Congreso autoriza préstamos por US$2,294 millones para sector eléctrico

En la Ley de Presupuesto de 2014, el Congreso autorizó la concertación de operaciones de crédito público para financiar la ejecución de proyectos del sector eléctrico por un monto total de US$2,294 millones.

Estos fondos, una vez obtenidos, se destinarían al financiamiento del plan integral para el sector eléctrico anunciado el 20 de marzo de 2013 por Rubén Bichara, vicepresidente de la Corporación Dominicana de le Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en uno de los almuerzos mensuales de la Cámara Americana de Comercio.

Sin embargo, hasta la fecha, el único proyecto de ley introducido por el Poder Ejecutivo ha sido el correspondiente al contrato de ingeniería, procura y construcción de una central generadora de electricidad, compuesta de dos plantas a carbón con una capacidad conjunta de 674.78 Mega Watts (MW) de capacidad neta.

Como resultado de una licitación pública internacional del 2013, esta obra fue adjudicada al Consorcio Odebrecht-Tecnimot-Estrella, por un valor de US$1,556 millones o US$1,632.6 millones, dependiendo del precio del contrato.

El precio de este contrato es de US$2,040,747,405.23 (en términos redondo: dos mil cuarenta, punto siete millones de dólares), el cual se contempla reducir a US$1,945 millones, como resultado de la exoneración de impuestos al Consorcio. En la pieza, aprobada por el Senado en única lectura, el 21 de mayo pasado, se contempla que el Ministerio de Hacienda busque en las entidades financieras o bancos internacionales un financiamiento por hasta un 80% del precio del contrato. La Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, número 423-06, manda que previamente el Congreso debiera autorizar la concertación de ese préstamo en el año que transcurre. Y así es.

Para el ejercicio fiscal de 2014, los legisladores autorizaron un préstamo por un máximo de US$1,500 millones para la construcción de una planta de generación termoeléctrica. Se haría con la banca internacional, a los precios que dicten los mercados, lo que por lo general es más costoso que los otorgados por los organismos multilaterales, como son el BID y el Banco Mundial. Se manda a que las condiciones sean a una tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana y con plazo mínimo de siete años.

El restante 20% del precio de la obra deberá provenir de las fuentes de ingresos fiscales, como son los obtenidos mediante las recaudaciones de impuestos, lo que representa un presión adicional de entre RD$17,271.6 a 18,212.8 millones para el Gobierno, según lo dispuesto en la Ley de Presupuesto de 2014.