MIU propone reformas al Código Laboral sean sometidas a amplia consulta social

El Movimiento Izquierda Unida (MIU) expresó su rechazo a las regresivas reformas y mutilación de derechos laborales que pretende imponer el sector empresarial al Código de Trabajo, objeto de una discusión tripartita antes de su introducción al Congreso Nacional para su modificación.

La organización política que lidera Miguel Mejía planteó que antes de que esas reformas se introduzcan al Congreso para su aprobación, deben someterse a una amplia consulta social y debate, donde participen democráticamente además del sector gubernamental, empresarial y sindical, las juntas de vecinos, amas de casa, empleadas domésticas, grupos de profesionales independientes, obreros del sector informal, la sociedad civil, entre otros, a fin de que la decisión ulterior sea fruto de un amplio consenso nacional.

Advirtió que con esas propuestas de reforma laboral el sector empresarial parece pretender que República Dominicana retroceda al Código Trujillista de 1952, que fue superado totalmente por el Código del año 1992.

A continuación el Texto Íntegro de la Posición del MIU ante la propuesta de Reforma al Código:

CODIGO DE TRABAJO NO DEBE SER REFORMADO SIN UNA AMPLIA CONSULTA SOCIAL

“En octubre de 2013, luego de los debates para el aumento del salario mínimo propuesto y defendido por los representantes de los trabajadores organizados en el Movimiento Sindical, especialmente por la Confederación Nacional de Unidad Sindical que preside Rafael -Pepe- Abreu, un destacado defensor de la clase trabajadora, surgió la propuesta de reformas laborales por parte del sector empresarial, ante lo cual el Poder Ejecutivo designó una Comisión compuesta por abogados y economistas para elaborar una propuesta con participación tripartita en un plazo no mayor de cuatro meses.

“El sector empresarial argumenta su propuesta de reformas en que, con la actual legislación laboral decrece el empleo, el empleo informal está creciendo en detrimento del sector formal, y consideran la legislación dominicana muy rígida sobre el pago de las prestaciones laborales como es la cesantía, que los costos laborales son más altos en RD que en el resto de Latinoamérica, entre otros argumentos.

“Las propuestas de reformas laborales del sector empresarial son: Aumentar la jornada laboral de 44 a 48 horas semanales, reducir el pago de horas extras, limitar la cesantía hasta 4.5 salarios mínimos y sólo por tres años, sin importar el tiempo que labore el trabajador; aumentar de tres a seis meses el período de prueba de los nuevos empleados, reducción de los derechos de las mujeres y de la protección a la maternidad, extensión del tiempo para optar por una pensión por vejez, elevando la edad de 60 a 65 años. Y, como si fuera una “compensación” ante lo que puede representar para los trabajadores la aceptación de esas reformas, plantean implementar un seguro de desempleo por la eliminación de la cesantía.

“Si tomamos en cuenta que la crisis bancaria de 2003, agudizada con la recesión financiera mundial de 2008 que incidió en el país afectó el crecimiento de los puestos de trabajo; si tomamos en cuenta que a partir de los Tratados de Libre Comercio el sector manufacturero ha ido decreciendo, incidiendo esto en la pérdida de competitividad del país, y el aumento del empleo informal en detrimento del formal, queda claro que el asunto es el modelo de desarrollo y no la legislación laboral, con lo cual se comprueba, además, que es la economía que provoca el crecimiento o descrecimiento del empleo. Esta realidad debilita y desmonta el principal argumento en que sustenta el sector empresarial su propuesta de reforma laboral.

“No caben dudas de que este paquete de reformas laborales que pretende el sector empresarial son regresivas y constituyen un retroceso a las conquistas logradas por la clase trabajadora a partir de 1992, cuando fue elaborado un código moderno e incluyente cuya aplicación produjo un crecimiento del nivel de empleo y una nueva cultura de diálogo y concertación entre los actores claves ante los conflictos laborales de los años 60 durante la era del Tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina.

“Con esa propuesta de reforma laboral el sector empresarial parece pretender que retrocedamos al Código Trujillista de 1952, que fue superado totalmente por el Código del 92.

“El Código de Trabajo vigente, cuando fue presentado a la Organización Internacional del Trabajo -OIT- se le calificó como un código modelo a los otros países de América Latina. Fue redactado por los juristas Rafael Alburquerque, abogado laboralista, ex Secretario de Trabajo y ex Vicepresidente de la República, Milton Ray Guevara y Lupo Hernández Rueda.

“La propuesta de reformas laborales del sector empresarial y el informe presentado por la comisión designada por el Poder Ejecutivo, deben ser objeto de un amplio debate con la participación de todos las expresiones sociales del país, de manera que el Gobierno que preside el licenciado Danilo Medina Sánchez, no vaya a ser sorprendido en su buena fe tomando una Decisión unilateral o trilateral que ocasione perturbación al de por sí ya alterado clima de paz que merece el pueblo dominicano.

“Es oportuno refrendar en este caso, el precedente histórico de la amplia consulta a que fue sometida la reforma a la Constitución de la República Dominicana, promulgada el 26 de enero de 2010, con la participación de los diversos sectores nacionales, como establece su propio contenido, en el artículo 22. Asimismo la consulta para la escogencia de los jueces de las Altas Cortes.

“Nuestro Movimiento Izquierda Unida, junto al pueblo dominicano, al Movimiento Sindical, en nombre de las trabajadoras y trabajadores, expresamos nuestro firme rechazo a las regresivas reformas laborales que mutilarían los derechos laborales de los trabajadores y proponemos que antes de que puedan ser sometidas al proceso para su aprobación sean sometidas a una amplia consulta social y debate, donde participen democráticamente además del el sector sindical, juntas de vecinos, amas de casas, empleadas domésticas, grupos de profesionales independientes, obreros del sector informal, entre otros; a fin de que la Decisión ulterior sea fruto de un amplio consenso nacional”.