AEIH: Pro-Competencia es infuncional y costosa

La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) se mostró alarmada por el costo que pagan los contribuyentes para mantener a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), entidad que sigue inhabilitada seis años después de haber sido promulgada su legislación.

Víctor Castro, presidente de la organización empresarial, sostuvo que en sueldos esa institución implica una carga de RD$74.0 millones anualmente y que tan sólo la presidenta y sus cuatro miembros le salen al país RD$34.0 millones al año, sin incluir viáticos, vehículos, teléfonos y combustible. Su presupuesto para 2014 es de RD$96.6 millones.

Consideró una ofensa la “pasarela oficialista” de la presidenta del organismo, que devenga RD$500,000 al mes para hacer anuncios de intenciones, contactos sociales “y, en fin, puras relaciones públicas”.

“Por lo que hemos podido observar, esa entidad no puede recibir expedientes sobre prácticas que afectan la eficiencia económica de los mercados porque el gobierno aun no designa al director ejecutivo, una suerte de fiscal que pondría en marcha los casos, pese a que todos los miembros fueron juramentados en 2012”, explicó.

Castro advirtió que no habilitar esa institución contradice la filosofía de gobierno del presidente Danilo Medina de gobernar para la gente. “En la medida en que se regule la competencia, desmontando los carteles económicos y los abusos de posición dominante, los consumidores tendrán más calidad y mejores precios en los bienes y servicios”, sostuvo.

El presidente de la AEIH dijo que resulta extraña la apatía del Poder Ejecutivo en cuanto a la habilitación de una de las figuras de la nueva Constitución para desarrollar una economía social de mercado. “¿Qué intereses impiden designar al director ejecutivo de Pro-Competencia?” se preguntó Castro.

A su juicio, esa actitud no va a tono con la transparencia que predica el gobierno ni guarda relación con el discurso oficial de que se busca mejorar la situación de la clase media a través de la reducción de sobre costos pagados en bienes y servicios.

“Ya llega hasta el hartazgo ver a Pro-Competencia atascada en la impotencia, haciendo cursitos, seminarios, reuniones, viajes, estudios, y pagando asesorías a expertos, pero no comienza a funcionar; su tiempo para organizarse ya ha sido suficiente y estos aspavientos son una ofensa a los ciudadanos”, proclamó Castro.

Definió como muy lamentable que a seis años de haberse promulgado la Ley 42-08, que establece las bases legales para el funcionamiento de mercados libres y competitivos en el país, Pro-Competencia tenga “una vida parasitaria y contemplativa”, mientras la calidad de vida de los consumidores va en declive por falta de regulación de la competencia en los mercados.