Juez del TSE califica de «abusiva y arbitraria» prisión de técnico de telefónica Claro

Santo Domingo.-El Juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón Arístides Madera Arias, calificó de “abuso” y “arbitrariedad” el apresamiento del coronel policial Ramón Antonio Guzmán Peralta y del técnico de la empresa telefónica Claro, Manuel Antonio Regalado, quienes fueron acusados por la Policía Nacional y el ministerio público de sabotear las pasadas elecciones municipales del 16 de febrero.

Al mismo tiempo, magistrado Madera Arias, como juez de instrucción especial para conocer los delitos electorales, afirmó que el presunto sabotaje que motivó la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero “no puede quedar impune, porque al pueblo hay que respetarlo”.

El juez precisó que al técnico Regalado se le mantuvo en prisión de forma irregular, violándole su derecho a la libertad y a la seguridad personal, al igual que al coronel Guzmán Peralta, quien también fue vinculado injustamente al sabotaje de las elecciones.

El magistrado del TSE hizo esa valoración durante una audiencia en la que conoció, como juez de la instrucción, una acción de habeas corpus que interpuso el técnico Regalado, a través de sus abogados, momentos antes de que el ministerio público retirara su acusación y dispusiera su libertad.

Al decidir el habeas corpus, el juez del TSE ordenó al ministerio público, a la Policía Nacional, al Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y a cualquier otro órgano del Estado abstenerse de arrestar o de amenazar con el arresto al técnico de Claro.

“Que se le garantice su plena libertad y su derecho al trabajo al técnico Regalado, sin que en ningún momento haya lugar a interrupción de manera irregular”, dispuso el magistrado Madera Arias.

Consideró que la investigación sobre ese hecho empezó coja o desproporcionada, porque se le imputaba la violación de otros hechos y no la violación de delitos electorales, pero se mantuvo en prisión y arrestado sin una orden motivada y escrita por las autoridades competentes.

Madera Arias recalcó que el TSE es el garante de la democracia y que por consecuencia asume la competencia para conocer todo lo concerniente a las imputaciones realizadas al técnico de Claro, por tratarse de delitos electorales.

La audiencia se celebró sin la presencia de representantes del Ministerio público, que antes habían dispuesto la libertad pura y simple tanto del técnico de Claro como del coronel policial.

Que JCE investigue

Con respecto a la suspensión de las elecciones municipales debido a fallas técnicas en los equipos electrónicos de votación, el juez planteó que ese hecho amerita una explicación y una investigación de toda la Junta Central Electoral (JCE), porque entiende que es el órgano responsable de lo ocurrido.

“Entendemos que al producirse un hecho de esa naturaleza el caso amerita una profunda investigación, y que la misma debe ser a la JCE, de cuerpo entero, cabeza, tronco y extremidades, comenzando por la cabeza e investigar adentro, porque si el órgano es totalmente independiente, indiscutiblemente que nadie lo va a manipular, no importa quienes intenten hacer fraude, porque corrompen al que se deja corromper, y a la vez manejan al que se deja manejar”, señaló.

“El 16 de febrero hubo una situación muy irregular, una violación a la Constitución de la República, que nunca se había dado en el país desde el 1844 en la República Dominicana que constituye una especie de golpe de estado institucional, que es un caso muy grave, porque hay que respetar el orden constitucional de la República Dominicana, es un hecho que amerita darle respuesta y satisfacción al pueblo dominicano como el soberano y depositario de la voluntad popular”, argumentó en la audiencia.

Sostuvo que la constitución le da independencia técnica administrativa y presupuestaria tanto el TSE como a la JCE, y que por eso la Junta está en la obligación de blindarse y de darle respuesta al pueblo de respeto a los derechos de la soberanía popular, que se ejerce mediante el sufragio.

“Al no haber sucedido eso, se pone en juego la institucionalidad democrática, porque los derechos ciudadanos de elegir y ser elegible están muy por encima de los derechos fundamentales, porque si colapsa la democracia, colapsa el clima de paz, seguridad y de inversión, el derecho de transido no se garantiza, ni se garantiza el derecho a la vida, ni a la libertad de expresión y ni ningún otro derecho”, indicó.