Haitianos tienen una campaña contra presidente JCE por su defensa a nacionalidad y a la Constitución

Los haitianos residentes en la República Dominicana tienen una «guerra» abierta contra el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, por su postura firme y nacionalista de denunciar la manera fraudulenta en que muchos haitianos obtuvieron la nacionalidad dominicana, declarando a sus hijos en las oficialías con documentos falsos, haciéndose pasar por ciudadanos dominicanos.

Hay que reconocer que Roberto Rosario ha sido un defensor de la nacionalidad dominicana y de la Constitución de la República.

Esa campaña no hará cambiar la postura patriótica de Rosario Márquez.

Esta carta que publicamos a continuación es parte de esa campaña contra el presidente de la JCE:

Declaración de Ana María Belique:

Desmiento a Roberto Rosario:

– Mis padres no falsearon sus identidades al declararme

– La querella judicial en su contra no está vinculada a mi caso

El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, me ha elegido para levantar una cortina de humo frente a la querella que contra él y otros miembros de esa institución presentó ayer un grupo de personas afectadas por la retención injustificada de documentos de identidad.

Lo que ha dicho ayer sobre mi caso personal Roberto Rosario Márquez (que no tiene nada que ver con esa querella) es falso. Mis padres nunca dijeron que eran dominicanos en el momento de declarar mi nacimiento. Mis padres son haitianos, y así me declararon. Como no estaban en tránsito, sino que vivían permanentemente en este país, fui declarada como dominicana de acuerdo a la Constitución en ese momento, y por eso se me expidió un acta de nacimiento, con la que posteriormente obtuve mi cédula de identidad.

Si he tenido que discutir mi nacionalidad es porque soy hija de haitianos.

Gané una acción de amparo en un tribunal de San Pedro de Macorís hace 5 años.

Esa sentencia fue demandada en casación por la Junta Central Electoral. La Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente pero ordenó que se me entregara mi acta de nacimiento y remitió el caso al Constitucional, que es como se procede jurídicamente: penalizar antes, viola derechos fundamentales.

Si Roberto Rosario Márquez está hoy acusado de daños y perjuicios por otros afectados, es porque la retención injustificada de documentos penalizó durante años a esas personas sin que mediara ninguna sentencia.

Cuándo Roberto Rosario se pregunta por qué esas personas lo demandan, si ya la Junta Central Electoral les ha devuelto sus documentos, él mismo está explicando el motivo de la querella: les devuelven los documentos porque no había razón para negárselos, pero el caso es que los negaron, y eso ocasionó daños, en muchos casos, irreparables.

Roberto Rosario deberá ahora enfrentar las consecuencias de una decisión administrativa.

Mi caso personal, muy similar al de Juliana Deguis, no tiene vínculo alguno con esa querella, pues ha seguido el curso que manda la ley en los tribunales de la república.

Contra Rosario Márquez se querellan hoy personas cuyos casos nunca pasaron por la justicia.

Ese es el delito.

Finalmente, y sobre mi caso, me preocupa que Roberto Rosario use a mis padres para alegar en público y desde su posición de poder una supuesta falsedad que la justicia aún no ha demostrado.

Lo que ha hecho es un abuso. Es además un acto intimidatorio para que cesen los cuestionamientos al proceso que ha llevado la JCE y para que no se cuestione la querella en su contra.

Con esta reacción el presidente de la Junta Central electoral pretende tratarnos como ciudadanos de segunda categoría; expresar que tenemos un derecho frágil, que se puede devolver en cualquier momento, y que la devolución de nuestros documentos no es un acto de justicia sino un favor.