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Wilson Camacho: “¡Siempre hay una excusa para favorecer los procesados por corrupción!”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- “He dicho que la carrera contra la corrupción y la impunidad no es de velocidad, es de resistencia. No podemos pretender mover las fronteras de la impunidad sin obstáculos, de todo tipo”, advirtió el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

En su discurso de agradecimiento por el “Reconocimiento a la Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2022”, que le otorgó la noche del viernes Participación Ciudadana, Camacho recordó: “Por ejemplo, en un momento el Poder Judicial alegaba que no podía castigar la corrupción porque los casos no llegaban a los tribunales, lo cual era cierto. Cuando los casos le llegaron, alegó que no llegaron con pruebas suficientes, lo cual podría ser cierto en algunos casos y discutible en otros”.

“Pero ahora que los casos les llegan con pruebas suficientes alegan que es demasiada, muy técnica, compleja y sobre muchas personas”, enfatizó. 

“Como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia de la creatividad del fiscal y no de la dinámica delictiva que se está investigando”, añadió. 

“¡En fin, siempre hay una excusa para favorecer a los procesados por corrupción! ¡Y cada quién sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia!”, expresó.

Camacho agradeció la distinción a Participación Ciudadana que, en el acto celebrado en la Biblioteca Pedro Mir, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), otorgó el mismo reconocimiento a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Con el galardón a ambos procuradores adjuntos, simbolizado mediante una estatuilla que simula una flor de loto, el movimiento no partidista brinda un “estímulo a todos los magistrados fiscales que desarrollan un trabajo tesonero en favor de la justicia y de los más altos intereses del pueblo dominicano”.

Durante el acto, la entidad resaltó que ya en 2016 la actual procuradora general, Miriam Germán Brito, fue objeto de dicho homenaje.

El profesional del Derecho y de la Sociología ponderó la distinción como un reconocimiento a una trayectoria profesional que debe agradecer a su madre, Minerva Mercedes Peralta; a su abuela Asunción Peralta; a su esposa Yeidy Olmeda y a su colega Yeni Berenice Reynoso. 

Agradeció además el hecho de formar parte del equipo de una mujer del talante de la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República.

“Los premios suelen ser individuales, los sacrificios colectivos. Así que tengo muy claro que este reconocimiento les pertenece a todos ustedes. Todos los compañeros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público hemos sido, y me incluyo, fogoneros de este tren que esta noche me trajo hasta aquí”, dijo.

A continuación su discurso:

Palabras de Wilson Camacho, procurador adjunto y titular de la Pepca, al recibir de Participación Ciudadana el Reconocimiento a la Integridad y la Lucha contra la Corrupción 2022

Buenas noches.

Quiero agradecer a los integrantes de Participación Ciudadana y a su coordinador general, Joseph Abreu, por la organización de este evento. Agradezco también la presencia de todos y todas.

Para estar aquí hoy debieron conjugarse un indeterminado número de variables. Pero debo destacar que no estaría aquí de no ser el hijo de Minerva Mercedes Peralta; el nieto de Asunción Peralta; el esposo de Yeidy Olmeda; el amigo, el compañero de lucha y colega de Yeni Berenice Reynoso y, sin lugar a dudas, de no ser elegido para ser parte del equipo de trabajo de una mujer del talante de la magistrada Miriam German Brito.

A esto se suma una cuestión indispensable, un formidable y comprometido equipo de trabajo, del cual en muchas ocasiones soy la cara, pero sin el que no sería posible nada de lo que podemos exhibir hoy ante la sociedad dominicana.

El éxito de cualquier gestión descansa en los hombros de su equipo de trabajo y el nuestro está compuesto por mujeres y hombres que escogieron defender los intereses de toda la sociedad. Han sacrificado el tiempo con sus seres queridos, la salud, el descanso necesario y hasta su seguridad y las de los suyos para perseguir un ideal: Mover las fronteras de la impunidad en República Dominicana.

Los premios suelen ser individuales, los sacrificios colectivos. Así que tengo muy claro que este reconocimiento les pertenece a todos ustedes. Todos los compañeros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa y de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público hemos sido, y me incluyo, fogoneros de este tren que esta noche me trajo hasta aquí.

No creo que existiría una gestión como la actual del Ministerio Público sin el empoderamiento social sin precedente surgido a finales de 2016 con el amplio movimiento social conocido como “Marcha Verde”. A todos ellos nuestro reconocimiento por demandar el destierro de la impunidad.

La corrupción es un problema, una desgracia en República Dominicana. Luchar contra ella entraña numerosos sacrificios personales de nosotros y de las personas que nos rodean. Hacer este trabajo de forma correcta implica comprometer el tiempo que antes dedicábamos a familiares y amigos, a los que ponemos en competencia con Job al exigirles cada vez más paciencia.

A veces las cosas que deberían ser comunes se convierten en heroicas y extraordinarias, lo que hemos hecho desde el Ministerio Público no ha sido algo más que cumplir con nuestro deber y hacerlo entregando alma, corazón y vida. ¡Lo que ha de hacerse, debe hacerse con pasión!

Es mucho lo que esta experiencia nos ha enseñado. Hemos aprendido a ser más pacientes, empáticos, solidarios, perseverantes y meticulosos. Pero también tercos… y hasta más chivo que una guinea tuerta.

Este proceso nos ha hecho a todos un poco contadores, economistas, ingenieros, analistas financieros, psicólogos… Nos ha hecho más abogados, hemos tenido que profundizar en el derecho penal, procesal y constitucional. Pero también hemos tenido que hacernos administrativistas. ¡En fin, este proceso nos ha hecho más fiscales!

La corrupción pública es un delito que corroe, destruye y drena el patrimonio de una nación desde los cimientos mismos del Estado. Afecta el desarrollo económico, social y el bienestar de los pueblos, impactando temas esenciales para su desarrollo como la educación, la salud, el empleo, la libre competencia… Impacta negativamente en la inversión extranjera y deja a los países, con sus gentes, sumidos en el atraso y la pobreza.

Kofi Annan definió la corrupción como una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.

La corrupción es un flagelo canceroso que castra nuestras posibilidades de desarrollo. Siempre deberíamos preguntarnos: ¿Cuántas víctimas deja un acto de corrupción? ¿Cuántos actos de corrupción puede promover una sola muestra de impunidad?

He dicho que la carrera contra la corrupción y la impunidad no es de velocidad, es de resistencia. No podemos pretender mover las fronteras de la impunidad sin obstáculos, de todo tipo.

Por ejemplo, en un momento el Poder Judicial alegaba que no podía castigar la corrupción porque los casos no llegaban a los tribunales, lo cual era cierto.

Cuando los casos le llegaron alegó que no llegaron con pruebas suficientes, lo cual podría ser cierto en algunos casos y discutible en otros.

Pero ahora que los casos les llegan con pruebas suficientes alegan que es demasiada, muy técnica, compleja y sobre muchas personas. Como si las pruebas y los involucrados en un caso fueran la consecuencia de la creatividad del fiscal y no de la dinámica delictiva que se está investigando.

¡En fin, siempre hay una excusa para favorecer a los procesados por corrupción! ¡Y cada quien sabrá ante qué espejo pondrá su rostro para que lo refleje la historia!

Ya lo cantó Pablo Milanés:

“La historia lleva su carro y a muchos los montará

Por encima pasará

De aquel que quiera negarlo.”

Es una realidad que en República Dominicana hay que sobreprobar cuando se trata de casos de corrupción. En estos procesos se desnaturaliza y tergiversa al extremo. Se ha creado un estándar irracional y metafísico para mantener abiertas las puertas de la impunidad.

Hagámonos algunas preguntas: ¿Dónde están las sentencias de principios jurídicos en materia de corrupción? ¿Dónde están las sentencias, al menos, buenas sobre corrupción? ¿Dónde está el contenido pedagógico de las decisiones sobre corrupción? ¿Cuál es el mensaje que nos transmiten estas decisiones? ¿A qué se apuesta?

El cuidado y la cobardía suelen estar presentes al momento de juzgar casos de corrupción. Se suele temer castigar a miembros de espacios de poder que luego pueden decidir el futuro del juzgador. El operador del Sistema de Justicia tiene que aplicar la ley, aunque se la cobren luego.

Una cosa es segura, la historia nos ha de evaluar a todos. Cuando eso suceda, cuando la historia pase balance, desde el Ministerio Público procuraremos tener la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido.

Habremos hecho lo correcto al combatir la corrupción y la impunidad.

Reducir la impunidad a su mínima expresión es una asignatura pendiente de pasadas generaciones. Es una obligación de nuestra generación y debe ser un tema superado para las generaciones futuras. La corrupción y la impunidad deben ser derrotadas.

Finalmente, estoy aquí por la gracia de Dios y la generosidad de una institución como Participación Ciudadana, guardián de la institucionalidad, el Estado de derecho y el fortalecimiento democrático en República Dominicana, así como por la generosidad de Transparencia Internacional.

Ser fiscal, en sentido general, es un tema de vocación, vocación que nos motiva a levantarnos cada día y dar lo mejor sin esperar reconocimiento. No obstante, gracias por tomar en cuenta nuestro trabajo. Este noble gesto es un estímulo que nos compromete a seguir dando lo mejor de nosotros para construir un país libre de impunidad.

¡Muchas gracias!

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Wilson Camacho: «Este es el único país que los tribunales se empeñan en beneficiar procesados por corrupción»

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Este país es el único en el mundo en el que el debido proceso y la lógica solamente aplica para beneficiar a los procesados por casos de corrupción”, lamentó el procurador adjunto Wilson Camacho al referirse a las decisiones judiciales que favorecen a acusados de sustraer fondos de los contribuyentes de distintas entidades del Estado.

Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuestionó la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, de disponer el cese de la prisión preventiva para el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, Taner Flete y al coronel Rafael Núñez de Aza, imputados en el caso Coral.

“Este tribunal, con la decisión de hoy, pretende que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones, pretende que el Ministerio Público no haga investigaciones exhaustivas y pretende, en consecuencia, que el Ministerio Público ejerza de manera irresponsable su función”, dijo. Pero, “eso no va a pasar”, añadió.

Precisó que, a pesar de las pretensiones del tribunal con ese tipo de decisión, el Ministerio Público continuará actuando apegado a la ley y con la responsabilidad que lo caracteriza en estos casos.

“Nosotros no vamos a ejercer de manera irresponsable nuestras funciones. Nosotros seguiremos presentando procesos del tamaño de la dinámica delictiva que estamos investigando, no vamos a hacer otra cosa que no sea cumplir con el mandato de la ley”, dijo.

“El que en nuestros procesos haya violado la ley, se sentará en el banquillo de los acusados, independientemente de estos mensajes que pretenden que el Ministerio Público, repito, ejerza de manera irresponsable sus funciones”, enfatizó Camacho, al ser abordado por los periodistas que cubren la fuente judicial.

Puntualizó la incoherencia de la decisión de la jueza, al indicar que “el tribunal en el día de hoy asume, acepta y manifiesta la alta complejidad de este caso, pero esa complejidad no sirve para entender que en un caso muy complejo en consecuencia, necesita que el Ministerio Público le dedique tiempo para hacer estas investigaciones”.

Para explicar la complejidad de la labor que realiza el órgano de justicia en estos casos, el procurador adjunto  sostuvo que para “procesar a 17 empresas, muchas veces el Ministerio Público tiene que depurar cientos de empresas y ese es un tema que simple y llanamente los tribunales de este país no lo entienden, salvo para favorecer a los acusados”.

Camacho, quien estuvo acompañado en audiencia por los fiscales  Miguel Collado, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemus y Jonathan Pérez, fue enérgico al criticar la protección que se brinda en los tribunales a los imputados por corrupción.

Recordó que a los acusados se les otorgaron 95 días para defenderse de la acusación del Ministerio Público. “Pero ahora el culpable es el Ministerio Público por hacer una investigación amplia y una investigación exhaustiva. Ahora bien, nosotros vamos a seguir con nuestro rol y seguiremos presentando ante los tribunales a todo el que tengamos evidencia de que ha violado la ley”, añadió.

Al favorecer a los imputados con la variación de la coerción, la jueza Rivas dispuso prisión domiciliaria para el general Cáceres y Nuñez de Aza. Además, el pago de una   garantía económica de 100 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, la colocación de grilletes electrónicos e impedimento de salida del país.

A Guzmán le estableió arresto domiciliario, impedimento de salida, la colocación de un grillete electrónico y una garantía económica de 50 millones de pesos a través de una compañía. 

Mientras a Flete le fue colocado impedimento de salida, arresto domiciliario y un grillete electrónico.

El caso de Carmen Magalys Medina Sánchez 

Al ser cuestionado sobre la decisión de  la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ordenó retirar los grilletes electrónicos a Carmen Magalys Medina Sánchez, imputada en el caso Pulpo, Camacho señaló que la prisión domiciliaria que pesa sobre ella, permitirá que siga presente en los demás actos del proceso.

Sin embargo, recordó que la imputada Medina Sánchez ha sido una imputada amenazante e insultante al Ministerio Público en los tribunales. “Esta es la forma en la que se le responde desde el Poder Judicial”, deploró.

“En el caso de Magalys Medina, que es una acusada del caso Pulpo, seguirá con su medida de coerción de arresto domiciliario, por ende, nosotros entendemos que esa medida de coerción permitirá que siga presente en los demás actos del proceso”, dijo.

“Lo curioso es, que a este tipo de imputado, que han tenido comportamientos amenazantes en los tribunales e insultantes contra el Ministerio Público, esta es la forma en la que se le responde del Poder Judicial”, dijo.

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Califican de «irracional» decisión de corte que ratificó privilegio de prisión domiciliaria acusados de corrupción

El titular de la Pepca señaló que el tribunal no dio respuestas a los principales argumentos presentados por el Ministerio Público

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho calificó de irracional la decisión de la  Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, que mantuvo la prisión domiciliaria como medida de coerción  a Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa y José Dolores Santana Carmona, acusados en la red de corrupción en el Caso Antipulpo.

“La corte ha tomado una decisión irracional, en el mismo nivel de irracionalidad de la decisión que había tomado previamente el Séptimo Juzgado de la Instrucción, que no valoró en consecuencia, elementos, a los que hemos hecho (alusión) nosotros en el Séptimo Juzgado de la Instrucción y que hemos hecho aquí, con relación al nivel de complejidad de estos procesos”, dijo Camacho al ser abordado por la prensa a su salida de la audiencia de este jueves en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) señaló que en la audiencia de este jueves el tribunal, formado por las juezas Nancy Joaquín, presidenta de la sala, María Daneira García y Daniel Nolasco, no respondió a los argumentos planteados por el Ministerio Público para revertir la decisión que envió a prisión domiciliaria a los imputados. 

“No sabemos si en este caso el tribunal lo hará en su decisión por escrito, pero en la decisión oral que se rindió en el día de hoy, la corte ha dejado de responder los principales argumentos presentados por el Ministerio Público”, sostuvo Camacho, quien encabezó el equipo integrado, además, por la coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y los fiscales Elizabeth Paredes y Ernesto Guzmán Alberto.

En la audiencia de este jueves el Ministerio Público buscaba el cese de la resolución que varió a prisión domiciliaria le medida de coerción de prisión de preventiva que pesaba sobre los acusados Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, decisión que fue tomada por el  juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Para hacer efectiva esta variación,  Medina Sánchez, principal acusado del caso,  presentó  una garantía económica de RD$60 millones de pesos y Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de RD$30 millones.

En tanto que a José Dolores Santana y a Wacal Bernabé Méndez Pineda les fue impuestas garantías de 20 millones de pesos cada uno.

Al ser cuestionado sobre la decisión adoptada por el tribunal, Camacho indicó: “Podemos concluir que se trata de otra decisión irracional, pero las irracionalidades suelen ser comunes en los casos de corrupción”.

El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez de dirigir un entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano con miles de millones de pesos de los contribuyentes, aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

Juan Alexis Medina Sánchez y otras 27 personas físicas y 21 compañías enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos, de unas 3,500 páginas. También, el caso se sigue contra Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, quien era ministro de Salud Pública, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

El pasado 1 de agosto, por su vinculación con el caso, el juez Peguero impuso medidas de coerción a Carlos Montes de Oca, quien recibió prisión preventiva por tres meses para cumplirla como los demás acusados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, y Paola Mercedes Suazo, a quien le impuso garantía económica, presentación periódica ante el Ministerio Público e impedimento de salida del país.

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Corrupción: Buscan fusionar casos Coral y Coral 5G por tratarse de los mismos hechos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho confió en que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fusionará los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, como solicitó el Ministerio Público, debido a que involucran los mismos hechos, personas e instituciones.

Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se refirió al tema al responder a los periodistas que lo abordaron al concluir la audiencia la noche del viernes. “Entendemos que esta solicitud debe ser acogida por las razones siguientes: se trata de los mismos hechos, se trata de las mismas personas involucradas en ambos procesos Coral y Coral 5G, y se trata de las mismas instituciones”.

Recordó que “en ambos casos estamos hablando de la afectación de Cestur (Cuerpo Especializado de Seguridad Turística), del Cusep (Cuerpo de Seguridad Presidencial) y del Conani (Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia)”.

En ese sentido, el titular de la Pepca expresó “que no hay ninguna razón para que una solicitud de esa naturaleza, que ha sido realizada en derecho, sea rechazada”

Indicó que, incluso, lo que exige el Código Procesal Penal es que la solicitud de fusión no vaya a retrasar el proceso. “En este caso, contrario a eso, lo que sucede con Coral 5G, es que, en tiempo récord, en meses, este caso tiene una acusación y se podrá conocer la audiencia preliminar, por lo que esta solicitud que hace el Ministerio Público, repito, en derecho, debe ser acogida”, subrayó.

“Como he dicho, el Ministerio Público ya presentó la solicitud de fusión, varias defensas se refirieron, e incluso, algunas de estas defensas no se han opuesto a la solicitud del Ministerio Público, y esa debe ser la posición correcta cuando se hace exclusivamente en derecho”, dijo.

Deploró que los imputados pretendan seguir intentando retrasar el proceso. “Hemos iniciado el conocimiento de la audiencia de fusión y esta audiencia se ha iniciado a pesar de los intentos de las defensas por seguir retrasando el proceso, las cuales hicieron algunas solicitudes a las que el Ministerio Público se opuso y que fueron rechazadas por el tribunal”, manifestó.

En la audiencia, que por razones de espacio se celebró en la Sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el procurador adjunto Wilson Camacho representó al Ministerio Público junto a Miguel Collado, Melbin Romero, Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez.

En el transcurso de la audiencia la jueza de Instrucción Yanibet Rivas ratificó la decisión de rechazar la exclusión de los querellantes como solicitó la defensa del acusado Adán Cáceres y de otras que se adhirieron.

La magistrada Rivas aplazó la fusión de los expedientes y el inició de la audiencia preliminar para el próximo viernes 4 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana.

Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, la Pastora; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En tanto que en la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados y cumplen medidas de coerción los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

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Pepca: Deben mantenerse medidas de coerción imputados en sorteo fraudulento de Lotería

 SANTO DOMINGO, RD.- El procurador adjunto Wilson Camacho sostuvo este viernes que la justicia debe mantener las medidas de coerción impuestas a los vinculados al sorteo fraudulento de la Lotería Nacional, en cuyo proceso han surgido nuevas evidencias.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo que en este caso fueron aportados nuevos elementos probatorios, incluyendo las querellas de varias bancas de lotería que resultaron perjudicadas. Indicó que el monto defraudado en el sorteo del 1 de mayo de este año asciende a más de 500 millones de pesos.

El representante del Ministerio Público produjo sus declaraciones al ser entrevistado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, previo al conocimiento de la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuestas al grupo de personas arrestadas en la Operación 13, audiencia que se lleva a cabo en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Por el caso son procesados el suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta.

En relación con el prófugo Leónidas Medina Arvelo, alias Nazaret, “el Ministerio Público ha puesto en movimiento las herramientas que le permite la cooperación internacional a fin de que esa persona pueda ser traída al país en el menor tiempo posible”, indicó Camacho, en respuesta a miembros de la prensa.

Ante preguntas sobre los procesos judiciales en curso por lavado de activos y narcotráfico, dijo que el Ministerio Público, bajo el liderazgo de la procuradora general Miriam Germán, está trabajando para reducir la impunidad a su mínima expresión, “no importa si los casos se tratan de corrupción, de narcotráfico o de lavado de activos”.

En torno a ese aspecto, declaró también que el órgano de la persecución penal procesará a cualquier persona de la que obtenga evidencias que se ha involucrado en este tipo de ilícitos.

La investigación del Caso 13 está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, que encabezan los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

 

 

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Conrado Pittaluga “no tiene ni un papelito” para justificar los sobornos que recibió de Odebrecht, según la Pepca

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho afirmó este jueves que “ni un solo papelito” puede mostrar el imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno para contrarrestar la imputación de que recibió 6.6 millones de dólares en soborno, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

“No hay nada, absolutamente nada, de lo que ha planteado la defensa de Conrado Pittaluga que no esté rebatido, no por nuestros argumentos, sino, por las pruebas”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a periodistas que cubren el proceso que se conoce en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Como ejemplo, citó que Conrado Pittaluga recibió 6.6 millones de dólares, más de 230 millones de pesos a la tasa de 2009. “Él dice que se trata de pago por honorarios”, dijo, pero, “no hay un solo papelito” que diga que Odebrecht le pagó para cubrir honorarios.

Llamó a reflexionar “si es posible que un ser humano reciba 230 millones de pesos y la empresa que le paga no tenga un solo papelito que diga que ese dinero fue de honorarios”.

“No se lo dio la empresa a ellos y la empresa ha dicho aquí, y en los documentos de corroboración, que ese pago salió del Departamento de Operaciones Estructuradas, que fue un pago para sobornos”, añadió.

Camacho dijo que esa es la realidad que a la defensa de Conrado Pittaluga, simple y llanamente le resulta incapaz de rebatir. “Los juicios no es lo que se dice, sino lo que se puede probar y nosotros hemos dicho que ese dinero se recibió del Departamento de Operaciones Estructuradas”, apuntó.

Agregó que de ese departamento se hacían solo pagos para dos cosas,  “para sobornos y para pagos ilícitos de campaña; es decir, no había nada lícito que saliera de ese Departamento de Operaciones Estructuradas, y es del lugar donde le pagan nada más y nada menos que más de 230 millones de pesos a Conrado Pittaluga”.

Las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, escuchan los argumentos y discursos de cierre de las partes, respecto a la acusación del Ministerio Público por los US$92 millones de sobornos que distribuyó Odebrecht con el fin de lograr la adjudicación de obras públicas.

En la jornada de este jueves la defensa de Pittaluga Arzeno expuso sus alegatos respecto a la acusación por los delitos de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.

Los fiscales que representan al Ministerio Público pidieron al tribunal en audiencias anteriores, al presentar su discurso de clausura, que el imputado Pittaluga Arzeno, fuera condenado a 7 años de prisión.

También, pidieron condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como para Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.

En tanto que condenas de 5 años de prisión pidieron para los también procesados por este caso, Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

El órgano acusador también pidió que todos paguen una multa de 200 salarios mínimos y que se ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

La acusación del Ministerio Público destaca que este órgano persecutor de la corrupción pudo determinar que durante el período comprendido entre 2002 y 2014 el imputado Rondón Rijo entregó altas sumas de dinero por concepto de sobornos a los imputados, quienes producto de las actividades ilícitas con Odebrecht, lograron incrementar de manera exorbitante sus respectivos patrimonios, con montos millonarios que no pueden justificar.

El tribunal dispuso la suspensión de la audiencia hasta el próximo lunes 20 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, sesión en la que continuará escuchando a la defensa de Pittaluga Arzeno.

 

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