Sugiere al Gobierno sancione vía INDOTEL y con prisión a quienes molestaron vía el 911

El experto en seguridad ciudadana, Daniel Pou, sugirió al Gobierno sancionar mediante una resolución que emita el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) a los más de 28 mil ciudadanos que llamaron para molestar al Sistema de Emergencia Nacional 9.1.1.

Pou planteó que se contemple en la resolución que a todo aquel que llame por primera vez para molestar le sea suspendido por un mes el servicio telefónico; el que lo haga por segunda vez se le suspenda el referido servicio por seis meses y se imponga un año de prisión.

Asimismo, abogó para que aquel que no acate las sanciones antes mencionadas, y se atreva a llamar a molestar al 9.1.1 por tercera ocasión se le suspenda de manera definitiva el servicio de teléfono y que nunca pueda sacar un contrato telefónico con ninguna compañía.

Al ser entrevistado en el programa radial Tu Derecho a Saber, que conducen Namphi Rodríguez, Elías Ruíz Matyk, José Gregorio Cabrera, Adelaida Martínez, Edward Tavarez y Francis Javier, resaltó la importancia del sistema 9.1.1 y de cómo en 48 horas se pudo medir que lo que más afecta al país en términos de violencia, es el tema de la violencia intrafamiliar y el caos en el tránsito.

Dijo que con todas estas llamadas molestosas al 9.1.1 se puede constatar que “tenemos un problema grave de ciudadanía” y este nuevo sistema hay que protegerlo.

Destacó que el 9.1.1 pone en el tapete temas a los que hay que prestarle mucha atención para diseñar políticas que puedan combatir la criminalidad y abogó que se cambie el modelo actual.

Destacó que en República Dominicana el problema de la delincuencia toca varias aristas, y no solo hay que pensar en la delincuencial, sino también la social. Se refirió en este sentido a la violencia que se puede percibir en el tránsito; la violencia intrafamiliar y sobre todo la agresión a mujeres.

Sobre el caso de la teniente de la Policía Nacional adscrita a la AMET, dijo que el mismo está cerrado luego de dar de baja a los presuntos delincuentes a los que acusaron de su muerte, pero que hubiese sido mejor, detenerlos, procesarlos e investigarlos, porque así se hubiese aprovechado la información que sacarían de los mismos.