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ECONOMIA

PE somete al Congreso proyecto daría participación al Estado en negocio eléctrtico

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en

energiaEl presidente Danilo Medina sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley que autoriza la participación provisional del Estado como promotor, titular y/o propietario directo o indirecto en la actividad de generación de electricidad, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

El proyecto enviado al Senado autorizará la incursión y participación del Estado dominicano, a través de la CDEEE, en la actividad empresarial de generación de electricidad, ejerciendo la promoción, titularidad y propiedad, directa o indirecta, ya sea por cuenta propia y/o asociado con el sector privado, en proyectos de generación eléctrica que tengan como objetivo la modificación de la matriz energética y para ampliar la oferta de generación, a partir de fuentes de bajos costos y poco impacto medioambiental.

El artículo dos del proyecto establecería que la participación subsidiaria del Estado dominicano en la actividad de generación de electricidad será provisional, hasta tanto se logre la contratación y el inicio eficiente de operaciones de proyectos de generación que permitan la satisfacción plena de la demanda proyectada de electricidad y se garantice el acceso a la misma a todos los usuarios que la requieran en condiciones de universalidad, continuidad, eficiencia, calidad, equidad tarifaria y preservación del medioambiente.

De acuerdo al artículo tres de la propuesta del Ejecutivo, la negociación y el cierre de proyectos de generación promovidos, titularizados o que sean propiedad directa o indirecta, total o mancomunada del Estado dominicano a través de la CDEEE, en el marco de la atribución que le conferirá la ley, estarán eximidas de los procedimientos y plazos establecidos en la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.

«Los objetivos perseguidos por la presente ley; así como sus disposiciones, tendrán primacía interpretativa y aplicativa sobre cualquier disposición de igual o menor rango jurídico que le resulte contraria o genere conflictos interpretativos respecto de su aplicación», explica la iniciativa.

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