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EL SDSS EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Por Arismendi Díaz Santana.-

Veintitrés años después, el SDSS ha agotado una primera etapa con importantes avances cuantitativos, pero a un costo elevado en gasto de bolsillo y en pensiones insuficientes. El Sistema está en un punto de inflexión en el cual, para evitar un retroceso y fortalecerlo, es imprescindible iniciar la etapa cualitativa, basada en las reformas previstas en la Ley 87-01

El impacto de la Ley 87-01 debe medirse desde dos grandes dimensiones: 1) los avances con relación al viejo Seguro Social; y 2) los logros obtenidos, versus las metas prometidas y demandadas por los dominicanos.

Existe un crecimiento sostenido de la cobertura y del acceso a los servicios de salud. De apenas el 6.0%, a más del 96% de la población, incluyendo a las familias más humildes. Aumentó a un millón de pesos a los medicamentos de alto costo y a dos millones contra el cáncer. Elevación del límite de las medicinas ambulatorias a 12,000 y más de 100 nuevos fármacos y procedimientos.

El patrimonio de los trabajadores se ha multiplicado más de 10 veces: de solo 120.341.4 millones de pesos al 2010 a 1,213,344.0 millones al 2023. La cuenta de capitalización individual ya está cerca del millón de millones de pesos, representando el 79.3% del patrimonio total.

Pero, estamos a mitad de camino de las metas prometidas. Dos décadas después todavía existen insuficiencias, desigualdades e insatisfacciones, debido al retraso de las reformas estructurales dispuestas por la Ley 87-01. La ausencia de un PBS y de la atención primaria generan un desequilibrio financiero que acentúa el gasto familiar de bolsillo. Crece la brecha entre la cápita contributiva y la subsidiada. Elevada tasa de mortalidad. Rechazos y retenciones de pacientes y cadáveres.

Las pensiones serán muy bajas, con una tasa de reemplazo de apenas el 35% para una cotización completa. Alrededor del 85% de los trabajadores dominicanos recibirán una pensión mucho menor, debido a los años de aportes insuficientes. Continúa la falta de voluntad política, el afán de lucro desmedido, el clientelismo, la corrupción y las debilidades institucionales.

En materia de salud, es posible elevar a un 90% la satisfacción de los afiliados, sin necesidad de modificar la ley 87-01.

Reducir el gasto familiar de bolsillo: 1) inicio del primer nivel de atención, sin copagos, basado en la estrategia de Atención Primaria para todos; 2) reducción del costo de los medicamentos mediante la prescripción de medicinas genéricas de calidad comprobada; y 3) desmonte gradual de los copagos no incluidos en la ley.

Ampliar la cobertura del seguro familiar de salud: 1) un Plan Básico de Salud (PBS) con servicios más integrales; 2) un seguro de salud para todos los pensionados mediante un aporte solidario; y 3) afiliación de los trabajadores autónomos con capacidad contributiva.

Elevar la calidad y cobertura de los servicios médicos a la población subsidiada: 1) aumento del presupuesto público al SENASA para pagar a los hospitales por los pacientes atendidos; y 2) contratación de los recursos humanos basada en salario fijo más incentivos, de acuerdo a la dedicación y a los servicios prestados.

Garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos:  1) aumento de la tasa de reemplazo de todas las pensiones; 2) elevación del monto de la pensión de los trabajadores con cotizaciones insuficientes; 3) indexación anual de las pensiones y jubilaciones; y 4) aumento de la cantidad de las pensiones solidarias, para los adultos mayores de escasos recursos. Los dos primeros requieren de una reforma lo antes posible, y los últimos dos, dependen del CNSS y del Poder Ejecutivo.

La Ley de Seguridad Social, constituye la principal conquista social del país porque consagra el derecho a una protección integral a los más humildes y porque faculta a todos los afiliados a influir de manera real y efectiva en la asignación de los recursos, de acuerdo con sus necesidades más sentidas.

23 años después, el SDSS ha agotado una primera etapa basada en importantes avances cuantitativos, pero a un costo elevado en gasto de bolsillo y pensiones insuficientes. El Sistema está en un punto de inflexión en el cual, para evitar un retroceso y fortalecer el SDSS es imprescindible iniciar la etapa cualitativa, basada en las reformas previstas en la Ley 87-01. 

Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com.

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NO POLITIZAR LAS CONDENAS MÉDICAS

Por Arismendi Díaz Santana.-

Estas sentencias deben suscitar profundas reflexiones, pero no para politizarlas y cuestionarlas a priori, sino para aplicar los protocolos establecidos, de modo de preservar tanto los derechos de los pacientes, como la seguridad y tranquilidad del personal de salud y de los hospitales y clínicas.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó al Hospital Ney Arias Lora al pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor del paciente Félix Julián Encarnación, víctima de la infección de una bacteria que obligó a amputarle la pierna en el 2018.

De inmediato, el Dr. Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud (SNS) señaló que dicha sentencia crea un precedente peligroso. Y que de ahora en adelante los médicos tendrán que cuidarse más, lo que encarecerá los costos, cambiando la dinámica hospitalaria.

El doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), la calificó como «muy preocupante, delicada y digna de análisis». Y advirtió que, de continuar por este peligroso camino, se podría llegar a extremismos donde muchos médicos y centros de salud se alejen del ejercicio médico.

El doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas (ANDECLIP), solicitó que sea apelada al Tribunal Constitucional. Detrás de esa decisión hay «intereses políticos» para que desaparezcan las clínicas privadas y el capital financiero se beneficie.

Un poco más comedido, el doctor Leonardo Andújar Záiter, médico-abogado, consideró que la sentencia evidencia las debilidades del sistema de justicia y salud dominicanos. Propuso crear una jurisdicción especial y revisar el sistema para que los profesionales de la salud y centros asistenciales ofrezcan servicios sin temor a ser demandados.

Como podrán advertir, ninguno de estos líderes lamentó el caso del señor Feliz Julián y están muy preocupados porque se ha hecho justicia a favor de un paciente, víctima de un descuido y de una mala praxis. Se trata de un enfoque unilateral que oculta las causas de estos problemas.

El periódico HOY de ayer infirmó de dos nuevas condenas a la Clínica Corazones Unidos por cerca de 7 millones de pesos, por negligencias médicas comprobadas a dos pacientes. A una le dejaron una gasa en el pecho cerca del corazón durante una operación, debiendo ser operada en EEUU, y a la otra le causaron daños permanentes en su visión.

Cumplir con los protocolos de atención para evitar las demandas judiciales

Vale la pena preguntarnos, ¿cuándo se van a respetar los derechos de los afiliados a la vida y a su seguridad y bienestar? ¿Por qué cuestionar a una justicia incierta, precisamente cuando dicta una sentencia a favor de los más pobres? ¿Dónde están los responsables de los cerca de 40 niños muertos en la maternidad de los Mina y de cientos de casos más?

¿Hasta cuándo el país seguirá justificando tantas desigualdades e injusticias?  ¿Por qué mejor no demandamos el cumplimiento estricto de los protocolos de atención para evitar las malas prácticas?  NO, a la politización de las sentencias judiciales. SI, al cumplimiento del debido proceso.

De acuerdo a las leyes, se incurre en mala práctica médica cuando el paciente sufre daños de consideración a su estado de salud y a su vida, a causa del incumplimiento de los protocolos de atención. No se juzga si el paciente se curó o no, tampoco si sobrevivió, sino si se cumplió con el protocolo establecido por Salud Pública.

Aquí la mala práctica médica es bastante común, ya que un ex ministro de Salud Pública reconoció públicamente que en más del 60% de los casos los profesionales de la salud no cumplen el protocolo, lo que constituye una falta de respeto al derecho de los pacientes, y una violación de la Ley 42-01 y de la ética profesional.

Claro que existe el riesgo de que abogados inescrupulosos abusen de estos recursos, pero eso no puede justificar la impunidad frente a la mala praxis. Es necesario encontrar un equilibrio, para evitar excesos de judicialización, pero también para evitar descuidos a costa de la integridad y de la vida de los pacientes.

Estas sentencias deben suscitar profundas reflexiones, pero no para politizarlas y cuestionarlas a priori, sino para revisar los procesos y cumplir con los protocolos establecidos, para preservar tanto los derechos de los pacientes, como la seguridad y tranquilidad del personal de salud y de los hospitales y clínicas.

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UN ESTADO PRIVATIZADOR

Por Arismendi Díaz Santana.-

Balaguer financió grandes centros médicos privados, prohijó la creación y expansión de las Igualas Médicas y Seguros privados y autorizó a las Secretarías de Estado, a las empresas públicas y a las instituciones autónomas y descentralizadas a contratar sus servicios

“Este Seguro Social es el más atrasado. Cada dos años vengo al país y no veo avances. De regreso rindo el mismo informe, solo cambiando el nombre del funcionario. ¿Cómo te llamas?”. Esta introducción de Alfredo Conte-Grand, consultor de la OIT, no me sorprendió, pero me picó el amor propio.

Ciertamente, el Seguro Social era el más anacrónico, fruto de la dictadura de Trujillo. Excluía a los empleados públicos y a los trabajadores privados de ingresos medios; sólo afiliaba a los obreros más pobres, sin su familia, y los expulsaba cuando aumentaban de salario.

El Seguro Social continuó estático ante el crecimiento de las zonas francas, del turismo, de las industrias manufactureras y de la construcción. Surgieron bancos comerciales, universidades, empresas de servicios, medios de transporte y comunicación, entre otras actividades. Creció el acceso de la mujer a la educación superior y al trabajo productivo. Ante la parálisis del Seguro Social, las grandes empresas e instituciones contrataron un seguro médico y un plan de retiro privado.

En vez de reformar al Seguro Social para responder a una demanda generalizada de protección social, el presidente Balaguer financió grandes centros médicos privados mediante el Fondo FIDE. Se construyó la Clínica Santo Domingo, el Centro Policlínico Naco y el Centro Médico Nacional. Además, decenas de clínicas privadas se ampliaron, remodelaron y equiparon. Balaguer prohijó la creación y expansión de las Igualas Médicas y Seguros privados. Contrataron sus servicios las Secretarías de Estado, las empresas públicas y las instituciones autónomas y descentralizadas.

Doble cotización y mayor gasto familiar de bolsillo

Además, en las negociaciones colectivas el sector laboral demandó contratar igualas y seguros médicos privados. La desprotección era tan grande, que los trabajadores de bajos ingresos preferían una doble cotización, antes que depender de una atención médica gratuita, pero incierta e insatisfactoria.

Fuimos el único país de la Región, y quizás del mundo, en donde los seguros privados voluntarios y costosos, tenían mayor afiliación que el Seguro Social obligatorio. Desde luego, esa preferencia tan marcada por la atención privada determinó el carácter mixto del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), tanto en salud como en pensión.

Esta creciente demanda por la atención privada no se debía, necesariamente, a que fuera un modelo de eficiencia, sino porque, a pesar de la cobertura limitada, superaba con creces al IDSS y a SESPAS, con servicios en horarios extendidos, sin paros ni falta de suministros, con atención personalizada y trato más considerado.  La ventaja del IDSS siempre residió en los tratamientos catastróficos y en las atenciones de mayor complejidad, ya que estos servicios eran excluidos por las igualas y seguros privados.

Creación del archipiélago previsional

Más del 90% de la población carecía de un plan de retiro, desamparo que indujo a crear múltiples planes de pensiones y jubilaciones con coberturas, beneficios y financiamientos muy disímiles, conformando un “archipiélago previsional” muy complejo.

Importantes empresas privadas e instituciones públicas crearon planes de pensiones y jubilaciones particulares, para los trabajadores hoteleros y gastronómicos, los portuarios y de la construcción. También para los médicos y enfermeras, los maestros, los profesores y empleados de la UASD y los periodistas, entre otros.

Politización, clientelismo y corrupción

 Como resultado de la politización y del clientelismo, el IDSS tenía 27.5 empleados por 1,000 afiliados, mientras el promedio de América Latina eran 8.3. Según Carmelo Meza-Lago, el IDSS tenía la más baja cobertura de afiliados, con 34.8 médicos por 10,000 asegurados, con un promedio de 1.1 consultas diarias. El gasto administrativo llegó al 35% del ingreso.

La corrupción arropó al IDSS: nóminas hipertrofiadas, sobrefacturación y nombramiento de centenares de sindicalistas y familiares de determinadas centrales. Según, el Dr. César Mella, ex director general del IDSS, “el IDSS fue convertido en un centro de corrupción, por los representantes gubernamentales, patronales y sindicales, lo que lo llevó al colapso total”.

La falta de voluntad política, la desprotección social, el clientelismo y la creciente privatización, impidieron la reforma del Seguro Social, y determinaron el carácter mixto, público/privado del SDSS. 

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EL RETO DE AFILIAR A LOS MARGINADOS

Por Arismerndi Díaz Santana.-

Los taxistas, vendedores de los mercados, motoconchistas y artesanos consultados, están dispuestos a afiliarse al seguro familiar de salud, por ser su mayor prioridad familiar, mediante modalidades de afiliación, recaudo y pago adecuadas a su nivel y modalidad de ingreso. Un sistema universal no puede marginar más a los marginados, a pesar de ser el 57% de la PEA

La afiliación de los choferes ha sido una promesa electoral y una meta de la mayoría de los políticos y presidentes del país. Especialmente, en la dotación de un seguro médico, incluyendo a sus familiares. En 1980, el presidente  Don Antonio Guzmán Fernández, hizo esfuerzos en esa dirección, sin alcanzar la meta propuesta.

20 años después, el presidente  Hipólito Mejía, me citó al Palacio Nacional, siendo el Gerente General del CNSS y me pidió a la brevedad un plan para iniciar el Seguro Familiar de Salud con los choferes independientes y sus familiares. Al Presidente le preocupaba el continuo retraso del inicio del SFS del Régimen Contributivo, y pretendía romper el hielo afiliando a los choferes para empujar a un acuerdo.

Dos semanas después volví al Palacio Nacional y le presenté la propuesta. La consideró apropiada porque “esa es una deuda social que tenemos desde la presidencia de Don Antonio”. Cuando le expliqué el costo y el aporte del Estado, de inmediato llamó al Secretario de Finanzas para determinar la disponibilidad, tratándose de un compromiso permanente. Lamentablemente, la respuesta fue negativa, debido a la delicada situación económica del país.

Ahora, 20 años después, cuando se está hablando de los retos de extender la cobertura a los grupos de difícil afiliación, vale la pena recordar esa deuda social al mismo grupo político ante una nueva coyuntura nacional más propensa al cambio, por tratarse de un mandato legal.

Los taxistas constituyen uno de los grupos de trabajadores autónomos a priorizar en el inicio del Régimen Contributivo Subsidiado. Están asociados para defender sus derechos y proteger su nicho de mercado. Se sienten orgullosos de su trabajo y se empeñan en proyectar profesionalidad, disciplina, cumplimiento, confianza y honradez.

La gran mayoría presta sus servicios asociados a compañías de transporte que reciben los pedidos de los clientes y los transmiten a los taxistas asociados. Por cada traslado o servicio se cobra una tarifa, de la cual retiene el porcentaje que le corresponde y entrega el resto a dicha compañía.  Totalizan más de 60,000 a nivel nacional.

Los vendedores de los mercados tienen la ventaja de que están concentrados, se conocen y están organizados para defender su puesto de trabajo, y porque tienen que pagar una tarifa a los ayuntamientos por el uso del local.  Los taxistas, vendedores, motoconchistas y artesanos consultados están dispuestos a afiliarse al seguro familiar de salud, porque es su mayor prioridad familiar.

Apertura conceptual para crear nuevas modalidades de afiliación, recaudo y pago

En todas las propuestas que he presentado sobre el inicio del Régimen Contributivo Subsidiado, he insistido en seis puntos claves: 1) es necesario  mucha apertura conceptual  para proponer modalidades de afiliación, recaudo y pago de acuerdo a las características de cada grupo; 2) la afiliación no puede ser obligatoria, ya que el Estado no tiene forma de imponerla; 3) la afiliación debe ser gradual, priorizando a los grupos organizados; 4) es necesario  presentar una propuesta atractiva y asequible  a cada segmento laboral; 5) la filiación debe ser gradual priorizando el SFS; y 6) su afiliación a la Seguridad Social no debe prestarse a persecución fiscal.

Los moldes vigentes de afiliación y pago fueron diseñados por los seguros sociales hace 150 años para las grandes industrias y comercios, por lo que resultan excluyentes en una economía informal,  donde la fuerza de trabajo vive de ingresos variables, está dispersa y carece de organización y registros contables.

Por esa razón, todos los intentos de afiliar a los autónomos al Contributivo han resultado muy limitados, debido a que tendrían que pagar el 100% del costo de la afiliación. Resulta contraproducente imponer una carga tan pesada, a un sector laboral tan vulnerable. Pero tampoco tiene sentido afiliarlos al Subsidiado, ya que el 70% tiene capacidad contributiva  y puede aportar. En adición al alto costo, ese traje tradicional le resulta una camisa de fuerza.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) reitera su disposición de colaborar con las autoridades en los estudios y el diseño de propuestas viables y sostenibles para afiliar al Régimen Contributivo Subsidiado, a los taxistas, a los vendedores de los mercados, a los motoconchistas y a los artesanos, entre otros.  Un sistema universal no puede marginar más a los marginados, a pesar de ser el 57% de la PEA.

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AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Por Arismendi Díaz Santana.-

Los trabajadores autónomos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social

La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado.

El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva.

En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección.

La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB.

Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado.

Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado.

Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente.

A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos.

Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.

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NO A LA RETENCIÓN DE CADÁVERES

Por Arismendi Díaz Santana.-

Hace falta una decisión política que sancione, de manera ejemplar, la violación de la libertad consagrada en la Constitución. Corresponde al Estado establecer un procedimiento justo y equilibrado de compensación

Cada vez más, llueven las quejas de familiares contra los centros médicos privados, y hasta públicos, que retienen a pacientes fallecidos hasta cobrar la factura, a pesar de contar con un seguro médico y en algunos casos con un complementario.

Y eso ocurre frecuentemente ya que, ante las denuncias las autoridades “condenan esa conducta”, pero no aplican la ley. Y esas violaciones fragantes se repiten y se repiten a plena luz del día y de todos, debido a la impunidad imperante.

Esta vez el atropello fue contra un familiar cercano a uno de los integrantes de nuestro chat SS PARA TODOS. El paciente fue llevado al hospital público de Higüey muy adolorido, sin fuerzas para sostenerse parado y le diagnosticaron deshidratación moderada.

Le pusieron un suero sentado en una silla y luego intentaron despacharlo, pero el familiar se opuso. A la mañana siguiente, le dieron de alta sin haber mejorado y sin un diagnóstico claro y le indicaron algunos medicamentos para calmar los dolores articulares. Además de un claro deseo de salir del paciente, ese hospital evidenció muy poca capacidad resolutiva.

Al agravarse el problema, los familiares lo internaron en una clínica privada.  Allí le hicieron un examen más riguroso, siendo trasladado de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Le indicaron un “perfil respiratorio” urgente y luego una tomografía toráxico abdominal con doble contraste, debiendo comprar los medicamentos de contraste.

Debido a que esa clínica no realiza estos procedimientos los familiares trasladaron al paciente a una segunda clínica privada con un equipo moderno de TAC. Se pagaron 15,000 pesos de diferencia a la primera clínica. Luego, toda una tragedia para comprar una pinta de sangre común.  

Lamentablemente, el paciente falleció. La clínica entregó una “factura informal”, por 63,500 pesos. Concluida las gestiones del acta de defunción, el centro médico retuvo el cadáver, condicionando su entrega contra el saldo total de la factura. Ante el señalamiento de que esa retención era ilegal, la respuesta fue “eso es lo que hay”.

En otros casos, los centros privados exigen la firma de un pagaré hasta por 550,000 para autorizar el alta de un paciente. Otra modalidad, más desconsiderada aún, es rechazar la admisión de un paciente grave hasta tanto no se realice un depósito generalmente cuantioso.

 De estas dolorosas experiencias, prácticamente cotidianas, aún en los casos en que la ARS ha autorizado los procedimientos, se derivan varias conclusiones:

1.    El hospital público carece de la capacidad resolutiva necesaria para atender a la población, obligando a las familias necesitadas a comprar servicios privados elevando el gasto de bolsillo;

2.    Al menos, algunos directivos y parte del personal muestran signos evidentes de deshumanización y trato desconsiderado a los pacientes y familiares;  

3.    Todas las clínicas privadas ofrecen atención médica especializada en horas más extendidos y con frecuencia con mejor tecnología;

4.    Muchos centros de salud persisten en la práctica ilegal e inhumana de retener pacientes y cadáveres, para cobrar elevadas diferencias a pesar de contar con un seguro de salud; y

5.    Las autoridades locales y nacionales se hacen de la vista gorda, ante esos atropellos y humillaciones a la dignidad humana sin cumplir y hacer respetar los derechos de los pacientes.

Desde luego, existe el riesgo de que las clínicas privadas no recuperen esas deudas o que las mismas sean saldadas tardíamente, luego de costosos recursos judiciales. Pero ello no justifica la privación de la libertad individual, ni del derecho a enterrar a sus parientes.

La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) reclama de las autoridades una solución a este problema conciliando adecuadamente ambos derechos y deberes. No es justo que el más fuerte imponga sus propias reglas de juego. No hacer nada, violenta el estado de derecho y fomenta la impunidad.

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EL GRAN APORTE DE AMUSSOL AL SDSS

Por Arismendi Díaz Santana.-

AMUSSOL expresa la creatividad dominicana, un punto luminoso del movimiento sindical. En todo el territorio nacional el RCS requerirá de centenares de “amussoles” para agrupar y afiliar a los trabajadores autónomos y cotizar mensualmente a la TSS.

102,972 son los afiliados agrupados por la Asociación Mutual de Servicios Solidarios (AMUSSOL) que cotizan regularmente a la Seguridad Social: 30,416 son titulares y 71,378 dependientes. Hace más de 8 años que se convirtió en uno de los 6 mayores cotizantes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), rivalizando con los Ministerios de Educación, Salud Pública, Agricultura, el Grupo Ramos, y el Central Romana.

El año pasado y sólo por los afiliados directos, AMUSSOL pagó a la TSS alrededor de 1,151,184,768.00 pesos para cubrir los tres seguros, a razón de un salario promedio cotizable de 15,770. 00, incluyendo a afiliados con salarios hasta tres veces ese promedio. En adición, AMUSSOL ha apoyado la formalización de 907 microempresas, dándole soporte técnico en los pagos mensuales a la TSS.

En 1998 AMUSSOL fue creada por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) como un seguro para viajeros, y desde el 2005 se convirtió en un “empleador virtual” de los trabajadores del transporte y del sector informal. A finales del 2005, Gabriel del Río y Altagracia Jiménez me presentaron a AMUSSOL como un proyecto piloto. De inmediato advertí su creatividad y potencial para el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) y le dimos todo el apoyo técnico y le donamos la primera computadora.

Para que el CNSS reconociera a AMUSSOL tuvimos que vencer muchos obstáculos, ya que la Ley 87-01 no contempló un esquema de afiliación, recaudo y pago tan original y atípico.  Como Gerente General tuve que rendir un informe al CNSS demostrando su validez y viabilidad, a fin de vencer la resistencia inicial de los empleadores, el escepticismo del gobierno y el recelo de los otros sindicalistas.

Los trabajadores afiliados a AMUSSOL llevan una carga muy pesada, pues por ser autónomos tienen que cubrir el aporte completo, debido a la ausencia de un empleador solidario y al retraso del inicio del RCS.

Por ejemplo, un chofer del concho con ingreso mensual promedio de 30,000.00 tiene que cotizar 3,000.00 para salud, 2,991.00 para pensión y unos 200.00 para Riesgos Laborales, más otros 300.00, un 1%, para cubrir las operaciones de AMUSSOL. En total, aporta 6,491.00, es decir, el 22% de su ingreso mensual.

Aun así, el pago de esta enorme carga permanente e insostenible para la gran mayoría revela cuán importante es la seguridad social para los trabajadores autónomos. Y cuán viable es el RCS ya que, los millones autónomos que han sido afiliados al subsidiado, quedan inhabilitados de aportar mensualmente para su retiro durante la vejez.

El éxito de AMUSSOL descansa en una labor educativa y una evaluación objetiva, previa a la afiliación de los trabajadores por cuenta propia

Altagracia Jiménez, Gerente, señala que AMUSSOL afilia y protege al trabajador autónomo cuidando siempre no afectar al SDSS con declaraciones falsas, ya que el trabajador y su familia sólo podrán beneficiarse siempre que el sistema sea sostenible, fuerte, confiable y solvente. Por ello, se informa, educa, evalúa y se determinan los ingresos de cada grupo aspirante.

Por su adecuado desempeño y los logros obtenidos, en el 2012 la SISALRIL le entregó un certificado de acreditación como “promotor de salud”. A pesar de su delicada función y la responsabilidad de recaudar y cotizar más de 100 millones de pesos mensuales, la DIDA no ha recibido quejas sobre AMUSSOL. Según nos informan, la entidad es auditada por una firma privada y supervisada regularmente por las autoridades de la Seguridad Social. 

AMUSSOL es una microempresa con 21 empleados en SD, Higüey, Santiago y Azua, fruto de la creatividad del dominicano, el punto más luminoso del movimiento sindical. Es necesario regular este tipo de “modelo” ya que el RCS requerirá de centenares de “amussoles” en todo el territorio nacional para agrupar, afiliar y cotizar mensualmente a la TSS. 

– Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com

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