El vocero de la Policía, coronel Jacobo Mateo Moquete, dijo que la confesa distribuidora de narcóticos y su esposo quedaron “en calidad de custodia” en el Palacio de la Policía para proteger su integridad física.
Los esposos habían denunciado en un programa de televisión de Hato Mayor que las dotaciones de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y personal del Ministerio Público cobraban semanalmente 8 mil pesos, unos RD$100,000 mensual, para permitirle vender cocaína, marihuana y otras drogas.
La pareja se entregó a la Policía a través de Rafael Ureña, representante de los Derechos Humanos en esa ciudad.