Participación Ciudadana valora mesa permanente justicia penal

La Directora Ejecutiva de Participación Ciudadana (PC), Rosalía Sosa Pérez, valoró como positiva la reunión sostenida por los jefes de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el Ministerio Publico y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, con la finalidad de realizar las coordinaciones necesarias para el buen funcionamiento del sistema de justicia penal de la República Dominicana.

Lamentó que en esa reunión no estuviera presente la Directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, ya que no se pueden realizar coordinaciones sin contar con la participación de éste actor tan importante del proceso penal.

La doctora Sosa Pérez recordó a las instancias participantes en dicha reunión, que en fecha 9 de agosto del 2006 se firmó un convenio de cooperación entre la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y la Oficina de la Defensa Pública, para “establecer entre los actores del sistema penal las coordinaciones, intercambios e interconexiones que sean necesarios para hacer operativo y eficiente el sistema penal dominicano”.

Señaló que prácticas ya implementadas en las Mesas de Coordinación Interinstitucional de San Juan de la Maguana, del Distrito Nacional, de La Vega y de Santiago, las cuales identificaron los obstáculos que impedían el conocimiento de los casos y lograron aumentar el número de casos concluidos disminuyendo los aplazamientos de audiencias y los costos que esto implica.

Con estas buenas prácticas, no hay que inventar la rueda, es necesario una voluntad de coordinación sin perder la independencia funcional de las partes en dicha Mesa de Coordinación. “Es necesario voluntad de hacer, de continuar con lo que está bien, y las Mesas de Coordinación han dado resultados positivos de los cuales no se pueden obviar”, agregó la representante de la organización de la sociedad civil.

La directora de PC se sumó al llamado de la institucionalidad realizado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, dando continuidad a las políticas trazadas del proceso de implementación del Código Procesal Penal, del cual las instituciones responsables del mismo se han alejado actuando como islas sin tomar en cuenta que el sistema penal no es efectivo si no se cuenta con una coordinación y una mayor conjunción de esfuerzos entre dichos actores.