Las multinacionales Caelum y Pyhex apelan decisión de la JCE

La multinacional alemana Caelum y la norteamericana Pyhex apelaron a la Dirección General de Contrataciones Públicas, tal como establece la Ley, la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de rechazar sus impugnaciones a los resultados de la licitación para la producción del nuevo documento de identidad dominicano.

Francisco Álvarez, abogado de Caelum, y Rodolfo Ganna, presidente de Pyhex, se mostraron desconcertados con la inexplicable celeridad que la JCE rechazó sus impugnaciones y procedió a firmar el contrato con Copy Solutions International (CSI), la empresa favorecida en el irregular proceso.

“Llama poderosamente la atención que la JCE decidiera rechazar las impugnaciones en apenas horas y se apresurará anunciar su decisión justo el 24 de diciembre, un día de fiesta. También despierta suspicacia que de inmediato firmaran el contrato con CSI. Lo cual hace pensar que, tratándose de un documento tan complejo, estaba redactado desde mucho antes”, advirtió Francisco Álvarez.

En las apelaciones de ambas empresas, que fueron entregadas a finales de la pasada semana, también se destaca el hecho de que la JCE rechazara las impugnaciones sin contestar o explicar la mayoría de los argumentos expuestos en las mismas. «Ante la ausencia de razón, se deciden por el silencio», apuntó el abogado.

El presidente de Pyhex, Rodolfo Ganna, adviritó que este proceso de apelación atañe a toda la sociedad dominicana, “porque la JCE ha escogido para la nueva Cédula de Identidad la propuesta menos segura y más cara de todas las presentadas. Eso quiere decir que el país invertirá 16.3 millones de dólares en un documento peor que el que tenemos actualmente”, dijo.

Según Francisco Álvarez, quien representa a Caelum desde la oficina de abogados de Headrick Rizik Alvarez & Fernández, la multinacional alemana impugnó el proceso de licitación por las serias irregularidades que presentó de principio a fin, las cuales se detallan en el documento enviado al órgano rector de las contrataciones públicas.

El objetivo especifico de la JCE en la Licitación consistía en “elaborar un moderno y seguro documento de identidad y electoral, que procura otorgar mayores garantías a la documentación de identidad nacional”. Luego, en su página web publicó que la próxima Cédula de Identidad dominicana será biométrica.

“Ninguna de esas dos cosas será posible con la propuesta de Copy Solutions International (CSI), que fue la favorecida por la JCE. El plástico que ofrece CSI no contempla micro chip, por lo que es imposible que la cédula contenga datos biométricos. Si se examina el documento de evaluación, podrá comprobarse que tampoco tendrá lámina holográfica, una medida de seguridad que ya es estándar en el mundo, ni impresión ultra violeta variable; esto último no sólo hace a la tarjeta menos segura, sino que implica la descalificación de CSI, porque era algo obligatorio en el pliego de condiciones», aseguró Francisco Álvarez.

En el proceso de licitación se identificaron graves irregularidades que pusieron en duda su transparencia. Según la apelación de Caelum, la JCE violó la Ley al no incorporar los valores de ponderación para el análisis de la propuesta en el pliego de condiciones, sino que se los reservó para fijarlos una vez que tuvieran en las manos todas las propuestas técnicas.

En la apelación también se denuncia que la JCE estableció unos criterios de evaluación ilógicos para el logro de los objetivos anunciados. Del total de la evaluación, se otorgó un 70% al equipo de impresión, un 20% a la seguridad, calidad y confiabilidad de la cédula, y solo un 10% a la propuesta económica. Pero además, de 19 características que el pliego exigia, sólo se valoraron 8, sin que la JCE haya explicado las razones.

“Las nuevas cédulas no contarían con los niveles de calidad y seguridad que se requieren actualmente, facilitando posibles fraudes electorales y la suplantación de identidad en otros procesos como los trámites bancarios. La JCE llegó a descartar propuestas que incluían soluciones que, entre otras cosas, facilitarían la documentación de los extranjeros residentes en el país. Por eso confiamos que en nuestra apelación servirá para retomar el proceso y hacer que se logren los verdaderos objetivos del mismo”, concluyó Francisco Álvarez.

Otras licitaciones de la JCE que también han sido cuestionadas le han generado al país pérdidas millonarias sin solucionar los verdaderos problemas que confronta el documento de identidad nacional: el proyecto con Datocentro, en 1999, y el proyecto SOMO, en 2004, son los dos casos más graves.