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RD reclama modificación de la Ley 87-01

POR J. LUIS ROJAS
lrojas50@hotmail.com

En República Dominicana, como consecuencia de la falta de institucionalidad y la débil cultura en aplicar correctamente el estado de derecho, modificar una determinada ley se convierte en un proceso lento, burocrático e ineficiente, en el que los intereses de grupos económicos y políticos específicos tienen más relevancia que el bienestar colectivo. En una sociedad como la dominicana, caracterizada por una democracia incompleta, adecuar un instrumento legal existente, en un medio que impacte positivamente la calidad de vida de los ciudadanos, es, sin duda, una tarea compleja y tortuosa. Por ejemplo, la modificación de la Ley 87-01.

Recientemente, el Sistema Dominicano de Seguridad Social cumplió 23 años, el cual fue creado mediante la Ley 87-01 del 9 de mayo de 2001. En este orden, según el artículo 29 de la Ley No. 13-20 del 7 de febrero de 2020, a partir de septiembre de dicho año, debió iniciarse un proceso de revisión y estudio para modificar de manera integral la Ley No. 87-01. Pretender modificar la Ley 87-01 en un tiempo razonable, un ambiente participativo y en provecho del bienestar colectivo, es algo similar al soñar despierto, ya que, desde su origen mismo, dicha ley siempre ha estado rodeada de los intereses provenientes del sector financiero, así como de empresarios locales y foráneos.

Pese a los altos niveles de insatisfacción vividos y expresados por los ciudadanos, con respecto a los servicios que reciben de parte del actual Sistema Dominicano de Seguridad Social, la espera para iniciar el proceso de modificación de la Ley que lo crea, la No. 87-01, ha sido extremadamente largo, improductivo y burocrático. Para muestra basta un botón. No fue hasta el 4 de noviembre de 2020, cuando el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la resolución mediante la cual se solicita la conformación de una Comisión Bicameral, con la finalidad de impulsar el proceso de revisión, estudio y modificación integral de la Ley No. 87-01.

Los verdaderos dueños y beneficiarios directos del Sistema Dominicano de Seguridad Social actual, entiéndase: Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), las Proveedoras empresas de Servicios de Salud (PSS), Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), entre otras fuerzas restrictivas, han empleado todos los medios y recursos a su alcance para evitar que la Ley 87-01 sea modificada y proteja los intereses de los de los afiliados a la Seguridad Social.

Las trabas y obstáculos creados por empresarios, políticos y falsos dirigentes laborales, los que de manera deliberada han convertido la seguridad social en un medio para incrementar sus respectivas riquezas materiales, son parte de las jugadas sucias que han retrasado el proceso de modificación de la Ley 87-01. Para alguien mediamente inteligente, es difícil entender los motivos lógicos y racionales que llevaron a los miembros de la Comisión Bilateral a ser tan morosos en el proceso de vistas públicas y recepción de propuestas, así como en la elaboración y presentación de su informe, en el que se supone aparecen las propuestas de mejora al Sistema Dominicano de Seguridad Social, sugeridas por distintas entidades sociales. ¿Por qué varios meses después de ser elaborado dicho informe, los ciudadanos no saben si dicho informe ha sido conocido y debatido en el seno del Congreso Nacional? Lo que sí se sabe, al respecto, es que en su contenido se mantiene la participación de las Administradoras de Fondos de Pensiones y las cuentas individuales como un pilar del sistema previsional dominicano, obligatorio para todas las personas que percibieran un salario… (Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana, 2023).

Un segmento importante de la sociedad dominicana está en espera de que los miembros de la Comisión Bilateral den a conocer su informe correspondiente a las propuestas hechas para modificar el actual Sistema Dominicano de Seguridad Social. Sería un gravísimo error tirar al zafacón las diversas reflexiones relativas a la modificación integral de la Ley 87-01. Es inaceptable continuar con un sistema de seguridad social que ha sido incapaz de satisfacer a los afiliados cuando necesitaron el apoyo previsional por vejez, discapacidad o sobrevivencia. Llora ante la presencia de Dios el hecho de que la salud pública de República Dominicana, se les haya entregado a empresarios dominicanos y extranjeros, para que incrementen sus riquezas materiales con la pobreza de los que menos tienen.

Más allá de los resultados arrojados por las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024, el proceso de modificación integral de la Ley 87-01, tiene que continuar hasta que logre entregar a la sociedad dominicana una ley de seguridad social centrada en el bienestar y la solidaridad humana. Para ello, hay que retomar las discusiones que se llevaron a cabo en diferentes escenarios: trece reformas convocadas por la Presidencia de la República, conducida por el Consejo Económico y Social (CES) y los ministerios correspondientes a cada sector. Además, es esencial tomar en cuenta la propuesta elaborada por el Dr. Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch Carcuro, Francisco Tavárez Vásquez, Francisca Barriga Yumha y Recaredo Gálvez Carrasco, titulada: “Análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las AFP en República Dominicana, 2023”.

En efecto, el Estado dominicano está comprometido por su Constitución a garantizar la seguridad social, incluyendo las pensiones, como un derecho fundamental, según el Artículo 60 de la Ley Sustantiva: «Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez». (Antonio Ciriaco Cruz, Matías Bosch Carcuro y Francisco Tavárez Vásquez, 2023).

Para los que llevan anotación, la Comisión Bicameral creada para revisar y estudiar la modificación integral a la Ley 87-01, la integran: Eduardo Estrella, Dr. Bautista Antonio Rojas Gómez, vicepresidente de la comisión; Ginnette Bournigal de Jiménez; Antonio Marte; Ing. Ramón Rogelio Genao; Iván Silva; David Sosa y José del Castillo Saviñón. Así como por los diputados Agustín Burgos, Ana Adalgisa Abreu Polanco, Francisco Antonio Solimán Rijo, Margarita Tejeda de la Rosa, Félix Santiago Hiciano Almánzar, Jesús Manuel Sánchez Martínez, Rafael Augusto Castillo Casado, Eddy Oscar Montás Guerrero, Eduardo Hidalgo Abreu Rosa, Hilda Genao Díaz, Juan Carlos Echavarría M., Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, Máximo Castro Silverio y Omar Fernández.

Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com.

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Una campaña electoral de sonrisas, abrazos y besos

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

En República Dominicana, en pleno siglo XXI, la forma y contenidos de las campañas políticas que diseñan y ejecutan los estrategas de las organizaciones políticas, con el propósito deliberado de persuadir a los electores para que elijan a sus respectivos candidatos como regidores, síndicos, diputados, senadores, presidentes y vicepresidentes, son similares a los que emplean en los festivales de sonrisas, abrazos, besos y de malas actuaciones. Definitivamente, los mensajes visuales y verbales que sustenta las narrativas de los aspirantes a cargos electivos carecen de credibilidad y no son sostenibles en el corto y mediano plazo.

Como se sabe, desde diciembre de 2023 al 18 de febrero de 2024, la Junta Central Electoral dejó abierta la campaña para las pasadas elecciones municipales, mientras que para las presidenciales y congresuales se dispuso el período comprendido entre el 8 de marzo al 19 de mayo de 2024. Es decir, de manera formal, República Dominicana lleva casi seis meses en campaña política, para elegir a regidores, alcaldes, diputados, senadores, así como al presidente y vicepresidenta. Durante todo este tiempo, las organizaciones políticas han colocado las imágenes de sus respectivos candidatos, en los 48,422 kilómetros cuadrados de RD.

En estas elecciones es notorio, a diferencia de otras de años pasados, como se ha incrementado la cantidad de ciudadanos que aspiran a ocupar un determinado cargo electivo. ¿Por qué tantos dominicanos hoy quieren ser regidores, alcaldes, diputados, senadores, presidentes y vicepresidentas de la República Dominicana? ¿Qué visión tienen de la política? ¿Sabrán ellos que la política es un medio para construir el bien común? ¿Serás que quieren ir a la Administración Pública, para buscar movilidad socioeconómica?  Hay que recordarles a los que aspiran a una posición electiva, que a la Administración Pública se va a servir, no a robarse los recursos públicos.

Parece que muchos de los que han sido electos como regidores y alcaldes, así como los que serán elegidos, el próximo 19 de mayo de 2024, como diputados, senadores, presidente y vicepresidenta, conciben las elecciones como si fuesen festivales, en los que ganan quienes muestren la mejor y más grande sonrisa, quienes ofrezcan los besos y abrazos más eufóricos y llamativos. Detrás de los mensajes no verbales de las narrativas visuales que construyen y visibilizan los candidatos a puestos electivos de las organizaciones públicas, se ocultan mentiras y promesas que nunca cumplirán. La vocación de servicio se ejerce siempre, en todo momento, lugar y circunstancia, no en una fotografía sonriendo, abrazando, besando y fingiendo actuación.

Como nunca antes, en estas elecciones, los partidos políticos habían agredido tanto los espacios públicos y hasta los privados, colocando tanta y tan mala publicidad exterior. Por lo general, esta irracional actividad es posible llevarla a cabo gracias a los millones de pesos que les entrega la Junta Central Electoral, los cuales provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos. Es irritante la cantidad y tipos de vallas publicitarias que usan los candidatos para mostrar a los electores sus falsas sonrisas y poses. Por ejemplo: vallas monopostes, bipostes, poliédricas, móviles, digitales, entre otros medios masivos.    

Alguien con autoridad y competencias, tendrá algún día que decirles a los líderes de los partidos políticos, que las necesidades y expectativas de los ciudadanos que integran el mercado electoral dominicano ya cambiaron. Segmentos importantes de los electores de hoy no votan por los candidatos que más visibilizan su imagen personal, ni por los que más ruido visual y sonoro realicen. En definitiva, los ciudadanos votan por los candidatos de los partidos que sean éticos, transparentes, creíbles, sinceros, empáticos y defensores de los recursos públicos. Con falsas sonrisas públicas, abrazos fingidos y besos mal actuados, es muy difícil lograr el voto de aquellos electores que poseen pensamiento crítico.

La batalla entre los partidos políticos y sus candidatos, con respecto a adueñarse de los espacios públicos y privados para colocar sus respectivas fotografías truqueadas, al margen de los criterios técnico y profesionales existentes para tales fines, sin duda, ha sido intensa, costosa y molestosa. Las calles, avenidas, autopistas, las entradas y salidas de los municipios y provincias de los 48,422 kilómetros cuadrados de la República Dominicana están teñidos de afiches, vallas y banderolas con horribles imágenes visuales de candidatos que ni siquiera saben sonreírles a los electores cautivos y potenciales. ¿Cuál será la percepción que se forman de la República Dominicana los turistas de los países desarrollados que nos visitan en tiempos de campañas electorales?

A juzgar por la calidad, pertinencia y profundidad de los contenidos que conforman la narrativa de la campaña electoral actual, podría decirse que ésta se ha desarrollado al margen de propuestas viables, creíbles, creativas y oportunas, que puedan ser tomadas en cuenta como mecanismos para transformar las fuerzas restrictivas que históricamente han obstaculizado el desarrollo de la sociedad dominicana, en fuerzas impulsoras que mejoren cualitativa y cuantitativamente la seguridad social, la educación, la alimentación, los servicios de salud, la seguridad ciudadana, la erradicación de la pobreza, el empleo, la brecha entre crecimiento económico y la desigualdad social, el gasto y la inversión pública, entre otras tantas oportunidades de mejora que subyacen en la RD, que los dominicanos merecen. 

¿Será la Junta Central Electoral, el Congreso Nacional, el sector empresarial, el Movimiento Participación Ciudadana, las universidades, los líderes de los partidos políticos o el conjunto de organizaciones sociales y profesionales de  República Dominicana, quienes evitarán que las próximas campañas electorales sigan siendo festivales, en los que los aspirantes a puestos electivos, solo se esfuerzan en mostrar a los electores sus espantosas sonrisas, sus fingidos besos y abrazos, así como mostrar su teatral vocación de servicio?    

  

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SIPEN, UNIPAGO y los de aportes mixtos

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

Tal y como se muestra en el sitio web de la Empresa Procesadora de la Base de Datos (EPBD/UNIPAGO), ésta tiene como misión: “ejecutar el procesamiento y flujo de la información entre los participantes del SDSS con la más alta confiabilidad, eficiencia, oportunidad y seguridad, mediante la integración de alta tecnología y elevados niveles de servicio, sustentados en un equipo de recursos humanos altamente calificado y comprometido, satisfaciendo a la vez las expectativas de todos nuestros relacionados”.

EPBD/UNIPAGO es una sociedad privada que opera contratada por el Patronato de Recaudo e Informática de la Seguridad Social, PRISS, mediante concesión del CNSS y por cuenta de la TSS, con el objetivo de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo, SUIR, para realizar el procesamiento de las informaciones sobre afiliación, recaudación, clasificación y distribución de pagos. Para más precisión, la relación entre la Superintendencia de Pensiones y APBD/UNIPAGO, viene desde 2003, mediante la Resolución 41-03.

En cambio, en el ámbito de la teoría, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) es la entidad estatal autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, que a nombre del Estado Dominicano ejerce la función de velar por el cumplimiento de la ley 87-01, sus modificaciones y sus normas complementarias, en cuanto al régimen de pensiones. En los hechos, lo que se aprecia es que los chicos de la SIPEN defienden más los intereses de la ADAFP que los derechos de los afiliados de la seguridad social.

Es inadmisible que el Superintendente de Pensiones, señor Francisco A. Torres, solo visite a los medios de comunicación para decirle a la opinión pública la enorme cantidad de millones de pesos que poseen los Fondos de Pensiones, los que en la teoría son de los trabajadores, pero en los hechos, quienes finalmente deciden lo que se hace y hará con dicho dinero, son las AFP, las que a su vez son filiales de las principales entidades financieras y aseguradoras de RD (Banco Popular, Banreservas, BHD, Scotiabank, General de Seguros, entre otras.

Es preocupante y sospechoso el silencio y la falta de información pública, con respecto al proceso de separar los aportes mixtos (publico/privado), disponibles en las Cuentas de Capitalización Individual de los afiliados que desean traspasar sus fondos a Hacienda. Dicha tarea, es una responsabilidad de la SIPEN. Para lo cual, se auxilia de EPBD/UNIPAGO, una empresa, la que se supone, cuenta con sobrada capacidad tecnológica y experiencia en la gestión de grandes y complejos volúmenes de informaciones. Sin embargo, en este caso particular, ha sido lenta e ineficiente, para segregar los aportes mixtos de los trabajadores que han sido beneficiados con la Resolución No. 572-02.

El silencio de la SIPEN y EPBD/UNIPAGO, preocupa a los afiliados que desde enero del presente año, sus solicitudes de traspasos fueron aprobadas por la Comisión Interinstitucional Evaluadora, y casi cuatro meses después, no saben qué ha pasado con la segregación de sus aportes mixtos. En la Resolución No. 479-24 de la Superintendencia de Pensiones, sobre procesos operativos para las Administradoras de Fondos de Pensiones, fondos y planes sustitutivos, se establecen plazos específicos, en los que la SIPEN y la EPBD/UNIPAGO tienen que realizar los traspasos de CCI al Sistema de Reparto, así como segregar los casos de los afiliados con aportes mixtos (público/privado). Como se ha establecido, los aportes que provienen del sector privado permanecerán en la Cuenta de Capitalización Individual (AFP), los cuales serán entregados a los afiliados cuando decidan retirarse de manera definitiva. Otra vez, la SIPEN jugando en el equipo de la ADAFP.

Un ejemplo fehaciente del silencio que rodea a la SIPEN y a EPBD/UNIPAGO, es el caso de Ángel Rosado, el cual tiene aportes mixtos (público/privado) y amparado en las Resoluciones 572-07 y 579-02, emitidas por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), así como por la 479-24 de la SIPEN, y la No. 579-02, emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), solicitó su traspaso desde CCI a Reparto, el 15 de agosto de 2023 a través de la DIDA. Luego, el 11 de diciembre de 2023, la Comisión Interinstitucional Evaluadora aprobó la referida solicitud, en el grupo o lote número 185/2023.

Según los plazos establecidos en las Resoluciones 479-24 y 579-02, aprobadas por la SIPEN y el CNSS respectivamente, el traspaso de Ángel a Reparto debió efectuarse el 21 de marzo de 2024, sin embargo, la respuesta de SIPEN y EPBD/UNIPAGO al caso de Ángel, ha sido el silencio total. Igual que Ángel Rosario, son muchos los servidores públicos que esperan ansiosos y con incertidumbre, que los funcionarios de SIPEN y EPBD/UNIPAGO, cumplan con sus respectivas responsabilidades en los plazos establecidos en las diferentes resoluciones emitidas para tales fines. Dicho en otras palabras, parecería que detrás del silencio de SIPEN y de UNIPAGO, hay gato entre macuto.

Solo como anotación, se recuerda que en el artículo 22 (Procedimiento) del Manual de Procedimientos sobre el Traspaso del Sistema de Cuenta de Capitalización Individual al Sistema de Reparto de servidores públicos con derechos adquiridos a pensión en el Sistema de Reparto Estatal, se estable lo siguiente: “La recepción de solicitudes, verificación de requisitos, forma de sesionar, elaboración Actas y todo el proceso administrativo respecto al proceso evaluación reconocimiento aportes público/privado a trabajadores del sector público, llevarán el mismo curso de las solicitudes regulares de traspaso del Sistema de Capitalización Individual al Sistema de Reparto Estatal, variando solo los criterios de evaluación por la naturaleza distinta de estos casos”.

Tomando en cuenta la misión del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), éste debería supervisar más y mejor el cumplimiento de las resoluciones que de manera continua aprueba, así como vigilar con mayor efectividad el desempeño de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y las actuaciones de la Comisión Interinstitucional Evaluadora.

– Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com –

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¿Qué está pasando con los operativos de traspasos?

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

Los denominados operativos de traspasos son una de las tantas y odiosas fases que integran el lento, burocrático, chueco e ineficiente proceso de aplicación de la Resolución 572-07, la cual fue aprobada el 6 de julio de 2023 por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Mediante este mecanismo, la Superintendente de Pensiones (SIPEN), en coordinación con la Empresa Procesadora de la Base de Datos (EPBD), remite a las respectivas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los casos evaluados y aprobados por la Comisión Interinstitucional Evaluadora, con la finalidad de llevar a cabo los traspasos desde CCI al Sistema de Reparto.

Tal y como se define en la Resolución No. 479-24 de la SIPEN, la EPBD es una empresa que opera mediante concesión otorgada por la Tesorería de la Seguridad Social, con el objeto de administrar el Sistema Único de Información y Recaudo (SUIR) en el entendido de que realizará el procedimiento de la información, recaudación y clasificación de pagos. En palabras llanas, la SIPEN gestiona los operativos de traspasos a través de dicha empresa. Es decir, la SIPEN y la EPBD, además de realizar los traspasos de fondos de las AFP a Hacienda, también tienen que segregar los aportes que provienen del sector privado de los que vienen del empleador público.

En la Resolución No. 479-24 de la Superintendencia de Pensiones, sobre procesos operativos para las Administradoras de Fondos de Pensiones, fondos y planes sustitutivos, se establecen plazos específicos, en los que la SIPEN y la EPBD tienen que realizar los traspasos de CCI al Sistema de Reparto, así como segregar los casos de los afiliados con aportes mixtos (empleador privado y empleador público). Como se ha establecido, los aportes que provienen del sector privado permanecerán en la Cuenta de Capitalización Individual (AFP), los cuales serán entregados a los afiliados cuando decidan retirarse de manera definitiva. Otra vez, la SIPEN jugando en el equipo de la ADAFP

Tomando como punto de referencia las Resoluciones 479-24 de la SIPEN y la No. 579-02, emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), el 16 de noviembre del 2023, en la que se aprueba el Manual de Procedimientos de la Comisión Evaluadora de Traspasos, para el traspaso desde el Sistema de Cuenta de Capitalización Individual al Sistema de Reparto Estatal, todos los plazos establecidos para tales fines se han vencido. En el marco de la inteligencia artificial y de la vitalización, no debería ser tan complicado segregar de una Cuenta de Capitalización Individual, los montos que provienen del sector privado y los que proceden del público. Los traspasos con aportes mixtos van como entierro de pobre.

Todo parece indicar que los conflictos de intereses, la burocracia ineficiente y la falta de sinergia entre las instituciones que integran el Sistema Dominicano de Seguridad Social, son algunas de las fuerzas restrictivas que han estado incidiendo para que los traspasos de aquellos afiliados con aportes mixtos en sus Cuentas de Capitalización Individual, no se hayan concretados. Desde enero del presente año, la SIPEN está recibiendo casos aprobados por la Comisión Interinstitucional Evaluadora, para el traspaso definitivo hacia el Sistema de Reparto. Muchos de esos casos fueron remitidos a la empresa procesadora de la base de datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, con la finalidad de que ésta lleve a cabo los traspasos correspondientes. Entiéndase, los afiliados que tienen aportes solo del sector público y los que en sus Cuentas de Capitalización Individual poseen aportes mixtos.

Las fases sustanciales del proceso de aplicación de la Resolución No. 572-07, aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) el 6 de julio de 2023, están prácticamente paralizadas. Por ejemplo, desde febrero de 2024 la Comisión Interinstitucional Evaluadora, la cual está conformada por la DIDA, miembro que coordina la comisión con voz y voto, SIPEN, y en calidad de observadores, con voz y sin voto la DGJP y la ADAFP), no ha vuelto a conocer, evaluar y aprobar solicitudes de traspasos desde CCI al Sistema de Reparto. Además, la SIPEN no ha hecho lo posible para lograr traspasar el primer caso con aportes mixtos. En cambio, el número de traspasos a Hacienda de afiliados solo con aportes del sector público es pírrico e insignificante, en función a los plazos establecidos.  

A juzgar por las quejas y los niveles de insatisfacción que diariamente manifiestan los afiliados a la seguridad social, la DIDA, SIPEN y la DGJP, sean las instituciones públicas con los peores sistemas de información pública y de servicio a los ciudadanos-clientes. Son muchos los ciudadanos que cuando requieren una información o servicio de estas entidades, prefieren ir presencialmente, ante de hacer el intento de comunicarse vía telefónica o correo electrónico con cada una de ellas. Todo parece indicar que, para estas instituciones públicas, los afiliados son bolitas de chivos. En algunas de ellas, prometen entregar determinadas informaciones, las que luego nunca son entregadas.

Como ha dicho Ruperto, el cual tiene en su Cuenta de Capitalización Individual casi seis millones de pesos dominicanos. Sus aportes provienen de los sectores privado y público, es decir mixto. Su solicitud de traspaso desde CCI a Reparto fue aprobada en noviembre de 2023, por la Comisión Interinstitucional Evaluadora y remitida en enero de 2024 a la SIPEN. Las visitas y llamadas telefónicas a la DIDA, a la SIPEN y a la AFP que negocia con sus fondos, suman más 97. Pese a sus 63 años de edad y a los 33 trabajado para el Estado dominicano, a Ruperto, ninguna de estas entidades de servicio público, han tenido la cortesía, gentileza e iniciativa de explicarle las razones por las que la EPBD no ha segregado sus aportes privados de los públicos, y con ello traspasar sus fondos a Reparto y que la AFP continue negociando con el monto restante. 

Recuérdese que la Resolución No. 572-07, aprobada el 6 de julio de 2023 por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), dispone que: “Se aprueba el retorno voluntario al Sistema de Reparto Estatal para todos aquellos trabajadores que estuvieron activos bajo el amparo del Sistema de Reparto Estatal previo y/o al momento del inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia de la Ley 87-01 Sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos de edad y/o tiempo en servicio necesarios para recibir una pensión en el Sistema de Reparto Estatal por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado del Ministerio de Hacienda (DGJP)”.

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 Besos y abrazos: el marketing electoral de RD

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

En República Dominicana, igual que en otros países subdesarrollados del mundo, en los que la calidad y pertinencia de sus respectivos sistemas educativos no han logrado que sus ciudadanos, sin importar su status socioeconómico, hayan podido desarrollar pensamiento crítico, mediante el cual se les facilite tomar mejores decisiones, capacidad de recopilar y analizar información para llegar a mejores conclusiones, abordar y resolver problemas complejos, diferenciar la verdad de la mentira, discriminar entre la realidad y la ficción, ser lectores críticos y activos de los mensajes deliberados provenientes de la distintas sub-categorías del marketing estratégico: político, electoral y gubernamental.

Hoy, en el ámbito político, el marketing es mucho más que la realización de actividades dispersas, ruidosas, costosas, molestosas, mediáticas y carentes de creatividad, con las que supuestamente se busca visibilizar la imagen pública y el programa temático de un determinado candidato, el cual cree tener los atributos necesarios para ser elegido. Se ha determinado que mientras más baja sea la capacidad crítica de los electores, más mediocre, superficial e idiotizador serán los contenidos que rodean las actividades del marketing electoral.

En termino conceptual, el marketing es un proceso estratégico, dinámico e integral, que abarca desde el conocimiento científico de las variables del mercado, con la finalidad de conocer las necesidades, expectativas y deseos de los clientes, incluyendo la creación de productos y servicios que satisfagan dichas necesidades y expectativas. Desde una perspectiva más profunda, se ha dicho que el marketing político es el conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea esta electoral o de difusión institucional. (Martínez, 2001)

Pese a que las autoridades de la Junta Central Electoral, desde marzo del presente año, dejaron abierto el período de campaña electoral para las elecciones del 19 de mayo de 2024, en las que los electores dominicanos elegirán al presidente y vicepresidente del país, así como a los senadores y diputados, tanto locales como de ultramar, se observa que las organizaciones políticas (OP), a diferencia de contiendas electorales de años pasados, no muestran el mismo nivel de entusiasmo, movilización y de proselitismo, con el objetivo de tratar de convencer a determinados segmentos de electores, para que éstos les sigan y voten por ellos. ¿Por qué el marketing electoral que llevan a cabo las organizaciones políticas, que participarán en las elecciones del 19 de mayo, luce poco atractivo y motivador? ¿Cuáles serán los motivos sustanciales por los que las organizaciones políticas, principalmente las opositoras, no emprenden esfuerzos de marketing electoral, como medio para lograr su propósito? ¿Será que no quieren invertir los millones que les ha entregado la JCE?

Es evidente, en comparación con elecciones generales anteriores, la forma en que las organizaciones políticas dominicana gestionan su marketing electoral, como parte de los medios para lograr mantener o incrementar sus respectivas cuotas de poder político y social el 19 de mayo de 2024, ha mejorado. En la actualidad, el derecho de los ciudadanos de transitar libremente por los espacios públicos, no son violados por imprudentes que realizan concentraciones, caravanas, bandereos, marchas y otras actividades políticas a cualquier hora del día y la noche. El marketing electoral no se puede reducir a la creación de una estructura orgánica inoperante y coyuntural, cuya función principal sea la de colocar la figura de los candidatos a cargos electivos (presidentes, vicepresidentas, senadores y diputados) en la mayor cantidad de espacios públicos. Cuando la estrategia de saturación del mensaje no se gestiona científicamente, entonces, se obtienen logros no deseados. ¿Será que los líderes de las OP han entendido que el mercado electoral dominicano ha cambiado, razón por la cual han decidido gestionar el marketing electoral desde otra perspectiva?

Independientemente de que, en estas elecciones generales, programadas para el domingo 19 de mayo, el quehacer cotidiano de la sociedad dominicana se vea menos afectado por el activismo y proselitismo político irracional, que tradicionalmente desarrollan las organizaciones políticas (OP), es necesario continuar mejorando la calidad, efectividad y la relación costo-beneficio del marketing electoral. Por ejemplo, hay que buscar mecanismos legales que reduzcan el costo actual de la democracia dominicana. ¿Hasta cuándo los ciudadanos dominicanos continuarán pagando altos impuestos, para que la JCE reparta entre los dueños de las organizaciones políticas, millones de pesos que ellos gastan a su antojo?

Llora ante la presencia de Dios, el hecho aberrante e irritante de que la Junta Central Electoral haya repartido RD$2,520 millones a organizaciones políticas antidemocráticas y protagonistas de acciones ilícitas. Es ilógico que el 80 % de la referida cantidad sea entregada en partes iguales a los partidos que obtuvieron más del 5 % de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones. Es inconcebible que los denominados partidos mayoritarios de República Dominicana (PRM, PLD, FP y PRD), cada uno recibirá RD$504,160,000, cuya procedencia son los impuestos que pagan los ciudadanos. En definitiva, la democracia y el marketing electoral dominicanos son productos de altísimo costo.

Como han planteado prestigiosos profesores del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del marketing que desarrollan las OP, existen distintas sub-categorías de marketing en función del momento temporal en el que se desarrolla y el objetivo principal que persigue. Así, se distingue entre el marketing político estratégico, el marketing electoral y el marketing de gobierno, cada uno con sus propias estrategias y mensajes y con el fin de lograr un objetivo específico distinto. (Ester Guijarro Tarradellas, Eugenia Babiloni Griñón y Manuel Cardós Carboneras, 2015).

“EL marketing electoral hace referencia a todas aquellas actividades necesarias para la organización de la presentación de los candidatos políticos y de sus estrategias de comunicación para informar a los electores potenciales las características distintivas de la organización y del candidato. Es aplicado durante el tiempo que dura un proceso electoral determinado. Es a medio/corto plazo y su objetivo se centra fundamentalmente en los resultados electorales”. (Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia, 2015).

En la actualidad, tanto la forma como los contenidos del marketing electoral dominicano, no agregan valor significativo a la institucionalidad de la democracia y al desarrollo sostenible de la sociedad dominicana. Entre las vagas y superficies acciones y actividades que sustentan el marketing electoral de RD, se destacan las siguientes:

•          Saturación de los espacios públicos con la imagen gráfica de los candidatos.

•          Presencia continua en programas televisivos, radiofónicos y en plataformas digitales.

•          Baja participación en eventos masivos presenciales.

•          Abundancia de besos y abrazos a niños y a adultos mayores.

•          Visivilización de visitas a hogares pobres, fingiendo que almuerzan, cenan o desayunan con ellos.

•          Donación de pica pollo, quinientos pesos y una cerveza, a los que asisten a sus actividades proselitistas

•          Excesiva presencia en medios exteriores (vayas electrónicas, digitales, iluminadas, monoposte, etc.).

•          Colocación indiscriminada de banners publicitarios en las portadas de los periódicos digitales.

•          Poca cercanía de los candidatos con los electores para compartir con ellos sus respectivos programas.

•          Visibilización de millones de sonrisas fingidas.

•          Realización de marchas caravanas en las provincias y municipios de RD.

•          Reducida presencia de publicidad en los medios tradicionales (televisión, radio, periódicos impresos, etc.).

•          No participación en debates electorales públicos, excepto el que organiza la Asociación de Jóvenes Empresarios, para los días 22 y 24 de abril de 2024.

•          Construcción y difusión de una narrativa, cuyos mensajes sustanciales son los desaciertos del gobierno de turno.

Ojalá que los dominicanos, principalmente los que pagan impuestos, cuestionen y aborden con responsabilidad la magnitud de los efectos que está provocando la brecha actual entre el costo y los beneficios del marketing electoral dominicano. “En la nueva era en la que vivimos, las organizaciones políticas (OP) deben tratar de acercar la política al ciudadano y que éste sea y se sienta partícipe del proceso político y de gobierno de su región. Para ello, es vital conocer el electorado y que éste conozca de forma clara y profunda las decisiones políticas que toman los diferentes candidatos de las OP”. (Ester Guijarro Tarradellas, Eugenia Babiloni Griñón y Manuel Cardós Carboneras, Departamento de Organización de Empresas, Universidad Politécnica de Valencia, 2015)

En resumida cuenta, la forma y contenidos del marketing político que realizan actualmente las organizaciones políticas dominicanas, violan el objetivo esencial del marketing político estratégico. Entiéndase: “Hacer la política más cercana al ciudadano, para que participe de la gestión y lograr que las diferentes decisiones políticas sean conocidas de una forma clara y directa”. 

– Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com –

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La política: por y para el pueblo

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

En República Dominicana, igual que en otros países del mundo, líderes de organizaciones políticas, sociales, laborales, gremiales y profesionales, se han llegado a creer que sin la presencia física de ellos nada funciona. En su interior, subyace la idea de que son inmortales e insustituibles. En este orden, se evidencia un trastorno de personalidad, ya que su forma de pensar, decidir, actuar, relacionarse y hablar es similar a los que erradamente se autoconsideran seres humanos irreemplazables.   

Las páginas de la historia mundial narran la magnitud y el nivel de apego enfermizo al poder, que por largos tiempos mantuvieron determinados personajes mundiales (Hitler, Stalin, Mao Tse-tung. Estos líderes-dictadores, gobernaron mediante la violencia, el terror y la dominación ideológica, según resaltan Sergei Guriev y Daniel Treisman, en su obra: “Los nuevos dictadores, 2022”. Parecería que el apego irracional e infinito al poder político, social y económico, con respecto a muchos líderes de diferentes países, es un factor asociado a la psicología sociocultural.  

En el siglo XXI, muchos líderes políticos, sociales, religiosos y corporativos han optado por cambiar el rostro de la tiranía por democracia. En la presente realidad, los líderes están consciente del altísimo costo que tiene el gobernar a los ciudadanos con represión directa. En este contexto, Sergei Guriev y Daniel Treisman, se refieren a dicho fenómeno: “cómo una nueva generación de dictadores que mantiene el poder, manipulando la información y erosionando las instituciones”. (Los nuevos dictadores, 2022).  

En el ámbito de República Dominicana, el grado de apego que desarrollan los líderes políticos, con respecto al poder, es, sin duda, anómalo. Más temprano que tarde, su actitud mezquina, egoísta, mesiánica y megalómana, tiene consecuencias negativas multifactoriales. Por ejemplo: lo personal sustituye lo institucional, el autoritarismo reemplaza la democracia, la toma de decisiones se reduce a las creencias y corazonadas de un solo individuo, anquilosamiento del relevo generacional, reina el caudillismo, entre otras malas prácticas.

El comportamiento público que exhiben determinados lideres políticos dominicanos, conduce a la conclusión de que éstos padecen de múltiples trastornos conductuales. Uno de ellos, solo son demócratas de la boca para fuera. En cambio, dentro de sus respectivas organizaciones no tienen nada que envidarles al peor de los dictadores. No se detienen a evaluar científicamente las causas asociadas a sus pobres resultados, como consecuencia de sus malas prácticas gerenciales-políticas. Además, no saben vivir al margen de una cuota de poder. En cualquier contexto, los líderes político sano y orgánico saben en qué momento y circunstancia deben retirarse, para facilitar el lógico y natural relevo generacional.   

En la sociedad dominicana, los líderes políticos, sociales, laborales, empresariales y de gremios profesionales, suelen morir dirigiendo, supuestamente sus respectivas organizaciones. Cuando ellos mueren físicamente, también desaparecen sus estructuras orgánicas. Para cualquier persona común es complejo entender las razones por las que determinados políticos dominicanos son rechazados por porcentajes relevantes de los electores, sin embargo, vuelven y vuelven, pese a no ser favorecidos con el voto de los ciudadanos. Todo indica que, a los líderes políticos dominicanos, solo les interesa mantenerse vigente y con una cuota de poder. En cuanto a la prosperidad individual y colectiva de los ciudadanos, solo existe como parte de los contenidos de sus respectivos relatos.   

La pregunta es, ¿por qué quieren volver aquellos políticos a los que el pueblo les ha permitido gobernar durante doce, ocho y cuatro años, sin resolver los problemas sustanciales del pueblo? Los electores dominicanos no son tan tontos como quieren presentarlos. Más allá de lo que dicen casi todas las encuestas, con respecto al nivel de aceptación de aquellos políticos que han defraudado de manera deliberado la confianza depositada en ellos por los electores, ¿por qué quieren volver a administrar los recursos del Estado dominicano? No es inteligente tratar de cambiar una decisión colectiva ya establecida, con una supuesta alianza de rescate o cambiando el rostro de la corrupción, la impunidad y despotismo, mediante la manipulación de la información y erosionando las instituciones.

En el marco de las elecciones presidenciales y congresuales de República Dominicana, programadas para el domingo 19 de mayo de 2023, segmentos importantes de los electores, se preguntan, ¿para qué quieren volver a ser presidentes los que nunca han querido o podido entender que la política es por y para el pueblo, no para los que solo buscan acumular grandes riquezas materiales, haciendo negocios ilícitos con el Estado? En el ámbito del control político, solo se justica volver cuando el pueblo reconoce que un determinado gobierno ha alcanzado logros cualitativos y cuantitativos, de altas incidencias para el desarrollo integral, sostenible y sustentable de la sociedad.

La pregunta qué hacen la mayoría de los ciudadanos dominicanos, con respecto a los políticos que ya deberían retirarse y facilitar el relevo generacional, podría tener las siguientes respuestas:

  • Para continuar prometiendo las mismas promesas de siempre, las que cuando fueron presidentes no pudieron o quisieron concretar.
  • Para seguir manipulando a los electores con las mismas mentiras de ayer.
  • Para seguir colocando en las diferentes instancias que conforman el Sistema Judicial, a miembros, militantes y simpatizantes de sus respectivas organizaciones políticas.
  • Para facilitar que familiares, amigos y relacionados del presidente de turno, realicen negocios ilícitos con entidades del Estado dominicano.
  • Para reanudar la venta de los bienes del Estado, como si fuesen vacas flacas.
  • Para persistir en soluciones que no han resuelto ni resolverán la grave situación que rodean al tránsito y el transporte terrestre.
  • Por beneficios políticos, seguir permitiendo que los inmigrantes de diferentes nacionalidades continúen como chivos sin ley, recibiendo los servicios públicos, en perjuicio de los ciudadanos dominicanos.
  • Para no perder el apoyo financiero proveniente de las AFP, ARS y de las empresas proveedoras de servicios de salud (PSS), a cambio de seguir permitiendo negocios alrededor de la seguridad social.
  • Para continuar fomentando la corrupción, la impunidad y el despotismo en la Administración pública, facilitando, que imputados de ayer vuelvan a robarse los recursos públicos.
  • Para hacer posible que narcotráficos y Al Capones modernos, sean electos como síndicos, diputados, senadores y servidores públicos.
  • Para persistir usando el poder persuasivo de los medios tradicionales y alternativos de comunicación, con el propósito de construir y posicionar relatos sustentados en mentiras, que faciliten la captación de adeptos sin capacidad crítica.
  • Para mantener viva la narrativa en torno a la importancia de democracia, aunque a lo interno de sus respectivas organizaciones actúen como auténticos caudillos o caciques.
  • Para continuar engañando a segmentos de electores ingenuos con alianzas fabricadas, cuyo vocero principal figuran entre los políticos con más altos niveles de rechazo y con menos credibilidad pública.
  • Para continuar endeudando al Estado dominicano, con préstamos que muchas veces se quedan en los bolsillos de altos dirigentes del partido o de empresarios que dieron sumas importantes de dinero para financiar la campaña.
  • Pese a sus bajísimos porcentajes de aceptación en las elecciones municipales, presidenciales y congresuales, continuar recibiendo millones de pesos de parte de la Junta Central Electoral, los que, al fin y al cabo, provienen de los impuestos que pagan los cuidadnos.

Por vergüenza y dignidad, los políticos dominicanos que han sido rechazados varias veces por los electores, tanto en las encuestas como en las urnas, debería retirarse de la actividad política y permitir el relevo generacional en sus respectivas organizaciones. “Al igual que los propagandistas y voceros en las democracias, estos nuevos dictadores retuercen las noticias para granjearse el apoyo social, cultivar una imagen de competencia y ocultar la censura. Utilizan las instituciones democráticas para socavar la democracia misma, al tiempo que refuerzan el compromiso internacional para obtener beneficios financieros y reputacionales”. (Los nuevos dictadores, el rostro cambiante de la tiranía en el siglo XXI, 2022”.

¿Para qué carajo quieren volver a ser presidentes de la República Dominicana, aquellos que el pueblo ha elegido para que implementen las reformas institucionales, sociales, políticas, económicas, impositivas, educativas y de seguridad social, pretendiendo con ello construir una sociedad productiva, competitiva y próspera, sin haberlo logrado?

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Opiniones

Un sistema que no funciona: el de pensiones

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

En términos prácticos, un sistema es un conjunto de elementos o componentes que interactúan de manera integral, con el propósito deliberado de lograr determinados objetivos comunes. En este ámbito, los sistemas se estructuran y operan a partir de procesos, normas y procedimientos. Todos los sistemas, sin importar su naturaleza y modalidad, para alcanzar sus objetivos sustanciales requieren de diferentes tipos de insumos, los cuales son procesados y transformados en productos o servicios. Como se observa, el concepto de sistema alude a integración, eficacia, eficiencia y a satisfacción de necesidades.

Cuando se investigan y conocen a profundidad los principios que rigen la Teoría General de Sistemas, se concluye, entre otras hipótesis, que en República Dominicana se denomina sistema a cualquier mojiganga. Por ejemplo, según la Ley 87-01 existe el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el cual tiene como objetivo: “Regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales”.

En el contexto de la teoría, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social, a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. El órgano rector de dicho sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Social, compuesto por 17 miembros titulares con un suplente cada uno, provenientes de los siguientes sectores: gobierno, empleador, laboral, Colegio Médico, profesionales y técnicos de la salud, trabajadores de microempresas, desempleados, discapacitados e indigentes y gremios de enfermerías. En la práctica, lo menos que hacen estos componentes es decidir y actuar para concretar el objetivo de la seguridad social dominicana.

A juzgar por los hechos y resultados, el Sistema Dominicano de Seguridad Social actual, opera al margen de los principios básicos de la Teoría General de Sistemas, ya que no hay sinergia entre los subsistemas que integran dicho sistema. La integración, el trabajo colaborativo y el compartir una misma misión y visión, son factores elementales para mantener cohesionadas y enfocadas a cada una de las partes que conforman el todo. Sin propósitos e intereses comunes entre los entes que interactúa alrededor de una determinada estructura, proyecto o causa, los sistemas no alcanzan su tarea clave: transformar insumos en productos o servicios para satisfacer necesidades. La burocracia inservible y los conflictos de intereses atrofian el buen desempeño de los sistemas.

Lo que está a la vista, no necesita anteojos. Las entidades que integran el SDSS tienen características parecidas a la de un archipiélago. Además, no existe comunicación efectiva entre ellas: Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP),  Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), entre otras.

Hablando de sistema, recientemente la Superintendencia de Pensiones y el Banco Mundial anunciaron que firmaron un acuerdo de cooperación técnica para fomentar la investigación en temas relacionados al Sistema Dominicano de Pensiones, con la finalidad de generar posibles políticas públicas que mejoren y profundicen su entendimiento en las áreas que le competen. En este orden, el señor Francisco A. Torres, Superintendente de Pensiones, informó que a partir de ahora el Sistema Dominicano de Pensiones formará parte de una agenda de investigación más globalizada, en la que se profundizarán los temas de rotación laboral, equidad de género, densidad de cotización y los determinantes de la decisión de aportes.

«Por sus frutos los conoceréis» (Mateo 7:16). Bien harían los pensionistas dominicanos en rogarles al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que las intenciones e iniciativas del Superintendente de Pensiones y del Banco Mundial, sean útiles y favorables a los intereses de los afiliados, debido a que el señor Francisco A. Torres, por lo general, siempre ha jugado en el equipo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP).

Ojalá que, con la firma del referido acuerdo de cooperación técnica, el Sistema Dominicano de Pensiones, logre ser más eficaz, eficiente, humano, justo y digno. Solo en un sistema de pensiones como el dominicano, el cual ha sido hecho a imagen y semejanza de los intereses del sector financiero, es posible que una Resolución, la 572-07, aprobada el 6 de julio de 2023 por el órgano rector de la seguridad social, nueve meses después, se haya aplicado de manera parcial. Un sistema de pensiones centrado en el bienestar de las personas proporciona informaciones continuas, precisas y útiles a los pensionistas.

Habla muy mal de la forma en que opera y es gestionado el actual Sistema Dominicano de Pensiones, ya que nueve meses después de aprobarse la Resolución 572-07, con la que se reconoce el derecho de miles de servidores públicos a recibir una pensión del Estado dominicano, por estar amparados en las Leyes 379-81, 87-01, 41-08 y por disposiciones establecidas en la Constitución de la República, todavía el CNSS, la SIPEN, la DIDA, la DGJP, las AFP y la Empresa Procesadora de la Base de Datos (EPBD), no saben qué hacer y qué decir con respecto a las 1,790 solicitudes de traspasos, revisadas y aprobadas por la Comisión Interinstitucional Evaluadora, en los períodos noviembre-diciembre, 2023 y enero-febrero de 2024.

A los pensionistas dominicanos, les queda santiguar al Superintendente de Pensiones y a los representantes del Banco Mundial, para que apliquen mejoras significativas y sostenibles a al mal llamado sistema de pensiones, el cual facilita y legitima que el Poder Ejecutivo otorgue pensiones a diestra y siniestra, a quienes nunca han trabajado en el sector gubernamental, así como a instituciones autónomas y descentralizadas del Estado dominicano (Banco Central, Junta Central Electoral, UASD, Banreservas, INABIMA, Colegio Médico, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otras. En RD., muchas entidades públicas han creado distintos mecanismos para otorgar pensiones al margen de las disposiciones establecidas en el SDSS.

Sin ninguna duda, en República Dominicana existe un desorden mayúsculo con respecto a los asuntos previsionales. Un ejemplo fehaciente de ello consiste en la violación sistemática del principio UNIDAD de la seguridad social: “Las prestaciones de la Seguridad Social deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en correspondencia con el nivel de desarrollo nacional”. Por la tranquilidad de los pensionistas dominicanos, la SIPEN y el Banco Mundial deberían actuar bien y rápido.  

¿Será qué el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) desea que los miembros del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) vuelvan a las calles a reclamarle a la Comisión Interinstitucional Evaluadora, conformada por la DIDA, SIPEN, DGJP y la ADAFP, que continúen conociendo y aprobando las solicitudes de traspasos, así como exigirles a la SIPEN, a la EPBD y a las AFP, que agilicen los operativos de traspaso de fondos de CCI a Reparto?

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El tránsito: la guerra que perdió el coronel

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

La satisfacción ciudadana es el grado de conformidad que expresan los ciudadanos cuando usan y reciben un servicio proveniente de una determinada institución o agencia pública. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el cual es el órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana. En pocas palabras, el INTRANT es la entidad pública responsable de que los ciudadanos puedan desplazarse sin obstáculos por las diferentes calles, avenidas y autopistas de RD.

En términos prácticos, la satisfacción ciudadana es el estado de bienestar que manifiestan los ciudadanos cuando reciben servicios públicos oportunos y de calidad. A juzgar por la cantidad, magnitud y frecuencia de los tapones que se producen en las calles del Gran Santo Domingo, es evidente que el talento humano responsable de gestionar el sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, está generando grados de insatisfacción que afectan la salud mental, el estado de ánimo y los ingresos de los ciudadanos. Como se sabe, la insatisfacción produce desilusión, decepción, frustración, ira, distanciamiento, quejas, entre otras actitudes negativas. 

El altísimo nivel de insatisfacción que genera continuamente el INTRANT a los ciudadanos, con respecto al desenvolvimiento del tránsito y el transporte terrestre, están afectando de manera directa y sustancial la imagen pública del gobierno que preside el señor Luis Abinader Corona. Recuérdese que la insatisfacción es un sentimiento humano que muestra el nivel de desencanto personal de un individuo, el cual puede surgir por la frustración de no haber cumplido una necesidad o deseo determinado. La dimensión de la insatisfacción ciudadana, con respecto a la calidad del tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, no cabe en el tanque de almacenamiento de agua de la CAASD, ubicado en el kilómetro nueve de la autopista Duarte.

El parque vehicular actual del Gran Santo Domingo, sin duda, es una verdadera bomba de tiempo, ya que cada año entran a él miles de unidades de vehículos y motocicletas, a sabiendas de que no se construyen nuevas soluciones viales (calles, elevados, túneles, etc.). Eventos como Autoferia Popular, Expomóvil Banreservas, Fleximóvil de BHD, Autoshow Scotiabank, Autoferia ASOCIVU, entre otros, venden miles de autos nuevos y usados, los cuales se suman a los que transitan por las calles, avenidas y autopistas, violando las disposiciones establecidas en la ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

Es obvio, a los organizadores de las ferias de autos, solo les interesa vender.  En este sentido, no aportan ningún tipo de soluciones para abordar las fuerzas restrictivas que rodean el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial. Dicho de otra manera, la banca responsable no actúa de espalda a la realidad. 

Si el INTRANT realizará más y mejores esfuerzos tendentes a concretar su misión institucional, la satisfacción ciudadana, con relación al desempeño de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial, sería mucho más positiva que la que actualmente manifiestan los ciudadanos. Existe una notable asimetría entre las múltiples dificultades que rodean al tránsito y las acciones que lleva a cabo el director ejecutivo interino del INTRANT, coronel piloto Randolfo Rijo Gómez, ERD. La forma en que opera el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en RD, no agrega valor significativo a la calidad de vida de los ciudadanos.

La situación actual del tránsito dominicano es grave. En este orden, no basta con prohibir la circulación de vehículos de carga durante el asueto de la Semana Santa, así como anunciar que se trabaja en una resolución que regularizará los servicios de entrega a domicilio con motocicletas. Es necesario asumir con mayor determinación y consistencia, iniciativas como los programas de formación vial para multiplicadores, parquéate bien, el cual tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y garantizar la seguridad vial. Además, hay que decirles con firmeza a los bancos, que cada año organizan ferias para vender miles de autos, que además de obtener jugosas utilidades, es imprescindible aportar soluciones urgentes que mejoren el desenvolvimiento del parque vehicular.

Es inminente que el INTRANT planifique, ejecute y controle estrategias y actividades que impacten de manera rápida y positiva la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. La realidad es que el INTRANT no tiene control del tránsito, el transporte terrestre y de la seguridad vial. Pareciera que estos importantes servicios públicos andan como chivos sin ley: miles de motocicletas conducidas por sujetos que tienen aspectos de seres humanos, pero piensan, deciden y actúan igual que los animales.

Los ciudadanos desean saber lo que hará el INTRANT para controlar el comportamiento inadecuado de compañías nacionales e internacionales, las cuales ofrecen servicios de entrega de alimentos a domicilio, a través de los denominados delivery motorizados: Uber Eats, Pedidos Ya, Hugo. Además, hay que agregarle a la lista, los delivery de las grandes cadenas de supermercados, farmacias y los provenientes de los colmados. Hasta ahora, el INTRANT ha dejado claro que no tiene capacidad para mejorar la satisfacción de los ciudadanos, con respecto al tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial.

Sería de mucha utilidad para la toma de decisiones del INTRANT, acercarse al Observatorio Nacional de la Calidad de los Servicios Públicos, el cual es un espacio virtual de participación, diseñado para observar, investigar y analizar en torno a la calidad de los servicios públicos desde la óptica institucional y ciudadana. Opera bajo la Dirección de Monitoreo y Evaluación de los Servicios Públicos del Viceministerio de Servicios Públicos del MAP.

Con respecto a la problemática actual del tránsito y trasporte,  la urbanista De Moya ha planteado que: “un gran agravante es los trancones causados por una sobrepoblación de vehículos (y con cientos de ferias promoviendo la compra de más), la dualidad de semáforos-policías de tráfico (hacen más mal que bien), la falta de consecuencia al mal manejo y violación de normas de conducción, la falta de conexiones para muchos de los transportes públicos existentes y sobre todo la inseguridad de nuestras calles, entre otros. Esto hace que vivir lejos sea aún más complejo, empeore nuestra calidad de vida y tengamos una ciudad menos sostenible”. (Listín Diario, 2024).

En el mismo orden, el decano de Arquitectura y Artes de la UNPHU, Arq. Omar Rancier, ha puntualizado que: “la ciudad de Santo Domingo, y con ella todas las ciudades del país, se encuentran afectadas por graves problemas de tránsito y transporte producto de una sostenida práctica de no atender los aspectos fundamentales de la movilidad urbana: planificación y educación, o más bien, gestión de la planificación urbana y educación vial”. (Desayuno del Listín Diario, 2024).

Los incumbentes del  Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y la Alcaldía del Distrito Nacional, tienen que hacer más y mejores acciones para mejorar la satisfacción ciudadana, en torno a la calidad del tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, Sin lugar a duda, con estas iniciativas  contribuirían a no seguir dañando más la salud y fortalecerían la imagen pública del gobierno de Luis Abinader Corona.

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La comunicación y la falsa expectación

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

La comunicación de expectación es un medio que emplean frecuentemente los gobiernos, las empresas, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las marcas corporativas y comerciales, así como otros actores, con el objetivo de crear y mantener diferentes tipos de expectativas entre determinados segmentos de perceptores, clientes o ciudadanos. En este contexto, para lograr que esta modalidad comunicacional sea exitosa, es imprescindible que haya sinergia y congruencia entre la credibilidad de los mensajes que elaboran y difunden los emisores o fuentes, las necesidades y expectativas que circundan a los públicos objetivos y los resultados alcanzados.

Es simple, emplear diferentes medios y recursos para crear falsas expectativas a los perceptores o audiencias cautivas y potenciales, más temprano que tarde tiene consecuencias funestas para los intangibles del emisor o fuente. No es inteligente elaborar y difundir una determinada narrativa a partir de mentiras y promesas inalcanzables. Sin duda, este es el camino más corto y seguro para siquitrillar la reputación, credibilidad, confianza, permiso social, capital relacional e imagen pública. La comunicación de expectación debe ayudar a concretar las expectativas que generan sus mensajes entre los públicos que los reciben.

Sin importar su procedencia, cuando los emisores o fuentes deciden crearles expectativas a sus perceptores, a sabiendas de que no cuentan con los recursos y medios requeridos para satisfacerlas, lo más lógico y natural es que las audiencias destinatarias, al ver y contactar que las promesas hechas no se cumplen o que la realidad actual es totalmente diferente a la que se esperaba, entonces llegan las decepciones, frustraciones, reacciones y reclamos a los que por distintas razones el emisor tendrá que  buscarles y darles explicaciones sinceras, creíbles y racionales.

En República Dominicana, igual que en muchos países del mundo, la mayoría de los líderes de las organizaciones políticas, así como las marcas corporativas y comerciales, suelen incurrir en el gravísimo error de emplear novedosas, creativas y costosas estrategias comunicaciones pretendiendo con ellas convencer a determinadas fracciones de electores y clientes con argumentos perversos y malintencionados. En cualquier ámbito, el prometer, el no cumplir y el crear falsas expectativas tienen consecuencias negativas para los tangibles e intangibles de los que incurren en dicha práctica. En definitiva, la comunicación, sin importar su modalidad, no debería ser usada como medio para elaborar mensajes y crearles falsas expectativas a las audiencias. 

En la realidad actual es estúpido e irracional creer que es posible obtener resultados significativos, creíbles y sostenibles realizando continuas actividades de marketing y comunicación, al margen de la naturaleza y tamaño de las necesidades y expectativas que rodean a los perceptores o audiencias. Ya sea en los entornos político, corporativo, institucional o comercial, los emisores más exitosos son los que más y mejor conocen y oyen a sus audiencias. En este sentido, cuando las expectativas son gestionadas de una manera correcta, los perceptores o destinatarios se sienten satisfechos con los resultados alcanzados.

Muchos de los líderes y dirigentes de las organizaciones políticas dominicanas, conscientes o inconscientes, olvidan que en el mercado electoral existen segmentos que no se persuaden con mensajes y acciones estúpidas e irracionales. Por ejemplo: visibilizar concurridas y vistosas marchas, caravanas y concentraciones, así como colocación masiva de publicidad exterior en los espacios públicos, saturación de las plataformas digitales y de los medios tradicionales de comunicación, con historias mal elaboradas, contadas y distantes de las necesidades y expectativas de los receptores o audiencias. Valerse del poder persuasivo de la comunicación mediática para establecer y mantener expectativas que no se lograrán, es poner en alto riesgo la reputación, credibilidad, confianza y la imagen pública.  

Saber interpretar y gestionar las expectativas de las audiencias no es una tarea que cualquier persona puede realizar de manera eficiente y efectiva. La comunicación de expectativas no consiste en elaborar y difundir montones de mensajes, pretendiendo con ello incrementar el efecto sorpresa entre comunidades cautivas y potenciales de perceptores. En cualquier ámbito, llevar a cabo esfuerzos continuos de comunicación con el propósito de crear diferentes expectativas a los integrantes de un mercado, a sabiendas de que quien las hace no tiene la más mínima posibilidad para satisfacerlas, termina destrozando su credibilidad, confianza e imagen pública.

Hoy, pretender captar la atención, obtener apoyo y crear expectativas entre una determinada audiencia empleando los mismos medios, mensajes, códigos y actividades de comunicación de tiempos pasados, sin lugar a duda, es casi imposible. En el contexto actual, importantes segmentos del mercado electoral dominicano han adoptado nuevas formas de convivencia, de relacionamiento, de expectativa, de reconocimiento y hasta de comunicarse. En pocas palabras, los valores, principios y creencias que predominan en determinadas audiencias de hoy son absolutamente diferentes a los de tiempos pasados.

En términos generales, para garantizar que los mensajes de la comunicación sean un medio efectivo para ayudar a concretar las expectativas específicas de los perceptores o audiencias, es imprescindible que el emisor, sin importar su naturaleza, cuente con los mecanismos y recursos necesarios para satisfacer el nivel de expectación creado en el público objetivo. No es recomendable saturar los medios de comunicación y los espacios públicos con mensajes destinados a crear expectativas, las que por múltiples motivos jamás podrán ser satisfechas. Incurrir en la praxis de crear y difundir diversos mensajes para establecer falsas expectativas, tiene los mismos efectos que el negocio del capa perros.   

Parecería que los líderes de las organizaciones políticas dominicanas de hoy no han hecho el más mínimo esfuerzo por conocer las nuevas ansiedades y expectativas de los segmentos que integran el mercado actual electoral de RD. Por esta razón, sus relatos, medios y acciones comunicacionales no les permiten comunicarse efectivamente con sus electores cautivos y potenciales. Un pecado capital de la comunicación, sin importar su modalidad, es no escuchar y desconocer las necesidades sustanciales de los perceptores o audiencias.

Cuando los líderes de las organizaciones políticas emplean todos los medios habidos y por haber, pretendiendo con ellos crearles falsa expectación a sus seguidores con respecto a que cuentan con el apoyo y simpatía de importantes porcentajes de los electores, lo que cuando llega el momento de contactar dicha aseveración, resulta que los resultados son inferiores a los prometidos y esperados, es entonces cuando la credibilidad e imagen pública de quienes crearon expectación inalcanzable, se derrite como mantequilla alrededor del fuego.

A fin de cuentas, la expectativa es la proyección de una esperanza, un anhelo, un deseo o el logro de una meta especifica, ya sea en el ámbito material, espiritual o emocional. El problema comienza cuando el emisor de manera consciente incrementa la intensidad de las expectativas, a sabiendas de que las mismas son irrealizables. Por ejemplo, en RD., la narrativa de la AFP y ARS se centra en crearles falsas expectativas a los afiliados a la seguridad social.

Para muestra un botón. En República Dominicana, el uso inadecuado de la comunicación de expectativas no es una práctica exclusiva de los líderes de las organizaciones políticas. Las marcas corporativas y comerciales también la usan para crear y mantener falsa expectación. En este sentido, podría decirse que la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) figura entre las entidades que más emplean la comunicación para construir y posicionar una narrativa, cuyo objetivo consiste en crear la falsa expectativa de que los afiliados pueden vivir como reyes o banqueros retirados con las indígenas e inhumanas pensiones que otorgan las AFP..

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