Autor: Marcos Cross

Por Marcos Genaro Cross Sánchez.-

Santo Domingo.- En la actualidad, es un hecho patente el surgimiento espontáneo de una ola de sectores que se han levantado en la sociedad dominicana reclamando respeto por los derechos individuales del ciudadano, respeto por la separación de poderes, y de manera muy especial, respeto por la Constitución de la República.

En lo que atañe al respeto por la Carta Magna, no han trascurrido cuatro años exactos de la última modificación constitucional (13 de junio de 2015), y ya el mismo Presidente que lleva dos períodos consecutivos, es estimulado por grupos políticos y económicos a que falte a su palabra de respetar la Constitución,  Votada y Proclamada por la Asamblea Nacional, la cual le permitió un período adicional, es decir, poder presentarse para el período 2016-2020. En efecto, se pretende un cambio de las reglas democráticas de juego, y en consecuencia, el incumplimiento del pacto social que bajo juramento solemne el actual Presidente prometió cumplir a la sociedad dominicana.

Ciertamente, todas las encuestas reflejan que más del 70% de los dominicanos y dominicanas, no aprueban una reforma constitucional con fines de habilitar al actual mandatario para un tercer mandato consecutivo. En efecto, en palabras del pueblo llano y común: “La Constitución no es un relajo”.

Sin embargo, la defensa de la Norma Suprema empieza a tomar otros tintes aún más preocupantes, ya que no se trata solo de hacer un esfuerzo nacional para que la Constitución no se cambie por el arbitrario antojo o la irreflexiva conveniencia de grupúsculos ambiciosos alrededor del Poder, sino que estamos en el umbral de preservar que la misma Constitución se cumpla en sus aspectos más elementales, como son el respecto a los derechos individuales y la división o separación de poderes.

En ese sentido, es comprobable como desde el Poder se irrespetan los derechos individuales, como fue el caso de la ex jueza Miriam German Brito, o se viola el principio de separación de poderes, cuestionándose una decisión judicial de una Alta Corte, como en el caso de la reciente sentencia del Tribunal Superior Electoral.

A tal extremo ha llegado la situación de amenaza a la democracia en nuestro país, que el obispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, declaró que si el país no despertaba y cambiaba, se encamina hacia una dictadura.

Por todo lo expresado, llegamos a la conclusión que nos encontramos en el comienzo de un panorama seriamente peligroso y preocupante para la democracia en la Republica Dominicana.

En consecuencia, es por ello que el acto del 5 de mayo, en el Estadio Olímpico, Félix Sánchez, en defensa de la Constitución, más que un acto político de recolección de formularios con los datos de ciudadanos comprometidos con la patria, debe verse, además, como un acto patriótico, como una contundente respuesta a los clandestinos atropellos y menoscabos que se intenta y planificar desde el Poder en contra de nuestra Carta Magna.

Para los que con mucha razón piden que despertemos, que dejemos de mirar para arriba, y que no nos quedemos con los brazos cruzados, es, sin duda, el pueblo dominicano, unido y unánime, soberano por excelencia, el que dará un primer gran paso para demostrar que “no hay marcha atrás”. Como dijo el Dr. Leonel Fernández:

“…La antorcha del poder pertenece a los pueblos y…no se debe arrebatar ni  secuestrar”.

Este acto será, sin duda, una reacción contundente para salvar la democracia dominicana de la dictadura que se presagia.

Por Marcos Cross.-

Santo Domingo.- El ex presidente de los Estado Unidos, Barack Obama, gobernó durante dos periodos consecutivos, como presidente de esa gran nación, y en su segundo y último mandato dijo que había sido un privilegio extraordinario haberle servido a su país, pero inmediatamente expresó lo siguiente (aunque él fuera el único afectado directo de su propia afirmación): “…bajo nuestra constitución, no puedo postularme otra vez…la ley es la ley, y nadie está por encima de la ley, incluso el Presidente”.

En efecto,  la Constitución de EEUU, establece en  su enmienda 22, sección 1, que: “Ninguna persona podrá ser elegida más de dos veces para el cargo de Presidente…”.

Tal vez, uno de los más importantes sacrificios que hizo el expresidente Obama por su país, fue el someterse de manera natural al orden constitucional establecido,  y respetar la Ley Suprema de los EEUU, que le impedía e impide la posibilidad de presentarse a un tercer mandato consecutivo, o volver a ser presidente, respectivamente.

Al contrario del camino elegido por el expresidente Obama, de respeto por la Constitución, en América Latina, algunos actuales mandatarios, luego de haber agotado dos períodos presidenciales consecutivos, y teniendo los mismos expresamente prohibido en sus constituciones el optar o presentarse a las elecciones para un tercer período consecutivo, han llevado a los tribunales o salas constitucionales los “preceptos constitucionales” que le son impedimento, judicializando un asunto que debiera ser decidido por los congresos o parlamentos de esos estados.

Por ejemplo, el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, y, además, el de Evo Morales en Bolivia. A tal extremo ha llegado este asunto, que una comisión bicameral del Senado de los EEUU adoptó una resolución en la cual, con carácter general, le exigía a estos gobernantes, y a los demás de América Latina, que respetasen los límites de los mandatos presidenciales establecidos en sus respectivas constituciones.

Con relación a los terceros mandatos presidenciales consecutivos, este año, el 16 de enero de 2019, el Lic. Gedeón Santos publicó un interesante artículo en el cual decía que: “…un tercer intento consecutivo de reelección…obliga… a saltar muchos muros y obstáculos que hacen más complejos los procesos políticos”.

En efecto, entre estos, el actual embajador, y representante permanente de la República Dominicana ante la OEA, citaba por ejemplo: “… un escenario donde se tenga que hacer una segunda reforma constitucional para favorecer exclusivamente al candidato a la reelección…”.

Así las cosas, en el contexto político actual, nos encontramos a poco más de un año del próximo torneo electoral. El actual mandatario, que ha sido electo por el pueblo dominicano en dos ocasiones como Presidente de la República, se encuentra agotando su último período constitucional, y no puede optar a presentarse como candidato a la presidencia de la República por impedimento constitucional. En efecto, eso es lo que establece expresamente el artículo 124, y la disposición vigésima de la Constitución.

El actual Presidente de la nación, el Lic. Danilo Medina, puede optar, en cambio, por una decisión sabia y prudente, al igual que lo hizo el expresidente de EEUU, Barak Obama, esta es, someterse de manera natural a la Constitución, y hacer un sacrificio por la paz y tranquilidad del pueblo dominicano. Es un precio que vale la pena pagar por servir a la patria.

Por otro lado, en medio de las advertencias y los peligros que están señalados en el camino hacia un intento de reforma constitucional, o peor aún, un “vericueto jurídico”, para lograr o hacer posible la habilitación que permita la repostulación, existe un precio no cuantificable a pagar, a nuestro juicio, ya que se puede abrir una caja de pandora de la cual salgan los peores males para la sociedad dominicana, por la díscola ambición de querer, a toda costa, un tercer mandato presidencial consecutivo.

A pesar de este incierto panorama, el pueblo dominicano puede depositar su confianza en la persona del Dr. Leonel Fernández, expresidente y presidente del PLD, quien está, día a día, escuchando el clamor de la nación que en más de un 70% no quiere ni apoya una reforma constitucional de esta naturaleza.

Ciertamente, con él a la cabeza, junto con sus fieles legisladores y legisladoras, su experimentado equipo político,  y en suma, el ejército de hombres y mujeres que le acompaña, bajo cualquier circunstancia defenderemos la Constitución, y no permitiremos que las esperanzas del noble pueblo dominicano naufraguen por la ausencia de sacrifico y servicio de los que hoy ostentan el poder.

*El Autor es presidente y diputado del PLD en Europa.

Por Marcos Cross.-

Los 38 legisladores que votamos en contra de la ley de Partidos Políticos, que actuaron en fiel seguimiento a la posición democrática e institucional que el presidente y líder del partido, el Dr. Leonel Fernández Reina, había mantenido firmeza en el sentido de que una ley que obligara a la celebración de “primarias abiertas” o “cerradas” para  todos los partidos del sistema de manera simultánea era materialmente inconstitucional. Sin embargo, y pese a que la ley no se aprobó en esos términos, el resultado de la misma no ha adolecido de un sin número de cuestionamientos por parte de la sociedad en general, y, por parte, además, de los partidos del sistemas, en particular.

En efecto, en defensa de la Constitución, y de sus derechos fundamentales, varias organizaciones políticas, y hasta personas físicas o particulares, han impugnado varios artículos de la Ley 33-18; entre estos se encuentran los artículos 8, 24, 43, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 57 y 58. Es decir, en la actualidad el Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de más de siete acciones directas de inconstitucionalidad contra la mencionada ley; y, además, ya se habla de que será impugnada la recientemente aprobada, Ley del Régimen Electoral.

Ahora bien, desplazándonos al contexto político inmediato, en medio de los incesantes rumores que dan cuenta de posibles aprestos para una reforma constitucional, y en consonancia con la actitud manifestada por la sociedad dominicana, la cual rechaza en más de un 70% otra reforma constitucional con fines reeleccionista, el grupo de los ahora 40 legisladores que votamos en contra de la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estaremos de nuevo, y con toda firmeza del lado de la Carta Magna, y del sentir del pueblo dominicano, con sus voces más autorizadas y representativas, en contra de lo que sería un atropello mayor que el que se perpetró con la Ley de Partidos Políticos, es decir, un intento de modificación constitucional con el objetivo de lograr una habilitación, prohibida expresamente, para un intento de reelección presidencial de cara al próximo certamen electoral.

Ciertamente, y muy a pesar de la elocuencia e insistencia de los “abogados mercantiles” que van a los medios de comunicación vendiendo y promocionando “fórmulas jurídicas apócrifas”, para levantar el impedimento constitucional que pesa sobre el actual presidente, lo cierto es, que el Tribunal Constitucional ha dicho que toda modificación constitucional, y en particular, la de la disposición vigésima, debe pasar, necesariamente, por el Congreso Nacional. Por tanto, solo el Congreso Nacional, reunido en Asamblea Nacional Revisora, tiene la potestad para remover el impedimento de orden constitucional que impide la repostulación del actual mandatario.

En adición a lo anterior, se debe señalar, que la mayoría cualificaba que exige tal proceso (dos tercera partes), al día de hoy no existe, y sólo podría conseguirse a través de medios indecentes, ruines y deleznables, que afectarían seriamente la democracia dominicana, y fragmentaria el relativo estado de paz y convivencia en que se encuentra la Republica Dominicana.

En fin, de todo lo anterior, llegamos a la modesta reflexión de que, con un entorno internacional hostil a las perpetuaciones en el poder por medios fraudulentos, con una sociedad que rechaza contundentemente la reelección en más de un 70%, y sin el consenso interno del PLD, ni externo, de las demás fuerzas políticas para producir la matricula cualificada que le exige la Constitución al Congreso Nacional a la hora de una modificación de la misma, resulta una temeridad de alto riesgoso abordar un proyecto de esta naturaleza y poner en riesgo una valiosa obra de gobierno realizada por unos de los presidentes, hasta la fecha, más sensatos de la República Dominicana, el Lic. Danilo Medina.

Sin embargo, en cualquier caso, y bajo cualquier circunstancia, los 40, más los de la oposición, defenderemos la Constitución, juntos con al Presidente Leonel Fernández y el Pueblo dominicano.

*El Autor es Diputado de Ultramar  y presidente PLD en Europa.