Autor: Sebastián del Pilar Sánchez

Por Sebastián del Pilar Sánchez.-

La noche del domingo 7 de abril de 1963, en una espectacular comparecencia televisada, el presidente del partido Vanguardia Revolucionaria Dominicana (VRD), Horacio Julio Ornes Coiscou, denunció que el ministro Diego Emilio Bordas Hernández había hecho uso de su autoridad pública para obtener del ayuntamiento municipal de Barahona, a favor de una empresa suya, un contrato de participación en la explotación de la sal marina de Puerto Alejandro, además de la autorización para distribuir  de manera exclusiva toda su producción en el país y el extranjero.

Bordas era el secretario de Estado de Industria y Comercio del gobierno del presidente Juan Bosch, y según la denuncia había cometido corrupción administrativa, contradiciendo el empeño moralista del jefe del Estado, quien al tomar posesión de su cargo el 27 de febrero pasado, se había comprometido a realizar una gestión democrática con “oídos abiertos para oír la verdad, ojos activos para ver lo mal hecho antes de que se realice, mente vigilante para que nada ponga en peligro la libertad de cada ciudadano, y un corazón libre de odios, dedicado día y noche solo al servicio del pueblo”.

Ornes Coiscou reveló -de igual modo- que en su condición de presidente ex-oficio del comité investigador de las empresas estatales, el citado ministro había dispuesto la cancelación de otro contrato perteneciente a una compañía puertorriqueña llamada “Imbert Corporation”, exportadora del cemento dominicano que se vendía en las Islas Vírgenes, y que lo hizo para adjudicárselo a una firma suya que desde el año 1957 se dedicaba a ese mismo negocio, aunque confrontaba serios inconvenientes en su operación comercial, al ser acusada por la oficina de Aduanas de los Estados Unidos de violar la legislación tarifaria internacional que prohibía la comisión de dumping, o acaparamiento de un producto que luego, en competencia desleal con otras empresas, se vendía en el mercado a un precio inferior al concertado.

Esa acusación por su gravedad causó un gran revuelo público al estar dirigida contra un ministro de un gobierno que sólo tenía cuarenta días en el poder, y por proceder del líder de Vanguardia Revolucionaria Dominicana, un antiguo aliado del presidente Bosch que contribuyó a su triunfo en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, aunque no participaba en su gobierno por su inconformidad con la composición de su gabinete; sobre todo, por su obstinado reparo a la escogencia de Bordas como su ministro de Industria y Comercio, bajo la creencia de que era un empresario corrupto, a quien en los Estados Unidos se le imputaba violación a la Ley Antidumping y una sospechosa relación con la firma de abogados de Robert G. Baker, su fervoroso defensor en el litigio que había obstaculizado las exportaciones de cemento de su empresa a varios países del hemisferio.

Debido al peso de la denuncia, Bordas renunció a su cargo el lunes 8 de abril de 1963 en carta dirigida al presidente Bosch, que fue reproducida por los diarios nacionales, donde elogiaba las metas de progreso del gobierno y le expresaba su fe en el éxito, así como su lealtad y amistad inquebrantables, además de anunciarle su decisión de someter a la acción de la justicia a su detractor, por haber sembrado la duda sobre su honestidad y causar con su acusación temeraria un severo daño a su imagen pública.

El ministro renunciante comunicó también que a través de sus abogados, doctores Ramón Pina Acevedo y Martínez y Quirico Elpidio Pérez, estaba formulando una demanda por daños y perjuicios a su detractor, quien al injuriar y difamar su persona había infringido la Ley No. 6132 del año 1962, sobre expresión y difusión del pensamiento, en sus artículos 23, 29, 30 y 31.

Al día siguiente, el presidente de la República aceptó la renuncia, “para dejarlo en libertad de que actúe como ciudadano, sin ninguna vinculación oficial», y con palabras emotivas y llenas de elogios manifestaba su agradecimiento por los servicios que había prestado a su gobierno este individuo que había conocido en el exilio y que se hizo entonces su amigo, adquiriendo luego la condición de  hombre de su absoluta confianza, su colaborador leal, a quien le permitiera obrar desde el poder como un superministro al frente de la cartera de Industria y Comercio y en otras funciones conexas, como la presidencia del Consejo de Administración de la Fábrica Dominicana de Cemento y de la Comisión de Defensa del Azúcar, que era el organismo encargado de velar por todo cuanto se refería a la producción del edulcorante de la caña en el país.

Según manifestó el jefe del Estado, se sentía personalmente complacido de que Bordas lo llamara “su amigo”, y plenamente satisfecho con su trabajo; pues creía que nadie podía decir que mientras fue ministro de Industria y Comercio medró los intereses del pueblo, porque su mejor galardón había sido “la venta de 35 millones de galones de miel a 21 centavos el galón en puerto dominicano, precio record en la historia de las negociaciones de azúcar y melazas”.

Bosch concluyó su misiva invitando a quien deseara asegurar lo contrario a su creencia, “que no rehúya a la justicia; que presente pruebas ante los jueces” y exponga la razón de su insatisfacción precipitada.

Bordas se concentró en la tarea de argumentar jurídicamente la querella, examinando junto a sus abogados todos los argumentos y cada detalle sobre el tema de la difamación, pero sacaba tiempo para visitar a uno de sus grandes amigos en la casa de Gobierno, que ocupaba el puesto de consultor jurídico del Poder Ejecutivo; este era el abogado francomacorisano don Luis Moreno Martínez, hermano del excandidato presidencial y presidente del Partido Revolucionario Social Cristiano, doctor Alfonso Moreno. Estando un día allí fue abordado por la prensa sobre el juicio en marcha, y contestó que saldría victorioso de ese percance para regresar al gabinete, aunque le  confesó al reportero del diario La Prensa, el periodista José Jiménez Belén, que estaba preparado para aceptar cualquier designación, ya que «si el gobierno del presidente Bosch me nombra barrendero de las calles de Santo Domingo yo seré barrendero de las calles de Santo Domingo».

Historia

El doctor Bordas era un joven empresario puertoplateño de unos 40 años de edad que había sido nombrado ministro por su vieja amistad con el profesor Bosch y en reconocimiento a su contribución con la causa democrática durante sus 18 años de exilio antitrujillista, tomando parte activa  -junto con Bosch- en la fracasada invasión contra Trujillo, efectuada en Cayo Confites, en 1948; aunque por los conflictos y enemistades que se suscitaron entre los líderes participantes, decidió entonces retirarse de la vida política militante, sin dejar de ser un colaborador efectivo Bosch y de los exiliados en diferentes países donde le tocó residir en esa época.

Mientras estuvo en el exilio, su empresa “Bordas Corporation” fue manejada en el país por su hermano Luis Manuel Bordas Hernández (Manolo), quien en los días finales de la dictadura de Trujillo, entró en sociedad con Francisco Martínez Alba, el acaudalado cuñado del dictador que regenteaba la Fábrica Dominicana de Cemento, C. por A, pactando con éste un acuerdo en diciembre de 1960, mediante el cual su compañía cargó con la responsabilidad de administrar en el exterior el negocio del cemento.

Ese compromiso tan importante mostraba sin duda que los hermanos Bordas eran empresarios acaudalados y reconocidos industriales dominicanos en el momento en que ocurrió el ajusticiamiento de Trujillo en 1961; pues para esa fecha, su compañía negociadora de cemento, además de estar firmemente establecida en el extranjero, ya había logrado salir airosa del conflicto judicial en que estuvo envuelta por la imputación sobre dumping.

Su incriminación en esa disputa procesal se convirtió finalmente en una gran victoria, tras la resolución dictada por la Comisión de Arancel de los Estados Unidos, de fecha 18 de abril de 1962, permitiéndole vender el cemento en ese mercado, pese a la fuerte oposición de sus competidores. Aunque eso tuvo un costo bien alto, por el pago previo de 2 mil dólares en honorarios a su defensora jurídica, que era la firma de abogados Tucker & Baker, dirigida Robert G. Baker y su socio Ernesto C. Tucker.

Después de eso, la firma “Bordas Corporation” volvió, sin embargo, a afrontar un nuevo problema, ya que de modo inesperado, a sólo 36 horas de que su propietario regresara del exilio, comenzó a ser perseguido por sectores económicos muy activos dentro del gobierno del Consejo de Estado, los cuales maquinaban apoderarse de su negocio, aduciendo que debía ser confiscado por su anterior  relación con la Fábrica Dominicana de Cemento, una empresa que había pertenecido a la familia Trujillo y que -como ya hemos dicho- la dirigía el cuñado del tirano, el comerciante español Panchito Martínez Alba.

El nuevo peligro afloró durante la noche del martes 20 de febrero de 1962, mientras Bordas se encontraba  en el hotel Hamaca de Boca Chica, despidiéndose de su compueblano y amigo César Reyes Kundhart, tras una larga jornada de trabajo y sintiéndose visiblemente agotado. Entonces llegaron al lugar dos oficiales de la Policía, un coronel y un capitán de apellido Morillo, que se le acercaron, y tras una cortés, pero intimidante, salutación, se le invitó a acompañarles al Palacio Nacional, al despacho del general vitalicio Antonio Imbert Barrera, miembro del Consejo de Estado, quien deseaba conversar con él sobre asuntos de interés recíproco.

Les respondió que había tenido un día de mucha faena, sumamente agotador, y se disponía irse a descansar; asegurándoles que al día siguiente, bien temprano, visitaría el despacho del general Imbert en la casa de Gobierno. Pero los oficiales fueron insistentes y Bordas procedió a llamar por teléfono al poderoso consejero, a su oficina en el Palacio Nacional, aunque fue imposible localizarlo, pues ya se había marchado y a esa alta hora de la noche, las oficinas estaban cerradas y no había un solo funcionario en el lugar.

Entonces, a sugerencia de los dos oficiales llamó al jefe de la Policía, general Belisario Peguero Guerrero, quien le invitó a pasar de inmediato por  su despacho, indicándole que era un asunto urgente, pero de rápida solución, y correspondió a la convocatoria activándose con presteza. Y aunque estaba exhausto, en compañía de los dos oficiales y de su amigo Reyes Kundhart, partieron hacia la   ciudad de Santo Domingo, advirtiendo al llegar al palacio policial que había ido sido engañado, pues supo enseguida que estaba arbitrariamente preso, junto a reconocidos profesionales universitarios vinculados con grupos de izquierda, que iban a ser deportados por presunta asociación con actividades subversivas contra el gobierno. Estaban allí los doctores Hugo Tolentino Dipp,  Francisco Alberto Henríquez Vásquez (Chito), José Vinicio Calventi Gaviño, Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán, José Ricardo Feris Iglesias y Fausto Martínez.

Bordas pasaría diez meses de angustia al ser enviado de  nuevo al exilio, pudiendo regresar a su país sólo dos días después del triunfo del  profesor Bosch en las elecciones del 20 de diciembre, batiendo así la trama política que perseguía despojarle de sus bienes. A seguidas asumió el control de su negocio de cemento, aunque dejó en manos de su hermano Luis Manuel la rienda de la Agencia Marítima Nacional, C. por A., que para esa fecha comenzaba a explorar cómo vincularse con el ayuntamiento municipal de Barahona, que había obtenido -mediante la Ley No. 5225, de fecha 21 de diciembre de 1961- la concesión para la explotación de la cantera de sal en Puerto Alejandro, que no tenía nada que ver con las minas de sal y yeso de Las Salinas.

Su hermano Luis Manuel, en calidad de presidente de la citada compañía, hizo contacto con los regidores del cabildo de Barahona; especialmente con el doctor Carlos A. Castillo, estableciendo una relación de apariencia diáfana, ya que éste viajaba con cierta frecuencia a la capital a sostener intercambios de impresiones con los hermanos Bordas, convirtiéndose en una especie de enlace con la dirección de esa corporación edilicia, que les ayudaría a concertar un contrato de sal a gran escala, sobre la base de ofertar al cabildo la suma de cuarenta mil pesos y obtener el derecho de compra y venta de toda la producción  de sal del proyecto de Puerto Alejandro.

Con ese dinero el ayuntamiento de Barahona estaría en condiciones de encarar y resolver las urgencias de empleos de decenas de personas sin trabajo.

Esa intención estaba contenida en la carta de fecha 29 de marzo de 1963, que el presidente de la Agencia Marítima Nacional, C. por A., Luis Manuel Bordas, le dirigiera al regidor Castillo autorizándolo a gestionar con los miembros de la sala capitular el referido contrato, y poniéndole al tanto de las diligencias que había hecho en Alemania para comprobar mediante análisis químico la calidad de la sal, y así poder anunciarla y promoverla en Europa.

El juicio a Ornes y absolución

Diego Bordas sometió a Ornes a la justicia por difamación e injuria, siguiendo el consejo de sus abogados y creyendo que éste no poseía -ni conseguiría- una prueba fehaciente para demostrar que fuese realmente un funcionario corrupto, que se había valido de su alta posición en el gobierno de Bosch para monopolizar el negocio del cemento y la sal.

Pero el “zar de la sal”, como fue bautizado por sus adversarios, no calculó que Ornes  desataría una vigorosa ofensiva por los medios de comunicación, con el  auxilio de su hermano Germán Emilio, propietario del periódico El Caribe, un medio sumamente influyente en los sectores de clase alta y media de la sociedad dominicana de la época; ni que recibiría el respaldo militante de los principales líderes de la oposición, encabezados por los doctores Mario Read Vittini, Juan Isidro Jimenes-Grullón y el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara.

Con ese respaldo, Ornes proseguiría liderando la tribuna pública, yendo a mítines políticos y a  programas de radio y  televisión, a ratificar sus argumentos sobre corrupción administrativa, para mantener a Bordas a la defensiva, respondiendo sus ataques con polémicos agravios, como decir que en la provincia de La Vega Ornes estaría promoviendo desalojos de campesinos de los  predios pertenecientes a su esposa, la señora María Mercedes Rodríguez Vásquez, hija y heredera del general Juancito Rodríguez.

A Ornes le era muy difícil probar la veracidad de sus denuncias, pero con el apoyo señalado, se concentró en la realización de una investigación profunda del negocio de la sal, buscando testimonios  fehacientes para demostrar que sí había corrupción administrativa y tráfico de influencia en las operaciones del ministro renunciante.

Al respecto, el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, procurador fiscal del Distrito Nacional en ese juicio, nos dice en su obra en su reciente obra “Testimonios desclasificados, retazos narrativos de hechos verídicos”, que Ornes se prevalió de un recurso jurídico de defensa conocido por el nombre de la “excepción de la verdad”, “al que tiene derecho una persona acusada de difamación, durante el juicio conocido en la Tercera Cámara Penal, presidida por el magistrado Bruno Rodríguez Gonell, y de esa manera pudo librarse de una condena.”

Ilustró el reputado jurista que la defensa de Ornes “presentó pruebas documentales que daban cuenta de que en algunos casos aparecía claramente las  operaciones realizadas, de dudosa aceptación para un funcionario público, y en cambio, la parte civil constituida, a cargo de los abogados del señor Bordas, se limitó a negar la ocurrencia de los mismos”

Agregó que Bordas negó rotundamente la comisión de los hechos, pero que los documentos aportados por el imputado probaban su ocurrencia, que los mismos se habían producido y se erigían en la “excepción de la verdad” planteada, viéndose el fiscal en la obligación de hacer una solicitud de descargo de la acusación de difamación ante el juez referido, quien en la última audiencia celebrada el 19 de septiembre de 1963, y tras una deliberación que se prolongó por doce horas, acogió en todas sus partes el dictamen del Ministerio Público, que libraba de toda responsabilidad penal a Horacio Julio Ornes Coiscou, por no haber cometido los delitos que se le imputaban sobre violación de la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, ni ser tampoco culpable del delito de ultraje en perjuicio del doctor Diego Bordas.

Por Sebastián del Pilar Sánchez.-

“¡Severo golpista, peor que Bonillita!”, coreaba sin cesar un grupo de manifestantes que se dirigía hacia la intersección de las calles Palo Hincado y Padre Billini del sector de Ciudad Nueva, excitados por la presencia del doctor Ángel Severo Cabral y Ortiz, quien residía en esa área pero había desaparecido del lugar, en compañía de su esposa y sus hijos, al desatarse la Revolución de Abril, temeroso de ser maltratado y humillado por los llamados revolucionarios que habían establecido la sede de su gobierno en la emblemática y cercana calle El Conde y sus principales comandos en la zona constitucionalista.

El doctor Severo Cabral era un dirigente político de derecha y se le reprochaba su protagonismo en los incidentes públicos que generaron el conflicto cívico-militar y la subsiguiente intervención de tropas de los Estados Unidos en el país; por lo cual era una sorpresa, aunque inesperada y desagradable, su regreso al hogar la tarde del sábado 18 de diciembre de 1965, teniendo las calles aún mucha gente armada.

Se supo que deseaba mudar definitivamente a su familia desde Ciudad Nueva a un sitio realmente tranquilo dentro del Distrito Nacional, como venían haciendo otros líderes y la mayoría de los industriales, comerciantes y profesionales de clase media alta, quienes optaron por asentarse en zonas suburbanas cercanas, que eran entonces los ensanches Naco, Arroyo Hondo y Piantini, previendo que se repitiese una situación de angustia similar a la que habían padecido durante la acción bélica.

Él estaba consciente de que su familia no tendría paz viviendo en el centro de la ciudad de Santo Domingo, puesto que aún estaba latente en los barrios capitalinos el fantasma de la guerra, al no haber descendido lo suficiente el tono beligerante de la disputa que habían sostenido los grupos civiles y militares que rivalizaron en dicha contienda.

Pues había trascurrido muy poco tiempo  desde el 2 de septiembre de 1965, que fue la fecha en que por iniciativa de los negociadores de la OEA, el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, presidente constitucional en armas, rubricara el documento jurídico conocido por el nombre de “Acta de Reconciliación» que normaría la actuación del gobierno provisional instalado un día después, presidido por el doctor Héctor Rafael García-Godoy Cáceres, para conducir el país por el camino de regreso al sistema democrático con la celebración de elecciones el 1ro. de junio de 1966.

Severo Cabral había sido secretario general de la poderosa organización de centroderecha “Unión Cívica Nacional” y se destacó en la campaña electoral de 1962 impulsando la candidatura presidencial del doctor Viriato Alberto Fiallo Rodríguez; y más adelante, tras la victoria del profesor Juan Bosch en las elecciones del 20 de diciembre, situándose como  adversario del nuevo gobierno y propiciando -junto a otros líderes políticos- su derrocamiento en la madrugada del 25 de septiembre de 1963.

En el régimen de facto surgido de aquel fatídico golpe de Estado, Severo Cabral ocupó el importante cargo de ministro de Interior y Policía, aunque lo abandonó dos meses y medio después, pues dimitió el 11 de diciembre de 1963 denunciando que el gobierno no le había permitido a su ministerio disponer una rendición de cuentas en el Servicio Nacional de Seguridad.

En su carta de renuncia, el exministro explicó que la causa residía en la obstinación del Triunvirato “en mantener vicios que nos indujeron a combatir el desafortunado régimen derrocado el 25 de septiembre pasado, y convencido de que es inútil esperar de los hombres en el Gobierno las necesarias rectificaciones».

Severo Cabral era un prominente miembro del sector conservador, sumamente preparado y con convicciones ideológicas muy firmes, pero poseía un fuerte carácter y era obsesivo defendiendo a rajatabla -sin vacilación y sin miedo- sus posiciones de derecha.

Eso hizo la tarde del 18 de diciembre de 1965, cuando se enfrentó con duros términos a la multitud que rodeó su casa con intenciones de impedir que su familia concretase la mudanza de sus ajuares en un camión parqueado sobre la orilla de la acera de su residencia.

Esta discusión habría sido una imprudencia del veterano dirigente político, pues aunque la Guerra de Abril había concluido, seguían los resabios, las bajas pasiones, los odios… y existía una realidad que se estaba nutriendo de sucesos vandálicos y sangrientos que acaecían a diario en cualquier esquina de la ciudad, a causa de la ausencia de una real voluntad de respeto a la ley, tendente a aplacar las aversiones entre coterráneos y permitir que la gente pudiese vivir al margen de rencores y de toda venganza e iniquidad.

Este hecho había ocurrido frente a su casa, marcada con el número 99 de la calle Padre Billini, donde se había estacionado la muchedumbre integrada por jóvenes que -en su mayoría- eran sindicalistas que acababan de participar en una manifestación de obreros de la Sociedad Industrial Dominicana -Manicera-, celebrada en la periferia del parque Independencia, en la que se exigía la intervención del gobierno para preservar sus puestos de trabajo y sus logros laborales en esa empresa.

Los manifestantes desde que llegaron a la calle Padre Billini coreaban sin cesar: “¡Severo golpista, peor que Bonillita!«; y también: “¡Severo, asesino de Manolo!”, ignorando que cuando aconteció la muerte del líder guerrillero de Las Manaclas, ya el dirigente cívico había renunciado a su cargo de ministro de Interior y Policía en el gobierno del Triunvirato y que su ruptura política con el régimen era concluyente y definitiva.

Aunque como bien nos recordaba un amigo en estos días, cuando se anunció la presencia de Manolo Tavarez Justo en las montañas, en su calidad de Ministro de Interior y Policía, Severo Cabral ofreció unas declaraciones desafortunadas asegurando que las Fuerzas Armadas exterminarían las guerrillas. 

Por ello la dirección de propaganda del Movimiento Revolucionario del 14 de Junio llegó a compararlo con Josef Mengele, el médico nazi alemán que dirigió la masacre de los judíos durante la segunda guerra mundial, al ponerle el sobrenombre de «Ángel de la muerte».

De este modo, los catorcistas, particularmente el director del periódico Patria, Ramón – El Chino Ferreras, aludian con sazón despectivo al nombre de pila del ministro y dirigente político.

Pero aquella multitud había olvidado que este individuo tenía en su historial político algunas virtudes; pues él había sido el primer funcionario después de la Era de Trujillo que tuvo la decencia de dejar un alto cargo público, por estar en desacuerdo con la actitud del Triunvirato presidido por don Emilio de los Santos, que se negó a transparentar los gastos en la estratégica área de inteligencia y seguridad nacional.

Esa línea moralizante la mantendría con mucho ahínco, erigiéndose en un crítico tenaz de ese mismo gobierno que pasó a ser conducido por su primo hermano, el doctor Donald Joseph Reid Cabral, a quien enfrentó de modo desafiante y con inigualable firmeza en su alocución de 2 mil 574 palabras, expuestas el 26 de enero de 1965, a través de una cadena radial encabezada por la emisora «La Voz del Trópico».

En la ocasión acusó a Reíd Cabral de llevar el país al borde del desastre por su afán de mantenerse en el poder a cualquier precio. Le exigió renunciar y lo responsabilizó ante la opinión pública internacional por los males que pudieran sobrevenirle a la sociedad dominicana como consecuencia de su ambición desmedida.

En esa pieza discursiva de seis páginas, publicada de manera íntegra por el diario El Caribe un día después, el destacado político -en rol de opositor- acusó a Reid Cabral de pretender perpetuarse en el poder sostenido por poderosas autoridades implicadas en los contrabandos que estaban arruinando al sector comercial, en alusión al jugoso negocio de las cantinas militares y policiales.

El sábado 29 de noviembre de 1964 Severo Cabral fue electo presidente de Unión Cívica Nacional en una convención nacional efectuada en la ciudad de Santo Domingo, en la que participaron delegados de 16 provincias de 24 que tenía el país; pero el poderoso triunviro Reid Cabral, como no había podido doblegar su firmeza ni menguar la contundencia de su línea política opositora, apoyándose en la natural influencia del doctor Viriato Fiallo, líder histórico de la organización, contrarrestó su elección ese mismo día, auspiciando el montaje de una asamblea paralela que se llevó a efecto en una finca de Bonao. 

En esta reunión se suprimió la presidencia de la UCN y se constituyó un triunvirato partidario, integrado por los doctores Tomás Alcibíades Espinosa, Pedro Juan Brugal y Ramón González Hardy, y este organismo denominado «Directorio Ejecutivo Central», con el visto bueno del  doctor Fiallo concretó la división del partido, imponiendo la autoridad de un tribunal disciplinario que tuvo como único objetivo sancionar al doctor Severo Cabral.

Así,  el 27 de diciembre de 1964,  este juzgado partidario expulsó a Severo Cabral de las filas de la UCN, acusándolo de divisionista y sin dejarle otra opción que endurecer sus críticas al gobierno por medio de una nueva organización que paradójicamente denominó «Acción Revolucionaria”.La resolución de expulsión estaba firmada por los señores Juan Aquiles Díaz, Jesús María Camilo, licenciada Amparo Franco de Bisonó y licenciada Rosana Ortiz de Álvarez.

El relato de capitán Brens y la tragedia de los Cabral

Sebastián del Pilar Sánchez.- 

Durante la década de 1960 el pueblo de Imbert logró un notable avance sociocultural que se apreciaba en el auge de su comercio y sus clubes. También en la calidad de su liceo de educación secundaria, fundado en el año 1963 por iniciativa del profesor Israel Brito Bruno, un pastor evangélico metodista, oriundo de la provincia de Samaná, que estableció la primera academia de mecanografía, taquigrafía e inglés en Bajabonico, la cual operaba dentro de una casona de madera (de dos niveles), situada en la intersección de las calles Sánchez y Valerio.

No hace tanto tiempo que hice referencia en este espacio a las bondades del club Activo 20-30 Internacional, asentado en Imbert el 14 de enero de 1964 por un puñado de jóvenes unidos en la intención de mejorar las condiciones de existencia de la población y en especial de la niñez desvalida.

En esta ocasión rememoro los inicios del referido liceo y los aportes posteriores en defensa de sus alumnos realizados por el club de Leones surgido en 1965 por inspiración y contagio de la trascendente labor social ejecutada por los jóvenes 20-30.

Esos dirigentes demostraron ser emprendedores exitosos por el resultado de su entrevista en el Palacio Nacional con el triunviro Manuel Enrique Tavares Espaillat, a quien lograron convencer para que su gobierno ordenara al ministerio de Obras Públicas construir en el tiempo más breve posible el hospital del pueblo, inaugurado poco más tarde. 

El club de Leones de Imbert nació el 28 de marzo de 1965, tres meses después de la entronización en el país de la familia leonística, traída desde Puerto Rico por el empresario Alfredo C. Leschorn, quien se había compenetrado en la vecina isla con su filosofía de trabajo y la consideró beneficiosa para fortalecer el liderazgo empresarial dominicano.

Leschorn fue electo presidente de esta entidad en Santo Domingo el 18 de diciembre de 1964, durante una asamblea celebrada en el hotel Embajador donde participaron 66 socios que más tarde serían los pioneros de la propagación del leonismo en el país.

De mano de estos individuos, a principios de 1965 el club de Leones llegaría a las ciudades de Santiago, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Moca y Puerto Plata; siendo instalado en Imbert a finales de marzo, para  convertir a este municipio en uno de  los primeros dieciséis en tener la organización, pudiendo participar así en la creación del primer distrito leonístico de la República Dominicana, conformado por unos 90 socios que escogieron como su gobernador al ingeniero Manuel Mena Blonda.

Al igual que en Santo Domingo, los empresarios de Imbert se sumaron al club de Leones, formando una directiva de hacendados y dueños de tiendas que tenía de excepción al doctor Juan Enrique Adams Jesurum, un médico de Samaná que estaba dirigiendo el hospital municipal y fue seleccionado como presidente del club para aprovechar su vasta cultura, su facilidad de comunicación, su desenvoltura y destreza en el trato social.

Junto al doctor Adams tomaron el mando leonístico los señores José María González, primer vicepresidente;  Alberto Canahuate Resek, segundo vicepresidente; Bernardo Almonte, tercer vicepresidente; Pedro Puig,  secretario, y Arcadio Luciano, tesorero.

También José Encarnación Cabrera Vásquez (don Picho), director de la carta constitutiva; Rafael A. Reyes -Bravo, domador;  Ivo Cabrera, tuercerrabos; y como vocales,  Carlos Reyes Martínez, Pastor González, Ramón Emilio Lendof y Plácido Parra.

Otros socios fundadores del club imberteño eran don Lorenzo Silverio, Ignacio Mariotti, Fabio Lara y Miguel Ángel Puig.

Esta institución fue constituida durante un acto efectuado en el ayuntamiento municipal, orientado por los señores Servando R. Ovies y Plinio Maceo, delegados internacionales, quienes estuvieron acompañados de Rafael Isla y Eduardo Canahuate, presidente y tesorero del club de Leones de Puerto Plata, que fungió de padrino.

El club y la educación

Durante el año 1964 se constituyó una comisión pro mejoramiento de los planteles escolares del municipio, integrada por el síndico Bernardo Almonte, el profesor José Antonio Fernández Martínez, inspector de educación; las profesoras Marina Santos de Suazo, Teresa Gómez García, Mireya Altagracia Cabrera Santos y Altagracia Mercedes Puig González (Tatin).

Esta comisión recibió una animada asistencia del club de Leones, tan pronto fue formado en marzo de 1965; pues éste no perdió tiempo en contribuir con la mejoría de las operaciones de la biblioteca municipal y el liceo secundario que aún no estaba oficializado.

Este centro educativo operaba dentro de una vieja casa de madera, situada frente a la clínica Doctor Hart, en la calle Duarte esquina Hermanas Mirabal y era dirigido por un profesor respetado y estimado por su trato amable y su caballerosidad, llamado don Andrés Brito,  quien era pastor metodista igual que su hermano Israel, el fundador de la institución docente que el ministerio de Educación trasladó a Santo Domingo para que dirigiera el liceo Juan Pablo Duarte, el más antiguo del país.

Don Andrés conducía un modesto personal de seis educadores y dos auxiliares administrativos, constituido por los profesores Elsa Cabrera Francisco, Alfonso Martínez, Carmen Julia BournigalLoinaz, Angiola Luciano Mena, Carmen Rosa Liranzo Tamayo, Tatin Puig González; y los empleados, Lila Cabral de Tejada, secretaria y Carmela Polanco de Díaz, conserje.

El principal problema del liceo consistía en que allí sólo se podía cursar los tres primeros grados del bachillerato y sus alumnos para poder graduarse tenían que inscribirse como estudiantes libres en el liceo secundario José Dubeau del municipio de Puerto Plata, teniendo que viajar hasta ese lugar a tomar clases y exámenes.

En 1965 esa travesía era realizada por los estudiantes Aura Reyes Cabrera, Miguel Ángel Parra Mezquita, Violeta Luciano Mena, José Francisco Alcántara Rodríguez, Ivonne Lara, los hermanos Iván y Carlitos Reyes Levy, las mellizas Luisa y Josefina Bonilla Parra, Adriano Rivera (Papi el lento) y Sunilda Mena.

Ellos hacían el recorrido de 18 kilómetros por la carretera vieja, cruzando el puente metálico de Barrabas y la sección de Hojas Anchas a bordo de un carro Opel, modelo Capitan, conducido por su propietario Rafael Guzmán Recio, un taxista que compartía esa ruta con Güicho Santos, quien hacía este servicio en un automóvil Austin. 

Los estudiantes llegaban muchas veces a su destino transportados en el carro blanco de la familia Alcántara, un Volkswagen del tipo cepillo que manejaba el estudiante y futuro médico, Fafán Alcántara.

Para superar esa situación se llevó a cabo una prolongada y efectiva campaña por la prensa escrita y la radio de Puerto Plata y Santiago, en la que se denunciaba las vicisitudes que pasaban esos jóvenes para poder obtener su título de bachiller.

En esta campaña jugó un rol importante un joven imberteño que era oficinista y contable en la próspera empresa ferretera del hacendado don Félix Henríquez Silverio y quien también ejercía la función de comunicador social, como corresponsal del diario El Caribe en Imbert y otros pueblos de la región norte.

Este era Alcides Silverio, quien por medio de ese periódico matutino difundía todas las noticias posibles sobre la situación educativa de Imbert, resaltando las diversas diligencias realizadas por las instituciones representativas de la comunidad, para lograr que el gobierno del presidente Héctor Rafael García-Godoy Cáceres ordenara la creación del cuarto grado de bachillerato y el reconocimiento oficial del liceo 

El 21 de diciembre de 1965 el diario El Caribe trajo en una de sus páginas una noticia calzada con la firma de su corresponsal Alcides Silverio, en la que se anunciaba la solución del problema y la oficialización del liceo que desde el 7 de enero llevaría el nombre de un historiador y educador de Saint Thomas que había hecho valiosos aportes a la educación en Puerto Plata, llamado Enrique EnmanuelAshton.

La noticia servida por este comunicador, quien ya era miembro del club de Leones y lo presidiría años más tarde, produjo mucha alegría en el pueblo que la apreciaba como el regalo de navidad o de reyes del ministerio de Educación.

Ese día la gente jubilosa improvisó un desfile por las calles principales de la comunidad, que culminó con una manifestación de profesores y estudiantes en la inmediación del plantel, donde el director Andrés Brito pronunció algunas palabras dando las gracias a las autoridades por materializar su anhelada petición. 

Los imberteños no olvidarán jamás el visto bueno que diera a este proyecto el ministro de Educación del gobierno de García-Godoy, licenciado Carlos María Hernández, quien conocía muy bien la problemática educativa de la provincia por haberse desempeñado hasta el mes de octubre de 1965 como director del liceo secundario José Dubeau.

La oficialización del liceo Enrique EnmanuelAshton el 7 de enero de 1966, significó la creación inmediata del cuarto curso del bachillerato y la ampliación del cuerpo docente por el alto número de alumnos que cursarían nuevas asignaturas en ese año.

Los profesores contratados en el período 1966-1968, mediante concurso de referencia, fueron los jóvenes Milagros Peralta Pichardo, Fabio Alejandro Lara Espaillat,  Mélida Brito, Olga BournigalLoinaz, Ivonne Lara, Deysi Ulloa y Mario Sally García, quienes se estrenarían en el magisterio en este anticuado plantel.

Los estudiantes eran, entre otros, Aura Reyes Cabrera, Miguel Ángel Parra Mezquita, los hermanos Iván y Carlos Reyes Levy, Yoyolito Cabrera Balaguer, Nelson Puig González, Juan Luis Peralta Beco, Miguel Antonio Cabrera, Melania Meléndez, Ramón Francisco Martínez (Monchi), Arsenia Díaz, Chijin Valera, Tito Rafael Cabrera, Pusito Cabrera, Darío Victoria Castillo, Fifi Cabrera, Marisol Cabrera Francisco, Froila Vargas Díaz, Mélida Brito, Maritza Ureña, Rafael Sánchez Consuegra, Yolanda Cabrera, Alberto Simón y las hermanas Carmen Corina y Ana Virginia Vargas Oliver (Michia).

 La fiesta de San Antonio

En los días 13 de junio, durante la década de los años 60, estuvo bien arraigado en Imbert el culto a San Antonio de Padua, un sacerdote franciscano de origen portugués al que la feligresía católica le atribuía el poder de entenderse con los peces y hacer milagros a favor de las chicas enamoradas que aspiraban a lograr un buen partido.     

La devoción por San Antonio era bien firme en la parte urbana de la comunidad, porque se realizaba entonces una extensa celebración en la pequeña hacienda de la señora Antonia Acosta que colindaba con la finca de Ernesto Heinsen, donde se concentraba medio pueblo a rendir tributo al santo prodigioso.

Con asombroso regocijo la gente participaba en los rezos y ofrendas que se realizaban allí, pero ese culto disminuiría con la venta de esa hacienda a su vecino y copropietario de la fábrica de quesos Geo, tras la desaparición física de esta dama, mejor conocida por el sobrenombre de «Doña Toña».

Aun así, el culto seguiría siendo fuerte en la sección de Bajabonico Arriba y en la zona rural, robustecido con el respaldo que le diera el hacendado Félix Henríquez Silverio, quien contribuyó decididamente a su permanencia en la comunidad con la construcción de un templo católico con el nombre del virtuoso religioso.

Cada 13 de junio, la veneración se destacaría por su carácter multitudinario con el arribo al lugar de decenas de personas montadas en camiones, camionetas y todo tipo de vehículos, que iban a participar en los actos religiosos y recreativos, en aquel jolgorio caracterizado por el consumo exagerado de alimentos y bebidas.

Seguro por eso, el comerciante Plácido Parra, al hacer la comparación de dichas fiestas, dijo una vez que la gente iba donde “doña Toña atraída por la televisión, y donde don Félix a montar en camión”.

 La celebración del Día de Las Mercedes

Esta fiesta del 24 de septiembre, en honor a la virgen de las Mercedes, es la más suntuosa, prolongada y concurrida que se realiza en el pueblo de Imbert y tiene un carácter religioso, cultural y recreativo, porque resalta y  reverencia la imagen de la santa patrona de la República Dominicana.

En Imbert se lleva a cabo una celebración de toda una semana, al igual que en los municipios de Hato Mayor, Sabana Grande de Palenque, Pimentel,  Cabrera y Constanza, donde se le rinde culto a la virgen con procesiones de feligreses, múltiples bautizos y actos de primera comunión y confirmación.

En los años 60, la actividad en Imbert era coordinada por un comité organizador encabezado por el padre Benito Taveras, contando con el concurso de los clubes de Leones y Activo 20-30, quienes participaban en la programación de diversas actividades, como el palo encebado y los juegos populares.

El momento culminante de esta celebración correspondía -como en la actualidad- a la coronación de la reina de las fiestas patronales, en un acto bien concurrido que finalizaba con un hermoso baile donde participaban reconocidos artistas nacionales.

La generación de los años 60 evoca con nostalgia las imágenes de la reñidísima competencia de 1964 entre las bellas jóvenes Miriam Morales Collado y Violeta Luciano Mena, reina y virreina de aquel certamen.

La atractiva y arrogante hija de Antonio Morales y Luisa Collado, sorprendió superando en votación cerrada a la señorita Luciano, la favorita en distintos lugares de la comunidad, donde se le profesaba vehemente admiración por su personalidad y carisma, inteligencia y aplicación en la actividad cultural y académica. 

Por Sebastián del Pilar Sánchez.-

El día 21 de septiembre de 1965 fue escogido como rector provisional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo el profesor Andrés María Aybar Nicolás, durante una asamblea celebrada en el aula magna, donde estuvieron presentes unos 70 profesores y más de 2 mil estudiantes que militaban en los tres grupos estudiantiles organizados entonces.

El destacado ingeniero civil y catedrático universitario era la figura principal de un proyecto político y académico que se gestó durante la Guerra de Abril, con el fin de desplazar  de la dirección de ese alto centro de estudios a  las autoridades conservadoras, tildadas de sumisas y pusilánimes por su actitud contemplativa frente al desembarco de soldados extranjeros en suelo dominicano el miércoles 28 de abril.

El referido acto era la continuidad de una denominada “Asamblea de la familia universitaria”, celebrada durante la mañana del martes 14 de septiembre en el paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que destituyó al rector ingeniero José Ramón Báez López-Penha y a los demás miembros del Consejo Universitario.

Se trató de una jornada unitaria dirigida por una mesa ejecutiva formada por los jóvenes economistas Bolívar Batista del Villar, Marcio Antonio Mejía-Ricart Guzmán, y el novel profesor  de medicina Bernardo Augusto Defilló Martínez.

También por los estudiantes Narciso González Medina y Alexis Licairac Díaz, delegados del grupo Fragua; Romeo Llinás, del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC), y Francisco José -Franklin- Almeyda Rancier, del Frente Universitario Revolucionario Radical (FURR).

Al estudiante Narcisazo González le correspondió dar lectura a la declaración de la Asamblea, explicando las razones que motivaron el increíble derrocamiento del rector y el Consejo Universitario, aunque sin poder despejar de inmediato la suspicacia engendrada por la presunta naturaleza golpista del abrupto relevo.

Según su exposición, las autoridades sustituidas habían incurrido en numerosas violaciones  al estatuto orgánico, además de la grave falta de mostrar un silencio cómplice ante la grosera incursión de tropas extranjeras en el país.

Narcisazo criticó con aspereza al rector destituido por haber exhibido una postura complaciente durante la jefatura del Triunvirato, permitiendo sin el menor rubor que ese gobierno de facto despojara a la Universidad de su fuero, en franca violación a la Ley 5778, promulgada por el presidente Joaquín Balaguer el 31 de diciembre de 1961.

También deploró su intento de resucitar la vieja guardia trujillista, al conseguir que el Consejo Universitario le aprobara, durante una reunión celebrada en la primera semana de enero de 1965, la creación de un cuerpo de Policía escolar que -según su denuncia- utilizaría como un instrumento represivo de contención de la creciente repulsa al examen de admisión que por obligación debían tomar los nuevos estudiantes para poder ingresar al Centro Universitario de Estudios Generales (CUEG).

Cuando Narcisazo concluyó, algunos asambleístas rememoraron con breves y esporádicos murmullos la dramática huelga de hambre que se hizo en el perímetro universitario en el año 1964 en repudio de aquel examen de admisión y también la osada determinación de boicotearlo, por parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED); generando la desafortunada cancelación de la matrícula universitaria del brillante estudiante de ingeniería civil, Amín Abel Hasbún, secretario general del gremio proscrito, dispuesta por el referido Consejo.

Ese irreflexivo y dictatorial dictamen afectó por igual a 32 miembros de su comité ejecutivo central y varios dirigentes estudiantiles de las facultades de Derecho y Farmacia.

Por ello era nuevamente objeto de debate en esta “Asamblea de la familia universitaria” donde agotaban turnos los profesores Julio César Castaños Espaillat, Antonio Ballester Hernández, Francisco Antonio Avelino, Luis Almanzor González Canahuate, y los estudiantes Amín Abel Hasbún, por la FED; Narciso Isa Conde, por Fragua, y Romeo Llinás, por el BRUC.

También, el estudiante y representante de los empleados, Teobaldo Rodríguez y los moderadores mencionados, Mejía-Ricart, Batista del Villar y Defilló Martínez,

Cinco días más tarde, el 19 de septiembre de 1965, el doctor Hugo Tolentino Dipp -quien fuera junto a los doctores Rafael Kasse Acta, Jottin Cury y Castaños Espaillat, uno de los ideólogos del movimiento renovador en ciernes- publicó un artículo en uno de los diarios nacionales, titulado “El gobierno provisional y la crisis universitaria”, donde esclarecía con razonado rigor los motivos de la destitución de las autoridades universitarias.

El reconocido académico señaló que aquel cuerpo directivo estaba “totalmente desacreditado, moribundo”, por el ejercicio de una autoridad donde primaba el despotismo, la incultura, la dilapidación económica, el amiguismo y la traición a la patria, entre otros rasgos negativos que mostraban a sus miembros como desconocedores de “las verdaderas aspiraciones y necesidades que surgen de la misión  cultural  y humanista que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo frente a nuestro pueblo, frente a la cultura nacional”.

Tolentino Dipp negó tajantemente que dicha remoción se asemejara a una asonada golpista, porque -según indicó- sus gestores estaban propiciando “la formación de la debida conciencia democrática que determine en el futuro el respeto a toda  otra autoridad legítima y que no se repita el funesto mal ejemplo que frustró la  voluntad popular expresada el 20 de diciembre de 1962”.

Según el ilustre historiador, la llamada “Asamblea de la familia universitaria” había sido el vehículo pacífico y democrático escogido por la mayoría de la UASD para elegir un Consejo Universitario provisional, cuya misión sería impulsar la reforma y transformar las instituciones universitarias de modo que su sustancia fuese realmente democrática.

Este organismo estaba integrado por Aybar Nicolás, como rector; los profesores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, vicerrectores; además de los académicos Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández; más los estudiantes Virgilio Bello Rosa y Alexis Licairac, del grupo Fragua; Romeo Llinás, del BRUC, y Francisco José -Franklin-  Almeyda Rancier, del FURR.

La “Asamblea de la familia universitaria” aprobó nuevos reglamentos, como resultado de un estudio sobre las necesidades de reformas y para organizar la institución sobre principios de democracia y de eficiencia científica. En los mismos se indicaba que la tarea principal del Consejo provisional era defender la soberanía nacional y la autonomía de la UASD.

Esa labor estaba enlazada con la firme voluntad de elaborar un nuevo estatuto orgánico, impulsar la reforma y derogar las diversas resoluciones tomadas por el Consejo depuesto que vulneraban los principios de democracia; es decir, la libertad de cátedra, la libre expresión de las ideas, el derecho de asociación y la libertad de reunión en la UASD.

Una aspiración colectiva era conseguir que todos los profesores formaran parte del Claustro Universitario –máxima autoridad interna-, y que la representación estudiantil fuese el 40 por ciento del total de miembros de este organismo.

Los nuevos funcionarios  se instalaron en sus respectivos puestos el  miércoles 22 de septiembre, luego de la ceremonia notariada efectuada en el salón de sesiones del Consejo Universitario, en la que recibieron formalmente las llaves de la rectoría y de todas las oficinas administrativas, de manos del licenciado Teobaldo Rodríguez, representante de la Asociación de Empleados Universitarios. El abogado y profesor Francisco Antonio Avelino, instrumentó el acta notarial para legalizar la toma de posesión.

Desde ese momento, el ingeniero Aybar Nicolás,  actuando como rector inició una campaña pública sobre  la orientación científica de la reforma universitaria y su implementación en consonancia con los cambios democráticos reclamados por el país luego de la Guerra de Abril.

Pero la situación se tornaría de nuevo confusa tres días más tarde, con la publicación de un aviso en los diarios nacionales firmado por el ingeniero José Ramón Báez López-Penha, en calidad de rector y en nombre del Consejo Universitario institucional, advirtiendo al comercio y al público en general que la UASD no reconocería acreencia a su cargo si su comprobante no estaba expresamente autorizado con su rúbrica.

También Báez López-Penha anunciaba la convocatoria del Claustro universitario para el sábado 2 de octubre, con el fin de restaurar el orden y la disciplina dentro de la UASD y reveló que había sometido a la justicia al ingeniero Andrés María Aybar Nicolás, acusado de usurpación de funciones.

Igualmente indicó que serían procesados por ante la Primera Cámara Penal del Distrito Nacional otros veinte profesores y estudiantes que  colaboraron con la acción de despojo de su cargo, y citó entre ellos a los miembros del llamado Consejo Universitario Provisional (CUP), a los profesores Bolívar Batista del Villar, Andrés Avelino hijo, Orlando Haza del Castillo, Elsa Vallejo de Saint Amand, Antonio Zaglul,  Gustavo A. de León M., Jesús María Álvarez Vicioso, Luis Sosa Baudré, Idelisa Bonnelly de Calventi, Pedro Hernández Fernández, Almanzor González Canahuate, y a los estudiantes Romeo Llinás, Alexis Licairac, Virgilio Bello Rosa y Franklin Almeyda.

Cinco dias más tarde, 30 de septiembre, Báez Lopez-Penha publicó un nuevo aviso, comunicando a los profesores que el Ministerio de Finanzas le habia hecho entrega del subsidio correspondiente al mes de agosto para pagar la mensualidad al personal docente, e indicando que los profesores debian procurar sus cheques en las residencias de los  señores decanos.

Luego se supo que para conseguir que les pagaran sus salarios, los profesores tuvieron que firmar un documento reconociendo al ingeniero Báez Lopez-Penha como auténtico rector; lo que fue razón para que una buena parte de los educadores universitarios prefiriera no cobrar en esas condiciones y denunciaran ese acto de coacción como una retranca que impediría la reintegración del profesorado a las labores docentes y el regreso de la armonía a la UASD.

Esa medida fue -sin duda- un grave error que suscitó un gran descontento en el profesorado e incrementò el nivel de rechazo al antiguo rector; ya que -por falta de quórum- fracasaría en su intento de reunir el Claustro el sábado 2 de octubre y también el sábado siguiente, aun contando con el amparo de la fuerza pública solicitada al gobierno.

Sin embargo, Báez López-Penha continuaría batallando frente a un adversario con mayor respaldo y de una ideología totalmente opuesta a la suya, aunque era casi imposible que  lograse el reconocimiento del gobierno provisional de García-Godoy, no obstante invocar una y otra vez el origen legal de su gestión universitaria.

Por ello, consciente de su debilitamiento en el interior de la UASD, trasladó su acción a los medios de comunicación y al Palacio Nacional, vendiendo la idea de que convenía a la academia y al país que el gobierno impusiera una solución.  

La mañana del 2 de noviembre de 1965 el presidente Héctor Rafael García-Godoy Cáceres hizo un intento de mediación durante la reunión que por más de dos horas sostuvo en su residencia con una comisión del Consejo Universitario Provisional, integrada por el rector Aybar Nicolás, los vicerrectores Rubén Suro García-Godoy y Fernando Morbán Laucer, y los profesores Hugo Tolentino Dipp y Antonio Ballester Hernández.

Más tarde, García-Godoy Cáceres también se reunió  con Báez López-Penha, Miguel Ángel Piantini, Bernardo Fernández Pichardo y J.A. Froilán Tavares, integrantes del Consejo depuesto.

El presidente García-Godoy era en principio partidario de la búsqueda de un acuerdo sin la intervención del gobierno; pues entendía que el problema universitario debía ser resuelto entre los propios miembros de la familia uasdiana, de una manera democrática y sin presiones políticas o ideológicas. Pero había mucha tensión generada por  las fuerzas que se disputaban el control de la Universidad, y esta institución fue colocada en el vórtice de una tormenta, pues su problema interno se estaba debatiendo con fervor en las calles, en la plaza pública, realizándose una serie de movilizaciones que finalmente provocaron varias muertes en las inmediaciones del Palacio Nacional.

El primero en caer asesinado fue un estudiante de 17 años, llamado Pedro Tirado Calcaño, durante la mañana del lunes 27 de septiembre de 1965, en la misma puerta de la Casa Gobierno.

Ese joven  recibió un tiro de un fusil máuser por la espalda, disparado por un guardia que custodiaba el Palacio Nacional, en el curso de una manifestación de estudiantes de la escuela secundaria, que pedían al gobierno reconocer a las nuevas autoridades de la UASD y la desocupación de los liceos públicos que habían sido tomados por las tropas invasoras durante la Guerra de Abril.

Luego, en otra movilización similar, realizada  el 9 de febrero de 1966, fueron abatidos en el mismo lugar los estudiantes Miguel Tolentino, Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella y Altagracia Amelia Ricart Calventi.

Esos hechos sellaron la victoria del movimiento renovador universitario, de manera que el ingeniero Andrés María Aybar Nicolás conduciría la transición hasta el 28 de febrero de 1966 cuando es electo rector, por tercera vez, el doctor Julio César Castaños Espaillat; en esta ocasión acompañado por los doctores Fernando Morbán Laucer y José de Jesús Álvarez Vicioso, vicerrectores, con la misión de democratizar la UASD y abrir  sus puertas a los humildes hijos del pueblo.

Por Sebastián del Pilar Sánchez.-  

El  domingo 28 de noviembre de 1965 el consejo nacional de disciplina del partido blanco decidió expulsar de sus filas al veterano dirigente perredeísta Ángel Emilio Miolán Reynoso, acusado de haber violado la línea política de la organización durante la Guerra de Abril de ese año.

La decisión causó revuelo, pues era un dirigente excepcional que en numerosas ocasiones había puesto en peligro su vida, luchando por la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano.

Para el ciudadano común resultaba difícil comprender la conversión de héroe a villano de este dirigente que había sido el vocero de la conocida “Comisión de la Libertad” que llegó al país desde el exilio el 5 de julio de 1961 a organizar el partido blanco, aprovechando  el ambiente de libertad restringida que él contribuyó a crear después de la muerte de Trujillo.

Era totalmente inexplicable su separación del PRD, donde se había desempeñado como su presidente elegido en su primera convención nacional, efectuada el 21 de octubre de 1961 en el cine-teatro Ozama de la ciudad capital.

Pues en este partido…no sólo había sido su principal organizador, sino que se le consideraba -por su inagotable capacidad de trabajo- como el estratega del triunfo alcanzado por sus candidatos en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, incluido Juan Bosch.

Miolán estuvo en la presidencia del PRD hasta el 25 de octubre del año 1964, cuando fue sustituido por Bosch en la tercera convención nacional ordinaria que hizo  esta entidad en su casa nacional, en el sector de Gascue, estando ambos exiliados en Puerto Rico.

En ese evento su nombre no fue presentado a ningún cargo directivo, se le marginó totalmente de la dirección política, con lo cual quedaba en evidencia su pésima relación con el líder del partido.

Su camaradería con Bosch se había resquebrajado. El deterioro de esa antigua amistad, de manera discreta comenzó  a manifestarse con la inauguración del gobierno perredeísta que no le confirió puesto ejecutivo, ni asesoría en una sola de las tantas oficinas del Estado, como es costumbre en quienes dirigen el partido oficialista en la República Dominicana. 

Se puede decir sin exagerar que en ese gobierno fue tratado con cierta indiferencia, y que el partido bajo su mando fue ignorado, disminuido y conducido a la inactividad; hasta el punto que cuando Bosch fue derrocado, los locales partidarios -por orden suyas- operaban sólo como escuelas.

 Las contradicciones internas

El juicio contra el antiguo dirigente perredeísta se llevó a cabo durante la mañana del 28 de noviembre de 1965 en su local de la avenida Independencia esquina Cervantes; exactamente, donde funciona la sede principal del Partido de la Liberación Dominicana.

En ese lugar estaban presentes unas 150 personas, entre dirigentes, militantes, periodistas y unos cuantos curiosos, pero el inculpado inexplicablemente brillaba por su ausencia; aunque más tarde explicaría -en declaración pública- que no asistió a dicho juicio porque no fue notificado, negándosele el sagrado derecho a la defensa.

Miolán calificó de “vagas e inconsistentes las imputaciones falaces  en su contra, fruto -según su apreciación-  de la calumnia y la mentira de sus acusadores», quienes habrían apelado al uso de armas indecorosas para atacarle, en “muestra típica del canibalismo político con que algunos estaban prostituyendo las normas de altura y dignidad del partido del pueblo”.

Ante su ausencia del juicio, y en señal aparente de respeto a sus derechos, el consejo de disciplina del PRD designó como abogado de oficio a Juan Onofre Holguín, quien más que su defensor, parecía ser el auxiliar del fiscal y presidente del comité del distrito del PRD, doctor Máximo Lovatón Pittaluga, pues había sido comisionado por la alta dirección del partido para airear las faltas a la disciplina interna que atribuían al veterano dirigente político.

El plan contra el expresidente del PRD se hizo público mucho antes de la convención de 1964, pero la intención en realidad no era tanto expulsarlo, sino aplacar su resistencia a ser relevado de modo provisional por el viejo luchador antitrujillista  Máximo Ares García (don Pasito), cuando Miolán alegaba que su mandato como principal ejecutivo del partido culminaba el 21 de octubre de 1966.

La rebeldía de este dirigente aumentó con la celebración de dicha convención  y su sustitución por el profesor Bosch en la presidencia del PRD, provocando  que el comité  del distrito volviera a considerar el apremio de someterlo al consejo disciplinario.

Pero lo que rebosó la copa, o colmó la paciencia de Bosch y los altos mandos del PRD fue un documento publicado el 11 de noviembre de 1965 en los diarios nacionales, firmado por el influyente comité provincial de Santiago, presidido por el distinguido empresario farmacéutico Germán Polanco, que llamaba a la unidad interna y a la reedición del binomio Bosch-Miolán, considerando el éxito que obtuvo en la dirección de  la campaña electoral de 1962.

El documento abogaba por la celebración de una convención en un plazo de 90 días para sustituir a los miembros del comité ejecutivo nacional, por ser supuestamente sectarios e incompetentes, además de un plan de trabajo que sacara al partido de la postración en que  se encontraba.

Este manifiesto conmovió a Bosch y a la élite partidaria, ya que no esperaban tal desafío, acompañado de una crítica severa a su inactividad política, al decir que el perredeísmo no estaba hecho para el letargo y  era necesario movilizarlo y prepararlo a todo vapor, a fin de  obtener la mayor de  las victorias en las elecciones de 1966.

Este documento advertía además que mientras los perredeístas estaban con los brazos cruzados, Balaguer no perdía su  tiempo y organizaba sus tropas para la lucha comicial; subrayando que el PRD tenía derecho a enorgullecerse con sus hazañas, pero le estaba prohibido dormirse en sus laureles. 

El manifiesto de Santiago estaba además firmado por dirigentes emblemáticos como José Saúl Petitón, secretario general del comité provincial;  Félix María Santos, secretario de actas y correspondencias; Ramón Evangelista Jorge, secretario de asuntos electorales; y Rigoberto Núñez, secretario de asistencia social.

También Miguel Antonio Rodríguez, secretario de asuntos  campesinos; José Apolinar Polanco, secretario de relaciones públicas; Evelio Pérez Molina, secretario de cultura y propaganda, y Antonio Jiménez, secretario de organización.

A esa posición se sumaron de inmediato los dirigentes de los subcomités de los ensanches Libertad y Román, y de los barrios Pueblo Nuevo, El Congo, El Egido, España, Los Pepines, Villa Belén, Hoyo de Lima, Baracoa y La Otra Banda.

Igualmente, los comités municipales de San José de las Matas, Mao, Castañuelas, Villa Vásquez, Navarrete, Jánico, Guayubín, Esperanza, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Luperón, Sosúa, Pimentel, Castillo y Salcedo.

Para evitar que la euforia miolanista se extendiera por todo el país, obligando a variar sus planes, la alta dirección del partido aplicó medidas represivas a varios de los firmantes, obligándolos a retractarse,  evitando ser sancionados y expulsados de su organización.

Asimismo, el comité del distrito decidió apresurar el juicio contra Miolán, agregando a su expediente la imputación de haber observado una conducta desleal a los principios del partido durante la guerra civil de 1965, al solicitar la intervención de la  Organización de Estados Americanos (OEA), mediante una acción multilateral en el plano diplomático (no militar) que detuviese -por la abrumadora cantidad de civiles muertos- el genocidio producido por las tropas del general Antonio Imbert  con su “operación limpieza» en la zona norte de la capital, a mediados de mayo de 1965.

Miolán estaba en Puerto Rico en ese momento y la visión que tenía era que se estaba produciendo una verdadera masacre en suelo dominicano; por lo cual se trasladó a Venezuela, visitando allí al presidente Raúl Leoni y a su ministro de relaciones exteriores y futuro jefe de Estado, Jaime Lusinchi, quienes eran sus amigos personales y con quienes conversó en torno a los acontecimientos de Santo Domingo, resaltando ante ellos la hegemonía de las fuerzas democráticas en las filas constitucionalistas y convenciéndolos  de hacer algo que pusiera fin a la referida matanza.

Miolán conocía muy bien a Venezuela, porque su vida en el exilio discurrió entre ese país y México, acumulando en ambos lugares muchos afectos y relaciones políticas de alto nivel, que contribuyeron a incrementar la solidaridad con la causa constitucionalista, ya que por iniciativa suya se formó un comité coordinador de los partidos de la izquierda democrática que hizo un vigoroso pronunciamiento en apoyo a la Revolución de Abril.

De acuerdo a Miolán, Bosch estaba detrás del comité del distrito en esta acusación, pues sostenía que “un asunto  de ese calibre sólo podía caminar dentro de las estructuras vigentes del perredeísmo, contando con el visto bueno del profesor”.

Decía también Miolán que “ningún dominicano consciente puede creer que el compañero Bosch esté desvinculado de la iniciativa del comité  del distrito”, advirtiendo “que éste cargaría con la mayor parte de la grave responsabilidad histórica del deterioro que pudiera producir en la unidad del PRD”. 

Otras imputaciones

 A Miolán se le cuestionaba por fomentar el grupismo en la relación de su partido con la Federación Nacional de Hermandades Campesinas (FENHERCA), una organización muy poderosa que contaba con unos 3 mil dirigentes en todo el territorio nacional y que representaba a un millón doscientos mil personas.

Esa entidad era un brazo político del partido blanco, al igual que la central sindical de trabajadores dominicanos FOUPSA-CESITRADO, y era dirigida por el exdiputado César A. Roque Taveras y el licenciado Eduardo Stormy Reynoso Sicard, que ocupaban los puestos de presidente y secretario general, respectivamente.

Otros dirigentes eran, Julio Landrón Melo, secretario de organización; Juan Cosme Penzo, secretario de bienestar social; Jesús María Mella, secretario de asuntos económicos; Pedro Encarnación Cáceres, secretario de finanzas; y Sally Macdonia Acosta, secretaria de actas y correspondencias. 

A Miolán también se le acusaba de apadrinar en el exilio una organización de seccionales perredeístas que había objetado el “Pacto de Río Piedras” que el 30 de enero de 1965 firmaran el profesor Juan Bosch y el doctor Antonio Rosario, en representación del PRD y el Partido Revolucionario Social Cristiano, para  luchar por la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones.

En ese grupo miolanista participaban el expresidente del Senado, doctor Juan Casasnovas Garrido; la exsenadora Thelma Frías; Virgilio Gell, exjefe del cuerpo de ayudantes del presidente Bosch; Nicolás Garrido, Luis Lezcano, Roberto Farías y Julio Mejía

Según el referido expediente, Miolán habría violado los estatutos de su partido, incurriendo en supuesta delación y sustentando opiniones que iban en contra de sus intereses morales, políticos y materiales.

La pieza acusatoria estaba apoyada por diversos documentos que fueron presentados en el juicio; entre ellos, recortes del diario El Mundo, de Puerto Rico, de la revista Bohemia y el diario The New York Journal. 

Los acusadores de Miolán también presentaron una cinta magnetofónica contentiva de declaraciones suyas, enjuiciando  la relación de Bosch y los dirigentes de izquierda durante la guerra civil.

Los principales críticos de Miolán eran el distinguido médico imberteño Segundo Armando González Tamayo, quien había desempeñado el puesto de vicepresidente de la República en el gobierno de Bosch y Jacobo Majluta Azar, su ministro de Finanzas.

También figuraba, el jefe del buró sindical del partido blanco, Manuel -Chichí Eusebio Puello, quien no compareció al juicio, pero envió su excusa.

González Tamayo y Majluta conocían muy bien a Miolán, ya que a su llegada al país el 5 de julio de 1961, tras 25 años de exilio, ambos le presentaron sus saludos a su entrada al hotel Comercial -frente al parque Independencia- donde se hospedó en sus primeros días en Santo Domingo.

48 horas más tarde, Miolán en compañía de Ramón A. Castillo, secretario de organización del PRD, formalizó el ingreso de estos dos jóvenes a su partido, para pasar -casi de inmediato- a formar parte del comité ejecutivo nacional, presidido por Miolán, en su calidad de secretario general, cargo que era entonces el más alto del partido.

En ese organismo González Tamayo ocupó el puesto de presidente del consejo nacional de disciplina, para saltar desde ahí a la encumbrada posición de vicepresidente; mientras Majluta se encargaba de la secretaría de organización, de donde pasó a ser ministro de Finanzas del gobierno de Bosch.

Otro dato que no se debe perder de vista es que el 31 de septiembre de 1963, seis días después del golpe de Estado, Miolán, González Tamayo y Majluta, quienes tenían varios días detenidos, fueron deportados en el mismo avión rumbo a Puerto Rico y no se puede descartar que durante ese amargo viaje hicieran referencia a las causas que provocaron el golpe de Estado, diciendo Miolán algo que lo indispusiera con sus compañeros de infortunio.

Aunque Miolán decía no sentirse apenado por tener entre sus críticos a estos hombres que fueron sus grandes amigos, en una entrevista que concedió al diario El Caribe dos días después del juicio, lamentó el daño que se le hacía a los anhelos de unidad dentro del PRD en un momento en que el pueblo necesitaba estar unido para afrontar las grandes tareas del país.

También manifestó que el único crimen que había cometido dentro del partido era “no bajar la cabeza obedientemente y atreverse a discrepar de las opiniones del profesor Bosch”.

Pero indicó que el PRD era su casa y de ahí no lo sacaría nadie; por lo cual seguiría en esa entidad como “un simple ciudadano, un simple soldado del perredeísmo, trabajando por la unidad del partido y  por los intereses del pueblo”.

Agregó que continuaría luchando desde el litoral perredeísta para que las libertades públicas fueran efectivas. También,  por la seguridad ciudadana, la justicia social y el  desarrollo de la economía nacional, para acabar el hambre, la miseria, la ignorancia y las enfermedades, y por el rescate de la soberanía nacional, mancillada por la presencia de tropas extranjeras en el suelo patrio.

Miolán prometió no hacer nada que pudiera dividir a su partido y luchar por  el cumplimiento de su misión histórica como fuerza rectora del destino del pueblo dominicano.

Incluso rechazó los rumores que lo situaban cerca del doctor Joaquín Balaguer, entonces candidato presidencial del Partido Reformista para las elecciones que se iban a celebrar el 1ro. de junio de 1966, aunque indicó que era innegable el aumento de sus posibilidades de triunfo en esos comicios.

Dijo también que no podía evitar que se rumorara que era el jefe de campaña política de éste, como tampoco que se le sindicara como un individuo de pensamiento marxista.

Esa observación la hizo para que se recordara que no sólo era un luchador democrático que a los 22 años de edad estaba complotando para matar a Trujillo, en el año 1934; sino que también,  quince años más tarde, el 21 de enero de 1939 estaba participando junto a Bosch, Enrique Cotubanamá Henríquez y otros dirigentes antitrujillistas en la formación  del PRD en la casa del doctor Virgilio Mainardi Reyna, en el distrito de Marianao, La Habana, Cuba.

También quería recordar entonces que en 1942 se le confió la responsabilidad de dirigir la secretaría de asuntos obreros del PRD, donde se mantuvo hasta el año 1950, cuando pasó a ocupar  la secretaría general, cargo superior de la organización.

Miolán era un individuo tan avanzado dentro del PRD, que a causa de sus planteamientos, poco después de su llegada al país en 1961, observó desde su despacho en la casa nacional el embate ideológico contra su persona de la  esposa de su antiguo aliado Nicolás Silfa; pues doña Lucy, junto a varios seguidores de su marido, escenificó una violenta protesta frente a la casa nacional, en la cual acusaba a Miolán de ser comunista, sacando a colación que en la década del 50 había sido colaborador cercano de Vicente Lombardo Toledano, candidato presidencial del Partido Popular Socialista, de México.

Claro que ese expediente no fue incorporado por los acusadores de Miolán en los aspectos negativos que salieron a flote en el juicio realizado, porque no era conveniente referirse a su vínculo con hombres de izquierda.

Por último se debe subrayar la posición de Miolán sobre la Revolución de Abril, pues estimaba que había sido un triunfo moral del pueblo, aunque fracasara -desde su punto de vista- la tesis de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones.  

Miolán entendía que el “movimiento revolucionario no fue organizado por nadie, pues estos fenómenos no son hechuras ni de políticos ni de grupos ni de partidos, sino que nacían de las contradicciones políticas, económicas y sociales que quebrantaban violentamente el cuerpo social”.

También creía que en el desenlace de  la Guerra Abril habían sido determinantes los factores de «la deshonestidad, la inmoralidad y la arbitrariedad del gobierno de facto», para generar el descontento popular que devino en la sublevación militar y la lucha armada.

Consideró que “lógicamente el golpe de Estado del 24 de abril si obedeció a un planeamiento y a una organización, pero una cosa fue ese hecho y otra bien distinta, aunque ligada a la primera, la guerra revolucionaria que se inició el 24 de abril del mismo mes”.

De acuerdo a Miolán, el profesor Juan Bosch había sido el inductor del golpe del 24 de Abril; pero creía que no le cuadraba el «título de líder de la guerra, ni de ideólogo de la misma, en razón de que estuvo ausente del teatro de los acontecimientos”

Manifestó que “Caamaño como otros, si fueron héroes militares, así como JottinCury y otros sí fueron ideólogos y pudieron serlos por una razón de presencia física en el escenario de los hechos”.

Esta tesis de Miolán  sobre la Guerra de Abril era considerada por Bosch como contraria a los principios de su partido, por lo cual perjudicó durante largos años la imagen del patriarca nativo de la provincia de Dajabón.

Miolán  estuvo retirado de la vida pública hasta la noche del 30 de enero de 1967, cuando el presidente Balaguer, en virtud del decreto No.  927, expedido el día 27anterior, lo juramentó en su gabinete como secretario de Estado sin cartera y titular  de la Dirección General de Turismo.

En esa posición demostró que era un gerente exitoso, logrando instalar la primera escuela turística en el país y contribuyendo  a que aprobaran varias leyes de regulación, incentivo y financiamiento del Turismo, y venciendo la incredulidad de muchos dominicanos que aún viendo el crecimiento de la hotelería y la industria turística en diversos puntos del país, llegamos alguna vez a corear: “¿Y los turistas dónde están? ¡En la cabeza de Miolán!”.

Este hombre tuvo dos largos períodos de exilado, y durante el gobierno del Triunvirato vivió la pesadilla de ver desde su exilio en Puerto Rico cómo se le negaba la entrada al país a su esposa, doña Carmen Palacios, quien vino a ver a don Rafael Miolán, su padre, gravemente enfermo en su casa en la calle Marcos Adón esquina 26 del sector de Villa Juana.

Por suerte se le reconoció en vida como el “Padre del Turismo Dominicano” y el PRD de manos del doctor José Francisco Peña Gómez, lo atrajo de nuevo a sus filas, para restaurar plenamente su imagen y venerar su figura, logrando que se le eligiera en 1986 como senador por la provincia de Dajabón y luego como presidente ad-vitam del partido blanco.

Con la firma del Acta Institucional el 31 de agosto de 1965, entre el coronel Francisco Caamaño y el doctor Héctor Rafael García-Godoy y Cáceres, se concretó el Acta de Reconciliación, suscrito el día anterior por las partes envueltas en la guerra civil de 1965, instalándose un gobierno provisional encabezado por este último, que en los primeros días representó un alivio y una esperanza para los diversos sectores de la sociedad, tras varios meses de cruentas batallas por el poder con pérdidas enormes de vidas y haciendas.
Sin embargo, cuando el presidente García-Godoy anunció la composición de su gabinete, hubo sorpresa y desencanto en los círculos de opinión, de clase media, debido a que los nuevos funcionarios eran en su mayoría personas apolíticas y conservadoras, sin ningún compromiso con la lucha librada para el retorno a la constitucionalidad.

Los nuevos ministros eran: Jaime Manuel Fernández González, Administrativo de la Presidencia; Manuel Joaquín Castillo y Castillo, de Interior y Policía; Julio Espaillat Rodríguez, de Salud Pública; Miguel Ángel Brito Mata, de Trabajo; Silvestre Alba de Moya, de Agricultura; José Ramón Rodríguez, de Relaciones Exteriores; ingeniero Salvador Sturla, de Obras Públicas y Comunicaciones; Fidel Méndez, de Finanzas, y el contralmirante Francisco Javier Rivera Caminero, de las Fuerzas Armadas.
También Freddy Prestol Castillo, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; Armando D’Alessandro Tavárez, presidente de la Corporación de Fomento Industrial (Industria y Comercio), y el joven Manuel Ramón Morel Cerda, procurador general de la República.
Sólo Prestol y Morel tuvieron algún tipo de desempeño en las actividades del gobierno en Armas; pues al autor de la novela “El Masacre se pasa a pie” y del cuento “La tragedia de Juan Marte, se le vio muchas veces entrar y salir del edificio Copello, donde operaba dicho gobierno; siendo para los que allí concurrían, una especie de asistente del canciller Jottin Cury.

De su lado Morel, pese a lo joven que era, se había desempeñado como Procurador de la Corte de Apelación de Santo Domingo, con el aval del eficiente servicio realizado en el puesto de Fiscal del Distrito Nacional durante el gobierno del profesor Bosch, en el que se vio obligado a enfrentar con fiera osadía a los golpistas que comenzaban a manifestarse en público, sometiendo a la acción de la justicia a Federico Díaz Andújar, Fernando Muñiz y Francisco Valiente, además de apresar a Enrique Alfau y a otros complotados que publicaron en los diarios de prensa un extenso comunicado, a nombre de la denominada Acción Dominicana Independiente (ADI), exhortando a la sublevación de las Fuerzas Armadas contra el gobierno constitucional.
Esos nombramientos generaron una gran desilusión que fue ganando espacio en los grupos de opinión, por la sensación de que fueron vanos los esfuerzos del pueblo en darse un régimen progresista, democrático y constitucional, ya que de aquellos ministros, sólo el joven jurista santiagués y expresidente de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), había inspirado un poco de confianza, por su fuerte carácter y manifiesta disposición en realizar una gestión auspiciosa en el ámbito de la justicia. Sin embargo, la esperanza se fue rápidamente desvaneciendo al percibirse la gran contradicción de puntos de vista entre éste y el ministro de las Fuerzas Armadas, que era Rivera Caminero; un hombre de mentalidad recalcitrante, que había sido el jefe de la Marina de Guerra que ordenó el bombardeo al Palacio Nacional el 26 de abril de 1965, para mostrar por la vía de sus bombazos y metrallas, su rivalidad constante a la reinstalación del gobierno de Bosch y a la Revolución Constitucionalista en marcha.

Esas divergencias son explicadas por Morel Cerda en su libro “Testimonios Desclasificados”, donde señala (citamos): “Nuestra relación con todos los ministros era muy buena, salvo con el de las Fuerzas Armadas, el contralmirante Rivera Caminero, con quien tuve un encontronazo en un Consejo de Gobierno por la interpretación que le daba cada uno a la Ley de Amnistía. El alto oficial entendía que cualquier persona que hubiese cometido crimen en la contienda bélica resultaba favorecida por dicha ley y nosotros entendíamos que sólo abarcaba a hechos sangrientos ocurridos en el fragor de la batalla. Nuestro punto de vista partía de las circunstancias de que un sector de las fuerzas que adversaron a los constitucionalistas había cometido crímenes horrorosos acompañados de torturas inimaginables. Esta discusión se produjo de manera acalorada y en un tono que distaba mucho de ser cordial”.
El ex procurador general de la República y ex presidente de la Junta Central Electoral habla más adelante del terror imperante en el país en esos días, señalando que “nadie podía salir de sus casas”, “se ponían bombas en varios sitios”; y puso de ejemplo “la explosión de la Revista Ahora”, propiedad del doctor Rafael Molina Morillo, quemada en “represalia por la posición que había mantenido dicha revista en defensa de la constitucionalidad”.
Sobre el comportamiento criminal de Rivera Caminero, un destacado columnista del periódico HOY, el periodista Lipe Collado, en un análisis noticioso publicado en ese diario, en fecha 24 de septiembre de 2015, señala que el Ministro de las Fuerzas Armadas, comodoro Francisco Rivera Caminero y otros altos oficiales se reunieron el 23 de septiembre de 1965 con el presidente Héctor García Godoy en su despacho del Palacio Nacional para advertirle que si el profesor Juan Bosch retornaba al país el día 25, “sería hombre muerto en el mismo aeropuerto”.
Agrega Collado que García-Godoy estaba impresionado con la posición de sus jefes militares y que trató de disuadirlos y convencerlos de que la FIP jamás permitirían algo tan atroz.
También señala que Rivera Caminero habría convocado a su despacho al coronel de la Policía José de Jesús Morillo López, comandante de la dotación militar del Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez, para ordenarle la colocación de un francotirador en la azotea del edificio principal para que le disparase al profesor Juan Bosch tan pronto se hiciera visible su cuerpo al descender del avión en que llegaría de su exilio en Puerto Rico; pero que éste asombrado, tanto como lo estuvo antes el presidente García-Godoy, le ripostó: “General, ¿pero es que usted se ha vuelto loco? ¿Usted no ha pensado en las consecuencias que se derivarían de un hecho de esta naturaleza?” (…) “se produciría un baño de sangre en toda la república y nadie podría contener la ira del pueblo”.
Morel Cerda en su libro de memorias hace alusión a ese atentado, pero sin precisar responsabilidades, con la siguiente descripción:
“Tres ex oficiales de las Fuerzas Armadas acudieron a nuestro despacho para informarnos de la existencia de los planes que había para atentar contra la vida del ex mandatario. Nos tomamos en serio la denuncia porque aportaba datos precisos y nombres de militares implicados. Por tanto, lo primero que hicimos fue anunciarle una visita oficial al distinguido político y una vez en el lugar escogido, quisimos obtener, guardando las consideraciones de lugar, la reacción del ex presidente. Su respuesta fue que no le interesaba que se hiciera ninguna investigación al respecto y, además expresándose en forma adversa en contra del presidente García Godoy”.
En diciembre de 1965 Morel Cerda fue removido de su cargo de Procurador General, siendo enviado al servicio exterior como embajador en Uruguay, lo que fue una gran victoria para el alto oficial de la Marina, quien estimaba que con su derribo aumentaría su poder, pudiendo usarlo incluso contra el propio presidente García Godoy. Al parecer, Rivera Caminero no se daba cuenta que con su actitud se había convertido en un obstáculo para el gobierno, que estaba esperando el momento oportuno para relevarlo del cargo, como ya lo había hecho con el general Wessin y Wessin. Ese momento se presentó luego de la masacre estudiantil en el perímetro palaciego, ocurrida el 9 de febrero de 1966, con un saldo de cuatro muertos y quince heridos; un hecho que consternó la nación, generando fuertes protestas callejeras y una huelga nacional.
En el reinado de Rivera Caminero se originaron hechos perturbadores como el ametrallamiento a la residencia del nuevo ministro de Agricultura, Silvestre Alba de Moya; el horrendo crimen del doctor Ángel Severo Cabral, secretario general de Unión Cívica Nacional, el 16 de octubre de 1975, mientras se dirigía a su vivienda de la calle Padre Billini de la Capital. También los asesinados de Miled Haddad, gobernador de Mao y padre del coreógrafo Chiqui Haddad; así como del mayor constitucionalista Luis Arias Collado. Y en medio de esa situación de terror, el acontecimiento más sobresaliente fue la memorable batalla del hotel Matúm, en Santiago, el 19 de diciembre de 1965, entre los constitucionalistas y las tropas enviadas por Rivera Caminero con la misión de liquidarlos.
La designación de Morel Cerda en el servicio diplomático, truncó un intento serio por dignificar la justicia y tecnificar el Ministerio Público con la recién creada Policía Técnica Judicial, bajo las órdenes del doctor Manuel Antonio Camino Rivera y del licenciado Rafael Estrada Santamaría, quienes llevaron a cabo una buena labor para que ésta fuese un buen soporte del Poder Judicial, reclutando doscientos jóvenes combatientes constitucionalistas, algunos de ellos ex policías preparados, profesionales del Derecho y médicos, a fin de profesionalizar el organismo, en una tarea dirigida a lograr un funcionamiento tecnificado de la función policial.
El desencanto con el gobierno de García-Godoy se fue incrementando considerablemente; pues poco después ocurrió la batalla del Matúm; una batalla desigual, en la cual el ejército y la Fuerza Aérea se combinaron en un ataque por sorpresa contra los constitucionalistas que fueron obligados a concentrar sus esfuerzos en defender sus vidas, teniendo que enfrentar la superioridad numérica de los adversarios, que contaban además con armas pesadas, ametralladoras, tres tanques de guerra y varios aviones con la orden de masacrarlos.
Después de esa batalla estaba claro que el gobierno de García-Godoy no tenía fuerza para protegerlos, teniendo Caamaño que acceder a negociar con el cónsul estadounidense en Santiago, Lister Scott para escapar con su gente a esa encerrona, y lo hizo haciendo uso de los helicópteros aportados por el ejército invasor, aunque no pudo evitar que murieran varios de sus compañeros; entre ellos, el coronel Juan Lora Fernández.
Por esa situación el coronel Caamaño decidió aceptar cargos diplomáticos, junto a Montes Arache, Lachapelle y otros militares constitucionalistas que marcharon hacia países europeos, y con ello la gente comprendió que había sido un fracaso el acuerdo de la reincorporación de oficiales constitucionalistas a los cuarteles; pues estos tenían una amenaza permanente de muerte y eran vejados y cancelados, sin reparar en la alta inversión que hizo el Estado para que tuvieran una carrera militar.
Muchos de esos militares, con una extraordinaria calidad académica, tuvieron que desplazarse a la docencia universitaria, y a otros oficios, ya que le impidieron ingresar a los cuarteles, tal como ilustró el ex vicerrector académico de la UASD, maestro Jesús de la Rosa, en una entrevista con la periodista Rosa Alcántara, del periódico HOY, publicada el pasado 16 de junio; donde el excapitán de Navío de la Marina y principal autoridad policial durante el gobierno de Caamaño, dijo que “llegó a la docencia por necesidad, pues su vocación y pasión era la carrera militar. Por esa razón cursó estudios en la Academia Naval de la Armada Dominicana y militares en la Batalla de las Carreras”.
Con el exilio involuntario de Caamaño se demostró al país que el gobierno de García-Godoy iba en continuo retroceso, y con ello se iba aposentado la derrota en la mente de algunos individuos, aunque otros que frecuentaban las peñas literarias y políticas, en los discretos rincones de las cafeterías y bares de la ciudad, introducían la falsa ilusión del triunfo de la revolución en la recién concluida guerra patria, idealizando batallas, imaginando éxitos y glorificando nuevos héroes ignorados por los contadores de historia.
Pero los avasallantes paladines de la palabra, en las referidas tertulias, tuvieron tiempo para tejer muchas de las hazañas y de los figurados combates de la guerra, surgiendo una inmensidad de ídolos barriales que dijeron ser soldados victoriosos de la heroica contienda del puente, o de la fiera resistencia contra la soldadesca extranjera los días 15 y 16 de junio, y luego en la repentina batalla del 19 de noviembre en el hotel Matúm de Santiago.
Esta frustración alcanzó a comunicadores, artistas e intelectuales, que donde quiera que iban se lamentaban de la invasión extranjera, culpando a Washington y a la CIA de la nueva situación, recalcando que fue con la llegada al país de los soldados norteamericanos, el 28 de abril de 1965, se evitó el triunfo de la Revolución y que fue esa invasión la culpable de los doce años de represión vividos en el gobierno de Joaquín Balaguer.
El único lugar donde se creería en el triunfo revolucionario, en el curso del gobierno de transición de García-Godoy, fue la Universidad, debido a que el reconocimiento del Movimiento Renovador y de las autoridades, encabezadas por el rector Aybar Nicolás, posibilitó el desarrollo de una visión crítica y de un espacio para reorganizar las ideas democráticas; amén de que la UASD se convirtió en el refugio natural de los grupos de izquierda, aprovechando su espíritu crítico y su dirección democrática.
El timorato Dr. Héctor García-Godoy, en su gestión de gobierno provisional, asumió una postura de permisividad y complicidad ante la desarticulación de los constitucionalistas (civiles y militares) encabezados por el Coronel Caamaño; labor esta ejecutada por quienes fueren sus rabiosos opositores durante toda la guerra patria, claro que con el apoyo, respaldo y colaboración de los asesores militares norteamericanos en el país.
Por la postura descrita en su gestión de gobierno provisional, el timorato Dr. Héctor García-Godoy, fue premiado por el Presidente de la República, Dr. Joaquín Balaguer, quien al tomar posesión del poder, el 1º de Julio de 1966, lo nombró Embajador ante EEUUU, cargo que ejerciere desde 1966 hasta 1969.