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Opiniones

Declaración Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos

Publicado

en

Por Pablo del Rosario.-

La ley 311-14, consigna que la Cámara de Cuentas de la Republica (CCRD), estará a cargo de recibir, revisar, administrar y archivar la Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos (DJPFSPs).

La práctica ha demostrado que la CCRD, no cuenta con la estructura necesaria para cumplir adecuadamente esa misión. Esto así, porque recibir y revisar con eficiencia el volumen de DJPFSPs que se genera en la transición de gobierno, es una tarea laboriosa que demanda tiempo y mucho cuidado. De ahí que en ocasiones como la recién pasada, la CCRD resulte desbordada en su capacidad de respuesta, lo que da lugar a quejas por parte de los declarantes y el descreimiento de la ciudadanía en los datos consignados en algunas Declaraciones.

Considero que una opción para salvar ese inconveniente podría ser, acordar con Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD), para que sus miembros realicen el trabajo de validación que corresponda en cada caso, a fin de determinar la razonabilidad y veracidad de la información presentada en las DJPFSPs, antes de emitir su opinión.

El procedimiento arriba indicado, es similar al que utiliza la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para efectuar la recaudación de impuestos sobre beneficios a las empresas y, a las personas físicas que hacen su declaración de ingresos y gastos de forma independiente.

Como puede observarse, este método provee algunas ventajas. Veamos:

· Agilizaría el proceso de recepción de los expedientes, porque los mismos ya fueron examinados, validados y certificados por un profesional dotado de fe pública.

· El declarante podría hacer la presentación a través de interpósita persona.

· La CCRD, dispondría de más tiempo y menos presión para revisar y verificar la información contenida en los expedientes.

· Se reduciría la cantidad de declaraciones escandalosas, poco creíbles, etc.

· La ciudadanía estaría más confiada y los declarantes más tranquilos.

· De repente se incrementaría la oportunidad de servicios a los Contadores Públicos Autorizados (CPA).

Aparentemente, la opción propuesta, es favorable a todos los que intervienen en el proceso, eso indica que si se decide implementarla sería acogida a unanimidad. Esperemos.

Hasta luego…

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