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Wilson Camacho: “¡Siempre hay una excusa para favorecer los procesados por corrupción!”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “He dicho que la carrera contra la corrupción y la impunidad no es de velocidad, es de resistencia. No podemos pretender mover las fronteras de la impunidad sin obstáculos, de todo tipo”, advirtió el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

En su discurso de agradecimiento por el “Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2022”, que le otorgó la noche del viernes Participación Ciudadana, Camacho recordó: “Por ejemplo, en un momento el Poder Judicial alegaba que no podía castigar la corrupción porque los casos no llegaban a los tribunales, lo cual era cierto. Cuando los casos le llegaron, alegó que no llegaron con pruebas suficientes, lo cual podría ser cierto en algunos casos y discutible en otros”.

“Pero ahora que los casos les llegan con pruebas suficientes alegan que es demasiada, muy técnica, compleja y sobre muchas personas”, enfatizó. 

“Como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia de la creatividad del fiscal y no de la dinámica delictiva que se está investigando”, añadió. 

“¡En fin, siempre hay una excusa para favorecer a los procesados por corrupción! ¡Y cada quién sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia!”, expresó.

Camacho agradeció la distinción a Participación Ciudadana que, en el acto celebrado en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), otorgó el mismo reconocimiento a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Con el galardón a ambos procuradores adjuntos, simbolizado mediante una estatuilla que simula una flor de loto, el movimiento no partidista brinda un “estímulo a todos los magistrados fiscales que desarrollan un trabajo tesonero en favor de la justicia y de los más altos intereses del pueblo dominicano”.

Durante el acto, la entidad resaltó que ya en 2016 la actual procuradora general, Miriam Germán Brito, fue objeto de dicho homenaje.

El profesional del Derecho y de la Sociología ponderó la distinción como un reconocimiento a una trayectoria profesional que debe agradecer a su madre, Minerva Mercedes Peralta; a su abuela Asunción Peralta; a su esposa Yeidy Olmeda y a su colega Yeni Berenice Reynoso. 

Agradeció además el hecho de formar parte del equipo de una mujer del talante de la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República.

“Los premios suelen ser individuales, los sacrificios colectivos. Así que tengo muy claro que este reconocimiento les pertenece a todos ustedes. Todos los compañeros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público hemos sido, y me incluyo, fogoneros de este tren que esta noche me trajo hasta aquí”, dijo.

A continuación su discurso:

Palabras de Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Pepca, al recibir de Participación Ciudadana el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022

Buenas noches.

Quiero agradecer a los integrantes de Participación Ciudadana y a su coordinador general, Joseph Abreu, por la organización de este evento. Agradezco también la presencia de todos y todas.

Para estar aquí hoy debieron conjugarse un indeterminado número de variables. Pero debo destacar que no estaría aquí de no ser el hijo de Minerva Mercedes Peralta; el nieto de Asunción Peralta; el esposo de Yeidy Olmeda; el amigo, el compañero de lucha y colega de Yeni Berenice Reynoso y, sin lugar a dudas, de no ser elegido para ser parte del equipo de trabajo de una mujer del talante de la magistrada Miriam German Brito.

A esto se suma una cuestión indispensable, un formidable y comprometido equipo de trabajo, del cual en muchas ocasiones soy la cara, pero sin el que no sería posible nada de lo que podemos exhibir hoy ante la sociedad dominicana.

El éxito de cualquier gestión descansa en los hombros de su equipo de trabajo y el nuestro está compuesto por mujeres y hombres que escogieron defender los intereses de toda la sociedad. Han sacrificado el tiempo con sus seres queridos, la salud, el descanso necesario y hasta su seguridad y las de los suyos para perseguir un ideal: Mover las fronteras de la impunidad en República Dominicana.

Los premios suelen ser individuales, los sacrificios colectivos. Así que tengo muy claro que este reconocimiento les pertenece a todos ustedes. Todos los compañeros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público hemos sido, y me incluyo, fogoneros de este tren que esta noche me trajo hasta aquí.

No creo que existiría una gestión como la actual del Ministerio Público sin el empoderamiento social sin precedente surgido a finales de 2016 con el amplio movimiento social conocido como “Marcha Verde”. A todos ellos nuestro reconocimiento por demandar el destierro de la impunidad.

La corrupción es un problema, una desgracia en República Dominicana. Luchar contra ella entraña numerosos sacrificios personales de nosotros y de las personas que nos rodean. Hacer este trabajo de forma correcta implica comprometer el tiempo que antes dedicábamos a familiares y amigos, a los que ponemos en competencia con Job al exigirles cada vez más paciencia.

A veces las cosas que deberían ser comunes se convierten en heroicas y extraordinarias, lo que hemos hecho desde el Ministerio Público no ha sido algo más que cumplir con nuestro deber y hacerlo entregando alma, corazón y vida. ¡Lo que ha de hacerse, debe hacerse con pasión!

Es mucho lo que esta experiencia nos ha enseñado. Hemos aprendido a ser más pacientes, empáticos, solidarios, perseverantes y meticulosos. Pero también tercos… y hasta más chivo que una guinea tuerta.

Este proceso nos ha hecho a todos un poco contadores, economistas, ingenieros, analistas financieros, psicólogos… Nos ha hecho más abogados, hemos tenido que profundizar en el derecho penal, procesal y constitucional. Pero también hemos tenido que hacernos administrativistas. ¡En fin, este proceso nos ha hecho más fiscales!

La corrupción pública es un delito que corroe, destruye y drena el patrimonio de una nación desde los cimientos mismos del Estado. Afecta el desarrollo económico, social y el bienestar de los pueblos, impactando temas esenciales para su desarrollo como la educación, la salud, el empleo, la libre competencia… Impacta negativamente en la inversión extranjera y deja a los países, con sus gentes, sumidos en el atraso y la pobreza.

Kofi Annan definió la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

La corrupción es un flagelo canceroso que castra nuestras posibilidades de desarrollo. Siempre deberíamos preguntarnos: ¿Cuántas víctimas deja un acto de corrupción? ¿Cuántos actos de corrupción puede promover una sola muestra de impunidad?

He dicho que la carrera contra la corrupción y la impunidad no es de velocidad, es de resistencia. No podemos pretender mover las fronteras de la impunidad sin obstáculos, de todo tipo.

Por ejemplo, en un momento el Poder Judicial alegaba que no podía castigar la corrupción porque los casos no llegaban a los tribunales, lo cual era cierto.

Cuando los casos le llegaron alegó que no llegaron con pruebas suficientes, lo cual podría ser cierto en algunos casos y discutible en otros.

Pero ahora que los casos les llegan con pruebas suficientes alegan que es demasiada, muy técnica, compleja y sobre muchas personas. Como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia de la creatividad del fiscal y no de la dinámica delictiva que se está investigando.

¡En fin, siempre hay una excusa para favorecer a los procesados por corrupción! ¡Y cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia!

Ya lo cantó Pablo Milanés:

“La historia lleva su carro y a muchos los montará

Por encima pasará

De aquel que quiera negarlo.”

Es una realidad que en República Dominicana hay que sobreprobar cuando se trata de casos de corrupción. En estos procesos se desnaturaliza y tergiversa al extremo. Se ha creado un estándar irracional y metafísico para mantener abiertas las puertas de la impunidad.

Hagámonos algunas preguntas: ¿Dónde están las sentencias de principios jurídicos en materia de corrupción? ¿Dónde están las sentencias, al menos, buenas sobre corrupción? ¿Dónde está el contenido pedagógico de las decisiones sobre corrupción? ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten estas decisiones? ¿A qué se apuesta?

El cuidado y la cobardía suelen estar presentes al momento de juzgar casos de corrupción. Se suele temer castigar a miembros de espacios de poder que luego pueden decidir el futuro del juzgador. El operador del Sistema de Justicia tiene que aplicar la ley, aunque se la cobren luego.

Una cosa es segura, la historia nos ha de evaluar a todos. Cuando eso suceda, cuando la historia pase balance, desde el Ministerio Público procuraremos tener la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido.

Habremos hecho lo correcto al combatir la corrupción y la impunidad.

Reducir la impunidad a su mínima expresión es una asignatura pendiente de pasadas generaciones. Es una obligación de nuestra generación y debe ser un tema superado para las generaciones futuras. La corrupción y la impunidad deben ser derrotadas.

Finalmente, estoy aquí por la gracia de Dios y la generosidad de una institución como Participación Ciudadana, guardián de la institucionalidad, el Estado de derecho y el fortalecimiento democrático en República Dominicana, así como por la generosidad de Transparencia Internacional.

Ser fiscal, en sentido general, es un tema de vocación, vocación que nos motiva a levantarnos cada día y dar lo mejor sin esperar reconocimiento. No obstante, gracias por tomar en cuenta nuestro trabajo. Este noble gesto es un estímulo que nos compromete a seguir dando lo mejor de nosotros para construir un país libre de impunidad.

¡Muchas gracias!

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Califican de «irracional» decisión de corte que ratificó privilegio de prisión domiciliaria acusados de corrupción

El titular de la Pepca señaló que el tribunal no dio respuestas a los principales argumentos presentados por el Ministerio Público

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho calificó de irracional la decisión de la  Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, que mantuvo la prisión domiciliaria como medida de coerción  a Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa y José Dolores Santana Carmona, acusados en la red de corrupción en el Caso Antipulpo.

“La corte ha tomado una decisión irracional, en el mismo nivel de irracionalidad de la decisión que había tomado previamente el Séptimo Juzgado de la Instrucción, que no valoró en consecuencia, elementos, a los que hemos hecho (alusión) nosotros en el Séptimo Juzgado de la Instrucción y que hemos hecho aquí, con relación al nivel de complejidad de estos procesos”, dijo Camacho al ser abordado por la prensa a su salida de la audiencia de este jueves en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que en la audiencia de este jueves el tribunal, formado por las juezas Nancy Joaquín, presidenta de la sala, María Daneira García y Daniel Nolasco, no respondió a los argumentos planteados por el Ministerio Público para revertir la decisión que envió a prisión domiciliaria a los imputados. 

“No sabemos si en este caso el tribunal lo hará en su decisión por escrito, pero en la decisión oral que se rindió en el día de hoy, la corte ha dejado de responder los principales argumentos presentados por el Ministerio Público”, sostuvo Camacho, quien encabezó el equipo integrado, además, por la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán Alberto.

En la audiencia de este jueves el Ministerio Público buscaba el cese de la resolución que varió a prisión domiciliaria le medida de coerción de prisión de preventiva que pesaba sobre los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, decisión que fue tomada por el  juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Para hacer efectiva esta variación,  Medina Sánchez, principal acusado del caso,  presentó  una garantía económica de RD$60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de RD$30 millones.

En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les fue impuestas garantías de 20 millones de pesos cada uno.

Al ser cuestionado sobre la decisión adoptada por el tribunal, Camacho indicó: “Podemos concluir que se trata de otra decisión irracional, pero las irracionalidades suelen ser comunes en los casos de corrupción”.

El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de dirigir un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas. También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

El pasado 1 de agosto, por su vinculación con el caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla como los demás acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.

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Afirman empresas de Alexis Medina Sánchez operaban como un “verdadero pulpo”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público afirmó este viernes que las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez, procesado por corrupción administrativa, operaban como un “verdadero pulpo” que enfocaba sus relaciones comerciales casi en exclusiva con el Estado dominicano que era dirigido por uno de los hermanos del procesado.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó el avance del proceso.

“En el día de hoy estuvimos viendo cómo el entramado de las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez funcionaba como un verdadero pulpo. Cómo estas empresas tenían relaciones comerciales casi en su totalidad con el Estado dominicano como único cliente, cómo estas compañías fueron creadas en su mayoría al asumir el poder Danilo Medina, y cómo el objetivo de las mismas era realizar estas contrataciones ilegales”, enfatizó.

Sostuvo que Juan Alexis Medina Sánchez salía y entraba de estas empresas como socio, accionista o representante “medalaganariamente”, con el objetivo de estar o no estar, dependiendo de la empresa estatal con la que se iba a contratar.

“Se evidenció también el vínculo que existía entre estas empresas, ya que de las transacciones comerciales se pudo observar cómo estas empresas se capitalizaban una a la otra con el objetivo de poder tener los ingresos que justificaran las contrataciones fraudulentas con el Estado dominicano”, subrayó.

Al referirse al proceso dijo: “vamos a buen ritmo. Ya para la próxima audiencia del lunes entendemos que culminaremos con las empresas que nos restan. Entraremos a la parte del financiamiento ilícito de campañas políticas y expondremos la calificación jurídica. Ya después de ahí lo que correspondería sería la presentación de las pruebas”.

Mirna Ortiz produjo sus declaraciones al hablar con la prensa luego de finalizada la audiencia de este viernes.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación s0bre la reciente denuncia del Ministerio Público en el sentido de que los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez amenazaron a los fiscales, recordó que las amenazas se dieron en el contexto de la salida de la audiencia.

“Todo el que estuvo presente en ese momento, pues, pudo percatarse de cómo la imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, al hacer mención en el relato fáctico de los hechos de corrupción cometidos por su esposo en apoyo a las acciones de Alexis Medina, entonces ella salió molesta, profiriendo insultos, diciéndonos a los miembros del Ministerio Público que la íbamos a pagar, que esto no se quedaba así… y situaciones de esa naturaleza”, detalló.

La procuradora de corte manifestó: “nosotros, tal y como dijo el magistrado Wilson Camacho (titular de la Pepca), no le tememos a estas insinuaciones ni a estas amenazas; somos fiscales de muchos años en estos temas y estamos listos para seguir combatiendo la corrupción como lo hemos hecho hasta ahora”.

Mirna Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia junto a Ernesto Guzmán, Héctor García y Yoneivy González.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continúa conociendo la acusación del Ministerio Público.

En la audiencia de este viernes, celebrada por asuntos de espacio en la Sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los representantes del Ministerio Público leyeron la acusación desde la página 832 hasta la 1,038, de unas 3,445 páginas que contiene el expediente.

El Ministerio Público acusa por el caso a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

El proceso judicial también se sigue contra el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Por igual, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

La acusación señala que la compañía General Supply Corporation S.R.L. incurrió en conductas ilícitas para cometer hechos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y la Oisoe,  la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y en otras instituciones públicas, compañía Indica que la compañía General Supply Corporation S.R.L. con su accionar también afectó la libertad de empresa en cuanto se convirtió en un monopolio en algunas instituciones públicas por el tráfico de influencias y pago de sobornos a través de cheques emitidos por la misma, en la que la empresa resultó adjudicataria de bienes y servicios que rompieron todos los principios y normas de la ley de compras y contrataciones y su reglamento.

Específica que esta compañía utilizó y contrató profesionales tales como contables, para adulterar, falsear y omitir informaciones a los fines de cometer los hechos delictivos, lo que se conoce como PML, Profesional Money Laundry, profesionales del lavado de dinero.

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Ven fortaleza de acusación para enviar juicio a procesados del Caso Coral

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público destacó este martes la fortaleza de la acusación por corrupción administrativa instrumentada en el Caso Coral, al reafirmar que el expediente tiene todos los méritos para enviar a juicio a los procesados.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), valoró la fortaleza del expediente.

“La acusación es bastante fuerte y bastante robusta. En palabras del magistrado Wilson Camacho: la acusación está blindada”, dijo Ortiz a periodistas que la entrevistaron luego de finalizada una petición que hizo el coronel Rafael Núñez de Aza al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

En ese sentido, explicó que el acusado Rafael Núñez de Aza había solicitado al tribunal una designación de peritos, así como la entrega de una serie de informaciones.

“El Ministerio Público, que es garante del debido proceso, le establecía al tribunal que no se habían completado las formas requeridas por la norma procesal penal para que el tribunal pudiera acceder a dicha solicitud, toda vez que la solicitud de información de instituciones requiere de que previamente estas instituciones hayan negado la entrega de la información y esto no ha sucedido”, indicó.

Agregó “no se había hecho un requerimiento formal a esas instituciones y por eso el Ministerio Público solicitaba al tribunal que no fuera acogida la solicitud para que se cumpliese el debido proceso. No obstante, eso, la jueza (Yanibet Rivas) entendió que en ánimo de viabilizar el conocimiento del proceso pues podía ser otorgada esta solicitud de diligencia y así lo ordenó”, dijo.

Ortiz explicó que la magistrada Rivas dispuso la entrega de una serie de documentos que reposan en instituciones públicas para que puedan obtener las informaciones necesarias.

El tribunal fijó para el próximo 28 de octubre el inicio de la audiencia preliminar y la fusión del expediente de los casos Coral y Coral 5G.

“El Ministerio Público está listo desde el primer momento para iniciar el conocimiento de la audiencia preliminar; reconocemos el derecho de defensa que tienen las partes, este derecho debe ser ejercido de manera oportuna, y entendemos que con los plazos que ha fijado la jueza para la entrega y la resolución de estas diligencias pues estaremos listos para el conocimiento de la audiencia preliminar”, sostuvo.

La acusación de la Operación Coral involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, a quien el pasado 26 de septiembre le fue confirmada la prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, el Caso Coral involucra también a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), quienes también cumplen prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres, de San Cristóbal.

También al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, con medida de coerción de garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien cumple prisión domiciliaria.

Mientras que por el Caso Coral 5G son procesados los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), además del capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

Igualmente, fueron acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

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Wilson Camacho alerta tribunal sobre estrategias de defensas que procuran dilatar casos corrupción Coral y Coral 5G

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho alertó este viernes al tribunal que conoce los casos Coral y Coral 5G que algunas defensas incidentan el proceso para dilatar su curso jurídico como una estrategia con la que luego persiguen el cese de la prisión preventiva que cumplen los imputados por corrupción administrativa.

“El Ministerio Público se ha mantenido vigilante, atento y dispuesto a colaborar con el proceso para que las defensas tengan acceso a todas las evidencias que hemos depositado en el caso Coral y Coral 5G”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Camacho se expresó en esos términos luego de que los abogados de los imputados solicitaran el aplazamiento de la audiencia para conocer la fusión de esos casos, a fin de tener más tiempo para estudiar el voluminoso expediente.

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud  de las defensas y aplazó para el 28 de octubre la audiencia para conocer sobre la fusión de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G planteada por el Ministerio Público.

Camacho destacó que los fiscales se mantienen abiertos a que las defensas y los imputados conozcan las pruebas que acompañan el expediente.

“Hay algo que hay que tener claro en este proceso: hay nueve personas que están privadas de libertad, y seis de esas nueve personas, han manifestado al tribunal no tener ningún inconveniente con el acceso a las pruebas, es un tema que el Ministerio Público ha garantizado desde el primer día”, dijo a miembros de la prensa de la fuente judicial cuando le respondía preguntas sobre este proceso por corrupción administrativa.

Agregó que, de los otros tres casos, una de ellas, incluso, también, admitió en el tribunal que tiene su propia computadora personal y que en consecuencia ha estado accediendo a las pruebas.

No obstante, Camacho detalló que el tribunal ha querido que los otros dos acusados ingresen sus computadoras personales al centro. “Este es un tema al que el Ministerio Público en ningún momento se ha opuesto porque nuestro caso no depende de si la defensa revisa o no revisa la gran cantidad de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este proceso, ese es un proceso blindado, y eso en modo alguno, afecta la fortaleza del mismo”, expresó.

Manifestó que “lo que sí nosotros le hemos advertido al tribunal es que estos planteamientos de las defensas, en muchos casos procuran dilatar el proceso, pretendiendo utilizarlos cuando avance el tiempo para querer luego que estas cuestiones surtan efecto a su favor con relación al cese de la prisión preventiva”.

En la audiencia participó, citado por el tribunal a instancia de una barra de defensa, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, quien expuso sobre los derechos de los privados de libertad.

Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

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