SANTO DOMINGO ESTE.- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte logró que un tribunal de esta jurisdicción imponga 20 años de prisión en contra de un hombre que en horas de la madrugada entró en una casa habitada y bajo amenaza de matar a los hijos de la víctima la violó sexualmente y robó dinero y varios objetos de valor, en un hecho ocurrido en el año 2020.
La condena fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, que preside el magistrado Julio Aybar Ortiz, e integran las juezas Laisa Matos Durán y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez, en contra de Juan Carlos David, por los hechos cometidos en contra de la víctima, de quien se omite su nombre para proteger su identidad.
Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ivette Mateo, demostró ante el tribunal la responsabilidad penal del hoy condenado, por haber violentado los artículos 330, 331, 309 -1, 309-3 literales b,c,d, 379, 382, 385, 386, 1,2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 2497, sobre violencia de género, agresión sexual y robó con violencia.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora María Dominga Sánchez Mejía, relata que fue en eso de las 3:14 de la madrugada cuando el encartado, junto a su cómplice, Jhony Pieter, de nacionalidad haitiana (en proceso de judicializar), penetraron a la casa de la víctima por una ventana de la cocina, la cual dañaron.
Una vez dentro, amenazaron a la víctima con matar a su hijo menor de dos años, al que le colocaron un cuchillo en el cuello mientras él dormía, situación en la que abusaron sexualmente de ella.
Antes de marcharse del lugar, los malhechores se llevaron consigo 2,500 pesos en efectivo, un televisor de 32 pulgadas, un videojuego, el monitor de una computadora; prendas de oro, maletas con mercancías.
La condena deberá ser cumplida por el procesado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
PERAVIA..- La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, sostuvo que el acceso a la justicia es un pilar fundamental sobre el cual se construye la paz social y destacó que es una responsabilidad colectiva asegurar que este derecho, más que una promesa, sea una realidad tangible para cada persona.
La magistrada Germán Brito abordó el tema al dictar una charla en esta provincia sobre “Acceso a la ley como medio de preservación de la paz”, durante la cual manifestó “debemos asegurar que cada dominicano, sin importar su origen o condición, tenga acceso a la justicia.
Indicó que eso implica acercar los servicios legales a las comunidades bajo el ideal de la justicia de proximidad y garantizar que los procedimientos sean comprensibles y accesibles para todos.
“La paz social se nutre de la confianza en las instituciones, de la certeza de que, ante la ley, todos somos iguales, y que nuestras voces serán escuchadas sin distinción”, declaró.
Sin embargo, insistió en que esta confianza solo puede sostenerse si se garantiza que cada ciudadano tenga el mismo acceso a los mecanismos de justicia.
“El acceso a la justicia no es un lujo, es un derecho humano básico que asegura la protección de todos los demás derechos e intereses legítimos. Este comporta, a grandes rasgos, la capacidad de cualquier persona para utilizar los mecanismos jurídicos disponibles para defender sus derechos, resolver conflictos y buscar reparación ante los agravios”, expresó la máxima representante del Ministerio Público.
Destacó que el acceso a la justicia es el primer escalón del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y dijo que es definida, grosso modo, como el derecho que tiene toda persona de, independientemente de su condición económica, social o de cualquier otra índole, poder acudir sin trabas a la justicia para formular pretensiones o defenderse de ellas.
“Los otros dos componentes que engloban la tutela judicial efectiva, son: obtener un fallo de esos tribunales, en relación a la pretensión planteada, y, que ese fallo sea efectivamente ejecutado; por supuesto, todo ello, vinculado a la garantía del debido proceso”, precisó.
Derecho fundamental establecido en la Constitución
Refirió que el artículo 69 de la Constitución es el que establece este derecho fundamental, señalando lo siguiente: “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, el que estará conformado por las garantías mínimas como el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita”.
A su vez, dijo que los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, como es el caso del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, consagran el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva como uno de los derechos pilares del ser humano.
La procuradora general señaló que los ciudadanos delegan poder, pero, que se trata de una delegación sujeta a ciertos límites, que, ante su vulneración deben ser restablecidos por la justicia, gracias a un efectivo acceso a ella por parte de todos en condiciones de igualdad y con respeto de la dignidad inherente a cada ser humano.
“La paz social se logra cuando los ciudadanos confían en que sus problemas y disputas pueden ser resueltos de manera justa y equitativa ante jueces y tribunales independientes e imparciales”, apuntó.
Asimismo, expresó que “una sociedad que promueve el acceso a la justicia es una sociedad que fomenta la armonía, reduce la violencia y fortalece la democracia, pues sin acceso efectivo a la justicia, no puede hablarse de una sociedad democrática”.
En ese orden, expuso “reconocemos los desafíos que enfrentamos: la necesidad de fortalecer nuestras instituciones, la urgencia de acercar la justicia a las comunidades más vulnerables y la importancia de educar a nuestros ciudadanos sobre sus derechos y responsabilidades legales”.
Dijo que esos desafíos llaman a actuar con decisión y compromiso para reducir las trabas existentes y facilitar el acceso a la justicia, incluyendo una mayor promoción de la mediación judicial.
Indicó que la ignorancia de los derechos es un obstáculo para el acceso a la justicia, por lo que dijo es esencial la promoción de programas de educación legal en escuelas, universidades y comunidades, a fin de empoderar a los ciudadanos y fomentar una cultura de legalidad como componente de la convivencia pacífica.
“La despersonalización es otros de los aspectos que debemos abordar. Recordemos que detrás de cada caso hay personas que buscan justicia. Debemos humanizar nuestro trabajo, escuchar a las personas involucradas en el conflicto y garantizar que sus derechos sean respetados. Hay que poner el acento en el ser humano”, subrayó.
“La paz social no es un sueño inalcanzable, es la meta que podemos lograr si trabajamos juntos para garantizar que la justicia sea accesible para todos”, resaltó, al tiempo de destacar que cada paso que se da hacia una justicia más justa y equitativa es un paso hacia un país más seguro y armonioso.
La magistrada Germán Brito, durante su discurso, destacó la necesidad de que se continúe trabajando incansablemente para que el acceso a la justicia sea una realidad vivida por cada dominicano.
La actividad fue realizada en Baní Country Club como un aporte al pueblo banilejo de la directiva Dream Team.
Entidades reconocen a la procuradora general
En el transcurso de la actividad, la procuradora Miriam Germán Brito recibió dos reconocimientos de parte de la directiva de Dream Team y la Alcaldía por su destacada labor y compromiso con la justicia.
LA ROMANA.- La Fiscalía de La Romana logró que un tribunal de esta provincia condenara a 20 años de prisión a un hombre que hace 10 años le provocó la muerte a otro de un disparo en la frente, con un arma de fuego ilegal, mientras sostenían una discusión.
El Tribunal Colegiado de esta demarcación dictó la sentencia condenatoria en contra de Armando José Pérez (Nandito) por provocarle la muerte a Willian Renal Sano, luego de que lo ubicara próximo a su residencia en el sector Villa Progreso, donde la víctima compartía con varios amigos.
Renal Sano falleció a causa del impacto de bala en la frente, que le provocó una herida de contacto por proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada en la región frontal, lado izquierdo, y salida en la región temporal derecha.
En el proceso el Ministerio Público estableció que el hecho se produjo por motivos personales el 29 de marzo de 2014, alrededor de las 10:00 de la mañana, luego de que el victimario, a bordo de una motocicleta AX-100, se presentara al lugar donde se encontraba el hoy occiso.
Tras cometer el hecho, Pérez emprendió la huida, siendo ejecutado su arresto cinco años después en dicho sector, mediante la orden judicial No. 83-2014, el 10 de diciembre del año 2019, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, como resultado del seguimiento al caso.
La investigación del caso estuvo a cargo de la fiscal Johanny López, mientras que en la litigación el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Betty Josefina Polanco, quien logró demostrar los hechos contenidos en la acusación.
Pérez, quien además fue sentenciado al pago de las costas penales del proceso, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Cucama, de la provincia La Romana, por disposición del tribunal.
Los jueces Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, Jossephang Bernhardt Nivar e Idenisse Catedral Ozuna dictaron la sentencia condenatoria luego de acoger la acusación presentada por el Ministerio Público.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho confió en que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fusionará los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, como solicitó el Ministerio Público, debido a que involucran los mismos hechos, personas e instituciones.
Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se refirió al tema al responder a los periodistas que lo abordaron al concluir la audiencia la noche del viernes. “Entendemos que esta solicitud debe ser acogida por las razones siguientes: se trata de los mismos hechos, se trata de las mismas personas involucradas en ambos procesos Coral y Coral 5G, y se trata de las mismas instituciones”.
Recordó que “en ambos casos estamos hablando de la afectación de Cestur (Cuerpo Especializado de Seguridad Turística), del Cusep (Cuerpo de Seguridad Presidencial) y del Conani (Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia)”.
En ese sentido, el titular de la Pepca expresó “que no hay ninguna razón para que una solicitud de esa naturaleza, que ha sido realizada en derecho, sea rechazada”
Indicó que, incluso, lo que exige el Código Procesal Penal es que la solicitud de fusión no vaya a retrasar el proceso. “En este caso, contrario a eso, lo que sucede con Coral 5G, es que, en tiempo récord, en meses, este caso tiene una acusación y se podrá conocer la audiencia preliminar, por lo que esta solicitud que hace el Ministerio Público, repito, en derecho, debe ser acogida”, subrayó.
“Como he dicho, el Ministerio Público ya presentó la solicitud de fusión, varias defensas se refirieron, e incluso, algunas de estas defensas no se han opuesto a la solicitud del Ministerio Público, y esa debe ser la posición correcta cuando se hace exclusivamente en derecho”, dijo.
Deploró que los imputados pretendan seguir intentando retrasar el proceso. “Hemos iniciado el conocimiento de la audiencia de fusión y esta audiencia se ha iniciado a pesar de los intentos de las defensas por seguir retrasando el proceso, las cuales hicieron algunas solicitudes a las que el Ministerio Público se opuso y que fueron rechazadas por el tribunal”, manifestó.
En la audiencia, que por razones de espacio se celebró en la Sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el procurador adjunto Wilson Camacho representó al Ministerio Público junto a Miguel Collado, Melbin Romero, Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez.
En el transcurso de la audiencia la jueza de Instrucción Yanibet Rivas ratificó la decisión de rechazar la exclusión de los querellantes como solicitó la defensa del acusado Adán Cáceres y de otras que se adhirieron.
La magistrada Rivas aplazó la fusión de los expedientes y el inició de la audiencia preliminar para el próximo viernes 4 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana.
Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, la Pastora; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En tanto que en la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados y cumplen medidas de coerción los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.
En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La fiscal Mirna Ortiz se manifestó este lunes confiada en que el tribunal que conoce el Caso Odebrecht impartirá justicia, al destacar los méritos de las pruebas aportadas en el juicio por el Ministerio Público para la imposición de condenas contra todos los procesados.
“El Ministerio Público ha llevado este caso hasta este día porque cree en las pruebas que ha presentado a estas juzgadoras y cree firmemente que, con las pruebas presentadas, cuando las juezas se retiren a deliberar, fallarán dictando sentencias condenatorias para cada uno de los imputados”, dijo la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Eso es lo que espera el Ministerio Público y eso es lo que estamos seguros que vamos a obtener”, insistió Ortiz, mientras respondía preguntas de periodistas de diversos medios de comunicación que la abordaron a la salida de la sala de audiencias.
En relación con la suspensión del juicio hasta el próximo 30 de septiembre, Ortiz explicó que se produjo para facilitar que las partes puedan estar presentes para el fallo en dispositivo que debe darse en 10 días.
“El tribunal entendió prudente que rodáramos la finalización de las conclusiones, a los fines de que el cómputo de esos 10 días caiga un día laboral, para que sea más fácil a todos estar en la sala de audiencia”, aclaró.
En ese sentido, explicó que el tribunal informó a las partes de la nueva fecha que fue fijada tomando en cuenta los plazos establecidos por el Código Procesal Penal.
Respecto al tiempo de casi cinco años que lleva el proceso en sus diferentes fases, dijo que “ningún caso es igual a otro caso”.
“Debemos recordar que este año y el pasado fueron prácticamente perdidos para el sector justicia, para gran parte del país afectado por la pandemia; entonces, los cómputos no se realizan de manera matemática, porque tenemos que restarle todos los meses en los que no fue posible celebrar audiencias porque los tribunales estaban cerrados fruto de la pandemia de la COVID-19, y luego la reactivación de los tribunales, pues fue progresiva, no se reabrieron de manera automática”, señaló.
La fiscal de la Pepca dijo que el proceso se encuentra en la declaración final de los imputados, “en la que, de acuerdo a la ley, la costumbre y a la doctrina, ellos tienen la oportunidad de dirigirse al tribunal y obviamente hablan desde su punto de vista”.
En torno a las penas solicitadas, explicó: “Las sentencias son las que acuerdan la ley; lamentablemente, todos sabemos que tenemos un Código Penal que ha dado mil y una vueltas en el Congreso, que no ha sido aprobado y, para ciertos tipos penales, y de acuerdo con la participación de los implicados, pues el Ministerio Público no puede pedir sanciones mayores a las previstas en la norma”.
En la audiencia de este lunes, que se inició alrededor de las 9:15 de la mañana, luego de un receso de 10 minutos, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, escucharon a los imputados, quienes se dirigieron al tribunal con su defensa material frente a su participación en los US$92 millones en sobornos que distribuyó Odebrecht en República Dominicana para lograr la adjudicación de contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas.
El primero en presentar sus argumentos fue Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, seguido de Víctor José Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas, y luego continuó el expresidente del Senado Andrés Bautista García.
En horas de la tarde, previo a socialización con las partes, las juezas dispusieron la suspensión del juicio hasta el próximo jueves 30 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, para recibir las manifestaciones finales de los restantes encartados en caso de que deseen dirigirse al tribunal.
En la próxima audiencia expondrían los imputados Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal; Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa, y el abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.
El Ministerio Público pidió al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coimputados Rondón Rijo y Díaz Rúa, mientras que para Pittaluga Arzeno siete años y cinco años de reclusión para Bautista García, Galán Grullón y Rodríguez Hernández.
De igual manera, solicitó que cada uno pague una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.
