Directora Ejecutiva Participación Ciudadana demanda impulsar reformas sistema de justicia

La Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa Pérez, demanda impulsar las reformas del sistema de justicia dominicano, ya que en estos momentos se encuentra en un estado de hibernación. A pesar de que la reforma de la Constitución del 2010, uno de los poderes que más recibió impacto fue el Poder Judicial, éste aún no ha salido de ese trance. Subrayó que fue tan aviesado el poder político contra la Suprema Corte de Justicia de ese entonces, que en la Constitución se estableció que el CNM tiene la facultad exclusivamente de evaluar a los jueces de la SCJ, y a los demás jueces de las altas cortes, quién los evaluará, se preguntó.

Demanda el rediseño del sistema de justicia, debemos superar el Estado legal y construir una justicia acorde a un Estado Social y Democrático de Derecho. “La Constitución es un código político y el poder político atentó contra el Poder Judicial y es su deber impulsar el proceso de reforma que se encuentra en un gran letargo”, afirmó.

Sosa Pérez, compara el proceso en que se encuentra el sistema de justicia dominicano con lo que le sucede a los osos en el invierno, que hibernan, es decir, se aletargan, entran en prolongados periodos de inactividad o sueño profundo.

«Esto sucede en el Poder Judicial, se encuentra en un letargo, generando un impacto negativo en la democracia, éste solo sobrevive y ha desacelerado su rol en la reforma frente a los demás Poderes del Estado, ha ralentizado la democracia, recordando que es imprescindible que para que la democracia marche, un sistema de justicia que funcione, agregó.

Entiende que el Consejo Nacional de la Magistratura, único órgano constitucional que representa a los tres Poderes del Estado, no debe ser un Consejo que sólo convoque y designe a los jueces de las altas cortes, y en particular que convoque, evalúe y designe a los jueces de la SCJ, sino que debe revisar su papel dentro de la democracia. La reforma que la cultura política dominicana está acostumbrada a realizar es de personas y hay que enfocarse en lo institucional, las personas pasan, las instituciones quedan, de eso que no nos quede la menor duda, subrayó.

Manifestó preocupación con las reformas a los artículos del Código Procesal Penal, así como la del nuevo Código Penal de futura aprobación, y cuestionó si el Congreso evaluó cuánto nos costará la implementación de esas reformas, partidas que deben estar consignadas en la Ley de Presupuesto General del Estado. En caso contrario, esas reformas no tienen ni efecto ni validez, si no se identifican los recursos necesarios para su ejecución. No podemos seguir aprobando leyes y vendiendo una imagen de lucha contra la delincuencia en violación a nuestras propias normas constitucionales, esto es, sin identificación de los recursos para su ejecución, sin políticas públicas claras hacia dónde queremos llevar nuestro sistema de justicia frente al modelo constitucional “Estado Social y Democrático de Derecho”. El Congreso se ha constituido en un productor de leyes de imposible ejecución, argumentó.

Recomienda aprovechar la oportunidad en que el Presidente de la República demandó “que la Justicia debe actuar con drasticidad ante los actos delincuenciales” y planteó a la sociedad “reclamar que los malhechores no sean liberados”; que el Presidente de la SCJ afirmó que evaluará dichas demandas; que el Procurador General de la República habló que es el momento de una nueva ola de reforma y el nuevo Jefe de la Policía Nacional pretende implementar un nuevo modelo de gestión en su institución.

Es el momento recordar los contenidos del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito en fecha 9 de agosto del 2006, para que los suscribientes cumplan con su deber y se sientan en la Mesa de Coordinación Interinstitucional, para concentrar sus esfuerzos no individuales, sino en conjunto, para mejorar la gestión del proceso penal para que exista una debida coordinación, cooperación e integración que lo haga funcionar como un verdadero sistema, subrayó.

Es inexcusable las constantes imputaciones sobre quién es el responsable de las disfuncionalidades del proceso penal, si la Policía o el Ministerio Público, el Defensor público o privado o el Juez, hasta se le atribuye a la norma procesal penal, es momento de que los operadores se vean las caras como un sistema, ya que la ausencia de coordinación, cooperación e integración así como las actitudes y aptitudes constituyen el gran obstáculo en el sistema de justicia penal, afirmó la directora ejecutiva del movimiento cívico PC.