Los abogados definieron como falso el argumento de que todas las parcelas integradas en el acuerdo propuesto por el Poder Ejecutivo a principio del 2013 constituyen Reservas Científicas, asegurando que “la verdad fácilmente demostrable es que más de un tercio de los terrenos “nunca han sido parte del Parque Nacional Jaragua, y el restante 65 ciento están situadas dentro del Cuarto Polo Turístico de la República Dominicana, creado por la Ley 266-04”
Los señalamientos están consignados en un documento suscrito por los abogados Eric Raful, José Marrero, Frank Reinaldo Fermín, Anny Morúm, Víctor Aquino, Olmedo Alonso, Rafael Herasme y Ricardo Ayanes, quienes representan a propietarios de la zona con títulos validados por decisiones del Tribunal Superior de Tierra.
Indicaron que “es un insulto a la majestad de la justicia y al propio Poder Judicial, declarar sin pruebas que los derechos de propiedad cuyos registros fueron ordenados por un tribunal competente, son fraudulentos; como es también un insulto para toda la sociedad pretender negar que las propiedades legitimadas por el Tribunal superior de Tierras forman parte del cuarto Polo Turístico creado por la Ley 266-04”.
Litis representa 17 años de retraso para el desarrollo Región Sur
“Los propietarios de las parcelas del Litoral de Pedernales, cuyos títulos están avalados por decisiones del Tribunal Superior de Tierras a través de procesos ajustados a las normas legales y a las prácticas comunes aplicadas en situaciones inmobiliarias similares registradas en los principales polos turísticos del país, llaman la atención sobre el insensato interés de la Procuraduría General de la República de impedir una solución jurídica racional a un conflicto inmobiliario que ha congelado el desarrollo turístico de la Región Suroeste durante los últimos 17 años y le niega al Estado la posibilidad de beneficiarse del 55 por ciento de las parcelas depuradas y legalizadas por el sistema judicial dominicano, tal como se establecía en el acuerdo anunciado a principio de este año por el Presidente Danilo Medina”, expresa el documento.
Expone el documento que “en un proceso en el que participan como demandadas más de 600 personas, es innegable que se requiere para su conocimiento en el marco del buen derecho, de una depuración procesal extensa, exhaustiva, rigurosa y compleja, que de ajustarse a las leyes y jurisprudencia de la materia, necesariamente debería culminar con la validación de los títulos de propiedad legitimados por decisiones del Tribunal Superior de Tierras mediante un proceso diáfano y hasta ahora jurídicamente incontestable”.
Sostienen los juristas que la oposición a un acuerdo como el que ha propuesto el Poder Ejecutivo para superar el litigio inmobiliario, solo logrará retrasar el desarrollo de la Región Suroeste cuya principal alternativa de progreso a corto y mediano plazo se sustenta en el turismo y su efecto transversal en todas las actividades productivas.
Consideran como absurda la terca negativa a reconocer que “los Certificados de títulos de nuestros representados fueron expedidos por Resoluciones del Tribunal Superior de Tierras, las cuales poseemos debidamente certificadas y que ese mismo tribunal ordenó su deslinde expidiéndose esos Certificados de Títulos con anterioridad al inicio de la litis”.
“Sería interesante saber, agregan los abogados, cuál es el interés en anular títulos absolutamente legales, si se sabe que tarde o temprano la majestad de la justicia se impondrá: ¿obtener sentencias complacientes?, ¿acorralar a la justicia alegando una causa popular?; ¿O es que algunos acarician hacer negocios con tierras de otros? Si es eso, como tenemos algunas informaciones, sería mejor que apunten para otro lado, ya que los propietarios legítimos defenderemos nuestros derechos hasta las últimas consecuencias”.