el quehacer ordinario y extraordinario de las instituciones y agencias de la seguridad social de RD.

La pereza subyace en el talento humano directivo, técnico, ejecutivo y de apoyo que labora en los distintos órganos que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS). Entiéndase, Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Gerencia General de la seguridad social, Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), Ministerio de Hacienda (MH), Comisión Permanente de Pensiones (CPP), Comisión Evaluadora de Traspaso, entre otras.

Sin duda, es una terquedad pedirle peras al olmo. Esperar resultados trascendentales de alto valor agregado de parte de un Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) caracterizado por la burocracia improductiva y los conflictos de intereses, es una lo más parecido a una quimera. Está claro, los que han acumulado grandes riquezas materiales e importantes cuotas de poder político a partir de la supuesta seguridad social, desde sus miradas e intereses, es obvio que pongan resistencia a cualquier iniciativa tendente a reformar de manera integral y profunda la Ley 87-01. Dicho de otra manera, la seguridad social dominicana siempre ha operado como si fuese un cártel cualquiera. Hasta la fecha de hoy, la Ley 87-01 ha sido interpretada y aplicada como instrumento legal para blindar los intereses de los sectores que negocian con los servicios de salud y las pensiones de los ciudadanos.   

Los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de las Administradoras de Salud y Riesgos de Salud (ARS), así como los Chicago Boys de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), figuran entre los pocos actores que defienden defender a capa y espada la supuesta efectividad de la seguridad social. Casi el 99 % de los afiliados coincide en afirmar que 24 años después de entrar en vigor la Ley 87-01, son más las sombras que las luces. En este contexto, no es casualidad que cada vez que la Coalición de Organizaciones por una Seguridad Social Digna, proponen una reforma integral, justa y pertinente a la Ley 87-01, los directivos y ejecutivos de las Asociaciones Dominicanas de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Riesgos de Salud (ADAFP y la ADARS), monopolicen los medios de comunicación para transmitir mentiras, mediante las cuales tratan de controlar la mente de los afiliados.

No hay más ciego que el que no quiere ver. Los siete considerandos y los 13 principios rectores que sustentan la seguridad social de RD (Ley 87-01), no se han concretados por la cantidad y variedad de intereses que se han creado y mantienen alrededor de ella. El modelo dominicano actual de seguridad social ha sido estructurado y gestionado para incrementar las grandes riquezas materiales que poseen los dueños de las AFP, ARS y las Proveedoras de Servicios de Salud (PSS). Es ridículo y absurdo que, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, los afiliados, tal y como dice continuamente el Superintendente de Pensiones, señor Francisco A. Torres Díaz, solo son un número, que se emplea como mensaje clave para justificar la ingratitud, injusticia y mala práctica que sirven de sustento a las AFP, ARS y a las PSS.

La pereza, la indiferencia, la apatía y los conflictos de intereses que caracterizan a los que dirigen entidades y organismos esenciales de la seguridad social dominicana, tales como: el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Gerencia General de la seguridad social, Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), Ministerio de Hacienda (MH), Comisión Permanente de Pensiones (CPP), Comisión Evaluadora de Traspaso, la Dirección de políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del CNSS, son algunos de los factores sustanciales que han impedido que los afiliados poseen una seguridad social justa, solidaria y digna. ¿Por qué los que gestionan estas entidades, suelen olvidar que son servidores públicos, no empleados de las AFP, ARS y de las PSS?

Por lo general, los servidores públicos que reciben un salario proveniente de la seguridad social, son apáticos, desconocen el régimen ético y disciplinario de la administración pública, carecen de cortesía, no son solidarios, ignoran las necesidades y expectativas de los afiliados, son intolerantes, ofrecen informaciones imprecisas, carecen de vocación de servicio y justicia. En definitiva, son servidores públicos solo por estar en la nómina del Estado, a los que poco les importa el bienestar y el estado de ánimo de los ciudadanos-clientes.

Para muestra un botón. El 19 de agosto de 2024, el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), solicitó, vía la Dirección General del CNSS, una reunión con los miembros de la Comisión Permanente de Pensiones, para solicitarles el traspaso de CCI al Régimen de Reparto Estatal de 16 servidores públicos, amparado por la Resolución No. 572-07. Dicha reunión, por insistencia del MOPESEP, se realizó seis meses después (martes 4 de febrero de 2025. En la referida reunión, los señores Juan Antonio Estévez González, viceministro del Ministerio de Trabajo y presidente de la Comisión Permanente de Pensiones (CPP) y el director de Políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia de la Gerencia General del CNSS, Pedro Alcántara, se comportaron como si fuesen empleados de las AFP, ARS y de las PSS.

Es una vergüenza que tres meses después, el presidente de la Comisión Permanente de Pensiones (CPP), señor Juan Antonio Estévez y el licenciado Pedro Alcántara, continúen violando derechos adquiridos, constitucionales y laborales a un segmento de los trabajadores del sector público dominicano, los cuales continúan esperando que la CPP y la dirección de Políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia de la Gerencia General del CNSS, terminen su larga, improductiva e inhumana consulta, con que mantienen en sombra e incertidumbre a servidores públicos que tienen derecho a ser traspasados de las AFP a Hacienda. Juan Antonio Estévez y Pedro Alcántara saben que, con mentiras y excusas, es imposible prolongar la negación de derechos.