Hacia una nueva Cámara de Cuentas de la República Dominicana

Por Estela Germosén Andújar.-
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En los artículos anteriores hemos visto los grandes desafíos que tienen los nuevos Miembros de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), designados para el período 2021-2024, a los fines de lograr transformar esta institución en una entidad con un desempeño de calidad, que dé respuesta a la ciudanía a través de resultados puntuales que generen un impacto positivo en la transparencia y en la rendición de cuentas del Sistema Nacional de Control y Auditoría de la República Dominicana y con ello contribuir a mejorar las finanzas públicas para que los recursos de los contribuyentes retornen a ellos de manera igualitaria en bienes, obras y servicios útiles para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, esa transformación no puede consolidarse de manera exitosa sin el compromiso de los diferentes actores que tienen vinculados a la gestión de las finanzas públicas, de nuestro país, como por ejemplo el Ministerio de Hacienda y sus dependencias-Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Contrataciones Públicas, Tesorería Nacional, Dirección General de Impuestos Internos, Dirección General de Contabilidad, Dirección General de Crédito Público, Dirección General de Bienes Nacionales, Dirección General de Aduanas-, Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República, Poder Legislativo y el Ejecutivo, autoridades municipales y los funcionarios responsables de la administración de cada una de las entidades púbicas, los cuales deben contribuir con una gestión transparente y pulcra en cada institución y por último, sin ser menos importante, la Sociedad Civil como responsable del ejercicio del Control Social, previsto en la Constitución; ya que países como Colombia, Costa Rica, Brasil, entre otros, nos han demostrado que veeduría ciudadana juega un papel esencial para garantizar el uso eficiente de los recursos. Igualmente, es muy importante la articulación que se logre entre la ciudadanía y la CCRD para aumentar la eficacia y eficiencia en los trabajos de auditorías antes (identificando aspectos que mejoren la planificación), durante (acompañando a la ejecución) y después (vigilando que se implementen las recomendaciones).

En definitiva, este proceso requiere la articulación de directrices y esfuerzos coordinados hacia un objetivo común: «fortalecimiento de la gestión de la CCRD”.

En este sentido, el XXI Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) de noviembre 2016 sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, planteó en sus conclusiones que para hacer viable una gestión pública en pro de una correcta, eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos del Estado, se requiere de lo siguiente:

1. Capacitación permanente a todas las entidades públicas a fin de tener pleno conocimiento de lo que es el control gubernamental y para qué sirve.
2. Que el interés y responsabilidad en involucrarse como parte de la administración pública en sujeto de control parta de los titulares de la administración pública.
3. Que se internalice el objetivo del control gubernamental y cuáles son las consecuencias positivas en la gestión.
4. Que se mejore la gestión a través de una correcta implementación de recomendaciones de los informes de auditoría.
5. Que la responsabilidad directa de la implementación de las recomendaciones recaiga directamente en el titular de la entidad, ya que a la fecha recae en el funcionario “responsable”, lo cual haría un compromiso ineludible por parte de la máxima autoridad frente al control gubernamental.
6. Que se efectúe una correcta implementación de medidas correctivas producto de las recomendaciones de los informes de control, que además, permitirá a la entidad tener como antecedente de las deficiencias antes incurridas, a fin que no sean cometidas nuevamente.
7. Que se efectúe un análisis de la delegación de funciones, las mismas que deberían ser limitadas, la cual se convertiría en una forma de control mediante el cual el titular de la entidad asume la responsabilidad de los actos de su gestión.
8. Que exista un claro y evidente fortalecimiento de los valores y la ética pública para así tener pleno conocimiento de las consecuencias y responsabilidades de los actos de funcionario y/o servidor público que permitan hacer una gestión pública transparente.
9. Que se combata drásticamente todo acto de corrupción en la administración pública y que a su vez esta acción sea de ejemplo.

A todo esto, debemos agregar la coordinación de mesas de trabajo para la articulación interinstitucional que permita acciones conjuntas hacia el fortalecimiento de los controles como acciones disuasivas y preventivas que limiten la corrupción y el dispendio de recursos públicos, además de un control social activo, metodológico, vigilante empoderado de los derechos y deberes que le otorga la Constitución de la República Dominicana.

Solamente con un proceso de cambio planificado, esfuerzos articulados, actores empoderados y comprometidos, podremos ver la nueva CCRD que por años hemos deseado los dominicanos.

-La autora es experta en planificación y desarrollo organizacional, gestión de proyectos y presupuesto por resultados. Más de 30 años de experiencia profesional. Postulante a Miembro de la CCRD.