Afirma con aumento penas a menores no resuelve delincuencia juvenil

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo este viernes que con la modificación al Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescente no se registraron efectos positivos en el país, porque el aumento de la pena no resuelve el problema de la delincuencia juvenil.

Consideró además, que con esto se crea un conflicto dentro del sistema de protección de los menores, al establecer que se mantengan recluidos en esos espacios hasta los 25 años.

Reconoció que el sistema de protección de niños, niñas y adolescente es bastante complejo de administrar y que además cuenta con pocos recursos para individualizar por grupos.

El funcionario apuntó que»no podemos poner una camisa de fuerza al sistema con adultos de 22, 23 y hasta 25 años, además de que es irracional porque la pena máxima es de ocho años, lo que no encuentro la más mínima lógica».

Indicó que esa modificación está desfasada de la realidad social y material del país, tras destacar que lo único positivo que tiene el aumento de la pena es la satisfacción a la sociedad dominicana y más aún a la víctima, que se siente segura de que esa persona no saldrá tan pronto del recinto donde está recluido.

El procurador general de la República habló del tema al participar en la conferencia «Nuevas Modificaciones al Código de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes con énfasis en el aumento de las penas», auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Niños de Camino y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otros.

Agregó que esa modificación agravó el sistema de corrección porque esos menores, con grandes limitaciones materiales, no pueden permanecer hasta los 25 años recluidos en esos centros ya que los de 16, 17 y 18 años, a través de mecanismos, abusan sexualmente de los menores en horas de la noche.

Domínguez Brito recomendó que luego de cumplir los 18 años deben pasar a los centros de corrección y rehabilitación para adultos del nuevo modelo de gestión penitenciaria que implementa la Procuraduría, donde se desarrollan programas de alfabetización, enseñanza media y universitaria, talleres, además de otras disciplinas.