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EL SDSS EN UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Por Arismendi Díaz Santana.-

Veintitrés años después, el SDSS ha agotado una primera etapa con importantes avances cuantitativos, pero a un costo elevado en gasto de bolsillo y en pensiones insuficientes. El Sistema está en un punto de inflexión en el cual, para evitar un retroceso y fortalecerlo, es imprescindible iniciar la etapa cualitativa, basada en las reformas previstas en la Ley 87-01

El impacto de la Ley 87-01 debe medirse desde dos grandes dimensiones: 1) los avances con relación al viejo Seguro Social; y 2) los logros obtenidos, versus las metas prometidas y demandadas por los dominicanos.

Existe un crecimiento sostenido de la cobertura y del acceso a los servicios de salud. De apenas el 6.0%, a más del 96% de la población, incluyendo a las familias más humildes. Aumentó a un millón de pesos a los medicamentos de alto costo y a dos millones contra el cáncer. Elevación del límite de las medicinas ambulatorias a 12,000 y más de 100 nuevos fármacos y procedimientos.

El patrimonio de los trabajadores se ha multiplicado más de 10 veces: de solo 120.341.4 millones de pesos al 2010 a 1,213,344.0 millones al 2023. La cuenta de capitalización individual ya está cerca del millón de millones de pesos, representando el 79.3% del patrimonio total.

Pero, estamos a mitad de camino de las metas prometidas. Dos décadas después todavía existen insuficiencias, desigualdades e insatisfacciones, debido al retraso de las reformas estructurales dispuestas por la Ley 87-01. La ausencia de un PBS y de la atención primaria generan un desequilibrio financiero que acentúa el gasto familiar de bolsillo. Crece la brecha entre la cápita contributiva y la subsidiada. Elevada tasa de mortalidad. Rechazos y retenciones de pacientes y cadáveres.

Las pensiones serán muy bajas, con una tasa de reemplazo de apenas el 35% para una cotización completa. Alrededor del 85% de los trabajadores dominicanos recibirán una pensión mucho menor, debido a los años de aportes insuficientes. Continúa la falta de voluntad política, el afán de lucro desmedido, el clientelismo, la corrupción y las debilidades institucionales.

En materia de salud, es posible elevar a un 90% la satisfacción de los afiliados, sin necesidad de modificar la ley 87-01.

Reducir el gasto familiar de bolsillo: 1) inicio del primer nivel de atención, sin copagos, basado en la estrategia de Atención Primaria para todos; 2) reducción del costo de los medicamentos mediante la prescripción de medicinas genéricas de calidad comprobada; y 3) desmonte gradual de los copagos no incluidos en la ley.

Ampliar la cobertura del seguro familiar de salud: 1) un Plan Básico de Salud (PBS) con servicios más integrales; 2) un seguro de salud para todos los pensionados mediante un aporte solidario; y 3) afiliación de los trabajadores autónomos con capacidad contributiva.

Elevar la calidad y cobertura de los servicios médicos a la población subsidiada: 1) aumento del presupuesto público al SENASA para pagar a los hospitales por los pacientes atendidos; y 2) contratación de los recursos humanos basada en salario fijo más incentivos, de acuerdo a la dedicación y a los servicios prestados.

Garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos:  1) aumento de la tasa de reemplazo de todas las pensiones; 2) elevación del monto de la pensión de los trabajadores con cotizaciones insuficientes; 3) indexación anual de las pensiones y jubilaciones; y 4) aumento de la cantidad de las pensiones solidarias, para los adultos mayores de escasos recursos. Los dos primeros requieren de una reforma lo antes posible, y los últimos dos, dependen del CNSS y del Poder Ejecutivo.

La Ley de Seguridad Social, constituye la principal conquista social del país porque consagra el derecho a una protección integral a los más humildes y porque faculta a todos los afiliados a influir de manera real y efectiva en la asignación de los recursos, de acuerdo con sus necesidades más sentidas.

23 años después, el SDSS ha agotado una primera etapa basada en importantes avances cuantitativos, pero a un costo elevado en gasto de bolsillo y pensiones insuficientes. El Sistema está en un punto de inflexión en el cual, para evitar un retroceso y fortalecer el SDSS es imprescindible iniciar la etapa cualitativa, basada en las reformas previstas en la Ley 87-01. 

Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com.

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UN ESTADO PRIVATIZADOR

Por Arismendi Díaz Santana.-

Balaguer financió grandes centros médicos privados, prohijó la creación y expansión de las Igualas Médicas y Seguros privados y autorizó a las Secretarías de Estado, a las empresas públicas y a las instituciones autónomas y descentralizadas a contratar sus servicios

“Este Seguro Social es el más atrasado. Cada dos años vengo al país y no veo avances. De regreso rindo el mismo informe, solo cambiando el nombre del funcionario. ¿Cómo te llamas?”. Esta introducción de Alfredo Conte-Grand, consultor de la OIT, no me sorprendió, pero me picó el amor propio.

Ciertamente, el Seguro Social era el más anacrónico, fruto de la dictadura de Trujillo. Excluía a los empleados públicos y a los trabajadores privados de ingresos medios; sólo afiliaba a los obreros más pobres, sin su familia, y los expulsaba cuando aumentaban de salario.

El Seguro Social continuó estático ante el crecimiento de las zonas francas, del turismo, de las industrias manufactureras y de la construcción. Surgieron bancos comerciales, universidades, empresas de servicios, medios de transporte y comunicación, entre otras actividades. Creció el acceso de la mujer a la educación superior y al trabajo productivo. Ante la parálisis del Seguro Social, las grandes empresas e instituciones contrataron un seguro médico y un plan de retiro privado.

En vez de reformar al Seguro Social para responder a una demanda generalizada de protección social, el presidente Balaguer financió grandes centros médicos privados mediante el Fondo FIDE. Se construyó la Clínica Santo Domingo, el Centro Policlínico Naco y el Centro Médico Nacional. Además, decenas de clínicas privadas se ampliaron, remodelaron y equiparon. Balaguer prohijó la creación y expansión de las Igualas Médicas y Seguros privados. Contrataron sus servicios las Secretarías de Estado, las empresas públicas y las instituciones autónomas y descentralizadas.

Doble cotización y mayor gasto familiar de bolsillo

Además, en las negociaciones colectivas el sector laboral demandó contratar igualas y seguros médicos privados. La desprotección era tan grande, que los trabajadores de bajos ingresos preferían una doble cotización, antes que depender de una atención médica gratuita, pero incierta e insatisfactoria.

Fuimos el único país de la Región, y quizás del mundo, en donde los seguros privados voluntarios y costosos, tenían mayor afiliación que el Seguro Social obligatorio. Desde luego, esa preferencia tan marcada por la atención privada determinó el carácter mixto del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), tanto en salud como en pensión.

Esta creciente demanda por la atención privada no se debía, necesariamente, a que fuera un modelo de eficiencia, sino porque, a pesar de la cobertura limitada, superaba con creces al IDSS y a SESPAS, con servicios en horarios extendidos, sin paros ni falta de suministros, con atención personalizada y trato más considerado.  La ventaja del IDSS siempre residió en los tratamientos catastróficos y en las atenciones de mayor complejidad, ya que estos servicios eran excluidos por las igualas y seguros privados.

Creación del archipiélago previsional

Más del 90% de la población carecía de un plan de retiro, desamparo que indujo a crear múltiples planes de pensiones y jubilaciones con coberturas, beneficios y financiamientos muy disímiles, conformando un “archipiélago previsional” muy complejo.

Importantes empresas privadas e instituciones públicas crearon planes de pensiones y jubilaciones particulares, para los trabajadores hoteleros y gastronómicos, los portuarios y de la construcción. También para los médicos y enfermeras, los maestros, los profesores y empleados de la UASD y los periodistas, entre otros.

Politización, clientelismo y corrupción

 Como resultado de la politización y del clientelismo, el IDSS tenía 27.5 empleados por 1,000 afiliados, mientras el promedio de América Latina eran 8.3. Según Carmelo Meza-Lago, el IDSS tenía la más baja cobertura de afiliados, con 34.8 médicos por 10,000 asegurados, con un promedio de 1.1 consultas diarias. El gasto administrativo llegó al 35% del ingreso.

La corrupción arropó al IDSS: nóminas hipertrofiadas, sobrefacturación y nombramiento de centenares de sindicalistas y familiares de determinadas centrales. Según, el Dr. César Mella, ex director general del IDSS, “el IDSS fue convertido en un centro de corrupción, por los representantes gubernamentales, patronales y sindicales, lo que lo llevó al colapso total”.

La falta de voluntad política, la desprotección social, el clientelismo y la creciente privatización, impidieron la reforma del Seguro Social, y determinaron el carácter mixto, público/privado del SDSS. 

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Un sistema que no funciona: el de pensiones

POR J. LUIS ROJAS
(lrojas50@hotmail.com)

En términos prácticos, un sistema es un conjunto de elementos o componentes que interactúan de manera integral, con el propósito deliberado de lograr determinados objetivos comunes. En este ámbito, los sistemas se estructuran y operan a partir de procesos, normas y procedimientos. Todos los sistemas, sin importar su naturaleza y modalidad, para alcanzar sus objetivos sustanciales requieren de diferentes tipos de insumos, los cuales son procesados y transformados en productos o servicios. Como se observa, el concepto de sistema alude a integración, eficacia, eficiencia y a satisfacción de necesidades.

Cuando se investigan y conocen a profundidad los principios que rigen la Teoría General de Sistemas, se concluye, entre otras hipótesis, que en República Dominicana se denomina sistema a cualquier mojiganga. Por ejemplo, según la Ley 87-01 existe el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), el cual tiene como objetivo: “Regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales”.

En el contexto de la teoría, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) comprende a todas las instituciones públicas, privadas y mixtas que realizan actividades principales o complementarias de seguridad social, a los recursos físicos y humanos, así como las normas y procedimientos que los rigen. El órgano rector de dicho sistema es el Consejo Nacional de Seguridad Social, compuesto por 17 miembros titulares con un suplente cada uno, provenientes de los siguientes sectores: gobierno, empleador, laboral, Colegio Médico, profesionales y técnicos de la salud, trabajadores de microempresas, desempleados, discapacitados e indigentes y gremios de enfermerías. En la práctica, lo menos que hacen estos componentes es decidir y actuar para concretar el objetivo de la seguridad social dominicana.

A juzgar por los hechos y resultados, el Sistema Dominicano de Seguridad Social actual, opera al margen de los principios básicos de la Teoría General de Sistemas, ya que no hay sinergia entre los subsistemas que integran dicho sistema. La integración, el trabajo colaborativo y el compartir una misma misión y visión, son factores elementales para mantener cohesionadas y enfocadas a cada una de las partes que conforman el todo. Sin propósitos e intereses comunes entre los entes que interactúa alrededor de una determinada estructura, proyecto o causa, los sistemas no alcanzan su tarea clave: transformar insumos en productos o servicios para satisfacer necesidades. La burocracia inservible y los conflictos de intereses atrofian el buen desempeño de los sistemas.

Lo que está a la vista, no necesita anteojos. Las entidades que integran el SDSS tienen características parecidas a la de un archipiélago. Además, no existe comunicación efectiva entre ellas: Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Superintendencia de Pensiones (SIPEN), Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP),  Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), entre otras.

Hablando de sistema, recientemente la Superintendencia de Pensiones y el Banco Mundial anunciaron que firmaron un acuerdo de cooperación técnica para fomentar la investigación en temas relacionados al Sistema Dominicano de Pensiones, con la finalidad de generar posibles políticas públicas que mejoren y profundicen su entendimiento en las áreas que le competen. En este orden, el señor Francisco A. Torres, Superintendente de Pensiones, informó que a partir de ahora el Sistema Dominicano de Pensiones formará parte de una agenda de investigación más globalizada, en la que se profundizarán los temas de rotación laboral, equidad de género, densidad de cotización y los determinantes de la decisión de aportes.

«Por sus frutos los conoceréis» (Mateo 7:16). Bien harían los pensionistas dominicanos en rogarles al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para que las intenciones e iniciativas del Superintendente de Pensiones y del Banco Mundial, sean útiles y favorables a los intereses de los afiliados, debido a que el señor Francisco A. Torres, por lo general, siempre ha jugado en el equipo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP).

Ojalá que, con la firma del referido acuerdo de cooperación técnica, el Sistema Dominicano de Pensiones, logre ser más eficaz, eficiente, humano, justo y digno. Solo en un sistema de pensiones como el dominicano, el cual ha sido hecho a imagen y semejanza de los intereses del sector financiero, es posible que una Resolución, la 572-07, aprobada el 6 de julio de 2023 por el órgano rector de la seguridad social, nueve meses después, se haya aplicado de manera parcial. Un sistema de pensiones centrado en el bienestar de las personas proporciona informaciones continuas, precisas y útiles a los pensionistas.

Habla muy mal de la forma en que opera y es gestionado el actual Sistema Dominicano de Pensiones, ya que nueve meses después de aprobarse la Resolución 572-07, con la que se reconoce el derecho de miles de servidores públicos a recibir una pensión del Estado dominicano, por estar amparados en las Leyes 379-81, 87-01, 41-08 y por disposiciones establecidas en la Constitución de la República, todavía el CNSS, la SIPEN, la DIDA, la DGJP, las AFP y la Empresa Procesadora de la Base de Datos (EPBD), no saben qué hacer y qué decir con respecto a las 1,790 solicitudes de traspasos, revisadas y aprobadas por la Comisión Interinstitucional Evaluadora, en los períodos noviembre-diciembre, 2023 y enero-febrero de 2024.

A los pensionistas dominicanos, les queda santiguar al Superintendente de Pensiones y a los representantes del Banco Mundial, para que apliquen mejoras significativas y sostenibles a al mal llamado sistema de pensiones, el cual facilita y legitima que el Poder Ejecutivo otorgue pensiones a diestra y siniestra, a quienes nunca han trabajado en el sector gubernamental, así como a instituciones autónomas y descentralizadas del Estado dominicano (Banco Central, Junta Central Electoral, UASD, Banreservas, INABIMA, Colegio Médico, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, entre otras. En RD., muchas entidades públicas han creado distintos mecanismos para otorgar pensiones al margen de las disposiciones establecidas en el SDSS.

Sin ninguna duda, en República Dominicana existe un desorden mayúsculo con respecto a los asuntos previsionales. Un ejemplo fehaciente de ello consiste en la violación sistemática del principio UNIDAD de la seguridad social: “Las prestaciones de la Seguridad Social deberán coordinarse para constituir un todo coherente, en correspondencia con el nivel de desarrollo nacional”. Por la tranquilidad de los pensionistas dominicanos, la SIPEN y el Banco Mundial deberían actuar bien y rápido.  

¿Será qué el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) desea que los miembros del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) vuelvan a las calles a reclamarle a la Comisión Interinstitucional Evaluadora, conformada por la DIDA, SIPEN, DGJP y la ADAFP, que continúen conociendo y aprobando las solicitudes de traspasos, así como exigirles a la SIPEN, a la EPBD y a las AFP, que agilicen los operativos de traspaso de fondos de CCI a Reparto?

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AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Por Arismendi Díaz Santana.-

Los trabajadores autónomos representan el 57% de la PEA, aportan más del 15% del PIB y generan millones de empleos, por lo que merecen una mayor atención de las autoridades de la Seguridad Social

La afiliación de los trabajadores por cuenta propia o independientes continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas de seguridad social. Mucho más en América Latina donde, como en nuestro país, la gran mayoría de estos trabajadores realizan su labor sin estar registrados, ni habilitados por el Estado.

El tema va y viene, año tras año, con muy pocos avances porque, siendo un problema muy complejo, se tratan de aplicar soluciones muy simples, poco viables, de espalda a las características laborales, económicas y organizativas de esos trabajadores. Se les induce a afiliarse al Contributivo cubriendo el 100% del costo, lo cual implica un sacrificio muy grande. O se les afilia al Subsidiado, sin realizar ningún aporte, a pesar de que el 70% tiene capacidad contributiva.

En esta semana la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) celebra en El Salvador un Congreso con los objetivos de “promover la ampliación de la cobertura en Seguridad Social a colectivos de difícil inclusión, y conocer las experiencias exitosas en Iberoamérica”, con la participación de la DIDA. Esperamos que surjan ideas creativas en esa dirección.

La Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) estableció el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS), que les otorga un tratamiento especial a los trabajadores por cuenta propia, tomando en cuenta sus características laborales, su nivel de organización y su importancia social. Constituyen el 57% de la población económicamente activa (PEA), generan millones de empleos y aportan más del 15% del PIB.

Un sistema de seguridad social universal, obligatorio y solidario, no puede soslayar esta realidad objetiva: 1) que en el país la informalidad es estructural y no coyuntural; 2) que los trabajadores autónomos constituyen la mayoría de los trabajadores dominicanos; y 3) que tienen características laborales, organizativas y contables muy diferentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Mano de Obra del Banco Central, alrededor del 70% de los trabajadores independientes declara ingresos superiores al salario mínimo nacional, por lo que califica para el RCS, mediante un aporte propio y un subsidio inversamente proporcional al ingreso promedio mensual. El 30% restante corresponde al Régimen Subsidiado.

Desde luego, la incorporación de los trabajadores autónomos y de difícil afiliación requiere de flexibilidad, innovación, educación y persistencia. No obstante, lejos de aceptar este desafío, hace cinco años las autoridades sometieron un proyecto de ley para eliminar el Régimen Contributivo Subsidiado, incorporando a esa amplia población a uno de los dos regímenes restantes. El mismo fue desestimado.

Algunos técnicos y autoridades han rechazado a priori este nuevo régimen, a pesar de la existencia de tres estudios independientes que confirmaron su viabilidad técnica y financiera. El primero fue elaborado por nosotros mediante concurso de la SIPEN, y los otros dos, por expertos calificados de la OIT y de la OPS, respectivamente.

A finales del 2020, las autoridades nacionales y el CNSS optaron por afiliar a todos los trabajadores por cuenta propia al Régimen Subsidiado del SENASA. De esta forma, quedaron privados del derecho a la libre elección, obligándolos a acudir a servicios públicos considerados de baja calidad, incompletos y poco oportunos.

Esta indecisión tiene un alto costo financiero y social: 1) muchos no utilizan el carnet y continúan comprando un seguro médico privado cubriendo su costo total; 2) el país pierde la oportunidad de ir avanzando hacia la formalidad laboral; y 3) su afiliación como subsidiados les impide cotizar y acumular para recibir una pensión, al momento de su retiro.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) hace un llamado a las autoridades nacionales a una debida ponderación de las opciones disponibles a partir de la Ley 87-01, tomando en cuenta las características específicas de los trabajadores autónomos y su importancia en la generación de empleos y de riqueza social.

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EL GRAN APORTE DE AMUSSOL AL SDSS

Por Arismendi Díaz Santana.-

AMUSSOL expresa la creatividad dominicana, un punto luminoso del movimiento sindical. En todo el territorio nacional el RCS requerirá de centenares de “amussoles” para agrupar y afiliar a los trabajadores autónomos y cotizar mensualmente a la TSS.

102,972 son los afiliados agrupados por la Asociación Mutual de Servicios Solidarios (AMUSSOL) que cotizan regularmente a la Seguridad Social: 30,416 son titulares y 71,378 dependientes. Hace más de 8 años que se convirtió en uno de los 6 mayores cotizantes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), rivalizando con los Ministerios de Educación, Salud Pública, Agricultura, el Grupo Ramos, y el Central Romana.

El año pasado y sólo por los afiliados directos, AMUSSOL pagó a la TSS alrededor de 1,151,184,768.00 pesos para cubrir los tres seguros, a razón de un salario promedio cotizable de 15,770. 00, incluyendo a afiliados con salarios hasta tres veces ese promedio. En adición, AMUSSOL ha apoyado la formalización de 907 microempresas, dándole soporte técnico en los pagos mensuales a la TSS.

En 1998 AMUSSOL fue creada por la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) como un seguro para viajeros, y desde el 2005 se convirtió en un “empleador virtual” de los trabajadores del transporte y del sector informal. A finales del 2005, Gabriel del Río y Altagracia Jiménez me presentaron a AMUSSOL como un proyecto piloto. De inmediato advertí su creatividad y potencial para el Régimen Contributivo Subsidiado (RCS) y le dimos todo el apoyo técnico y le donamos la primera computadora.

Para que el CNSS reconociera a AMUSSOL tuvimos que vencer muchos obstáculos, ya que la Ley 87-01 no contempló un esquema de afiliación, recaudo y pago tan original y atípico.  Como Gerente General tuve que rendir un informe al CNSS demostrando su validez y viabilidad, a fin de vencer la resistencia inicial de los empleadores, el escepticismo del gobierno y el recelo de los otros sindicalistas.

Los trabajadores afiliados a AMUSSOL llevan una carga muy pesada, pues por ser autónomos tienen que cubrir el aporte completo, debido a la ausencia de un empleador solidario y al retraso del inicio del RCS.

Por ejemplo, un chofer del concho con ingreso mensual promedio de 30,000.00 tiene que cotizar 3,000.00 para salud, 2,991.00 para pensión y unos 200.00 para Riesgos Laborales, más otros 300.00, un 1%, para cubrir las operaciones de AMUSSOL. En total, aporta 6,491.00, es decir, el 22% de su ingreso mensual.

Aun así, el pago de esta enorme carga permanente e insostenible para la gran mayoría revela cuán importante es la seguridad social para los trabajadores autónomos. Y cuán viable es el RCS ya que, los millones autónomos que han sido afiliados al subsidiado, quedan inhabilitados de aportar mensualmente para su retiro durante la vejez.

El éxito de AMUSSOL descansa en una labor educativa y una evaluación objetiva, previa a la afiliación de los trabajadores por cuenta propia

Altagracia Jiménez, Gerente, señala que AMUSSOL afilia y protege al trabajador autónomo cuidando siempre no afectar al SDSS con declaraciones falsas, ya que el trabajador y su familia sólo podrán beneficiarse siempre que el sistema sea sostenible, fuerte, confiable y solvente. Por ello, se informa, educa, evalúa y se determinan los ingresos de cada grupo aspirante.

Por su adecuado desempeño y los logros obtenidos, en el 2012 la SISALRIL le entregó un certificado de acreditación como “promotor de salud”. A pesar de su delicada función y la responsabilidad de recaudar y cotizar más de 100 millones de pesos mensuales, la DIDA no ha recibido quejas sobre AMUSSOL. Según nos informan, la entidad es auditada por una firma privada y supervisada regularmente por las autoridades de la Seguridad Social. 

AMUSSOL es una microempresa con 21 empleados en SD, Higüey, Santiago y Azua, fruto de la creatividad del dominicano, el punto más luminoso del movimiento sindical. Es necesario regular este tipo de “modelo” ya que el RCS requerirá de centenares de “amussoles” en todo el territorio nacional para agrupar, afiliar y cotizar mensualmente a la TSS. 

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